Sentencia 8593 de noviembre 28 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 8593

Consejero Ponente:

Delio Gómez Leyva

Actor: Compañía Manufacturera Onix S.A.

Impuestos: Renta (solicitud de devolución)

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Fallo

(...).

Consideraciones de la sección

El presente asunto se contrae a determinar la legalidad de la actuación administrativa que rechazó por extemporánea y otras inconsistencias la solicitud de devolución del saldo a favor originado en la declaración de renta y complementarios presentada por la sociedad actora por el año gravable de 1992.

Acerca del término para solicitar la devolución de saldos a favor, el inciso 1º del artículo 854 del estatuto tributario, consagra que la solicitud de devolución de impuestos debe presentarse dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar.

A su vez, el artículo 857 ibídem, tal y como fue modificado por el artículo 38 de la Ley 49 de 1990, versión vigente a la época de los hechos y anterior a la modificación introducida por el artículo 141 de la Ley 223 de 1993, en relación con el tema del “rechazo de las solicitudes de devolución”, prescribía:

“ART. 857.—Rechazo de las solicitudes de devolución. Las solicitudes de devolución deberán rechazarse definitivamente cuando fueren presentadas extemporáneamente, o cuando el saldo materia de la solicitud ya hubiere sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior.

“Las solicitudes de devolución deberán rechazarse para que sean corregidas cuando dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales:

1. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes.

2. Cuando la declaración objeto de la devolución presente error aritmético.

(...)”.

Se colige de lo anterior, que el legislador en tal oportunidad consagró como causal de rechazo “definitivo” la extemporaneidad en la presentación de la solicitud de devolución; pero también previó la posibilidad de corregir las solicitudes cuando las mismas no cumplían con los requisitos formales exigidos en las normas pertinentes o cuando la declaración objeto de la devolución presentara error aritmético, hipótesis en la cual debía dictarse auto inadmisorio en un término máximo de quince (15) días (E.T., art. 858).

La Sala, prohíja el criterio expresado por la procuradora delegada en el sentido de que “si una solicitud no cumple alguno de los requisitos que señalan los numerales 1º y 2º y se rechaza (no definitivamente) para que sea corregida, la modificación no constituye una nueva solicitud y, por tanto, para determinar si la petición fue presentada dentro de la oportunidad legal, únicamente debe considerarse la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

Lo anterior, por cuanto si la norma que se ha dejado transcrita estableció el derecho a corregir las solicitudes de devolución presentadas sin los requisitos legales, estableciendo un término perentorio para dictar el auto inadmisorio, pero sin fijar uno adicional para subsanar las inconsistencias, debe entenderse que la corrección no constituye una nueva solicitud sino el ejercicio del derecho a corregir la inicial previsto en la ley.

Por tanto, para la Sala, la solicitud de devolución elevada por la sociedad actora con fecha 4 de septiembre de 1995, con la cual se pretendía subsanar las inconsistencias detectadas por la administración en la solicitud inicial (mayo 8/95) no es extemporánea, dado que ésta se presentó dentro del término previsto en el inciso 1º del artículo 854 del estatuto tributario, toda vez que la sociedad tenía plazo para presentar su declaración de renta y complementarios por el año gravable de 1992, hasta el 6 de mayo de 1993, por lo cual los dos años para solicitar la devolución del saldo a favor, contados a partir del día 7, se completaron el día 8 de mayo de 1995.

Ahora bien, en lo referente a las demás inconsistencias que señala la actuación acusada como fundamento del rechazo de la solicitud de devolución del saldo a favor generado en la declaración de renta del año gravable de 1992, la Sala estima que no se ajusta a lo preceptuado en las normas que regulan el trámite de las devoluciones, especialmente a lo establecido en el artículo 857-1 del estatuto tributario (L. 49/90, art. 39) ni a las exigencias contenidas en los artículos 3º y 4º del Decreto 2314 de 1989.

En efecto, el artículo 857-1 del estatuto tributario consagra el procedimiento a seguir en caso de existir hechos o circunstancias que impliquen indicios de inexactitud en las declaraciones que generan el saldo a favor, cuando se verifique que las retenciones en la fuente denunciados por el solicitante son inexistentes o cuando los impuestos descontables no cumplen con los requisitos legales, eventos en los cuales se autoriza la realización de una investigación, al cabo de la cual “si no se produce requerimiento especial, se procederá a la devolución del saldo a favor. Si se produjere requerimiento especial, sólo procederá la devolución del saldo a favor que se plantee en el mismo, sin que se requiera de una nueva solicitud de devolución por parte del contribuyente”.

