Sentencia 846 de agosto 18 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 00846

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Recurso de apelación contra la sentencia de 4 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Augusto Gutiérrez Arias.

Bogotá, D.C., dieciocho de agosto de dos mil cinco.

EXTRACTOS: V. Consideraciones de la Sala

El artículo 3º del Acuerdo 11 de 22 de junio de 2000, señaló que la dirección y administración de las empresas resultantes de la fusión durante los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo estaría a cargo de los gerentes y de las juntas directivas que determinen el Alcalde Mayor y el secretario distrital de salud, respectivamente, y que las demás juntas directivas de las empresas objeto de la fusión se disolverán; además, dispuso que tanto los gerentes como las juntas directivas que permanecerían durante el período de transición debían corresponder a la misma empresa objeto de la fusión, y que los respectivos gerentes permanecerían en el cargo durante los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo y sus funciones se orientarían a facilitar al gerente y a la junta directiva designados por el Alcalde Mayor y el secretario de salud las labores derivadas de la subrogación de obligaciones y derechos allí dispuestos.

El artículo 4º, ibídem, dispuso que las juntas directivas de las empresas resultantes de la fusión estarían compuestas por nueve miembros, designados de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 17 de 1997 del concejo distrital de Bogotá, y que los tres escaños adicionales se escogerían y designarían en la forma prevista en los estatutos de las empresas resultantes de la fusión, los cuales deberán garantizar la participación y representación de los distintos estamentos con base en las nuevas áreas de influencia de las empresas objeto de la fusión.

El artículo 5º, ibídem, señaló que las juntas directivas de las empresas resultantes de la fusión que permanecen por disposición de la secretaría distrital de salud deberán, dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo, aprobar los ajustes presupuestales, determinar la estructura organizacional, la planta de personal, estatutos, reglamento interno, manuales de funciones, requisitos de procedimientos de las empresas resultantes de la fusión, atendiendo para ello los parámetros señalados en la Ley 443 de 1997, y que dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo se deberían conformar las nuevas juntas directivas, las cuales comenzarían a desempeñar sus funciones al vencimiento de dicho período y conformarían las ternas de las cuales el Alcalde Mayor nombraría los gerentes de las nuevas empresas.

La expresión destacada en negrilla fue declarada nula por la sentencia apelada y dicha decisión se encuentra ejecutoriada, habida cuenta de que no fue apelada.

Aun cuando el recurso se circunscribe a la decisión denegatoria de nulidad del artículo 3º del Acuerdo 11 de 2000, se trae a colación el texto de los artículos 4º y 5º, ibídem, pues guardan una estrecha relación con aquel y permiten una interpretación armónica y coordinada.

Cabe resaltar que esta corporación en sentencia de 21 de julio de 2004 (Exp. 2000-0766-03 (7094), C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade), tuvo oportunidad de pronunciarse frente a la legalidad del Acuerdo 11 de 2000, contentivo de la disposición objeto de controversia en este proceso, y en relación con el carácter transitorio de la medida adoptada en el artículo 3º, expresó:

“No advierte la Sala que la prórroga del período de los gerentes de las empresas sociales del Estado objeto de la fusión por 4 meses contados a partir de la vigencia del Acuerdo 11 de 2000; el aumento a 9 del número de integrantes de las juntas directivas de las empresas sociales del Estado resultantes; la designación, por el alcalde, de sus gerentes y la integración por el secretario de salud de sus juntas directivas; la determinación de sus funciones y la adopción de medidas de dirección y administración de las empresas sociales del Estado resultantes de la fusión durante el período de transición desconozca las normas constitucionales y legales invocadas por el actor.

Por el contrario, la habilitación legislativa para fusionar entidades distritales y para asignarles sus funciones básicas, atribuida al concejo distrital por los artículos 313-6 y 322 de la Constitución Política, 12-9 y 55 del Decreto 1421 de 1993, comporta la de adoptar las medidas transitorias que sean necesarias para asegurar que la transición de regímenes tenga lugar en forma gradual y sin traumatismos. Su alcance comprende la facultad de dictar todas las medidas legislativas necesarias para que la fusión que se ordena sea efectiva en términos operativos. De nada serviría que el concejo distrital estuviese facultado para fusionar entidades a iniciativa del Alcalde Mayor si careciera de competencia para determinar las medidas transitorias que a todas luces resultan indispensables para hacerla viable y para que en el proceso se observen los principios constitucionales que deben guiar la función estatal.

De ahí que, por el contrario, a juicio de la Sala la adopción de tales medidas transitorias resulta a todas luces avenida a los principios de eficacia y eficiencia que según el artículo 209 de la Constitución Política deben guiar la buena marcha de la administración, pues asegura que la transición de regímenes tenga lugar sin tropiezos que afecten la continuidad en la prestación del servicio público esencial de salud, a sus usuarios o a los servidores públicos vinculados a las entidades involucradas en el proceso. Constituye también desarrollo del citado precepto a cuyo tenor “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

Así lo ilustra el artículo del Acuerdo 11 al señalar que las funciones de los gerentes que permanezcan durante el período de transición “estarán orientadas, en forma exclusiva, a facilitar al gerente y a la junta directiva, designados por el Alcalde Mayor y el secretario de Salud las labores derivadas de la subrogación de obligaciones y derechos de toda índole pertenecientes a las empresas sociales del Estado fusionadas, dispuesta en el presente acuerdo”.

