Sentencia 8509 de enero 30 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 8509

Consejero Ponente:

Germán Ayala Mantilla

Actor: Textiles Nylon S.A. Niltex

Impuesto de renta

Santafé de Bogotá, D.C., treinta de enero de mil novecientos noventa y ocho.

Fallo

(...).

Consideraciones de la Sala

Antes de decidir advierte la Sala que en la segunda instancia los alegatos de conclusión deben estar referidos estrictamente a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, por cuanto esta instancia procesal constituye una etapa conclusiva y no una adición o extensión del término del recurso de apelación, término que de suyo es preclusivo e improrrogable, razón por la cual no puede ser empleada para subsanar las omisiones del recurso, ni para proponer nuevos motivos de rechazo de las partidas glosadas o plantear motivos de inconformidad que no han sido oportunamente sometidos a consideración de las partes, vale decir, propuestos mediante la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Bajo estos parámetros, los argumentos esgrimidos por el apoderado de la demandada con ocasión de los alegatos de conclusión, referidos a los aspectos de fondo de la controversia, resultan inoportunos, teniendo en cuenta que no fueron planteados con el recurso de apelación, razón por la cual los mismos no serán tenidos en cuenta en el presente fallo.

Igualmente, y por las mismas razones, no son admisibles las pretensiones de la actora formuladas con ocasión de los alegatos de conclusión, según las cuales solicita al Consejo de Estado el estudio de cargos que no fueron analizados por parte del tribunal, toda vez que si tenía motivos de inconformidad contra la sentencia de primera instancia, debió hacer uso oportuno del recurso de apelación, recurso que solamente fue utilizado por la demandada. Con todo, es pertinente advertir que si la prosperidad del primer cargo formulado en contra de la legalidad de los actos administrativos demandados, conlleva a declarar su anulación, como en efecto ocurrió en el sub-lite, se releva al juez de conocimiento de estudiar otros argumentos expuestos con la misma finalidad, toda vez que el objeto de la litis, que es precisamente la “presunta ilegalidad” de los actos acusados, está resuelta con la declaratoria de nulidad de los mismos.

Se concreta entonces la controversia, según los términos en que se plantea el recurso de apelación propuesto por la demandada, a definir si en el caso sub-lite se dio cumplimiento o no a lo dispuesto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto hace al agotamiento previo de la vía gubernativa, como presupuesto para acceder ante la jurisdicción en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter particular y concreto.

Para el efecto deberá establecerse si se considera cumplido o no el requisito previsto en el artículo 722 literal d) del estatuto tributario, referido a “que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada”, para la admisibilidad del recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación de revisión 0043 de abril 5 de 1995 por parte de la sociedad actora.

Consta en la declaración de renta año gravable 1991 presentada el 6 de abril de 1992 por la Sociedad Textiles Nylon S.A. Nyltex que para dicha vigencia fiscal el valor a pagar por concepto de impuesto y anticipo asciende a la suma de $ 64.774.000.

En el memorial del recurso de reconsideración (fl. 69, cdno. 6) en el título “presupuestos procesales” dice la sociedad acreditar el pago de la liquidación privada de la siguiente manera:

“— Resolución 10058 10 de octubre de 1994.

— Recibo oficial de pago 2325606050242-5 de junio 5 de 1995”.

De acuerdo con la Resolución 10058 de octubre 10 de 1994, proferida por la división de recaudación de la administración especial grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá, se ordena compensar la suma de $ 47.197.500 al impuesto de renta de 1991 a cargo de Textiles Nylon S.A. Niltex y según el citado recibo oficial de pago, éste corresponde a la cancelación del impuesto de renta 1991 por un valor de $ 17.576.500 sin incluir intereses moratorios.

Sobre esta última suma obviamente se generaron intereses moratorios conforme el artículo 634 del estatuto tributario, teniendo en cuenta que la fecha en que se efectúa el pago, junio 5 de 1995, excede notoriamente los términos previstos para el pago del impuesto correspondiente a la vigencia fiscal de 1991.

