Sentencia 8616 de agosto 5 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CORRECCIÓN MONETARIA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Radicación Nº 8616

Santafé de Bogotá, D.C., agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y seis (1996).

Se decide el recurso de casación interpuesto por Germán Parra Martínez contra la sentencia proferida el 10 de noviembre de 1995 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que le sigue a la empresa AT & T Global Information Solutions de Colombia S.A.

I. Antecedentes

Germán Parra Martínez llamó a juicio a la empresa AT & T Global information Solutions de Colombia S.A. para obtener la reliquidación del valor inicial de la pensión de jubilación mediante la aplicación, al salario promedio devengado durante el último año de servicios, del valor de la devaluación monetaria que afectó al peso colombiano entre la fecha de la terminación de su contrato hasta el día en que empezó a disfrutar de la pensión; y demandó, igualmente, el consecuencial reajuste anual de la pensión desde el año 1988. Como presupuesto de las aludidas pretensiones afirmó que trabajó para la sociedad demandada desde el 18 de junio de 1956 hasta el 26 de agosto de 1960 y desde el 31 de julio de 1961 hasta el 30 de enero de 1974; que durante el último año de servicios devengó un promedio mensual de $ 6.407; que el día 6 de febrero de 1974 celebró conciliación con la sociedad demandada mediante la cual la empresa se comprometió a pagar la pensión de jubilación a partir de la fecha en que cumpliera los 60 años de edad, lo que ocurrió el 15 de marzo de 1987; que, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la pensión resultó notoriamente inferior al 75% de su valor real, teniendo en cuenta el salario devengado durante el último año de servicios; que por haber tomado una base salarial inferior, la sociedad demandada reajustó la pensión de los años 1989 y siguientes pero en sumas menores a las debidas, según lo que propone en la demanda.

La sociedad demandada sostuvo que la aplicación de la indexación en la forma solicitada en la demanda “es cuestión de hecho que va aparejada a una serie de fenómenos derivados de la dirección que el Gobierno Nacional da a la política económica del país, mas no al desconocimiento de una ley en sí misma considerada por parte de la empresa demandada, sino como consecuencia de una situación práctica que se presenta dentro de un contexto económico” (fl. 15). Admitió la sociedad los hechos sustanciales, se opuso a las pretensiones e invocó las excepciones de prescripción, compensación, pago e inexistencia de la obligación.

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 18 de agosto de 1995, absolvió a la sociedad y le impuso a la parte demandante las costas del juicio.

II. La sentencia del tribunal

Por apelación de la parte demandante pasó el negocio a conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá, que por la sentencia impugnada en casación confirmó la decisión de su inferior.

La consideración fundamental de la absolución está consignada en la sentencia de la siguiente manera:

“Al haber la empresa demandada reconocido una pensión de jubilación en el año de 1987 conforme al salario mínimo legal, debe entenderse que esta pensión fue reconocida acorde con lo establecido por el propio legislador en los Decretos 446 de 1973, 1221 de 1975, Ley 12 de 1975 y Ley 4ª de 1975 que ordenan que ninguna pensión de jubilación puede estar por debajo del mínimo legal y a su turno establecen los aumentos o incrementos que deben hacerse a las jubilaciones, cuando la persona adquiera su status de pensionado; el cual advierte la misma legislación, nace al mundo de lo jurídico cuando se obtiene el tiempo servido o laborado exigido por la ley y la edad para el derecho a la jubilación.

Así las cosas, si el derecho a la jubilación se encuentra reajustado por iniciativa del propio legislador, debe entenderse como lo ha señalado en forma reiterada la H. Corte Suprema de Justicia que las mesadas pensionales se encuentran ajustadas al valor real de la moneda, pues los reajustes o incrementos de las mesadas pensionales se hacen con el fin social de mantener actualizado el ingreso del pensionado, por ende no son sumas económicas estáticas sobre las cuales pueda hablarse válidamente que sean susceptibles de indexación o devaluación monetaria (en tal sentido se ha pronunciado nuestra honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, en casación bajo radicación Nº 4087 de 1991; 4685, 4826, 5171, 5263 de 1972).