En esta oportunidad la Sala prohíja las consideraciones precedentes, de donde resulta que el artículo 3º debe interpretarse bajo el entendido de que la decisión relativa a que el Alcalde Mayor y el secretario distrital de salud determinen los gerentes y las juntas directivas de las empresas resultantes de la fusión, es una facultad transitoria, esto es, limitada al término de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo y no permanente; y tal medida, conforme se anotó en la precitada sentencia, encuentra plena justificación, pues con ella se asegura que durante el período de transición y mientras se designan las juntas directivas y los gerentes, por el procedimiento ordinariamente previsto para ello, se preste adecuadamente el servicio de salud, esto es, sin traumatismos, lo que está acorde con los principios de eficacia y eficiencia consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, tendientes a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.

Ahora, para la Sala, es evidente que una vez transcurrido el término transitorio deben designarse las nuevas juntas directivas de las empresas sociales del Estado, conforme a lo dispuesto por el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 17 de 1997, que garantizan la participación y representación de los distintos estamentos, que reclama el actor.

Lo anterior, por cuanto precisamente la decisión de declarar la nulidad de la expresión “las cuales permanecen por expresa disposición del secretario de salud”, contenida en el artículo 5º, que, como ya se dijo, se encuentra ejecutoriada, por cuanto no fue apelada, implica que una vez vencido el período de transición debe aplicarse el procedimiento ordinario previsto en el artículo 4º, como en efecto se deduce inequívocamente del texto de los artículos 3º a 5º, los cuales prevén:

“ART. 3º—La dirección y administración de las empresas sociales del Estado resultantes de la fusión, durante el período de cuatro (4) meses al que hace referencia el artículo quinto del presente acuerdo, estarán a cargo de los gerentes y de las juntas directivas que determine el Alcalde Mayor y el secretario distrital de salud, respectivamente. Esta determinación deberá producirse al día siguiente de la entrada en vigencia del presente acuerdo y, en consecuencia, las demás juntas directivas de las empresas sociales del Estado objeto de la fusión se disolverán.

La designación de los gerentes y juntas directivas de las empresas sociales del Estado resultantes de la fusión, quienes permanecerán durante el período de transición al que se refiere al artículo quinto del presente acuerdo, se hará exclusivamente de entre las empresas sociales del Estado objeto de la fusión. En todo caso tanto los gerentes como las juntas directivas que permanecerán durante el período de transición deberán corresponder a la misma empresa social del Estado objeto de la fusión.

Los gerentes de las empresas sociales del Estado objeto de la fusión permanecerán en el cargo hasta el término de cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo. Sus funciones, durante este período, estarán orientadas, en forma exclusiva, a facilitar al gerente y a la junta directiva, designados por el Alcalde Mayor y el secretario de salud, las labores derivadas de la subrogación de obligaciones y derechos, dispuesta en el presente acuerdo.

ART. 4º—Las juntas directivas de las empresas sociales resultantes de la fusión estarán compuestas por nueve miembros los cuales serán designados de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 17 de 1997 del Concejo Distrital de Santafé de Bogotá.

Los tres escaños adicionales de las juntas directivas serán escogidos y designados conforme lo establezcan los nuevos estatutos de las empresas sociales del Estado que resultan de la fusión. Los estatutos adoptados por las juntas directivas deberán garantizar la participación y representación de los distintos estamentos con base en las nuevas áreas de influencia de las empresas sociales del Estado objeto de la fusión.

“ART. 5º—Las juntas directivas de las empresas sociales del Estado resultantes de la fusión deberán dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, aprobar los ajustes presupuestales, determinar la estructura organizacional, aprobar la planta de personal, los estatutos, el reglamento interno, los manuales de funciones y requisitos y el de procedimientos de las empresas sociales del Estado resultantes de la fusión.

PAR. 1º—Las juntas directivas y los gerentes deberán atender los parámetros señalados en la Ley 443 de 1997 al momento de adecuar, bajo su responsabilidad, la estructura organizacional y la planta de personal de las empresas sociales del Estado que resultan de la fusión.

PAR. 2º—Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, se deberán conformar las nuevas juntas directivas las cuales comenzarán a desempeñar sus funciones al vencimiento de dicho período” (negrillas fuera de Sala).

Dentro del primer mes, las nuevas juntas directivas conformarán las ternas para el nombramiento del gerente de las empresas sociales del Estado que resultan de la fusión, por parte del Alcalde Mayor” (negrilla fuera de texto).

Así pues, estima la Sala que la sentencia apelada debe confirmarse por cuanto, como ya se vio, el artículo 3º contiene una medida transitoria y la participación del sector científico y de la comunidad de los usuarios en la designación de juntas directivas y gerentes, vencido el término de transición, está garantizada expresamente por normas del mismo Acuerdo 11 de 2000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de agosto de 2005.

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