Pues bien, en el sub judice evidencia la Sala que la administración en la solicitud inicial detectó las siguientes inconsistencias: “No aportó fotocopia autenticada de todas las declaraciones de renta (iniciales y correcciones) a partir del año gravable en que se origina el saldo a favor y es imputado al período siguiente. —Artículo 9º, Decreto 2314 de 1989—. No anexó la relación de retenedores de todos los períodos que conforman el saldo a favor. No acreditó la calidad de representante legal de quien firma la declaración de renta 1991 Nº 0504501004435-9 del 07-05-92 inscrito previamente a la fecha de presentación (literal d)) artículo 580 del estatuto tributario”.

Con la solicitud presentada el día 4 de septiembre de 1995 encaminada a subsanar las inconsistencias establecidas, la sociedad actora aportó los documentos que la administración echó de menos y esta previa investigación (autos de verificación o cruce) y estudio de las respectivas declaraciones que originaron el saldo a favor registrado en la declaración de renta del año gravable de 1992, concluyó que existían las siguientes inconsistencias: “No acreditó la representación legal de quien firma las declaraciones de renta 1991 del 07-05-92, 1990 del 08-05-91, 1989 del 03-05-90, 1989 del 03-05-90 y 1988 del 05-07-89, inscrito previamente a la fecha de presentación en cámara de comercio, igualmente la revisoría fiscal de los años 1988, 1989 y 1990 literal d) artículo 580 del estatuto tributario, artículo 203 del Código de Comercio y artículo 13 de la Ley 43 de 1990”.

A juicio de la Sala, este proceder tampoco se ajusta a derecho, pues el artículo 3º del Decreto 2314 de 1989 relacionado con los requisitos generales de la solicitud exige presentar entre otros, “fotocopia autenticada de la declaración que origine el saldo a favor”, requisito que en el presente caso, se traduce, en las declaraciones correspondientes a varios años (1988, 1989, 1990, 1991 y 1992) las cuales si bien, obviamente, deben corresponder a declaraciones legalmente presentadas, es decir, con los requisitos previstos en la ley para tenerlas como válidamente presentadas, también lo es que para efectos de las solicitudes de devolución de que tratan las normas en cuestión no se exige acreditar la representación legal de quienes suscriben tales documentos, ni la revisoría fiscal.

Además, en ningún momento la división de devoluciones estableció que tales declaraciones hubieran sido desconocidas por no reunir alguno de los requisitos que de conformidad con el artículo 580 del estatuto tributario daba lugar a considerarlas como no presentadas, máxime cuando es evidente que las mismas se encuentran firmadas por el representante legal y revisor fiscal, respectivamente (fls. 000052 a 00060 C.a.).

Y con relación a las retenciones en la fuente generadas en la declaración renta del año gravable de 1992, la Sala observa que la administración realizó la investigación respectiva de las retenciones en la fuente mediante auto de verificación o cruce, sin que los antecedentes evidencien que al respecto se hubiera proferido requerimiento especial en la forma que lo establece el mencionado artículo 857-1 del estatuto tributario, pues es claro, que en la mayor parte de los casos las retenciones fueron verificadas a pesar de las inconsistencias inicialmente detectadas, por tanto, no había lugar al rechazo de la devolución en los términos que lo contempla la citada disposición, sino a su reconocimiento en razón a que como resultado de la investigación no se produjo requerimiento especial.

Así las cosas, la sentencia del tribunal en cuanto denegó las súplicas de la demanda debe ser revocada, y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demandante hoy apelante, en el sentido de anular los actos administrativos acusados y ordenar la devolución incoada.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 26 de junio de 1997 originaria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida dentro del proceso distinguido con el Nº 11.811.

2. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 000067 del 17 de octubre de 1995, y la Resolución 0000144 del 9 de junio de 1996 que la confirmó, por medio de la cual la Administración Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales personas jurídicas de Santafé de Bogotá, rechazó la solicitud de devolución del saldo a favor originado en la declaración de renta del año gravable de 1992, impetrada por la Compañía Manufacturera Onix S. A., NIT. 860.039.864.

3. ORDÉNASE la devolución del saldo a favor generado en la declaración del impuesto de renta y complementarios (corrección) presentada por la Compañía Manufacturera Onix S.A., NIT. 860.039.864, por el año gravable de 1992, el cual asciende a la suma de veintisiete millones setecientos cincuenta y tres mil pesos ($ 27.753.000) m/cte.

4. Reconócese personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la abogada Amparo Merizalde de Martínez, de conformidad con el poder que obra al folio 101 del cuaderno principal.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese, envíese copia al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión en la fecha.

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