Sentencia 8519 de octubre 6 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS

FRENTE A LA LEGALIDAD DE LA PENA

EXTRACTOS: «El Tribunal Superior al conocer la sentencia en virtud del recurso de apelación interpuesto por los procesados Castro y Bonilla, no obstante considerar que la sanción impuesta era violatoria del principio de legalidad de la pena, dado que a los condenados no se les sancionó sino por un sólo delito (falsedad art. 219 C.P.), quedando impune el peculado, estimó que por no haberse impugnado la sentencia por parte del fiscal de los juzgados del circuito de Lérida como en realidad era su deber hacerlo, la segunda instancia carecía de oportunidad para restablecer el orden jurídico quebrantado, y que ya nada podía hacerse para enmendar esta irregularidad por expresa prohibición de la ley (arts. 31, inc. 2º Constitución Política y 17 del CPP), por ser los procesados antes mencionados, apelantes únicos.

Para respaldar su posición, el tribunal trae a colación jurisprudencia de agosto 5 de 1992, en la cual la Corte se pronuncia en el sentido de que “el endurecimiento de la pena, que contempla como vedado la Constitución, cuando el único recurrente es el procesado, se da tanto cuando una pena determinada se intensifica, como cuando mediante la revocatoria de la absolución se abre camino para imponer una sanción que no se dio en la primera instancia”.

El caso que nos ocupa es bien diverso al que se trata en la jurisprudencia en mención, pues aquí no se puede considerar como agravación de la pena el hecho de que el tribunal hubiese hecho vigente el principio superior de legalidad de la pena que fue vulnerado por el juez a quo.

El criterio reiterado de la Sala es que el art. 31 de la Carta no puede constituirse en contraposición del también principio constitucional de legalidad de la pena que a la par consagra el artículo 29, pues la primera disposición no se ha constituido en mecanismo que le dé una competencia especial al juez de primer grado para apartarse de la preceptiva legal modificando a su arbitrio las sanciones básicas e ineludibles consagradas en la ley, ni ese desajuste por más que favorezca irregularmente al procesado puede convertirse en un derecho a condición de que actúe como recurrente, toda vez que la armonización de los textos superiores que no podrían interpretarse en pugna, indica que la prohibición hace referencia a la “pena legal” y no a una tasación convencional o judicial que carece de cabida dentro del ordenamiento vigente propio de un Estado de derecho.

Cabe precisar como lo ha sostenido la Corte, que la legalidad de la pena constituye no solamente garantía con relación al procesado, sino igualmente para el Estado, puesto que el ejercicio del poder punitivo que a su nombre cumple la autoridad judicial legítima, ha de ser desarrollado solamente en las condiciones prescritas en la ley, y no puede ser soslayado por un acto ilegal de uno de sus funcionarios, ni ignorado por el juez que jerárquicamente es competente para revisar el pronunciamiento en procura de hacer efectiva la legalidad de las decisiones.

Debe agregarse, que el criterio expuesto ha sido contenido por la Corte en varios pronunciamientos: julio 29/92 M.P. Dídimo Páez Velandia, agosto 9/93 M.P. Juan Manuel Torres Fresneda.

El artículo 230 de la Carta consagra la independencia del juez, al disponer inequívocamente que “los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, pero no les da una independencia tal que los coloque por encima o al margen de la misma.

Razón le asiste al Procurador Delegado cuando señala que el juez a quo debe imponer las penas de acuerdo con la ley (legalidad de la pena), y que cuando ese supuesto no se da en la decisión de primera instancia ello legitima al juez de alzada para corregir el error de legalidad de la dosificación punitiva, lo cual no implica ciertamente una agravación de la pena sino una corrección de la misma para ajustarla al marco legal que la define.

Hechas las anteriores precisiones, observa la Corte la necesidad de su intervención oficiosa en ejercicio de la facultad conferida por el ar-tículo 228 del Código de Procedimiento Penal, para hacer efectivo el principio de legalidad de la pena, garantía fundamental consagrada en la Constitución Política, y la decisión se extenderá a todos los procesados, recurrentes o no, tal como lo dispone el artículo 243 del estatuto procesal».

(Sentencia de casación, octubre 6 de 1994. Radicación 8519. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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