Por el contrario en estas obligaciones de tracto sucesivo, el legislador todos los años trata de actualizar la depreciación que puedan sufrir los pensionados, y al ser el propio legislador quien las actualiza por mandato de la propia Constitución Nacional mal puede la administración de justicia hacer ajustes de revaluación y por ende la Sala debe mantener la absolución impuesta por el a quo” (fls. 69 y 70).

III. El recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, al igual que la demanda que lo sustenta, que fue replicada.

Como la ponencia de decisión presentada por el magistrado a quien inicialmente le correspondió el conocimiento del medio de impugnación no fue aceptado por la mayoría de la Sala, este pasó al que le sigue en turno.

Con su demanda de casación, que contiene tres cargos, el recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada y que en sede de instancia revoque la del juzgado y en su lugar condene a la sociedad demandada de acuerdo con lo pedido en la demanda inicial del juicio.

Primer cargo 

Acusa al Tribunal de violar indirectamente por aplicación indebida “los artículos 1º, 16, 19, 127 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 171 de 1961, 8º del Decreto 2351 de 1965 (3º de la Ley 48 de 1968), 8º de la 153 de 1887, 1494, 1546, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1626, 1627, 1646, 1649, 2056 y 2224 del C.C., 178 CCA, 145 del CPT, y 307 y 308 del CPC, 3º de la Ley 10 de 1972, 1º y 2º de la Ley 4ª de 1976; 1º y 2º de la Ley 71 de 1988, 1º y 4º del Decreto 2680 de 1973, 1º del Decreto 3732 de 1986, 1º del Decreto 2545 de 1987; 1º del Decreto 2662 de 1988; 1º del Decreto 3000 de 1989; 1º del Decreto 3074 de 1990; 1º del Decreto 2867 de 1991; 1º del Decreto 2061 de 1992 y 1º del Decreto 2548 de 1993” (fls. 7 y 8).

El recurrente afirma que el Tribunal incurrió en la transgresión legal apuntada por haber dado por demostrado, contra la evidencia, que los reajustes de las mesadas pensionales efectuadas al actor a partir de 1987 compensaron la devaluación del valor inicial de la pensión, error éste que a juicio del mismo impugnador se originó en la errada apreciación de la demanda inicial, el acta de conciliación celebrada el 6 de febrero de 1974 y el interrogatorio del representante de la sociedad demandada, así como en la falta de apreciación del documento del folio 40.

Para demostrar el error de hecho señalado el recurrente textualmente dice:

“El Tribunal absolvió de la reliquidación del valor inicial de la pensión jubilatoria solicitada por el demandante con el argumento de que los reajustes efectuados a esa prestación a partir de 1987 compensaban la devaluación sufrida por el valor de la base salarial tomada en cuenta para su liquidación, ya que por iniciativa del legislador las pensiones de jubilación se reajustan anualmente y por lo tanto no deben indexarse.

La equivocada apreciación de la demanda inicial condujo al tribunal a creer, contra la evidencia, que el actor estaba solicitando la indexación de las mesadas pensionales que se le habían pagado, siendo que lo pretendido fue la reliquidación del valor inicial de la pensión aplicando al salario promedio devengado durante el último año de servicios la devaluación monetaria causada desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta cuando empezó a pagársele la prestación.

Como surge con claridad meridiana de la demanda, en este caso se trata de la reliquidación del valor inicial de la pensión de jubilación del demandante y no del reajuste de las mesadas pensionales pagadas, como equivocadamente lo consideró el Tribunal por la indebida apreciación de la demanda inicial.

La H. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al estudiar el tema que aquí se debate, afirmó: “No ha tenido la sala, hasta ahora, la oportunidad de referirse a un caso como el que concentra su atención, referente a una obligación que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente los efectos negativos de la inflación. Pues ciertamente, como lo pone de relieve la censura, el valor real del salario con referencia al cual se determina el monto de la pensión en proporción al tiempo servido, en comparación con el que tenía cuando se produjo el retiro del trabajador, será muy inferior al momento de hacerse exigible la obligación pensional.

“Si se aplican las pautas generales de la doctrina jurisprudencial de esta corporación en punto al tema que se examina, es claro concluir que las razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización monetaria, militarían para reconocer su operatividad en el caso que se examina. Sin embargo, al no ser aún exigible la obligación, no puede determinarse anticipadamente la proporción de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda hasta el momento en que aquello ocurra, la petición aparece formulada anticipadamente” (Sentencia de 15 de septiembre de 1992. Radicación Nº 5221).

