Sentencia 84957 de abril 26 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 84957

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Bogotá. D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por J.B.O.U., a través de apoderado, contra el fallo proferido el 24 de febrero de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante el cual denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por los juzgados segundo penal municipal, primero penal del circuito, tercero penal del circuito y quinto penal del circuito, todos de Popayán, y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Piendamó, Cauca.

Antecedentes y fundamentos de la acción

Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia:

Refiere el apoderado del accionante que: i) el señor J.B.O.U. se encuentra privado de la libertad como imputado de la comisión del delito de “Acto sexual con menor de 14 años”. ii) El Juzgado 2 Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Piendamó, Cauca, impuso medida de aseguramiento de privación de la libertad intramural, la cual fue apelada y confirmada por el juzgado 3 penal del circuito de esta ciudad. iii) Transcurrieron más de 60 días desde la formulación de la imputación, sin que la Fiscalía presentara formulación de la acusación, por lo que solicitó la libertad por vencimiento de términos del imputado. El Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Piendamó, acogiendo la tesis de la Fiscalía, que adujo que contaba con un término de 90 días conforme a los artículos 294 y 175 del CPP, decidió negar la solicitud que fue apelada. iv) El recurso fue resuelto por el Juzgado 3 Penal del Circuito de Popayán que decidió revocar la decisión devolviendo al Juzgado la actuación, con el fin de que se pronunciara sobre la procedencia o no de la libertad por vencimiento de términos, frente a lo consagrado en el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia. v) El Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Piendamó, Cauca, en audiencia del 30 de septiembre de 2015, negó la libertad por vencimiento de términos por estimar que es un beneficio, por la prohibición del artículo 199 referido, decisión que fue apelada y confirmada por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Popayán. vi) En consecuencia interpuso habeas corpus, el cual fue resuelto por el Juzgado 2 Penal Municipal de Popayán, el 27 de noviembre de 2015, considerando que ya había cosa juzgada sobre el tema, incurriendo en la equivocación de considerar que el “derecho a la libertad incondicional” está prohibido por el numeral 8º del artículo 199, pues no se trata de un beneficio como la libertad provisional, sino de la “libertad incondicional” por vencimiento de términos. Dicha decisión fue apelada, y confirmada por el Juzgado 1 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Popayán, argumentando que a) no entraría en discusiones “bizantinas” sobre los argumentos del apelante (lo que considera un irrespeto), b) la fiscalía tenía un término de 90 días por lo cual no se produce la libertad por vencimiento de términos, cuando esta causal objetiva fue reconocida por el juzgado 3 penal del circuito y aceptada por el Juzgado 2 Penal Municipal de Popayán, desconociéndose los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, c) en la eventualidad de que los términos se hubieren vencido no se puede desconocer el precedente jurisprudencial con ponencias de la Dra. María del Rosario González, “de la que los funcionarios mencionados se han convertido en rehenes”, y del Dr. José Luis Barceló que establece la posibilidad de descontar pena dentro del establecimiento carcelario y la inaplicación del artículo 199 cuando esta enseña que la redención es un derecho que se debe reconocer. vii) Agrega que la fiscalía presentó el escrito de acusación el 17 de julio de 2015, cuando debía presentarlo entre el 24 de abril y el 22 de junio de 2015 (60 días siguientes a la formulación de la imputación - 23 de abril), según el contenido gramatical del artículo 317.4 del CPP, por lo que el imputado adquirió el derecho a la “libertad incondicional” a partir del 23 de junio de 2015.

Petición: Solicita que las providencias relacionadas sean dejadas sin valor o revocadas, o lo que sea procedente, y en cambio se disponga la “libertad incondicional” de su poderdante(1).

El fallo impugnado

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán negó la protección constitucional invocada porque “no ha habido error de interpretación normativa ni vulneración al debido proceso” del accionante, dado que, según su criterio, “(…) la jurisprudencia de las altas cortes se ha pronunciado reiteradamente manifestando que es aplicable el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, y en esa medida, las providencias emitidas en virtud de la solicitud de libertad y su apelación y de la acción de habeas corpus y su impugnación, por los juzgados accionados, se encuentran acordes a derecho, pues siguen la línea trazada por la Corte Suprema de Justicia, al referir el radicado 37668 del 30 de mayo de 2012, M. P. María del Rosario González, para concluir que si bien se configuró la causal objetiva de libertad a que alude el defensor, no es posible concederla, pues debe darse aplicación al artículo 199 precitado”(2) (Resalta la Sala).

Citó, además, los fallos CSJ SP, 13 mar. 2013, rad. 40924. CSJ SP, 24 nov. 2014, rad. 45044 y la Sentencia T-518 de 2014(3).

Por último, conminó al apoderado judicial del peticionario del amparo para que no ejerza maniobras dilatorias en el proceso penal(4).

La impugnación

El apoderado judicial del accionante impugnó la anterior decisión reiterando que la libertad provisional por vencimiento de términos no está prohibida por el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, por cuanto es un derecho y no un subrogado o beneficio.

Destacó la Sentencia CSJ STP, 2 jul. 2015, Rad. 80488, STP 8442-2015, la cual, según su opinión, “se ha ignorado (o tal vez no leído)”(5).

Finalmente, manifestó que es erróneo calificar su actividad profesional como dilatoria “(…) puesto que en ningún caso ha llevado a la suspensión del trámite de los juzgados o de la fiscalía. No faltaba más que el ejercicio de la defensa de mí representado se califique como maniobra dilatoria. Si con esta conminación se trató de evitar la impugnación que nos ocupa, no se logró”(6).

Consideraciones de la Sala

De conformidad con la preceptiva del artículo 1º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional(7).

La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.

e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”(8).

f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “(…) si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. C-590 de 2005.

Análisis del caso concreto

1. Verificación del cumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En el presente caso se constata que: i) la acción constitucional se interpuso en un término razonable y proporcionado, cumpliéndose el requisito de la inmediatez; ii) el afectado identificó de manera razonable los hechos y derechos relacionados con la supuesta vulneración de sus garantías fundamentales; iii) ninguna de las providencias atacadas es una sentencia de tutela; y, iv) el asunto tiene relevancia constitucional.

En cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, se observa que el accionante solicitó la libertad por vencimiento de términos ante los jueces de control de garantías y, posteriormente, a acudió a la acción de habeas corpus. Esa situación, de ordinario, inhabilitaría la intervención del juez de tutela.

Sin embargo, la Sala seguirá la orientación trazada en la Sentencia T-518 de 2014, en la cual se indica que, excepcionalmente, el juez constitucional podrá revisar tales decisiones cuando se evidencie la configuración de alguna de las causales de procedencia del amparo contra providencias judiciales, incluso cuando el peticionario ha ejercido la acción de habeas corpus y agotado las respectivas instancias decisorias.

2. Reseña de las providencias censuradas.

Con el fin de caracterizar el problema jurídico, la Sala reseñará, brevemente, las motivaciones esgrimidas por las autoridades judiciales para negar la libertad provisional por vencimiento de términos solicitada por el accionante el 30 de junio de 2015(9) y los fallos de habeas corpus de primera y segunda instancia.

2.1. La audiencia pública de 27 de julio de 2015, adelantada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Piendamó, Cauca(10). 

Manifestó el solicitante que la audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo el 23 de abril de 2015 y, a la fecha de la solicitud, había trascurrido más de 60 días de privación de la libertad sin que la fiscalía hubiese radicado el escrito de acusación.

