Sentencia 8664 de febrero 6 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

Carácter obligatorio

EXTRACTOS: «La tesis que ha sostenido la sociedad actora desde la respuesta al pliego de cargos, previo a la actuación sancionatoria, es que no existe ley que haya establecido como obligatorio llevar libro de inventarios y balances, motivo por el cual no puede imponerse sanción por libros de contabilidad cuando no se lleva el libro de inventarios y balances.

Al respecto, la Sala, estima que no le asiste razón a la sociedad demandante en su argumentación. Tal y como lo reseñó la actuación administrativa con fundamento en reiterada jurisprudencia de esta corporación, la ausencia de un catálogo concreto acerca de los libros de contabilidad que debe llevar el comerciante, no es base para considerar que no existe obligación legal de llevar los libros de contabilidad que se derivan de los requerimientos legales consagrados en el Código de Comercio, a los cuales en primer lugar se remiten las normas tributarias, así como a los (requerimientos) señalados en los diferentes reglamentos expedidos por el gobierno en materia de contabilidad y normas tributarias.

En efecto, el artículo 773 del estatuto tributario norma que codificó el artículo 33 del Decreto 2821 de 1974, consagra la “forma y requisitos para llevar la contabilidad”, en los siguientes términos:

“ART. 773.—Forma y requisitos para llevar la contabilidad. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá sujetarse al título IV del libro I, del Código de Comercio y:

1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.

2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar en uno o más libros, la situación económica y financiera de la empresa”.

Es así, como el gobierno ha proferido entre otros decretos, el 2649 de 1993 (antes el 1798 de 1990), por medio del cual se reglamenta la contabilidad en general, en cuyo artículo 129 consagra la obligación de oficializar los inventarios, ordenando que al terminar cada ejercicio debe efectuarse el inventario de mercancías para la venta, el cual debe contener una relación detallada de las existencias con indicación de su costo unitario y total, y agrega, que cuando la cantidad y diversidad de artículos dificulte su registro detallado, éste puede efectuarse por resúmenes o grupos de artículos, siempre y cuando aparezcan discriminados en registros auxiliares.

De igual modo, como lo tiene precisado la doctrina y la jurisprudencia, del artículo 52 del Código de Comercio, que obligua al comerciante al iniciar sus actividades y por lo menos una vez al año a elaborar un inventario y un balance general que permita de manera clara y completa la situación de su patrimonio, surge la obligación legal de llevar el libro de “inventarios” y “balances”.

Del artículo 53 del Código de Comercio, que exige el asentamiento cronológico de las operaciones, y de la exigencia de aplicación de la partida doble, surge la necesidad de llevar los libros “diario” y “mayor”.

Así mismo, de los artículos 28 numeral 7º, 180 y 195 ibídem, se colige la existencia de la obligación de los libros de accionistas, los de actas de asambleas y junta de socios, así como los de juntas directivas de las sociedades mercantiles.

De otra parte, de las normas concernientes al impuesto de renta, concretamente las relacionadas con el “sistema para establecer el costo de los activos movibles” contenida en el artículo 62 del estatuto tributario, norma que codificó el artículo 21 del Decreto 2053 de 1974, reglamentado entre otros, por el artículo 31 del Decreto 187 de 1975, se estableció que los inventarios de existencias deberán asentarse al terminar cada ejercicio, de acuerdo con las siguientes reglas:

“a) En el libro de inventarios se hará una relación detallada de las existencias, con indicación del número de unidades, el costo unitario y el costo total;

b) Cuando la cantidad y diversidad de artículos dificulte su registro detallado en el libro de inventarios, podrá asentarse en éste un resumen por grupos o clases de artículos, con indicación de los números de las tarjetas, formas continuas u otros comprobantes tales como hojas sueltas debidamente numeradas o selladas por la administración de impuestos o recaudación de impuestos nacionales, donde aparezca relación pormenorizada.

los contribuyentes deberán informar en su declaración de renta y patrimonio la forma como valoraron los inventarios y acompañarán copia de los asentados en el libro conforme a lo dispuesto en este artículo”.

Es decir, que de las disposiciones comerciales y tributarias sí se deriva la obligación legal de llevar el libro de inventarios y balances, pues es evidente que para efectos de determinar el costo en los activos movibles, el mismo juega un papel relevante, como quiera que es a través de dicho libro que la administración de impuestos puede realizar un control efectivo de las utilidades generadas en la enajenación de activos movibles, cuyo costo se determina de acuerdo con los sistemas consagrados en el mencionado artículo 62 del estatuto tributario.

Por lo demás, el dictamen pericial solicitado por la actora para demostrar que los libros de contabilidad que lleva, “mayor y balances” y “diario”, permiten el control gubernamental que consagran las normas tributarias, confirma, de una parte, la ausencia absoluta del libro de inventarios y balances, y de otra, que a través de tales libros no es posible suplir los requerimientos que consagran las normas tributarias con relación a los inventarios, pues es claro que la falta de tal libro trae como consecuencia el incumplimiento, entre otras, de las reglas que consagran los decretos 187 de 1975 y 2649 de 1993, en lo referente al registro contable de los inventarios, factor, que se repite, es de suma importancia en la verificación de los costos en el impuesto de renta.

Así las cosas, se concluye que la administración de impuestos en cuanto estimó que la ausencia del libro de inventarios y balances, configuró la irregularidad contable consagrada en el literal a del artículo 654 del estatuto tributario, y por consiguiente, había lugar a la sanción consagrada en el artículo 655 ibídem, se ajustó a derecho».

(Sentencia de febrero 6 de 1998. Expediente 8664. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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