En el acta de conciliación celebrada entre las partes el 6 de febrero de 1974 (fls. 44 a 46) se dejó constancia que el sueldo mensual devengado por el actor ascendía a la cantidad de $ 6.407 mensuales. Igualmente se convino que cuando el demandante cumpliera 60 años de edad, en 1987, devengaría una pensión de jubilación en cuantía de $ 4.479.00.

En el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada se confesó que en 1987, cuando comenzó a pagársele la pensión de jubilación al actor, el valor de la misma ascendió a la cantidad mensual de $ 20.510 (respuesta a la tercera pregunta —fl. 34—).

La equivocada apreciación por el Tribunal, tanto del acta de conciliación como del interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, le impidió ver que no obstante que entre las partes se fijó el valor inicial de la pensión jubilatoria del actor en cuantía de $ 4.479.00, al iniciarse el pago debió cancelarse $ 20.510, cantidad equivalente al salario mínimo entonces vigente.

Si el tribunal hubiera apreciado debidamente el acta de conciliación y el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, habría visto que la misma empresa tuvo que pagar por concepto de pensión de jubilación un valor superior al pactado con su ex trabajador, hecho que no vio por la equivocada apreciación que efectuó de dichas pruebas que demuestran claramente la grave desmejora en el nivel adquisitivo del salario tenido en cuenta para fijar la cuantía inicial de la pensión.

En efecto, si se observa que el salario mínimo vigente para el mes de febrero de 1974 (D. 2680/73, art. 1º) era de $ 900 mensuales, a la terminación de su contrato de trabajo el demandante devengaba 7.11 salarios mínimos y que al liquidarse la pensión su cuantía se fijó en 5.23 de esos salarios mínimos. Sin embargo, al momento de empezársele a pagar la pensión apenas vino a recibir el equivalente a un salario mínimo y sólo en razón de que no puede haber pensión inferior a tal mínimo.

La fatal de apreciación de la certificación expedida por el Banco de la República, en la que consta que entre enero de 1974 (fecha de reconocimiento de la pensión) y el 15 de marzo de 1987 (fecha en que empezó a pagarse) el porcentaje de devaluación del peso colombiano ascendió a 812.04, le impidió ver al tribunal que durante ese lapso se disminuyó notablemente el valor adquisitivo de nuestra unidad monetaria, depreciación que nada tuvo que ver con los reajustes de la pensión efectuados a partir de 1987” (fls. 8 a 11).

La sociedad opositoria sostiene, a su vez, que la demanda inicial del juicio sólo puede dar lugar al error de hecho en casación cuando contiene una confesión, y que la conciliación y el interrogatorio de la demandada no fueron erradamente apreciadas por el tribunal, que se limitó a tomar las cifras que consignaron las partes en el acuerdo que condujo al reconocimiento de la pensión.

De otro lado, afirma:

“La figura de la indexación o corrección monetaria tiene como fundamento principal el que se produzca una compensación en favor del acreedor por los perjuicios ocasionados por el deudor por la mora en el pago de una obligación actualmente exigible. En otros términos, el pago total de la deuda no sólo comprende el de los intereses sino las indemnizaciones que se deban, según lo predica el artículo 1649 del Código Civil.

Siguiendo entonces el principio legal contenido en el artículo 1608 del Código Civil, aplicable por analogía a las obligaciones laborales, el deudor estará en mora “cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado...””(fl. 23).

Y más adelante dice:

“Bien podría preguntarse ¿por qué tendría que correr a cargo de mi representada el valor de la pretendida indexación, cuando nadie obligó al actor a retirarse del servicio de la demandada antes de cumplir la edad requerida para hacerse acreedor a la pensión de jubilación? ¿No debe correr con las consecuencias quien da lugar a esos hechos?”(fl. id).

IV. Consideraciones de la Corte.

La demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal y no sólo en cuanto contenga confesión judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condición es susceptible de generar en la casación laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como también las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones escritas del juicio laboral, como la contestación de la demanda, el escrito sustentatorio de la apelación, el desistimiento parcial, etc.

