Sentencia 8529 de diciembre 12 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 8529

Actor: Carlos Alfredo Ramírez Guerrero

Nulidad parcial artículo 9º Decreto 890 de 1997

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre doce de mil novecientos noventa y siete.

Fallo

Se decide en esta oportunidad la acción pública de nulidad instaurada por el ciudadano (...) a efecto de obtener la declaratoria de nulidad parcial del inciso 2º del artículo 9º del Decreto 890 de 1997, expedida por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria.

El acto acusado

Como se acaba de expresar, la disposición acusada es el aparte que se subraya contenido en el inciso 2 del artículo 9º del Decreto 890 del 30 de marzo de 1997, reglamentario de la Ley 218 de 1995, publicado en el Diario Oficial 43.013 del 4 de abril de 1997, que dispone:

“Las empresas y establecimientos comerciales receptores de la inversión deberán materializarla en activos productivos dentro de los doce (12) meses inmediatamente siguientes a la fecha en la cual los inversionistas hayan realizado la inversión”.

(...).

Consideraciones de la Sala

El asunto que ocupa la atención de la Sala, se contrae a determinar la legalidad de la disposición acusada, en cuanto estableció a las empresas receptoras de las inversiones efectuadas al amparo de la Ley 218 de 1995, un plazo de 12 meses para materializarlas en activos productivos.

En primer lugar precisa la Sala, que si bien el contenido y del acto acusado fue incorporado en el artículo 40 de la Ley 383 del 10 de julio de 1997, esto es, adquirió rango de ley, ello no es óbice para el presente juicio de legalidad, pues se advierte que el reglamento acusado en la forma como lo determina su encabezamiento, fue expedido con el propósito de reglamentar la Ley 218 de 1995, que le sirvió de sustento jurídico.

En atención a ello, la confrontación normativa se efectuará entre la disposición acusada y la Ley 218 de 1995, cuyo desarrollo y ejecución pretendió el reglamento particularmente con los artículos 3º y 5º de la ley, citados como infringidos en la demanda.

El parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 218 de 1995, que modificó el parágrafo 1º del artículo 3º del Decreto 1264 de 1994, dispuso:

“...no podrá transcurrir un plazo mayor de cinco (5) años entre la fecha de establecimiento de lo empresa y el momento en el que empieza la frase productiva”.

Se observa que la norma superior presuntamente violada, artículo 3º de la Ley 218 de 1995, está dirigida a las empresas y establecimientos receptores de las inversiones o recursos de capital y regula el plazo que puede transcribir entre el establecimiento de la empresa y el comienzo de la fase productiva, vale decir, que quienes pretendan obtener los beneficios fiscales otorgados por la ley, deben cumplir además de otras, la condición de que entre la fecha de establecimiento de la nueva empresa (a cuyo efecto la misma disposición determina cuando se considera efectivamente establecida) y el inicio del período productivo, no puede transcribir un lapso mayor de cinco años.

Por su parte, la disposición acusada regula entre otros, la forma y el plazo que las empresas receptoras de tales inversiones tienen para destinarlas a la adquisición de activos productivos. En efecto, el artículo 9º del decreto reglamentario es del siguiente tenor:

“ART. 9º—Nuevas inversiones. Se considera nueva inversión aquella realizada durante los cincos (5) años siguientes a 1994, en las nuevas empresas o establecimientos comerciales de que tratan los artículos 1º y 2º de este decreto.

Las empresas y establecimientos comerciales receptores de la inversión deberán materializarla en activos productivos, dentro de los doce (12) meses inmediatamente siguientes a la fecha en la cual los inversionistas hayan realizado la inversión.

Cuando las condiciones técnicas y operativas de la empresa requieran la utilización de un término mayor al previsto en el inciso anterior, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente podrá ampliarlo mediante acto motivado, teniendo en cuenta las circunstancias específicas demostradas por la empresa; en ningún caso dicha ampliación podrá ser superior al período improductivo señalado por el reglamento.

