Sentencia 8539 de junio 28 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL

DIFERENCIA CON LA ESTAFA PROCESAL

EXTRACTOS: «El tipo llamado fraude a resolución judicial se encuentra descrito en el artículo 184 del Código Penal en las siguientes palabras: “El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá...”. La norma no ofrece dificultad alguna. En muchas ocasiones los funcionarios, al través de proveídos, imponen cargas a los particulares, de cualquier índole (penales, civiles, administrativas, laborales, etc.). El deber del ciudadano es acatar sus órdenes. Tan sólo una demostración fehaciente de la imposibilidad de hacerlo podría impedir que se llevara a cabo el mandato legal. Cuando la negativa obedece a cualquier tipo de argucias, mentiras, engaños, etc., desacata una orden legítima que está obligado a cumplir y por ello su comportamiento debe reprimirse penalmente.

El fraude procesal tiene un ámbito diferente. Según el tenor del artículo 182 del Código Penal, lo comete “el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un empleado judicial para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley...”. Es decir, surge cuando la actividad judicial se ve entorpecida por la mendacidad de los sujetos procesales quienes, gracias a la desfiguración de la verdad, consiguen que la decisión judicial sea errada y, por ende, ajena a la ponderación, equidad y justicia, que es su objetivo primordial.

Ambas son hipótesis comportamentales de obstaculización de la actividad judicial. Sin embargo, la conducta disvaliosa del primero consiste en la evasión del cumplimiento de una orden judicial (por la fuerza, la intimidación, el engaño, la simple desobediencia, etc.). Aquí no se está buscando deformar la verdad sino escapar a sus consecuencias. Por ello, la benignidad de la sanción. En el fraude procesal, en cam-bio, se busca alterar la decisión, haciendo caer en error a la administración de justicia».

(Sentencia de casación, junio 28 de 1994. Radicación 8539. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

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