La demanda inicial de este juicio propuso el reconocimiento judicial de la reliquidación del valor inicial de la pensión de jubilación mediante la aplicación, al salario promedio devengado durante el último año de servicios, del valor de la devaluación monetaria que afectó al peso colombiano entre la fecha de la terminación de su contrato hasta el día en que empezó a disfrutar de la pensión. Sólo de manera puramente consecuencial y como efecto de la ya reseñada reliquidación, el actor demandó el reajuste anual de la pensión desde el año 1988.

El tribunal, en cambio, habla en la parte considerativa de su sentencia de la imposibilidad de aplicar a las mesadas pensionales el incremento monetario pues a su juicio la regulación legal sobre reajustes pensionales produce el mismo efecto de la indexación de las obligaciones monetarias.

Basta, pues, comparar el fundamento de la demanda inicial del juicio con las consideraciones del tribunal, para advertir que en efecto el fallador erró de manera ostensible al apreciar la demanda, ya que la jurisdicción no fue puesta en actividad para que obligara a la demandada a reajustar las mesadas pensionales aplicándoles los correspondientes índices de devaluación, sino para que adecuara la primigenia base salarial de la pensión con lo que la parte demandante llama el valor real de la remuneración.

Este solo error del sentenciador fue determinante para la decisión y no la presunta falla apreciativa de la conciliación, el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demandada y el documento que certifica la depreciación monetaria.

Por lo tanto, la sentencia deberá casarse.

V. Consideraciones de instancia.

Ha sido posición reiterada de esta Sala de la Corte la de reconocer la aplicabilidad de la teoría de la indexación como paliativo del fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, aduciendo para ello razones de justicia y equidad o porque se produce el retardo en el cumplimiento de una obligación. Pero también, con un criterio más general, antes de la unificación de la Sala Laboral, la sección primera admitió la indexación de la primera mesada pensional en dos asuntos referentes a sendas pensiones proporcionales de jubilación.

Así se razonó en el primero de ellos:

“Pero es cierto también que el reconocimiento que ha hecho la Sala de la teoría de la revaluación judicial o indexación de los derechos laborales, lo ha sido hasta ahora siempre en el supuesto de que exista ya la obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos prolongado a través del cual el fenómeno económico anotado haya producido el efecto de disminuir el valor real de la deuda, de suerte que la moneda del pago en la cantidad en que se concreta el débito no tiene, al momento del pago, el mismo valor intrínseco que tenía cuando debió ser solucionada la obligación. Así, en efecto, se expresó esta Sección de la Sala en la sentencia del 13 de noviembre de 1991: “... El reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino ... la actualización de su valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda”.

De suerte, pues, que en la órbita de lo resuelto hasta el presente por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el reconocimiento de la indexación ha supuesto la existencia de la deuda, ya exigible e impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se alleguen durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por el juzgador, pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en proporción a la pérdida de su poder adquisitivo.

No ha tenido la Sala, hasta ahora, la oportunidad de referirse a un caso como el que concentra su atención, referente a una obligación que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente los efectos negativos de la inflación, pues ciertamente, como lo pone de relieve la censura, el valor real del salario con referencia al cual se determina el monto de la pensión en proporción al tiempo servido en comparación con el que tenía cuando se produjo el retiro del trabajador, será muy inferior al momento de hacerse exigible la obligación pensional.

Si se aplican las pautas generales de la doctrina jurisprudencial de esta corporación en punto al tema que se examina, es claro concluir que las razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización monetaria, militarían para reconocer su operatividad en el caso que se examina...”.

Si bien es cierto en dicha en dicha sentencia no se produjo condena porque hubo de declararse la excepción de petición antes de tiempo, sí se anuló parcialmente el fallo acusado en cuanto absolvió por la corrección monetaria, admitiendo la operatividad de la indexación al momento de concretar el salario que se toma como base para calcular el valor inicial de la pensión.

En el segundo caso, en cambio, la extinguida sección primera sí produjo condena en concreto, basándose esencialmente en el pronunciamiento transcrito (sentencias de casación, del 8 de febrero de 1996 y de instancia, del 7 de marzo siguiente. Radicación Nº 7996).

