Sentencia 8616 de abril 22 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE NULIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES

LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR

EXTRACTOS: «Ahora bien, se propuso por el ministerio demandado y por Cementos Diamante S.A., la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, por considerar que el demandante carece de interés para demandar, dado que no es el titular del derecho subjetivo demandado. De igual manera, según se advirtió, la señora agente del Ministerio Público conceptuó contrariamente a las peticiones de la demanda con similares razonamientos aducidos por los excepcionantes.

Sobre el punto, cabe anotar cómo la Sala en anteriores pronunciamientos, entre otros, la providencia de 18 de abril de 1994, con ponencia de quien elabora la presente al conocer de una acción similar, no idéntica, instaurada por el mismo demandante, consideró que éste había utilizado la acción equivocada en razón a que la finalidad perseguida por el actor era la de buscar la protección de los intereses colectivos de la región y sus habitantes, para lo cual, se dijo en esa providencia, ha debido acudir a las acciones populares previstas en los artículos 1005, 2358 y siguientes del Código Civil, hoy ampliadas en su número por el artículo 88 de la Carta Política. Tales acciones se consideraron como la vía adecuada de reclamación judicial en casos como el examinado, “precisamente porque por su finalidad pública y colectiva, carecen de contenido subjetivo o individual y no se hallan supeditadas por ningún requisito de legitimación en el accionante, como no sea el de integrar el grupo popular cuyos derechos se pretende defender”.

Concluyó la Sala en el fallo referido, que al haberse incoado equivocadamente la acción de nulidad con restablecimiento, cuando correspondía ejercer una acción colectiva, se presentó el fenómeno procesal de inepta demanda por indebida escogencia y ejercicio de la acción, razón por la cual se declaró inhibido para proferir decisión de mérito.

A pesar de lo anteriormente expuesto, estima la Sala que el referido criterio debe modi-ficarse de acuerdo con lo establecido en el ar-tículo 73 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organizó el sistema nacional ambiental, SINA; y se dictaron otras disposiciones. La norma citada es del siguiente tenor:

“ART. 73.—De la conducencia de la acción de nulidad. La acción de nulidad procede contra actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente”.

Surge entonces de la norma transcrita el derecho legalmente consagrado de accionar judicialmente contra los actos administrativos que expiden, modifican o cancelan un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que, como la minera, afecte o pueda afectar el medio ambiente, como ocurre en el caso examinado, donde se impetró la nulidad de los actos administrativos, contenidos en las resoluciones demandadas, las cuales al otorgar la licencia de exploración minera Nº 16223 a Cementos Diamante S.A. de una u otra forma conducen a la afectación del medio ambiente.

Así las cosas estima la Sala que conforme a la nueva normatividad ambiental las obligaciones y compromisos administrativos para la protección y conservación del medio ambiente se ha ampliado en capacidad y competencia, permitiéndole a todo ciudadano, sea o no titular de un derecho subjetivo, el ejercicio de la acción de nulidad contra actos administrativos como los demandados, es decir, de aquéllos que autorizan una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente. El actor en este proceso y, en general, toda persona, por virtud de la norma referida adquirió legitimación para solicitar por sí o por medio de su representante, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos a que se refiere el artículo 73 de la Ley 99 de 1993.

En las anteriores condiciones, concluye la Sala que en el caso examinado hay lugar a proferir sentencia anulatoria de los actos administrativos acusados.

Pese a lo anterior, es decir a la declaración de nulidad de las resoluciones demandadas, considera la Sala que no hay lugar al restablecimiento del derecho impetrado por el actor, en razón a que el mismo carece de un derecho subjetivo, de carácter individual y concreto por hacer valer, dado que su pretendida vecindad al municipio de Tabio es insuficiente para de allí deducir la vulneración de un derecho particular y concreto, tal como en casos similares lo ha entendido la Sala».

(Sentencia de abril 22 de 1996. Expediente 8616. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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