Sustentó su pretensión con los siguientes argumentos:

i) La apelación de la medida de aseguramiento no suspende el término señalado en el numeral 4º del artículo 317 de la Ley 906 de 2014.

ii) En tres oportunidades, el 26 de junio, el 6 de julio y el 22 julio de 2015, preguntó en el Centro de Servicios Judiciales de Popayán si la Fiscalía General de la Nación había presentado el escrito de acusación. La respuesta fue negativa en todos los casos.

iii) No se presenta ninguna de las circunstancias de extensión de los términos señaladas en el parágrafo 1º del artículo 317 ibídem.

iv) Según las consideraciones de la Sentencia CSJ STP, 2 jul. 2015, rad. 80488, STP8442-2015, no es procedente invocar el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.

El Fiscal Seccional de Piendamó se opuso a esa solicitud porque, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, esa entidad cuenta con un término de 90 días para formular la acusación, salvo lo previsto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. Invocó, además, el interés superior de las víctimas menores de edad y el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, para afirmar que la petición libertaria era improcedente.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Piendamó negó lo pretendido por la defensa porque cuando la Fiscalía presentó el escrito de acusación, el 17 de julio de 2015, no se había vencido el término de 90 días. Aclaró que los 60 días señalados en el numeral 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, debía “estudiarse y entenderse” de manera integral, es decir, en armonía con el artículo 175, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, en el cual se indica que “el término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días”.

Se abstuvo de hacer un pronunciamiento sobre la aplicación del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, porque, según su criterio, una vez verificada la ausencia del requisito objetivo, carecía de propósito un pronunciamiento de fondo sobre ese asunto.

El apoderado judicial del procesado interpuso el recurso de apelación.

2.2. La audiencia pública de 7 de septiembre de 2015, adelantada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán(11). 

La mencionada autoridad judicial revocó la decisión anterior porque el a quo desconoció el principio pro homine, eligiendo una interpretación restrictiva que no garantizaba la optimización de los derechos fundamentales involucrados.

Se destacan las consideraciones expuestas por el funcionario:

(…) [S]i hablamos de 60 días, por el factor objetivo, la causal liberatoria pues obviamente es procedente, si hablamos de 90 días, como lo plantea el Fiscal y el juez de primera instancia, no se habría dado ese vencimiento a la fecha en que fue radicada la solicitud por vencimiento de términos —minutos 0:13:43.4—0:14:07.1—

(...)

[E]l 317, entonces, nos habla de la causal de libertad, está diciendo que cuando se da, cuando pasan 60 días desde la formulación de imputación y no se ha presentado escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294, el artículo 295 que nos habla de la afirmación de la libertad, el artículo 3º del Código de Procedimiento Penal que nos habla de la prelación de los tratados internacionales, el principio pro homine como criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos inversamente a la norma (sic) o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Se dice que el principio pro homine tiene una doble manifestación, para el sub examine, para el caso que nos ocupa, nos interesa la referida a la preferencia interpretativa que se afirma en: a) la interpretación extensiva o b) la interpretación restringida. La norma de derechos humanos se debe aplicar en el sentido que brinde más protección a las personas, en el sentido que menos restrinja los derechos, de manera que se optimice el disfrute de los mismos (...) —minutos 0:16:32.4—0:17:40.5—

(…)

¿Las razones esbozadas por la defensa como parte recurrente tienen la solidez suficiente para derruir la decisión adoptada por el a quo de negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos (...)? La respuesta es que sí, y las razones son las siguientes: Son razones de orden legal, de orden constitucional y tienen que ver con la interpretación sistemática de los artículos 3º, prelación de los tratados internacionales, 175, 294, 295 y 317 4º del Código de Procedimiento Penal. Todo ello bajo el rasero o a la luz del principio pro homine. —minutos 00:17:45.0—0:18:24.5— —Resalta la Sala—

(…)

[E]l artículo 317 4º del Código de Procedimiento Penal es una norma especial que regula de manera directa la causal de libertad por vencimiento de términos en la etapa de investigación, que debe aplicarse de manera preferente siempre que sea más favorable a cualquier otra disposición que trate la materia (…) para el juzgado la alusión que del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal se hace en el artículo 317 4º, de la misma obra, se refiere a la obligación que tiene la fiscalía de formular acusación o solicitar la preclusión pero, en manera alguna, se puede invocar para cambiar los términos fijados en la causal liberatoria por otros más laxos, pues además de ser un contra sentido, no encuentra en la técnica legislativa una razón plausible que lo respalde. Esta norma del artículo 317 4º fue modificada por la Ley 1453 del año 2011 y nuevamente volvió (sic) a ser modificada por la Ley 1760 del año 2015, y en las dos leyes se mantiene el término de 60 días para la causal liberatoria del numeral cuarto. (…) Si el querer del Legislador fuera que esta causal liberatoria se produjera 90 días después de la privación de la libertad, a partir de la medida de aseguramiento, pues así lo habría consignado en el año 2015. —minutos 0:20:15.9—0:22:35.6— —Resalta la Sala—

Pese a lo anterior, “supeditó” la libertad del procesado a la resolución del segundo punto de debate planteado por los intervinientes en la audiencia de 27 de julio de 2015, sobre el cual no se pronunció el a quo, esto es, la libertad provisional por vencimiento de términos cuando el proceso trata sobre delitos contra la libertad e integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Por esa razón, con el fin de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, devolvió el expediente al despacho de origen.

2.3. La Audiencia Pública de 30 de septiembre de 2015, adelantada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Piendamó(12).

Retomada la actuación, el juez denegó la solicitud de libertad provisional, invocando la sentencia de 30 de mayo de 2012, rad. 37668, dictada por esta corporación.

Es pertinente resaltar la razón principal en la que se sustenta esa decisión:

Como se puede ver, el precedente judicial, la línea jurisprudencial frente a la aplicación del artículo 199, esgrimido por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, es que el contenido íntegro y en aplicación hermenéutica del artículo 199 del Código de la Infancia y la adolescencia, reclama que cobija (sic) el otorgamiento de la libertad provisional por vencimiento de términos que trata el artículo 317, esto ahondado y habiendo hecho un estudio juicioso sobre el principio de que dijo el ad quem al tomar la decisión, sobre el principio pro homine, donde dice que hay que tomar las decisiones que más convengan al procesado en aplicación a la interpretación que se le dio a los términos del artículo 317 comparados con los términos, comparados con los del artículo 175 y 294 del Código de P. Penal, estudiado ese principio se debe también entonces sopesarlo frente al principio pro infans, que hoy ha hecho alusión el señor fiscal, principio este que determina como prevalecen los derechos de los menores sobre los derechos de los demás, dada la incapacidad física y psicológica de los menores para auto defenderse y comprender con suma capacidad lo que le sucede en el mundo real, se le debe dar una especial protección, que las decisiones que se tomen en los procesos donde son víctimas debe prevalecer ese principio pro infans que está por encima de los demás derechos de las personas adultas, en aplicación de ello y bajo la reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, el estrado judicial encuentra en el presente caso, pese a como lo ha dicho y ordenado el Juez 3 Penal del Circuito, de que si se da la causal 4ª del artículo 317 para otorgar la libertad provisional en el presente caso, estudiado está bajo el contenido del artículo 199 del Código de la Infancia y Adolescencia, no es posible por interpretación hermenéutica conceder tal beneficio de libertad provisional porque lo prohíbe el artículo 199 para esta clase de delitos como son los delitos que atentan contra la libertad, formación e integridad sexuales de los menores de edad.