Se presenta ahora la oportunidad para que la Sala Plena exprese su criterio unificado en punto al tema en referencia.

Para ello vale la pena rememorar el basamento que ha tenido la jurisprudencia de la corporación al aceptar el mecanismo de la indexación. Sobre el particular se expresó en sentencia del 13 de noviembre de 1991, radicación Nº 4486:

“Con apoyo en tal preceptiva (el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y el 19 del Código Sustantivo del Trabajo, se aclara), la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte, desde la referencia sentencia del 18 de agosto de 1982, ha venido sosteniendo la posibilidad de aplicar a los créditos de origen laboral, la corrección o actualización de la moneda. El soporte de esta doctrina ha sido vario: los principios del derecho del trabajo, en cuanto criterios de valoración inmanentes a esta rama del derecho, portadora, por antonomasia, de una intención cautelar y defensora de los precarios intereses del trabajador, en consideración a que es un sujeto que normalmente no cuenta sino con su fuerza de trabajo para subsistir, enajenándola al empleador; la jurisprudencia, principalmente de la Sala Civil de esta corporación, que desde un tiempo un poco anterior, enfrentó el análisis de la incidencia de la inflación en las obligaciones diferidas de carácter civil; en los principios de equidad y justicia, comunes, a no dudarlo, a todas las ramas del derecho y en particular a la laboral; en la consagración positiva de la corrección monetaria, en variados campos de la actividad civil en nuestro país; en la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, así como también en la escasa producción doctrinaria nacional al respecto; en las normas reguladoras del pago, también indudablemente comunes al derecho ordinario y al del trabajo, en cuanto dicho modo de extinguir las obligaciones tiene que ver con todo tipo de éstas, cualquiera sea su origen; y, en fin, en los principios del enriquecimiento injusto y el equilibrio contractual, fundantes de la doctrina elaborada sobre el tema por la jurisprudencia civil, pero en ningún modo ajenos a los criterios estimativos del derecho laboral. Y, ahora, según los principios constitucionales atrás destacados es pertinente e imperativo tener en cuenta los lineamientos que el constituyente mismo estableció a este respecto y en la materia específica del derecho laboral, expectante de concretos y futuros desarrollos legislativos”.

El panorama jurídico ahora brinda nuevos y mayores elementos para aceptar la aplicación del correctivo de la indexación. Pues ciertamente en punto de las pensiones, se expidió la Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, que en varias de sus disposiciones desarrolla los principios constitucionales en cuanto consagran la previsión de crear mecanismos adecuados para que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, como arbitrio eficaz para garantizar la congrua subsistencia de amplísimos sectores salariales (arts. 48 y 53 de la Carta Política). Dicha ley establece mecanismos de actualización no sólo de las pensiones causadas (art. 14) sino de los recursos recaudados para el pago de pensiones futuras, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el Dane (arts. 36 y 117).

Si bien para el caso de autos, en el que se solicita la indexación de la primera mesada pensional causada en 1987, no es aplicable el criterio de la analogía legal de una norma expedida en 1993, sí es iluminante del criterio judicial el que tal sistema se hubiera establecido por el legislador, pues ello demuestra la necesidad imperiosa de ponerle coto a situaciones de flagrante injusticia, y la pertinencia del remedio aplicado por la doctrina jurisprudencial.

Por ello, para resolver el tema bajo examen, siguen sirviendo como soporte de la decisión los destacados en el aparte de la sentencia transcrita del 13 de noviembre de 1991 y, fundamentalmente la orientación legal y doctrinal que impide el enriquecimiento sin causa. Que no otra cosa significaría el que se pudiera solucionar una deuda, respetando un monto nominal que dista enormemente —en el momento del pago— del valor real que tenía la deuda cuando fue contraída. Pues, en efecto, como se desprende del recuento de la actuación hecho en los antecedentes de este proveído, el trabajador demandante devengaba, cuando se retiró de la sociedad demandada, $ 6.407 mensuales, suma equivalente a 7.11 salarios mínimos mensuales (el salario mínimo más alto de 1974 era de $ 900 mensuales —D. 2680/73—); y esa misma cantidad en el momento de empezar a pagársele la pensión, o sea el 15 de marzo de 1987, ya representaba solamente el 31.24% del salario mínimo de entonces (de $ 20.509.80 mensuales —D. 3732/86—).

