Sentencia 8463 de septiembre 26 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 8463

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo.

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre veintiséis de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Comercializadora Eléctrica Industrial Ltda.

Impuesto de Industria y Comercio y Avisos 1991.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se debate en el presente juicio la legalidad de la actuación administrativa que modificó el impuesto de industria y comercio por el año gravable de 1991 liquidado por la actora en su declaración presentada el 30 de abril de 1992 y se concreta en determinar si ésta fue expedida dentro de la oportunidad legal y bajo el procedimiento vigente, como lo manifiesta la entidad demandada, o si por el contrario, como lo afirma la parte actora, fue extemporáneo y con aplicación retroactiva de las normas distritales tributarias.

De otra parte y en primer lugar corresponde a la Sala dilucidar sobre la excepción de inepta demanda propuesta por la demandada y desestimada por el ad quo, referente a la omisión del requisito exigido en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

Considera la Sala que si bien es cierto que el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo al consagrar los requisitos que debe contener una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, exige en su numeral 4º que ella debe contener “los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”, también lo es que esta exigencia busca que en la demanda se señalen las normas violadas y se haga una exposición de los hechos o motivos que conformaron el quebrantamiento jurídico alegado.

Ahora bien, aunque la demanda del sub lite no goza de la mejor técnica jurídica, el desarrollo que sobre los fundamentos de derecho consignó la actora, para la Sala son suficientes para dar por cumplido el mencionado requisito, toda vez que sobre él no se exige una formalidad especial ni determinadas ritualidades.

En consecuencia; la excepción fue correctamente desestimada por el tribunal y se procederá a su confirmación.

En cuanto al fondo de la litis, observa la Sala que en reiteradas oportunidades se ha considerado que en materia tributaria, la actuación fiscal tendiente a la determinación del gravamen, empieza no en el momento en que la administración comprueba la realización de un hecho irregular sancionable, como lo afirma el recurrente, sino con la declaración tributaria y es a partir de esa fecha desde la cual comienza a correr el término de fiscalización y determinación, por lo tanto el procedimiento que lo gobierna es el vigente para ese momento, de conformidad con lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que establece:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Ahora bien, en el caso de autos, es claro para la Sala que cuando entró en vigencia el Decreto 807 del 17 de diciembre de 1993, ya había empezado a correr el término que establecía la norma anterior, artículo 48 del Acuerdo 21 de 1983, para notificar la liquidación oficial del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, por ello el trámite contemplado en ella era aplicable al sub lite, trámite que no podía verse afectado por el nuevo procedimiento que entró a regir con el mencionado decreto, en virtud de la excepción consagrada en el transcrito artículo 40 de la Ley 153, en consecuencia, no podía válidamente la administración distrital, fundar jurídicamente su actuación en el Decreto 807 de 1993 y en las normas del estatuto tributario nacional.

En este orden de ideas, presentada la declaración por el impuesto de industria y comercio por el año gravable de 1991, el 30 de abril de 1992, la Dirección Distrital de Impuestos ya no tenía competencia para expedir y notificar la liquidación oficial RL 001 del 4 de enero de 1995, toda vez que había transcurrido con suficiencia el plazo de los dos años establecido en el artículo 48 del Acuerdo 21 de 1983, pues la suspensión de términos ordenada por el Decreto 196 del 8 de abril de 1994, no incidió de manera alguna en contra de su extemporaneidad, dado que ella operó desde la fecha de su expedición y hasta el día 8 de mayo del mismo año, comenzando a correr los términos nuevamente desde el 9 de mayo de 1994.

Para la Sala; tampoco es acertada la afirmación del recurrente cuando indicó que en virtud de la inspección tributaria ordenada a la actora por la división de investigación tributaria y del requerimiento especial proferido se suspendieron los términos para la práctica de la liquidación oficial, toda vez que dichas suspensiones se contemplan dentro del nuevo procedimiento, que como ya quedó anotado no era aplicable a la declaración del impuesto de industria y comercio de la sociedad demandante correspondiente al año de 1991.

Por las anteriores razones estima la Sala que el recurso no está llamado a prosperar, de suerte que al no desvirtuar los fundamentos del fallo apelado, éste deberá ser confirmado.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo del 8 de mayo de 1997, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el juicio 11.565».

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