Sentencia 8647 de febrero 13 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente 8647

Actor: Fondo Mutuo de Inversión Social “Fonsocial”

Impuestos: Industria y Comercio

Santafé de Bogotá, D.C., trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Fallo

(...).

Al respecto la Sala, advierte, que idéntica controversia resolvió la sección en sentencia del 30 de enero de 1998, proceso Nº 3604, actor: Fondo Mutuo de Inversión de la Caja de Compensación Familiar, Compensar, consejera ponente Mariela Vega de Herrera, en similares circunstancias de hecho y derecho, motivo por el cual para resolver los puntos que se han dejado precisados en el presente proceso, retoma los argumentos pertinentes de dicho pronunciamiento, así:

“En la materia sancionatoria, la Sala mantiene el criterio de la aplicabilidad de la norma preexistente o vigente a tiempo de la infracción, o sea, de la realización de los supuestos de hecho de ésta, y no de cuando se constató, probó o multó la misma, según pretensiones de la parte demandada.

Y dado que dichos presupuestos fácticos, como bien lo advirtieron el tribunal y la Procuraduría Delegada, tuvieron ocurrencia antes de la puesta en vigor de las normas jurídicas del cuestionado Decreto 807 de 1993, resulta claro que no cabía la aplicación de las mismas al caso en examen.

Tampoco se considera que los presupuestos en cuestión enmarcaran en la hipótesis de la “infracción continuada”, a menos que se tuviera por lapso de “continuidad” el respectivo período impositivo, toda vez que, como también lo observa la parte demandante, la sanción o multa se causa por una vez y con respecto a un año gravable, transcurrido el cual, se pasa a un nuevo período y al examen de hechos distintos, completamente independientes del anterior, que pueden dar motivo a otra sanción, así sea de la misma especie y cuantía, pero nunca “continuada”, respecto de ejercicios fiscales subsiguientes.

Como no es acertada la suposición de que, por ser de procedimiento las normas del aludido Decreto 807 de 1993, debieron tener aplicación “inmediata”, primero, porque ya se dijo que la sanción no se causa en el momento de la constatación de la infracción, o de su prueba o sanción, sino cuando ésta se realice materialmente; y, segundo, porque la propia regla invocada por el apoderado de la apelante, la del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prevé una clarísima excepción a la regla general del efecto de la ley en el tiempo, a saber, la referida a, “los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, (que) se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Como el plazo para aplicar la sanción, evidentemente, era uno de los “términos” que menciona el precepto legal y el mismo había empezado a correr desde la materialización de la infracción, es decir, antes de la vigencia del Decreto 807 de 1993, no podía tener éste aplicación al caso (Cfr., en los sentidos anotados, entre otras, las sentencias de la Sala, ago. 2/96, Exp. 7768, C.P. Consuelo Sarria O.; nov. 8/96, Exp. 7865, C.P. Delio Gómez Leyva; sep. 26/97, Exp. 8463, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo)”.

(...).

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