Atendiendo al precedente judicial, a la aplicación del principio pro infans y en el caso concreto el Estrado Judicial encuentra que por prohibición que hace el artículo 199 del Código de la Infancia y Adolescencia, en especial lo estatuido en el numeral 8º y en parágrafo haciendo una interpretación y aplicación hermenéutica no es posible conceder la libertad provisional por vencimiento de términos solicitada —Resalta la Sala—

2.4. La audiencia pública de 19 de noviembre de 2015, adelantada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán(13).

El ad quem, en virtud del principio de limitación, no realizó ninguna consideración respecto del cumplimiento de la causal objetiva de la libertad establecida en el numeral 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, porque dicho análisis había sido efectuado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, en la diligencia de 7 de septiembre de 2015, por esa razón, circunscribió el análisis de la apelación a la controversia sobre la aplicación del numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.

En ese orden, luego de sostener que la “libertad provisional” es un beneficio, para lo cual citó las sentencias C-171 de 1993 y C-073 de 2010 de la Corte Constitucional y de 30 de mayo de 2012, rad. 37668, de esta corporación, confirmó la decisión impugnada.

2.5. Fallo de habeas corpus de 27 de noviembre de 2015, proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Popayán(14).

El procesado, a través de su apoderado, formuló acción constitucional de habeas corpus argumentando la prolongación ilícita de su libertad. Expuso idénticas razones a las esgrimidas ante los jueces de control de garantías.

La autoridad judicial se abstuvo de evaluar lo relacionado con el vencimiento de términos porque, según su criterio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, en la diligencia de 7 de septiembre de 2015, se pronunció a favor de la defensa del accionante.

En cuanto al problema planteado, negó la protección invocada porque “no se ha presentado una restricción arbitraria o caprichosa del derecho a la libertad” del peticionario. Invocó, como razón principal para adoptar esa determinación, la sentencia de 30 de mayo de 2012, rad. 37668.

La Sala no puede pasar por alto la siguiente manifestación, consignada en los considerandos de la decisión:

Así mismo, no entiende el Juzgado a qué hace referencia el profesional del derecho cuando se refiere a la “libertad incondicional de que habla el art. 317”, pues dicha figura ni existe, ni aparece expresamente consignada en la norma y por tanto corresponde a una quimera creación de la defensa a efectos de lograr su cometido.

El apoderado judicial del peticionario interpuso el recurso de apelación.

2.6. Sentencia de Habeas Corpus, de segunda instancia, de 9 de diciembre de 2015, dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Popayán(15).

Esta última autoridad confirmó integralmente la decisión, pero formuló las siguientes aclaraciones:

i) Con la entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015, debe precisarse que esta normatividad no introdujo ninguna modificación al artículo 175 del C. de P.P., por lo cual, los términos de duración de los procesos y de sus etapas siguen inmodificables, por lo cual, el término máximo con que cuenta la fiscalía para presentar el escrito de acusación sigue siendo de noventa días.

ii) No se ha prolongado de manera ilegal la libertad del procesado, ya que entre el momento en que se efectuara la formulación de imputación (23 de abril de 2015) hasta el momento de presentación del escrito de acusación ante el centro de servicios judiciales (julio 17 de 2015) no transcurrió un término superior a noventa días, razón por la cual, no le asiste razón al abogado de la defensa.

Afirmó que resultaba “(…) inane realizar disquisiciones jurídicas relacionadas con la interpretación del artículo 199 del Código de la Infancia y de la Adolescencia, respecto a si la libertad es un derecho o un beneficio, ya que objetivamente la causal libertaria se abortó con la presentación oportuna del escrito de acusación por parte de la fiscalía”. Sin embargo, agregó que en la eventualidad de que los términos se hubieran vencido no se podría desconocer los precedentes de 30 de mayo de 2012, rad. 37668 y CSJ STP, 2 jul. 2015, rad. 80488.

Finalmente, la Sala tampoco puede ignorar la expresión “Antes de introducirnos en discusiones bizantinas”, empleada por el juez constitucional de segunda instancia, para referirse al problema jurídico planteado por el accionante.

2.7. Síntesis de las motivaciones esgrimidas por las autoridades judiciales para negar la libertad provisional por vencimiento de términos solicitada por el accionante:

i) Para los jueces de control de garantías estaba acreditada, objetivamente, la ocurrencia de la causal 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, es decir, trascurrió más de 60 días desde la imputación de cargos sin que la fiscalía hubiese radicado el escrito de acusación(16).

ii) Todos los jueces intervinientes dejaron al descubierto una profunda y enérgica convicción sobre la existencia de una prohibición para conceder “la libertad provisional por vencimiento de Términos” de los procesados por alguno de los delitos contra la libertad e integridad sexual de un menor de edad, de conformidad con el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 y con respaldo en la “jurisprudencia” de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

iii) Ninguno de los funcionarios evaluó las circunstancias que originaron el vencimiento de los términos, esto es: a) La complejidad del caso; b) la conducta procesal del detenido, por supuesto también la de sus apoderados judiciales y, por último, c) el comportamiento de los otros sujetos procesales - fiscales, jueces y víctimas.

3. El Problema jurídico.

Obsérvese que, por un lado, los jueces accionados afirmaron la existencia de una prohibición para el reconocimiento de la libertad provisional por vencimiento de términos, de conformidad con el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 y, por otro, el accionante planteó la inexistencia de tal restricción, pues, según su criterio, lo solicitado es un derecho y no un subrogado o beneficio.

En ese orden el problema jurídico es el siguiente:

¿Existe una prohibición legal para que los jueces de control de garantías reconozcan a los procesados por delitos sexuales contra menores de edad, cobijados con medida de detención preventiva, la libertad provisional por vencimiento de términos estipulada en el numeral 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal?

Dado que las autoridades judiciales accionadas invocaron algunos precedentes de esta corporación, resulta necesario realizar un análisis de la línea jurisprudencial sobre la prohibición de la libertad por vencimiento de términos en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

Esa tarea resulta fundamental para resolver el problema jurídico.

4. Análisis de la línea jurisprudencial sobre la prohibición de la libertad por vencimiento de términos en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

4.1. Primera fase: Prohibición legislativa.

El auto inadmisorio de casación de 17 de septiembre de 2009, rad. 30299, versó sobre un asunto relacionado con el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 que, si bien no involucró de forma específica la libertad provisional por vencimiento de términos, su resolución trazó la ruta de la presente línea jurisprudencial.

Alegó el demandante que el allanamiento a cargos era una figura diferente de las señaladas en el numeral 7º del mencionado artículo y, por tanto, no estaban prohibidas las rebajas de penas por ese concepto.

Aunque se rechazó esa interpretación porque, se dijo, “el allanamiento constituye alguna forma de preacuerdo”, al ser este una de las modalidades de aceptación de la responsabilidad penal por parte del imputado o acusado señaladas en el artículo 351 de la Ley 906 de 2014, la Sala afirmó que “(…) si se dijera que se obvió incluir en el numeral séptimo en cuestión la figura del allanamiento a cargos, una dicha inadvertencia es suplida, a continuación, en el ordinal 8º (…)”. Sustentó esa afirmación con los siguientes argumentos:

En su interpretación natural y obvia, es claro que el precepto atrás destacado (artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006) busca cerrar cualquier puerta que en la delimitación exhaustiva de los siete numerales anteriores pueda quedar abierta, haciendo inequívoco el interés del legislador en que a la persona imputada, acusada o condenada por esos delitos señalados en el inciso primero del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que arrojen como víctimas a infantes y adolescentes, no se les otorgue ningún tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal, judicial o administrativa, con la sola excepción, porque expresamente se dejó sentada ella, de los beneficios por colaboración eficaz.