No es superfluo advertir, de otra parte, que el caso de autos muestra evidente similitud con los dos antecedentes referidos, puesto que la pensión cuya indexación aquí se debate, constituía un derecho cierto del actor, derivado de la conciliación que habían celebrado las partes, pendiente de que aquél cumpliera los 60 años de edad.

Recapitulando, entonces, se puede anotar que si bien en los no pocos pronunciamientos que ha hecho la Corte en Sala de Casación Laboral sobre el tema de la indexación, ha esgrimido como fundamento jurídico de la misma, en unos casos, razones de justicia y equidad consagradas en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo y, en otros, una modalidad del daño emergente entendido como el perjuicio que sufre el trabajador a raíz del retardo o mora del empleador en pagar un crédito laboral, estima la mayoría de la corporación que el asunto materia de controversia, por los motivos ya precisados, debe desatarse a la luz del primero de los planteamientos expuestos en sustento de la naturaleza jurídica de la revaluación judicial.

Igualmente hay que dejar en claro que la solución aquí adoptada en ningún momento implica desconocimiento de la autonomía de la voluntad plasmada en el acuerdo conciliatorio en el que se convino el pago de la pensión de jubilación a reajustarse y, por ende, la vulneración del efecto de cosa juzgada que al mismo le otorga el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo, porque, como también lo ha dicho la Corte, independientemente del criterio jurídico aducido para explicar la naturaleza jurídica de la indexación, ella no implica un incremento de la obligación original, no la hace más onerosa, sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a la notoria pérdida de su poder adquisitivo; dicho en otras palabras, aplicándose la revaluación a los $ 4.479 que se fijó sería el valor de la pensión cuando el demandante cumpliera 60 años de edad, o sea, el 15 de marzo de 1987 (cdno. 1ª y 2ª instancia, fl. 45), la cuantía que arroje tal operación, así numéricamente sea mayor, equivale para esa fecha al valor citado.

Así mismo, se impone puntualizar que lo que posibilita acoger la pretensión del actor es que las partes en la conciliación se hubiesen puesto de acuerdo en el derecho del trabajador a gozar de una pensión de jubilación cuando cumpliera 60 años de edad y fijar su cuantía, o sea, como se precisó anteriormente, en cabeza de éste quedó radicado un derecho cierto e indiscutible, sólo pendiente que cumpliera 60 años de edad.

En cuanto hace a la cuantía de la pensión de jubilación indexada, tenemos que si de acuerdo con el certificado del Banco de la República que consta a folio 40 del cuaderno de primera y segunda instancia, la tasa del cambio del peso colombiano frente al dólar para el 30 de enero de 1974 era de $ 25.09 y el 15 de marzo de 1987 de $ 228.83, la suma de $ 4.479 equivale, para esta última fecha, a $ 40.850.12 ($ 228.83 ÷ $ 25.09 = 9.1203666 x $ 4.479), que es el valor actualizado de la primera mesada pensional a que tenía derecho el demandante. Es de anotar que dicho certificado señala equivocadamente como variación porcentual de 812.04, cuando en realidad es del 912.03666 (912.03666 x $ 4.479 = $ 40.850.122).

Aplicando a la cifra antes deducida los reajustes legales previstos por las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, el valor correspondiente a la pensión mensual en los años sub-siguientes al primero, arroja las siguientes cantidades: 1988, $ 47.192,83; 1989, $ 59.934,898; 1990, $ 75.517,971; 1991, $ 95.152, 653; 1992, $ 119.934,27; 1993, $ 149.959,23; 1994, $ 181.584,78; 1995, $ 218.809,66; 1996, $ 261.477,54.

En consecuencia, por concepto de mesadas pensionales causadas hasta la fecha, se adeudaría al actor la suma de $ 13.575.028,00, y por las adicionales la suma de $ 988.936,41, para un total de $ 14.563.964.