Se entiende como materialización en activos productivos, la adquisición de planta y equipo e inventarios relacionados directamente con el desarrollo del objeto social de la empresa o establecimiento comercial.

En el evento de que la empresa o el establecimiento comercial no efectúe la materialización en activos productivos en el término indicado, el inversionista deberá reintegrar en la declaración de renta correspondiente al año gravable en el cual se produzca el incumplimiento el valor total del beneficio obtenido en virtud del artículo 5º de la Ley 218 de 1995, más las intereses moratorios calculados desde la fecha del vencimiento del plazo para declarar correspondiente al año gravable en el cual se hizo uso del beneficio, sin perjuicio de las sanciones consagradas en el estatuto tributario.

(...)” (las subrayas corresponden al aparte acusado).

Conforme a la disposición transcrita, se observa que la materialización a que ésta se refiere se concreta en que con el productivo de la inversión la empresa receptora del capital deberá adquirir, dentro del plazo previsto de un año “activos productivos”, consistentes en planta y equipo e inventarios, que le permitan desarrollar el objeto social de la empresa o establecimiento comercial; pero más que ello, que le permitan cumplir la finalidad de la ley, de manera que pueda colocarse la empresa receptora de la inversión, en forma razonablemente oportuna, en condiciones de alcanzar el período efectivamente productivo al término del plazo, ahí si, legalmente fijado, esto es, cinco años después de efectuada la inversión.

De esta forma, se advierte que mientras la norma superior sólo se refiere al plazo máximo de 5 años que puede transcurrir entre el establecimiento de la empresa y el inicio de la fase productiva, el reglamento determina un nuevo término para la destinación de los recursos de capital recibidos, el que no fue consagrado en la ley.

En efecto, si bien es presupuesto de los beneficios fiscales otorgados el que la inversión sea esencialmente productiva, se advierte que el reglamento crea una fase temporal no contemplada en la norma superior, como lo es la denominada materialización de las inversiones y para tal fin exige que la misma se realice dentro del lapso los “doce meses inmediatamente siguientes a la fecha en la cual los inversionistas hayan realizado la inversión”, condición temporal que como lo sostiene el actor, no estaba consagrada en la ley, esto es, la adiciona, con evidente extralimitación en el ejercicio de la facultad reglamentaria.

Así mismo cabe observar que el artículo 5º de la Ley 218 de 1995 prevé que las utilidades e inversiones realizadas en los municipios que menciona el artículo 1º, “durante los cinco (5) años siguientes a 1994” constituyen renta exenta y consagra los mecanismos para la concreción de los beneficios fiscales otorgados, mas no establece como condición para su acceso, el aludido plazo de “doce (12) meses siguientes la recepción de las inversiones, para su materialización en activos productivos”, es decir, la norma reglamentaria acusada establece una exigencia nueva a los inversionistas para gozar de los beneficios otorgados por la ley, situación que a todas luces excede las normas superiores.

A juicio de la Sala la disposición acusada, que en palabras del opositor se refiere al término que se tiene para incorporar una nueva inversión dentro del proceso productivo, carece de sustento legal, en tanto que su contenido implícito y menos aún en forma explícita, no aparece consagrado en la norma superior que se reglamenta.

Además, es claro que la Ley 383 de 1997, como acertadamente lo precisa el actor no podía servir de sustento jurídico al reglamento acusado, por haber sido expedida con posterioridad.

Por lo procedente, la Sala declarará la nulidad del aparte acusado y tenidos en cuenta además, los efectos jurídicos que pudo haber producido.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad de la expresión que se indica a continuación, contenida en el inciso 2º del artículo 9º del Decreto 890 de 1997:

“...dentro de los doce (12) meses inmediatamente siguientes a la fecha en la cual los inversionistas hayan realizado la inversión”.

__________________________________