Y basta verificar el contenido íntegro del artículo 199 en cita, en particular sus 8 numerales y el parágrafo, para definir inconcuso el querer del legislador, que se extiende al inicio mismo de la investigación penal, en punto de las medidas de aseguramiento a imponer y su imposibilidad de sustitución; el desarrollo de la misma, con limitaciones respecto del principio de oportunidad y las formas de terminación anticipada del proceso; el contenido del fallo, restringiendo la posibilidad de conceder subrogados; y la fase ejecutiva de la pena, impidiendo la libertad condicional o la sustitución de la sanción —Resalta la Sala—.

El 28 de abril de 2010, rad. 34044, frente a una solicitud de Habeas Corpus, tras citar la anterior decisión, se agregó que “(…) la negativa de la libertad provisional con apoyo en los razonamiento reseñados no significa el desconocimiento del principio de presunción de inocencia, sino que respeta la libertad de configuración legislativa, así como los intereses prevalentes de los menores de edad, víctimas de abuso sexual y de otras conductas punibles” —Resalta la Sala—.

Esa tesis fue reiterada, el 10 de octubre de 2011, rad. 37616, mediante una decisión de igual naturaleza:

(…) cuando se trate de delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las distintas exclusiones de beneficios excarcelatorios contemplados en el Código de la Infancia y la Adolescencia contenido en la Ley 1098 de 2006, bajo el entendido que el precepto 199 también comprende las concernientes a la libertad provisional, que en virtud de la prevalencia de los derechos de los menores (art. 44 de la Constitución Política), se ve restringida por así disponerlo el numeral 8º y parágrafo de esta norma, en forma tal que a las personas imputadas, acusadas o condenadas por esa clase de reatos en que como se dijo sean sujetos víctimas infantes y adolescentes, no les sea concedido ningún tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal o administrativa, salvo los beneficios por colaboración eficaz únicos admitidos por la propia ley —Resalta la Sala—.

Hasta este punto la Sala, a través de decisiones de Habeas Corpus, había concluido que el Legislador, en el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en garantía de los intereses prevalentes de los menores de edad, prohibió todo beneficio a favor de los procesados y condenados por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, incluida la libertad provisional por vencimiento de términos.

4.2. Segunda fase: Prohibición supralegal.

El fallo de 30 de mayo de 2012, rad. 37668, constituyó un giro significativo en el análisis del problema. Allí los intereses prevalentes de los menores de edad fueron puestos en primer orden:

De esa forma, se ha sostenido que en las actuaciones de esta naturaleza en donde se vea involucrado un menor, bien como acusado o como víctima, es necesario brindarle una protección especial. Y precisamente cuando sean sujetos pasivos de conductas punibles sexuales, ello se traduce, como también lo resalta la Corte Constitucional.

(...)

La permisión de la libertad frente a las conductas punibles establecidas en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 pone en riesgo la integridad física y mental de los menores, distanciándose del deber que asiste a los funcionarios judiciales de adoptar medidas en aras de su protección y seguridad. Con mayor razón en este caso porque se posibilitaría el retorno del sindicado al entorno familiar, pues no debe olvidarse que se trata del padrastro de las menores, quien puede tomar retaliaciones en su contra.

La prohibición de tal gracia, de otro lado, permite enviar un mensaje contundente a la sociedad, a la familia y al Estado de que la vida, la dignidad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes son bienes, como ya se dijo, de superior y mayor jerarquía que deben ser tutelados con especial consideración y en el sentido de que las violencias de género no son “delitos de bajo impacto”, sino, por el contrario, delitos de altísimo impacto pues atentan contra la posibilidad de construir un proyecto democrático de convivencia, de inclusión y de ejercicio real de los derechos de nuestra infancia y adolescencia.

La prohibición de conceder el beneficio de libertad, además, se acompasa con instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano en esta materia, a partir de los cuales surge imperativo la protección especial que se debe brindar a los menores, especialmente cuando son víctimas de delitos.

(...)

Además, está a tono con el preámbulo, así como con los artículos 1º, 2º y 13 de la Constitución Política, pues resquebrajaría la efectividad de los derechos de los menores y rompe la función otorgada a las autoridades de no proteger adecuadamente sus derechos y libertades. Adicionalmente, tiene en cuenta que por ser las víctimas personas menores de edad, requieren un análisis sobre la igualdad material para, según el artículo 13 de la Constitución Política, protegerlas de forma especial, atendiendo sus condiciones de inferioridad —Resalta la Sala—.

En segundo orden, se dijo:

La prohibición extendida a la libertad provisional obedece a una interpretación del numeral 8º del artículo 199 de la norma en cuestión al advertir que “tampoco procederá ningún otro beneficio” y fruto de una hermenéutica sistemática del precepto para los asuntos regidos por la Ley 906 de 2004, en tanto sí fue contemplada para los tramitados por la Ley 600 de 2000, como se señala en su parágrafo transitorio —Resalta la Sala—.

Nótese que el asunto dejó de ser un análisis sobre el “interés” o el respeto de “la libertad de configuración legislativa” del Congreso de la República, para convertirse en la revelación de una prohibición de orden supralegal(17).

La tesis mayoritaria ha sido invocada como fundamento para la negativa de la libertad provisional por vencimiento de términos en las decisiones de habeas corpus de 13 de marzo de 2013, rad. 40924; 24 de noviembre de 2014, rad. 45044 y 18 de diciembre de 2015, rad. 47329, entre otras.

4.3. Tercera Fase: Cambio de orientación.

Resulta comprensible que los funcionarios judiciales afirmen que la libertad provisional por vencimiento de términos, en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, está prohibida, porque así se desprende de la lectura de la jurisprudencia de esta corporación.

Pero, también es entendible el reclamo de los procesados, y de sus apoderados judiciales, quienes apoyados en decisiones recientes de la Sala advierten sobre un posible cambio de orientación en la materia.

A continuación se realizará una síntesis de cada una de esas decisiones:

4.3.1. El derecho a la redención especial de pena por trabajo y estudio.

Con anterioridad a la Ley 1709 de 2014, la mayoría de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad negaron el reconocimiento de la redención especial de pena por trabajo y estudio, siguiendo la tesis dominante de que ese beneficio estaba prohibido en el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 (18).

Sin embargo, esa orientación cambió a partir del fallo de tutela de 2 de julio de 2015, rad. 80488, STP8442-2015, dictado por los magistrados de la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de esta corporación, quienes luego de analizar la incidencia del artículo 103A del Código Penitenciario y Carcelario – adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014, sobre las categorías con las que trabaja el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, concluyeron:

[C]on la definición de la redención de pena como derecho, efectuada por el artículo 103 A del Código Penitenciario y Carcelario, por reforma efectuada con la Ley 1709 de 2014, ese instituto se sale de las categorías empleadas por el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, pues: no es un subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, la cual se continúa ejecutando en las mismas condiciones; tampoco responde a la estructura propia de un beneficio, que implica el otorgamiento de una facultad a la autoridad para su concesión; por el contrario, la redención de pena es exigible y de obligatorio reconocimiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones fijadas por la ley. Y para ello no hay necesidad de entender que el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 fue modificado en alguna forma; en lo más mínimo.