Empero, como la obligación pensional se hizo exigible el 15 de marzo de 1987 y la demanda se presentó el 23 de marzo de 1994, la excepción de prescripción, propuesta oportunamente, está llamada a prosperar con relación a la indexación y reajustes pensionales causados con anterioridad al 23 de marzo de 1991. Verificadas las operaciones de rigor, la suma correspondiente al lapso afectado por dicho modo de extinguir las obligaciones asciende a la cantidad de $ 2.819.447,40; por lo tanto, el saldo a deber sería de $ 11.744.517,00.

Pero además de lo anterior como también se propuso la excepción de pago y el demandante en su interrogatorio de parte aceptó que a partir del año 1987 la demandada le ha pagado por pensión de jubilación mesadas equivalentes al salario mínimo legal, y no se alegó el incumplimiento de la obligación en esos términos, este medio exceptivo debe prosperar en cuanto al lapso no afectado por la prescripción, en cuantía de $ 6.262.202,50.

Es de agregar que las excepciones denominadas de “compensación” e “inexistencia de la obligación que se reclama”, no están llamadas a ser acogidas porque la primera no fue debidamente sustentada y además tampoco se probó que las partes fueran recíprocamente acreedoras y deudoras, y la segunda más que un medio exceptivo es una manifestación de oposición a la pretensión.

En consecuencia, el saldo que finalmente se adeudaría al demandante por conceptos del reajuste pensional reclamado a través de este proceso es de $ 5.482.314,50.

Conforme a lo anterior y como el juzgado de primera instancia absolvió a la opositora, la Corte revocará esa decisión y, en su lugar, le impondrá la condena por los conceptos ya establecidos, como también por las costas de ambas instancias al tenor del numeral 4º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

Al resultar avante el primer cargo es innecesario analizar los otros formulados.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 10 de noviembre de 1995, en el juicio adelantado por Germán Parra Martínez contra la empresa AT & T Global Information Solutions de Colombia S.A., y en sede de instancia REVOCA la sentencia de primer grado y, en su lugar, RESUELVE:

1. Declara probada las excepciones de prescripción de los reajustes pensionales causados con anterioridad al 23 de marzo de 1991, que equivalen a la suma de $ 2.819.447,50, y la de pago por igual concepto en cuantía de $ 6.262.202,50.

2. Condénase a AT & T Global Information Solutions de Colombia S.A., a pagar al señor Germán Parra Martínez la cantidad de $ 5.482.314,50, correspondiente al reajuste de las mesadas pensionales causadas desde el 23 de marzo de 1991 hasta el mes y año en curso, y a reajustar la misma pensión a $ 261.477,54 mensuales a partir del 15 de agosto del corriente año.

3. A la demandada se le impone el pago de las costas de primera y segunda instancia.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de origen.

Fernando Vásquez Botero—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara, con salvamento de voto—Rafael Méndez Arango, con salvamento de voto—Jorge Iván Palacio Palacio—Germán G. Valdés Sánchez, salvo voto—Ramón Zúñiga Valverde.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

En forma respetuosa nos permitimos señalar las razones que nos llevaron a apartarnos de la posición mayoritaria de la Sala, razones que corresponden a las que fueron inicialmente presentadas como sustento del primer proyecto sometido al estudio de los honorables magistrados y que en los apartes pertinentes expresaba los siguiente:

“La indexación no tiene alcance general. El legislador la ha reconocido para casos particulares y la jurisprudencia de esta Sala —y la Civil de la Corte— únicamente como el medio correctivo adecuado a las situaciones de pago retardado de algunos créditos.

Siguiendo ese criterio, si el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo estableció que el empleador debía pagar al trabajador con derecho a la pensión un 75% del salario promedio mensual devengado durante el último año de servicios, esa base salarial no puede ser modificada por el juez actualizando su valor monetario, pues la norma no lo autoriza para el caso en que la pensión empieza a disfrutarse después de la fecha de la terminación del contrato ni cuando las dos fechas coinciden y la devaluación igualmente afecta la base salarial. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda o su revaluación, que son las contingencias de toda economía monetarista, son el daño o el beneficio que afecta a cualquier patrimonio (a los derechos y obligaciones que lo conforman), pero el riesgo que corre el sujeto no siempre gravita sobre el deudor a menos que actúe con retardo o mora y en las situaciones específicas que reconocen la ley y la jurisprudencia. Los reajustes pensionales que establece la ley, obedecen a consideraciones de equidad y el deudor de la pensión los asume aunque no incurra en retardo o en mora.

