Sentencia 8527 de noviembre 17 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

REGISTRO DE DOMICILIOS

FACULTADES DE LA AUTORIDAD

EXTRACTOS: «Para el memorialista, llegar con un encubierto motivo (búsqueda de unos electrodomésticos hurtados) y dejar por fuera lo que verdaderamente les impulsaba (descubrimiento de marihuana y bazuco), tiñe de comportamiento arbitrario y abusivo, la irrupción a ese domicilio y los posteriores hallazgos del vegetal y sustancia ya mencionados.

El punto, de cierta manera, ya lo ha definido la jurisprudencia (y la primera instancia reseñó esta serie de pronunciamientos) al estimar que una orden judicial de allanamiento, expedida con todas las de la ley, para un determinado efecto, no priva a la autoridad que lo realiza de descubrir actuaciones ilícitas propias de ese inicial cometido, afines al mismo o completamente extrañas a ese propósito, surgiendo como diligencia plenamente válida todo lo que al respecto se haga y los logros que surjan en ese plano al descubrir una acción ilícita. Y esto se dice no sólo porque el asentimiento a ese acceso no puede darse con condicionamientos, v.gr., la restricción de no revisar sino algunas zonas de la habitación, no interrogar a nadie, revisar solo cosas pero no personas, etc., pues la autoridad no puede tener esta veda cuando la actuación se ciñe a los dictados de la ley pertinente reguladora de la misma, disciplinamiento jurídico que se muestra ajeno a lo que pretende imaginar el demandante con su mínimo enunciado.

La Corte ha puntualizado, se reitera, que mal haría la autoridad pesquisidora que, en procura de averiguación de actividades de narcotráfico, se contuviera ante la evidencia de un secuestro, un homicidio, una bien organizada empresa de falsificación de moneda, documentos, etc. Y viceversa. Es que ya todo esto, si no se quiere entender la amplitud de la proyección del allanamiento, se vuelca hacia el ámbito de la flagrancia, situación en la cual la autoridad puede prescindir del requisito de la autorización del morador o de la orden escrita de funcionario judicial. Además, sería recortar de ma-nera aberrante el radio de acción de la autoridad, en desmedro de las garantías constitucionales que cuentan para la sociedad, a la vez que se dispensaría insólito e indebido tratamiento de privilegio a la delincuencia, la cual, no se niega, goza de protecciones jurídicas pero en espacio propio y con una reglamentación muy conocida y bien evaluada en su contenido y alcance.

Todo lo anterior tiene un traslado al caso comentado, en donde la procesada permitió voluntaria y libremente la penetración de la autoridad a su domicilio y propició el que ésta lo sometiera a la revisión que a bien tuviera, actitud amplia y tranquila que traducía, para ella, una ventaja de impunidad, pues consideraba estar a salvo de resultados adversos aun dándose la más escrupulosa inspección.

No sobra anotar de otro lado, que la autoridad no ejerció intimidación alguna que forzara de manera atendible la concesión de entrada. Estaba, pues, la sentenciada en condiciones de negarse y de exigir el cumplimiento de la orden escrita de autoridad judicial, rechazo que de haberse dado, así fuera avasallado, daría lugar a cuestionar más racionalmente las pretensiones que ahora se procura, de modo imperfecto, hacer valer en casación.

Pero, en las circunstancias comentadas, hasta el propio recurrente tiene que aceptar y recordar que la procesada asintió a la intervención de la autoridad policiva.

Ninguna reluctancia invalidante tiene lo alegado en torno a la visualización que se hiciera por debajo de la puerta, pues este aspecto, así se admita su real producción, no tiene la potencialidad de enervar los resultados conseguidos, vale decir, que se franqueara la entrada y se diera con los alucinógenos.

Agréguese que, una observación indebida, bien porque se va más allá de lo tolerable por las formas de protección de una vivienda, o también por sus deficiencias, no dará lugar más que a procesos disciplinarios, a medidas de resguardo para que cese el hecho o no se repita, o para reprimir, porque la visualización de una situación comporta una conducta delictuosa, a quien la hace. Pero, detectar por una ventana que se deja entreabierta la comisión de un hecho delic-tuoso, por ejemplo, no puede ni reportar una sanción para quien cumpla este papel y lo avise, ni menos servir de argumento para tener su testimonio como inválido y prohibido».

(Sentencia de casación, noviembre 17 de 1994. Radicación 8527. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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