Ese no fue el único asunto abordado por esa Sala de decisión. Frente a la posibilidad de efectuar una interpretación desfavorable al condenado, con fundamento en la prevalencia de los derechos de los menores, se dijo:

(…) no hay un derecho de los niños, niñas y adolescentes que colisione con la posibilidad que tienen los reclusos de alcanzar la resocialización mediante el desarrollo de actividades que, además, les generen redención de la pena que purgan.

La Corte Constitucional, en sede de revisión, mediante Sentencia T-718 de 2015, confirmó integralmente esa decisión. Se destacan, por su relevancia, las motivaciones sobre el último aspecto reseñado.

Tras efectuar un análisis sobre la protección a los niños, niñas y adolescentes en el marco jurídico constitucional e internacional y, particularmente en el ámbito del derecho penal, concluyó lo siguiente:

(…) [E]l catálogo de garantías a través del cual la Constitución, y los instrumentos internacionales establecen normas tendientes a materializar el interés superior del menor, constituyen un parámetro obligatorio de interpretación que debe ser atendido por las autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, al momento de resolver las controversias suscitadas a propósito del enfrentamiento de derechos. Ello significa que cuando se presente una tensión entre la protección de los niños y cualquier derecho de otra índole, deberá prevalecer la primera en aplicación del principio pro infans.

En ese contexto, la aplicación del principio constitucional pro infans en materia penal, implica una protección en dos dimensiones: la primera está ligada al compromiso del Estado a sancionar severamente las conductas penales que se cometan contra menores, que se traduce en investigar las conductas, imponer penas elevadas y en eliminar algunos beneficios propios del procedimiento penal y la ejecución de la pena; y la segunda está relacionada con el restablecimiento de los derechos conculcados a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, a través de las medidas de reparación, protección específica durante el procedimiento penal, garantía de no repetición, verdad y no revictimización.

Es de destacarse que tratándose de la protección a menores víctimas de delitos, el legislador ha adoptado medidas tendientes a salvaguardar sus derechos dentro del ámbito penal, v. g. al establecer penas más altas o agravantes punitivos para aquellas conductas penales cuando el sujeto pasivo es un menor de 18 años. Así mismo en cumplimiento de los compromisos internacionales, el Estado colombiano a través de sus diferentes ramas del poder público se ha encargado de garantizar la reparación integral y ha buscado eliminar cualquier forma de revictimización de los niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, las medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas para dar cumplimiento a los compromisos internacionales, deben consultar los parámetros constitucionales en que se funda el Estado colombiano y demás normas que integran el bloque de constitucionalidad, en virtud de las cuales existen garantías mínimas aplicables en general a todas las personas —incluyendo los infractores de la ley penal— y que de ningún modo pueden ser desconocidas, abolidas o suspendidas, como la dignidad humana, que además de ser un principio y derecho fundamental se constituye en un límite al ejercicio del ius puniendi.

Lo anterior significa que la política criminal del Estado y el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes deben articularse, de manera que las medidas, decisiones y disposiciones adoptadas por los distintos poderes públicos —especialmente el legislativo—, guarden armonía con los principios en que se funda el Estado social de derecho, puntualmente en aquello relacionado con el catálogo de garantías que reconoce para todos habitantes del territorio nacional —incluidos los infantes y los infractores de la ley penal—. De lo contrario, tal actuación pasaría de perseguir un objetivo legítimo a materializar un abierto desconocimiento de otros derechos también cobijados por la Constitución.

4.3.2. El Derecho a la libertad por vencimiento de términos.

También es frecuente que los jueces de control de garantías nieguen la libertad por vencimiento de términos respecto de los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, con fundamento en la existencia de una prohibición legal contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Adicionalmente, los funcionarios judiciales suelen invocar como precedentes válidos algunas de las providencias reseñadas en los numerales 4.1. y 4.2. Esa actitud tiene una explicación muy simple, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 y el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 reproducen el mismo enunciado: “(…) ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz”.

La Sala de Casación Penal de esta corporación, en la sentencia de tutela de 20 de abril de 2016, rad. 85216, STP4883-2016, adoptada en Sala Plena, redefinió la interpretación que sobre el referido enunciado habían realizado las autoridades accionadas para negar la libertad provisional por vencimiento de términos.

Se trascribirán fragmentos de esa sentencia, en lo pertinente, dada su importancia para la solución del problema jurídico:

Por consiguiente, mirado el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 desde la perspectiva de las normas que integran el bloque de constitucionalidad aquí examinadas, necesario es concluir que no puede atribuirse a ese precepto el poder de crear excepciones al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, en los eventos en que se proceda por delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, por ser de rango inferior al de aquellas que lo reconocen.

El derecho fundamental que se viene examinando se advierte compuesto o complejo, en la medida que en él confluyen el debido proceso y la libertad.

Ahora bien, así el derecho a la libertad no sea de aquellos denominados intangibles, característica que sí tiene el debido proceso, lo dispuesto en los pactos internacionales no puede ser motivo de suspensión sino previa declaración de un estado de excepción, situación que no está de por medio en el presente caso. Mientras ello no ocurra, los Estados partes están obligados a reconocer y garantizar el derecho y a ajustar sus disposiciones internas a las de dichos convenios.

En todo caso, la ley estatutaria de estados de excepción establece que nunca podrá llegar a afectarse el núcleo esencial del derecho fundamental, porque el estado de excepción es un régimen de legalidad que no patrocina arbitrariedades (art. 7º Ley 137/94).

Examinado el texto del precepto (artículo 26 de la Ley 1121 de 2006) se observa que en su primera parte contiene referencias a institutos concretos y perfectamente identificados, cuya aplicación es excluida, a saber:

a) Rebajas de pena: por sentencia anticipada y por confesión y,

b) Subrogados o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad: condena de ejecución condicional, suspensión condicional de ejecución de la pena, libertad condicional, prisión domiciliaria.

Aunque en su parte final hace extensiva la exclusión a cualquier “otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo”, esa cláusula no puede tener una amplitud tal que elimine la posibilidad de aplicar cualquier instituto que pueda favorecer al procesado, como ya quedó demostrado con la rebaja de pena por reparación (Art. 269 del CP) con los siguientes pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de esta Corte: CSJ, SP, 6 de jun. 2012, rad. 35767; CSJ, SP, 14 de nov. 2012, rad. 35987; CSJ, SP, 19 de jul. 2013, rad. 39719; CSJ, SP, 29 de jul. 2013, rad. 39201.

Y, ciertamente, no puede comprender la exclusión del derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, por las razones que ya se expresaron y porque este es un derecho y no un beneficio, discusión que de ninguna manera es “bizantina” y que, en relación con otra temática, fue abordada por esta Sala en pretérita ocasión: CSJ, STP8442-2015, 2 de jul. 2015, rad. 80488.

Además, no debe olvidarse que en tratándose de libertad la interpretación de las disposiciones legales debe ser restrictiva y su aplicación necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales (artículo 295 de la Ley 906/04).

Admitir que respecto de los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos no es procedente la libertad por vencimiento de términos equivale a sostener que la persona procesada puede estar en detención o prisión provisional durante todo el tiempo que dure el proceso, que puede ser equivalente al plazo de prescripción de la acción penal, lo cual se traduce en una anticipación de pena y en el quebranto del derecho fundamental a la presunción de inocencia, el cual no admite excepciones e implica diferencia de trato entre procesados y condenados. La persona imputada o acusada no solo debe ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino que debe ser tratada como tal.