La administración exigió el pago de los intereses moratorios para que se entendiera cumplido el requisito previsto en el literal d) del artículo 722 del estatuto tributario, inadmitiendo el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión mediante auto 006 de julio 5 de 1995.

En los términos del artículo 728 del estatuto tributario la omisión del requisito establecido por el literal d), del artículo 722 “se entenderá saneada, si dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del auto inadmisorio, se acredita el pago o acuerdo de pago”, y conforme al artículo 30 del Decreto Reglamentario 1372 de 1992 la omisión del pago puede ser saneada “dentro del término de interposición del recurso de reposición contra el auto de inadmisión del recurso de consideración”.

La sociedad actora no saneó la omisión referida, al no acreditar el pago con ocasión de la interposición del recurso de reposición contra el auto inadmisorio, ni en el término de los 20 días siguientes a su notificación como lo prevén las citadas disposiciones, motivo por el cual para la Sala el proceder de la administración se ajusta a la legalidad.

Los intereses moratorios que se causan por el pago extemporáneo de los impuestos y anticipos determinados en la declaración privada constituyen “sanción por mora” tal como lo dispone el artículo 634 ibídem.

Luego si se parte de una interpretación lógica de la expresión “que se acredite el pago de la liquidación privada”, contenida en el artículo 722 literal d) ibídem, forzoso es concluir que el pago exigido por la norma hace referencia al impuesto y los intereses moratorios, éstos últimos por ser consecuencia del no pago oportuno de la liquidación privada, de suerte que no puedan entenderse desligados de esta.

Lo anterior, porque la expresión “que se acredite el pago de la liquidación privada”, contiene los conceptos que están implícitamente comprendidos en el postulado general de la norma.

Adicionalmente advierte la Sala que según lo establece claramente el artículo 804 del estatuto tributario, los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables o agentes de retención, deberán imputarse al período e impuesto que indique el contribuyente, responsable o agente de retención, en la siguiente forma: primero las sanciones; segundo a los intereses y por último a los anticipos, impuestos o retenciones.

Por suerte que si la sociedad sólo pagó lo correspondiente al impuesto liquidado en la declaración privada, tal como antes de imputarse a dicho concepto, deberá imputarse a las sanciones y a los intereses.

De acuerdo con lo expuesto en el sub-examine no se puede considerar agotada la vía gubernativa, pues para ello, como en anteriores oportunidades lo ha precisado la Sala se requiere que los recursos interpuestos se hayan sujetado a los requisitos legales, cumpliéndose el principio universal de “discusión previa” ante la administración.

Al respecto ha dicho la jurisprudencia:

“Del acervo probatorio aportado al proceso se deduce que el recurso de reconsideración, interpuesto por la sociedad actora, no pudo ser decidido, hecho éste que hizo imposible el principio de la “discusión previa” ante la administración, de igual manera que al no haber pronunciamiento de fondo sobre la solicitud del contribuyente, no se da el evento consagrado en el artículo 63 del CCA. “Agotamiento de la vía gubernativa”, puesto que debe entenderse que el recurso interpuesto no se ha decidido. Y la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa, mediante la interposición de los recursos del caso no es una simple formalidad carente de sentido, porque precisamente tiene el contenido procesal que se dejó expuesto (discusión previa): de ahí, que cuando son interpuestos deben sujetarse a los requisitos legales, a fin de que cumplan su objetivo, si esto no ocurre se pierde o imposibilita que la administración entre al estudio de sus propios actos (Auto, jul. 23/93. C.P. Delio Gómez Leyva. Exp. 4736. Actor: Rodríguez Korgi y Cía Ltda.).

Prospera entonces la expresión de no agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la demandada, por lo que el tribunal ha debido declarase inhibido para un pronunciamiento de fondo, razón por la cual se revocará la sentencia la apelada, declarándose esta corporación inhibida para proferir sentencia de mérito.

En consideración a lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1) Revócase la sentencia apelada y en su lugar

2) Declárase inhibido para proferir fallo de mérito

3) Reconócese personería para actuar en nombre de la entidad demandada al abogado Enrique Guerrero Ramírez, de conformidad con el poder que obra a folio 284 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

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