Sentencia 8468 de septiembre 19 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección cuarta

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente 8468

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Actor: R.S. Compañía Minera Ltda.

Impuestos: Renta.

Fallo

Consideraciones de la Sección. El recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las partes demandante, demandada y procurador tercero en lo judicial, se contrae a los siguientes puntos: 1. Aplicación del costo presunto consagrado en el artículo 82 del estatuto tributario, y 2. Reajuste del anticipo para el año gravable de 1991 y anticipo de la contribución especial. Puntos que la Sala procede a resolver en los siguientes términos:

1. Aplicación del costo presunto. La sociedad actora ha peticionado desde la vía gubernativa que respecto a los ingresos omitidos y adicionados por la Administración de Impuestos en la suma de $ 454.895.000, debe reconocerse el costo presunto de que trata el artículo 82 del estatuto tributario, por cuanto si bien reconoció que omitió las ventas (exportaciones) detectadas, también omitió los correspondientes costos inherentes a tales ventas, es decir, que los costos declarados sólo correspondían a las ventas declaradas.

El artículo 82 del estatuto tributario prevé, efectivamente, la posibilidad de determinar costos estimados y presuntos en la enajenación de activos movibles, pero, ello está reservado a los siguientes eventos: 1. Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real, y 2. Cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible determinarlo mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos y externos.

En tales casos la ley autoriza al funcionario que esté conociendo del proceso de fiscalización para que fije un costo acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras personas que hayan realizado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho actividades similares de enajenación de activos, atendiendo a dotes estadísticos producidos por la Dirección de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables. Si ello no es posible autoriza a determinar el costo de los activos enajenados en un setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación.

En el subjudice, como lo estimó el tribunal y en el mismo sentido la procuradora octava delegada ante esta corporación, no es procedente dar aplicación a lo previsto en la mencionada disposición, por cuanto no se está en presencia de ninguna de las hipótesis previstas para acceder al costo presunto, toda vez que como con buen juicio lo puntualiza la señora procuradora “la administración no cuestionó ni objetó los costos declarados, no alegó que existen indicios de que aquéllos no son reales, o que no se conocen o que no se puede determinar por pruebas directas; todo lo contrario, la administración fundamentándose en una prueba directa y contundente como lo es la contabilidad de la empresa, estableció que los costos declarados son reales porque se hallan debidamente contabilizados y respaldos por comprobantes internos y externos, y, por tal razón, los admitió”.

En efecto, la administración dentro del proceso de investigación complementarios a cargo de la sociedad actora por el año gravable de 1990, indagó y verificó no sólo lo referente a los ingresos sino también los costos declarados, encontrando que éstos eran reales ya que se encontraban debidamente respaldados por comprobantes internos y externos y debidamente contabilizados en los libros de contabilidad de la empresa, situación que no ha sido desvirtuada por la actora, pues ésta no logró demostrar su afirmación en el sentido de que los costos contabilizados y declarados sólo correspondían a las ventas contabilizadas y declaradas y por tanto, que los costos inherentes a las ventas omitidas tampoco se habían declarado.

No logró probar tal afirmación, porque si bien solicitó y obtuvo dictamen pericial en la primera instancia, los peritos sólo tuvieron acceso al libro diario y algunos auxiliares, motivo por el cual fue objetado por la apoderada judicial de la Nación, objeción que para la Sala es válida por dos razones, a saber: De una parte, como lo señaló aquélla, la contabilidad es una unidad conformada por todos y cada uno de los libros, comprobantes, soportes internos y demás documentos que reflejan el estado financiero de la empresa y la actividad comercial desarrollada; y de otra, no debe olvidarse que el costo de la enajenación de los activos movibles se establece con base en los inventarios (E.T., art. 62) por lo que al no haberse presentado el libro mayor y balances ni el libro de inventarios, mal puede dársele credibilidad a un dictamen fundamentado exclusivamente en el libro diario, cuando es evidente, que con base en este solo libro no puede establecerse el costo de ventas contabilizado y declarado.

Adicionalmente, precisa la Sala, que si bien la Sección en la sentencia que cita el procurador tercero en lo judicial y el salvamento de voto, ha dicho que el reconocimiento del costo presunto “no es otra cosa distinta que el reconocimiento que hace el propio legislador, derivada de la vida real de los negocios del principio económico de que no puede existir en la actividad comercial ingreso que no apareje la realización de costos (y que) generalmente toda venta de un bien o mercancía, necesariamente lleva implícito, por lo menos el costo de su adquisición o el de su producción” ello no significa que el costo presunto deba ser aplicado sin tener en cuenta las condiciones que prevé el artículo 82 del estatuto tributario, y que los costos por ese simple principio deban ser reconocidos sin más requisitos, porque, entonces, todas las normas tributarias que consagran los requisitos de fondo y de forma para acceder a los costos que fiscalmente se reconocen, estarían de más.

De consiguiente, estima la Sala, que la sentencia del tribunal en cuanto no accedió a aplicar el costo presunto respecto a las ventas omitidas y adicionadas a la renta declarada, merece ser confirmada.

2. Reajuste del anticipo y anticipo contribución especial. Respecto al mayor valor determinado en la liquidación de revisión por concepto de anticipo para el año gravable de 1991, la Sala reitera la posición que sobre este tema tiene la jurisprudencia de la Sección en el sentido de que el anticipo no puede determinarse en una liquidación de revisión, porque siendo éste un abono a un impuesto futuro, debe determinarse en la liquidación privada, pero no en la oficial, previéndose, entre otras posibilidades, que para cuando se practique esta última la primera haya sido pagada.

Sobre el anticipo de la contribución especial que la administración determinó en la liquidación de revisión, por cuanto la sociedad omitió tal obligación en su liquidación privada, la Sala también estima que tal actuación no se ajusta a las normas legales que la consagraron, pues el Decreto 1071 de 1991, en su artículo 6º consagra que “al incumplimiento de la obligación de liquidar y pagar la contribución especial para el restablecimiento del orden público y los anticipos de la misma, se le aplicará el régimen sancionatorio previsto en el estatuto tributario” de donde se colige, que no era procedente entrar a determinar tal obligación á través de liquidación oficial de revisión, sino sancionar el incumplimiento, de acuerdo al régimen sancionatorio consagrado en el estatuto tributario.

Por tanto, el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la Nación tampoco está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia de fecha 30 de abril de 1997 proferida por el tribunal administrativo de cundinamarca, dentro del proceso distinguido con el Nº 10.778.

2. Reconócese personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la abogada Ana María Pérez Olmos, de conformidad con el poder que obra al folio 217 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese copia al tribunal de origen y cúmplase.

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