4.3.3. Síntesis del cambio de orientación.

Si bien, en las providencias de 2 de julio de 2015, rad. 80488, STP8442-2015 y 20 de abril de 2016, rad. 85216, STP4883-2016 la Sala de Casación Penal no advirtió alteración alguna respecto de la línea jurisprudencial sobre la prohibición de la libertad por vencimiento de términos en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no hay duda de que ocurrió un cambio doctrinal que no puede ser ignorado.

Veamos las principales conclusiones que se pueden extraer de los fallos citados:

i) El enunciado “ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo”, contenido en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 y el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, no puede ser empleado, dada su amplitud, para eliminar la posibilidad de aplicar cualquier instituto que pueda favorecer al procesado;

ii) Las disposiciones legales que preventivamente autorizan la privación o restricción de la libertad del imputado son excepcionales y su interpretación restrictiva, de conformidad con el artículo 295 de la Ley 906 de 2004.

iii) El derecho al plazo razonable se encuentra reconocido en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia y, por tal motivo, su validez no puede ser suspendida sino previa declaración de un estado de excepción;

iv) Por esa misma razón, es un derecho y no un beneficio;

v) Finalmente, frente a los argumentos expuestos por los jueces de instancia e intervinientes dirigidos a señalar que, de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales sobre la materia, existe una prohibición de orden superior para conceder cualquier beneficio —léase derechos— a los condenados por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, se impuso la tesis de que la protección de las garantías fundamentales de los menores de edad no puede traducirse en la negación absoluta de los derechos básicos de los condenados.

En ese orden, la existencia de una prohibición legal —primera fase de la línea jurisprudencial— o derivada de las normas constitucionales e internacionales sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes —segunda fase de la línea jurisprudencial— no es un argumento válido para negar a los procesados la libertad provisional por vencimiento de términos, puesto que las motivaciones que sustentaron cada una de las orientaciones reseñadas en los numerales 4.1. y 4.2., fueron revaluadas y refutadas en las sentencias de 2 de julio de 2015, rad. 80488, STP8442-2015 y 20 de abril de 2016, rad. 85216, STP4883-2016.

Por esa razón, por coherencia interpretativa y en respeto de la igualdad de trato, la Sala responderá el problema jurídico planteado de la siguiente forma:

No existe una prohibición legal para que los jueces de control de garantías reconozcan a los procesados por delitos sexuales contra menores de edad, cobijados con medida de detención preventiva, la libertad provisional por vencimiento de términos estipulada en el numeral 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.

5. Razones que sustentan el cambio de orientación jurisprudencial.

Aclarado entonces que el enunciado “ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo”, contenido en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 y el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, no puede ser empleado, dada su amplitud, para eliminar la posibilidad de aplicar cualquier instituto que pueda favorecer al procesado; debido a que las disposiciones legales que preventivamente autorizan la privación o restricción de la libertad del imputado son excepcionales y su interpretación restrictiva, de conformidad con el artículo 295 de la Ley 906 de 2004, la Sala insistirá en las razones por las cuales la interpretación, hasta hora imperante, es insostenible.

5.1. La garantía fundamental del plazo razonable en los procesos penales.

En el marco del Estado de derecho, toda persona señalada de ser responsable de una conducta punible tiene a su favor, además del derecho a la presunción de inocencia, las garantías fundamentales a la contradicción, defensa, debido proceso y a ser juzgada dentro de un término razonable.

Ese último concepto comporta una doble dimensión de justicia: La primera, la expectativa de la comunidad —y por supuesto de las víctimas— de que los culpables sean castigados prontamente y, la segunda, no menos importante, el derecho de los inocentes a ser liberados lo más pronto posible de toda sospecha, así como de cualquier cautela sobre su libertad personal y su patrimonio.

También es posible distinguir dos ámbitos de esa garantía: Por un lado, la duración del proceso, en conjunto, hasta que se produzca una decisión judicial definitiva y, por otro, la permanencia del sujeto en detención preventiva mientras se adelanta la investigación o juzgamiento.

El primero, como lo ha dicho la Corte Constitucional, con fundamento en los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, involucra la inobservancia de los términos judiciales y, por tanto, en forma genérica, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso(19).

El segundo, se resalta, tiene una conexión primaria con los derechos a la presunción de inocencia y libertad personal, por esa razón, en un sentido más estricto, se enuncia como el “derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad”.

Este ámbito del plazo razonable está consagrado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por el Estado colombiano, cuyas normas son las siguientes:

a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. Artículo 9.3:

Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución de fallo (Se resalta).

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972. Artículo 7.5:

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio (Se resalta)(20).

Tales disposiciones, como lo ha dicho esta Sala recientemente, —Sentencia de 20 de abril de 2016, rad. 85216, STP4883-2016— integran el bloque de constitucionalidad, por remisión del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, según el cual los derechos y deberes consagrados en ella se han de interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y también a través de lo dispuesto por el canon 94 ibídem, en el sentido de que la enunciación de derechos y garantías efectuada por la Carta y los convenios internacionales vigentes no comportan la negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos.

El bloque de constitucionalidad, así conformado, comporta consideraciones de vital importancia, tal y como fueron enunciadas en la precitada decisión:

En resumen, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad y, por lo mismo, tienen carácter superior o supralegal, reconocen, protegen y garantizan el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad.

Ese derecho tiene carácter universal, en cuanto son titulares del mismo todas las personas detenidas o presas a causa de un proceso penal, sin importar la naturaleza del delito que se le imputa o del cual es acusado.

Los preceptos examinados no contemplan excepciones. Por el contrario, por virtud del pacto y de la convención, los Estados partes se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en dichos instrumentos, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (art. 2.1 PIDP y Art. 1.1 CADH).

Los dos convenios internacionales mencionados expresan en su motivación la finalidad de reconocer los derechos esenciales del hombre, esto es, aquellos que se derivan de la dignidad inherente a la persona humana y que, por tanto, no dependen “del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.

Ello concuerda con lo expresado por la Constitución Política de Colombia en el sentido de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (artículo 13) y que el Estado reconoce, sin distinción alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5º).

Por tanto, esos derechos son anteriores al Estado y este no los concede sino que los reconoce y se encuentra limitado por ellos, pues el fundamento del aparato estatal reside en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º) y su existencia se justifica solo en cuanto sirve a la comunidad y propende por la efectividad de tales derechos (artículo 2º).

El concepto de “plazo razonable”, que también es esencial al debido proceso (en el artículo 29 de la Constitución Política se habla de un procedimiento adelantado “sin dilaciones injustificadas”), es indeterminado. Por tanto, el legislador puede, dentro de su libertad de configuración, establecer términos diferenciales, como acontece actualmente, para efectos de libertad, cuando el proceso sea conocido por la justicia penal especializada o sean tres o más los imputados o acusados o se juzguen actos de corrupción previstos en la Ley 1474 de 2011. Pero no puede crear excepciones al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, pues no están contempladas en los instrumentos internacionales precitados. Vale decir, para ciertos casos el plazo razonable puede ser más amplio, por razón de su gravedad o complejidad, pero siempre que el mismo haya sido superado sin cumplir la meta estipulada la consecuencia deberá ser una sola: la libertad, sin salvedades.

