Sentencia 8601 de enero 30 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: Expediente 8601.

Consejera Ponente:

Mariela Vega de Herrera

Apelación de la sentencia de 30 de mayo de 1997 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Impuesto sobre la renta y complementarios por los períodos impositivos de 1982 a 1987.

Actor: Ezequiel Pinski Saragovia.

Santafé de Bogotá, D.C., enero treinta de mil novecientos noventa y ocho.

Fallo

(...).

Consideraciones de la Sala

El problema jurídico planteado en este caso, se contrae a la procedencia del fallo de mérito del a quo, ante el decaimiento del acto demandado, por haber desaparecido de la vida jurídica en virtud de la revocatoria.

En virtud de tal posición, se ha repetido que, la revocatoria de actos administrativos violatorios del orden jurídico, efectuada por la administración no restablece en forma automática los derechos particulares que han sufrido menoscabo.

En efecto, la revocatoria como mecanismo de control de la legalidad de los actos administrativos sólo tiene efectos futuros, y en tal medida, simplemente pone fin a su vigencia; pero si eventualmente ellos produjeron efectos jurídicos, tales resultados tienen su prolongación en el tiempo, por lo que, resulta imprescindible la decisión anulatoria del juez competente para el restablecimiento de los derechos conculcados.

De otra parte, dado que los actos administrativos están revestidos de la presunción de legalidad y que las causales de revocación pueden atender incluso aspectos de conveniencia para evitar que los actos causen agravio injustificado o atenten contra el interés público, de todas maneras la decisión anulatoria del juez constituye un imperativo para desvirtuar de manera eficaz, la presunción de legalidad, todo de acuerdo con lo previsto por el Código Contencioso Administrativo en su artículo 69.

A lo anterior debe agregarse como cuestión, quizá de la mayor relevancia, que mientras el pronunciamiento revocatorio del funcionario administrativo tiene efectos exclusivamente de futuro, es decir que no afecta situaciones nacidas al amparo de los actos o normas o mientras tuvieron vigencia éstos, el efecto de la decisión anulatoria del juez, conlleva el total restablecimiento del imperio de la legalidad. Este aspecto puntual se analiza entre otras, en la sentencia del 6 de mayo de 1994, expediente 5102, consejera ponente Consuelo Sarria Olcos; y en el fallo del 28 de noviembre de 1994, expediente 5298, consejero ponente Delio Gómez Leyva).

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