Si el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, aplicable, contiene esa regulación normativa dentro de un sistema legislativo y económico que no acoge como regla general la revaluación monetaria de las obligaciones, el Tribunal ni infringió ese precepto legal ni violó el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 (y por ende el 19 del Código Sustantivo del Trabajo), que sólo operan cuando hay ausencia de regulación expresa de un fenómeno en las relaciones jurídicas.

El Tribunal, al absolver, no pudo tampoco transgredir las normas 8ª del Decreto 2351 de 1965 y 8ª de la Ley 171 de 1981, pues son indemnizatorias y al menos respecto de la primera la jurisprudencia ha admitido la indexación por darse el pago retardado de una indemnización, por lo que la indexación ha sido considerada como parte del daño emergente, de manera que no cabe aplicarla, ni siquiera por analogía, a situaciones opuestas en que el deudor paga de acuerdo con lo que ordena la ley, oportunamente y según lo convenido y no por causar un daño o perjuicio al patrimonio del acreedor.

Finalmente, el Tribunal, al absolver, tampoco violó el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, pues esta norma también regula una situación especial para la que no cabe la analogía con el caso de autos.

Sobre la invocación de la sentencia de casación del 15 de septiembre de 1992 (Rad. 5221) dijo esta Corporación en la proferida el 7 de octubre de 1994 (Rad. 6970):

“La acusación se resiente por no encontrar en la sentencia del Tribunal la consulta y aplicación de la jurisprudencia como fuente de derecho, y de modo particular la doctrina del fallo de casación del 15 de septiembre de 1992 en el cual cree encontrar la solución para el caso de la depreciación de la moneda en tratándose de pensiones de jubilación. La propia transcripción que hace la recurrente de la decisión invocada revela que se trató entonces de una situación de hecho diferente a la del presente proceso, referida al pago retardado de una obligación ya causada, ocasión de la cual se valió adicionalmente la Sección Primera para sugerir, a manera de hipótesis, la posibilidad de una variación jurisprudencial —que hasta ahora no se ha producido de conformidad con la ley— con el fin de extender la indexación a las obligaciones de causación futura”.

No es posible modificar la jurisprudencia en el sentido expuesto por el recurrente y de acuerdo con el fallo que invoca en su cargo, pues, conforme a lo expuesto antes, el sistema legal no le da alcance general al sistema de la indexación como correctivo para el pago de todo tipo de obligaciones monetarias”.

Los motivos señalados deberían conducir a que no se case la sentencia del Tribunal aunque en ella efectivamente se presenta el error de entendimiento de la demanda inicial que sirve de fundamento para el quebrantamiento de la decisión de segunda instancia, error que igualmente había sido señalado en el proyecto inicial y respecto del cual los suscritos coincidimos con la posición mayoritaria.

Otras razones para separarnos de la posición presentada en la ponencia acogida por la mayoría de los componentes de la Sala corresponde a la preocupación que genera el pronunciamiento doctrinario que se hace pues resulta distante de la filosofía y estructura de la seguridad social dado que ella opera dentro de un régimen contributivo que sólo subsiste en la medida en que sus ingresos sean suficientes para cubrir las obligaciones pertinentes y dentro de ellas las pensionales. Si alguien deja de cotizar pero aumenta la base de liquidación de su pensión, genera un desequilibrio dentro de ese sistema de ingresos y egresos al que se ha aludido, con el consecuente detrimento de la capacidad de la entidad pagadora de pensiones para sufragar oportunamente la totalidad de las obligaciones de tal orden, con sus consecuentes repercusiones de orden social.

Pero además en el presente caso se está en presencia de un acuerdo conciliatorio, claro y definido en cuanto al monto pensional y a la fecha de exigibilidad del derecho pertinente, lo que representa un claro evento de cosa juzgada que resulta ahora modificado por la decisión que ha recibido el voto mayoritario de la Sala.

Por lo expuesto, como se señaló, creemos que a pesar del error del Tribunal, por cuanto a la postre y con base en las consideraciones arriba expuestas se habría llegado al mismo punto de decisión, estimamos que no ha debido prosperar el recurso.

José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango—Germán G. Valdés Sánchez. 

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