El carácter universal de las garantías judiciales es corroborado por una única excepción, que confirma la regla. Se trata de la previsión contenida en el inciso final del artículo 93 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2001, que reza:

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él (Se resalta).

Adviértase que si la fuente del derecho que se viene estudiando es la dignidad inherente al ser humano, establecer excepciones al mismo es instituirlas también frente a dicha dignidad humana. Un ejercicio de poder en tal sentido sería por completo ilegítimo, pues, como se vio, la existencia de Colombia como Estado social de derecho se soporta, precisamente, en su respeto (artículo 1º de la Constitución Política).

Esa consideración es la que explica que aún frente a delitos tan execrables como la tortura la normatividad disponga: “Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4º recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento” (artículo 7-3 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y aprobada por Colombia mediante la Ley 70 de 1986).

Por consiguiente, mirado el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 desde la perspectiva de las normas que integran el bloque de constitucionalidad aquí examinadas, necesario es concluir que no puede atribuirse a ese precepto el poder de crear excepciones al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, en los eventos en que se proceda por delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, por ser de rango inferior al de aquellas que lo reconocen.

Al igual que en el caso que dio origen a esa decisión, debe decirse que la negativa a reconocer la procedencia de la libertad por vencimiento de términos equivale a sostener que la persona procesada puede estar en detención o prisión provisional durante todo el tiempo que dure el proceso, que puede ser equivalente al plazo de prescripción de la acción penal, lo cual se traduce en una anticipación de pena y en el quebranto del derecho fundamental a la presunción de inocencia, el cual no admite excepciones e implica diferencia de trato entre procesados y condenados. La persona imputada o acusada no solo debe ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino que debe ser tratada como tal.

No obstante, en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el concepto de “derecho al plazo razonable” no significa un tiempo cuantificado en días, meses o años, sino la valoración de las circunstancias justificativas que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha empleado tres criterios de análisis: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades nacionales”(21).

Aunque esos criterios deben ser empleados por los jueces nacionales para resolver asuntos complejos, como se señalará más adelante, dada la indeterminación del concepto “dilaciones injustificadas” del artículo 29 de la Constitución Política, no puede perderse de vista la existencia de la normatividad y jurisprudencia nacional vigente sobre los “términos perentorios” en las actuaciones procesales, los cuales han sido enunciados en unidades de tiempo cuantificables en días, meses o años.

Sobre el específico tema de la duración de la privación temporal de la libertad, aspecto pertinente para el caso en estudio, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente:

En ausencia de determinación legal, el concepto indeterminado “dilaciones injustificadas”, debe deducirse en cada caso concreto con base en pautas objetivas que tomen en cuenta, entre otros factores, la complejidad del asunto, el tiempo promedio que demanda su trámite, el número de partes, el tipo de interés involucrado, las dificultades probatorias, el comportamiento procesal de los intervinientes, la diligencia de las autoridades judiciales etc. Sin embargo, en ciertos casos, es el propio legislador, en guarda de valores superiores, el que determina el contenido y alcance del aludido concepto, para lo cual establece términos perentorios cuyo incumplimiento desata consecuencias que bien pueden mirarse como riesgos conscientemente asumidos por el ordenamiento para no lastimar un bien superior. En estos eventos, el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones injustificadas, adquiere prevalencia sobre consideraciones puramente orgánicas y funcionales propias del aparato de la justicia.

Precisamente, la fijación legal de un término máximo de duración de la detención provisional, obedece al enunciado propósito. La duración de la privación temporal de la libertad, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial(22) —Resalta la Sala—.

En concordancia, los artículos 175, 294 y 317 del Código de Procedimiento Penal, al igual que las demás normas que regulan los términos procesales, constituyen un caso de especificación del “derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad”, pues en ellos no solo se consagra un límite temporal, también se establecen las consecuencias que se derivan de su injustificado incumplimiento, por ejemplo, la libertad del procesado, el relevo del funcionario a cargo de la investigación o la solicitud de terminación del proceso ante el juez de conocimiento.

En la determinación de los términos procesales, ha dicho la Corte Constitucional, el Legislador tiene una amplia potestad, limitada únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el fin que en general persiguen las formas procesales, cual es permitir la realización del derecho sustancial(23), sin embargo, también ha aclarado que cuando está en juego la libertad de las personas, su indeterminación o inexistencia conduce a la violación de los principios y derechos constitucionales(24).

De lo anterior pueden extraerse dos importantísimas conclusiones.

La primera, la determinación de los términos y sus consecuencias procesales, en particular sobre la detención preventiva, corresponde al Legislador, de conformidad con la cláusula general de competencia del Congreso de la República para la expedición de las leyes, no obstante, la indeterminación o supresión de los mismos es incompatible con las garantías fundamentales de nuestro sistema normativo.

Por esa misma razón, tampoco puede el intérprete judicial crear o amplificar tales indeterminaciones. En ese orden, la interpretación extensiva del enunciado “ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo”, contenido en el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, para restringir el acceso a la libertad de los procesados, constituye una clara vulneración de garantías fundamentales.

La segunda, aunque el Legislador, de hecho, en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que le corresponde, suprima el término para la presentación del escrito de acusación, inicio de la audiencia preparatoria, la celebración de la audiencia de lectura de fallo o la prescripción de la acción penal, en relación con las conductas punibles de alto impacto o incluso respecto de todos los delitos existentes en el Código Penal, la consecuencia que se derivaría de tal determinación no es la eliminación del “derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad”, pues el legislador ordinario, y probablemente también el constituyente, carece de competencia para derogar una garantía fundamental contenida en el bloque de constitucionalidad.

Aún en ese contexto extremo, los jueces estarían en la obligación de valorar si la dilación procesal denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada.

5.2. Necesidad de garantizar la eficacia de las garantías fundamentales de los procesados por “delitos de altísimo impacto”.

En la sentencia de 30 de mayo de 2012, rad. 37668, la Sala empleó el concepto “delitos de altísimo impacto” en referencia a los casos complejos en los que se necesita enviar un “… mensaje contundente a la sociedad, a la familia y al Estado de que la vida, la dignidad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes son bienes, como ya se dijo, de superior y mayor jerarquía que deben ser tutelados con especial consideración (…)”.

Sin duda, las conductas que atentan contra la vida, dignidad e integridad de los menores de edad causan un gran estupor en la comunidad y, por ese motivo, puede afirmarse son delitos de alto impacto. Pero, hay otra razón por la que también se puede emplear ese calificativo; dada la conmoción, perturbación y efervescencia que causa en la opinión pública tales delitos, la protección de las garantías fundamentales de los procesados —presuntamente inocentes— puede resultar menguada debido a presiones sociales exógenas al proceso judicial.

Esa situación obliga a esta corporación a hacer un llamado de atención para que los funcionarios judiciales ejerzan su labor en el marco del respeto del Estado de derecho, lo cual implica garantizar, sin discriminación alguna, la eficacia de las garantías fundamentales a todos los procesados.

Esa exigencia es un desarrollo, natural y obvio, de la autonomía de la función judicial consagrada en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

5.3. La compatibilidad de las garantías fundamentales del procesado con los derechos de los menores de edad.

El fallo de tutela de 2 de julio de 2015, rad. 80488, STP8442-2015 y la Sentencia T-718 de 2015 dejaron en claro que la prevalencia de los derechos de los menores no puede ser entendida como la negación absoluta de las garantías fundamentales de los condenados, entendimiento que se hace extensible a quienes apenas tienen la condición de imputados o acusados y, por tanto, se les presume inocentes.

En esa misma dirección, afirmar la inexistencia de la prohibición legal o supralegal y, en consecuencia, el derecho de todos los procesados a obtener la libertad provisional por vencimiento de términos, no implica la negación de la prevalencia de los derechos de los menores de edad.

En este punto ocurre lo que el profesor C. V. F. solía llamar un “error de falsa oposición”(25), puesto que la prevalencia de los derechos de los menores de edad, un principio ciertamente importante, no significa la supresión absoluta de los derechos de los demás sujetos, así estos sean imputados o condenados por delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Un entendimiento ponderado del problema llevaría a concluir que un proceso judicial sin dilaciones injustificadas redunda en beneficio de todos: De la sociedad, porque con la condena o la absolución se esclarece prontamente un hecho que encendió las alarmas y causó pública desazón; de las víctimas, al obtener una justicia, verdad y reparación coetánea con su proceso de sanación y, finalmente, del procesado, para quien concluye una etapa de angustias, en particular si es absuelto de las acusaciones, porque obviamente se libra de unos injustos señalamientos y de la restricción de sus derechos fundamentales.

La supresión de las consecuencias jurídicas del vencimiento de los términos en relación con la detención preventiva, tales como la libertad del procesado, el relevo del funcionario a cargo de la investigación y las sanciones penales o disciplinarias por el delito de prolongación ilícita de la libertad, no contribuye positivamente a esos objetivos, incluso propicia el efecto contrario al crear una zona de confort en la cual el desinterés o la negligencia de las autoridades no es censurada.

Ahora, el abandono de la tesis sobre la existencia de una prohibición de orden supralegal, que se devela al funcionario judicial en la interpretación constitucional, no tiene como consecuencia inmediata que todos los procesados por delitos sexuales contra menores de edad que soliciten la libertad por vencimiento de los términos deberán ser excarcelados, pues corresponde a los jueces de control de garantías evaluar si la dilación procesal denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada, de conformidad con los parágrafos primero y tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, los cuales concuerdan con la doctrina de los tres criterios decantada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, conviene aclarar que en los delitos “de altísimo impacto” los jueces de control de garantías, en su calidad de garantes de los derechos fundamentales, deben evaluar todas las causas de la dilación de los términos, no solo para recriminar la conducta procesal del detenido, también para descartar maniobras veladas de los demás sujetos procesales, tendientes a prolongar el tormento de quien, de forma anticipada y prejuiciosa, ha sido condenado por la opinión pública.

6. La causal especifica de procedencia del amparo atribuida a las autoridades judiciales y la orden constitucional que corresponde.

Las providencias judiciales censuradas adolecen de un defecto sustantivo o material, en tanto se basan en una prohibición legal o supralegal inexistente, norma supuesta que permitió a los jueces relevarse de la obligación de analizar todas las circunstancias que originaron el vencimiento de los términos.

Aunque esas decisiones están fundamentadas en una línea jurisprudencial de esta corporación, la Sala concederá el amparo constitucional dejando en claro que ese criterio judicial fue abandonado por ser incompatible con los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad.

En consecuencia, revocará, en su integridad, el fallo impugnado, dejará sin efecto las decisiones censuradas y ordenará al Centro de Servicios Judiciales de Tunja que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, asigne la solicitud de libertad por vencimiento de términos a un nuevo juez de control de garantías, quien deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 3 días, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

REVOCAR el fallo impugnado.

AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad de J.B.O.U..

DEJAR SIN EFECTO las decisiones reseñadas en el numeral segundo de las consideraciones de esta providencia

ORDENAR al Centro de Servicios Judiciales de Tunja que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, asigne la solicitud de libertad por vencimiento de términos a un nuevo juez de control de garantías, quien deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 3 días, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DEVOLVER el expediente remitido a esta Sala, en calidad de préstamo, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar O.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Fls. 263-265-94.

2 Fls. 286-287.

3 Fl. 287.

4 Fl. 289.

5 Fl. 310.

6 Fl. 313.

7 Sentencias C-590 de 8 de junio de 2005 y T-332 de 2006.

8 Ibídem.

9 Fls. 132 y 133, expediente del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

10 Fls. 99 y 108, expediente del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

11 Fl. 59, expediente del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

12 Fl. 33, expediente del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

13 Fls. 25 y 26, expediente del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

14 Fls. 98 y 101. Expediente de la acción de tutela.

15 Fls. 117 y 128. Expediente de la acción de tutela.

16 Se aclara que el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Popayán, al resolver la acción de habeas corpus, en segunda instancia, descartó la existencia de la vulneración alegada por el peticionario. No obstante, esa afirmación se sustentó en una interpretación, descartada por los anteriores jueces por ser contraria a los principios constitucionales.

17 Vale la pena destacar el salvamento de voto del magistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, cuyo objetivo era advertir que “ninguno de esos principios de tratados internacionales o Constitución colombiana, estatuye explícita o implícitamente que el procesado por un delito ejecutado en contra de menores puede permanecer indefinidamente detenido” y, por tanto, “no es posible establecer limitaciones absolutas y, particularmente, que resulta contrario a la Carta convertir la detención preventiva, dada su duración en el tiempo, en una forma de cumplimiento anticipado de la pena”.

18 Ese era el criterio manifestado por todos los miembros de la Sala de Casación Penal y reiterado en fallos constitucionales de 24/09/09, rad. 44329; 27/07/10, rad. 49078; 25/0811, rad. 55081; 10/05/11, rad. 53653; 17/11/11, rad. 57316; 16/08/11, rad. 55711; 02/05/12, rad. 60084; 09/02/12, rad. 58556; 27/03/12, rad. 59500; 12/04/12, rad. 59782; 12/06/12, rad. 60807; 09/02/12, rad. 58590; 31/05/12, rad. 60564; 21/06/12, rad. 60983; 27/03/12, rad. 59538 y 18/03/2013, rad. 68907, entre muchos otros.

19 El principio de celeridad que es base fundamental de la administración de justicia debe caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad. (...) Luego es esencial la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Ello se desprende directamente del artículo 228 de la Constitución, e indirectamente del artículo 209, cuando sostiene que el principio de celeridad debe caracterizar la actuación administrativa. Fue pues voluntad manifiesta del constituyente consagrar la celeridad como principio general de los procesos judiciales. Ahora una dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado. Sentencias T-450 de 1993, T-368 de 1995 y T-518 de 2014.

20 (sic).

21 Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador; Caso Tibi, supra nota 20, párr. 175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual sentido cfr. Wimmer vs. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 January 2005.

22 Sentencia C-300 de 1994.

23 Sentencias C-814 de 2009 y C-371 de 2011.

24 Sentencia C-390 de 2014.

25 Ese paralogismo es explicado por el autor citado, de la siguiente forma: “Una de las mayores adquisiciones del pensamiento se realizaría cuando los hombres comprendieran —no solo comprendieran, sino sintieran— que una gran parte de las teorías, opiniones, observaciones, etc., que se tratan como opuestas, no lo son. Es una de las falacias más comunes, y por lo cual se gasta en pura pérdida la mayor parte del trabajo pensante de la humanidad, la que consiste en tomar por contradictorio lo que no es contradictorio; en crear falsos dilemas, falsas oposiciones” C.V.F. (1872-1958). Lógica viva: moral para intelectuales. Caracas: Italgráfica, 1979, pág. 7.