Sentencia 8664 de marzo 19 de 1998 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos A. Galvez Argote

Aprobado Acta 36 (03-12-98)

Expediente: 8664

Santafé de Bogotá, D.C., marzo diecinueve de mil novecientos noventa y ocho.

(...)

“Para determinar si se ha realizado objetivamente la conducta tipificada en la ley como prevaricato, debe examinarse si la providencia cuestionada es o no manifiestamente ilegal, y lo será cuando al emitirla el funcionario haya desconocido o aplicado con ostensible irregularidad la normatividad jurídica, como cuando sanciona con fundamento en disposición legal ya derogada o cuando aplicando aquella que visiblemente se refiere a situación diversa. Pero cuando aparece que el funcionario ha decidido previo un examen lógico del material probatorio, no cabe imputarse prevaricato con el argumento de que no fue afortunado su análisis o incurrió en desacierto al realizar el proceso de adecuación típica de la conducta sub judice, porque para la corrección de esos errores judiciales humanos existen en la ley mecanismos procesales suficientes. No es pues, la desarmonía de criterios entre el juez y la parte supuesta o realmente lesionada con la decisión de aquél, lo que objetivamente configura prevaricato, sino la protuberante e ilegal discordancia entre lo que el funcionario hizo en una providencia y lo que ha debido hacer”.

(Sent febrero 8 de 1983, MP Dr. Alfonso reyes Echandía), precisando posteriormente, en un auto del 23 de julio de 1986, con potencia del magistrado Dr. Guillermo Duque Ruíz que:

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...dada la importancia de la indagatoria para el procesando en su defensa, y para la investigación misma, en la medida en que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, para el primero constituye la oportunidad de presentar las explicaciones pertinentes frente a la importación que se le hace y permite además, al funcionario obtener elementos de juicio que le posibiliten definir el curso de la investigación puesto que su finalidad es obtener la versión que sobre los hechos suministre el imputado, esos antecedentes y circunstancias a que se refiere la ley no son de cualquier naturaleza, sino aquellos que tengan estrecha a íntima relación con los investigados, pues de lo contrario, resulta ilegal la vinculación de una persona a un proceso, con las consecuencias que necesariamente de allí se derivan cuando el llamado a tal diligencia tiene propósitos que le son ajenos a las finalidades propias de la investigación y que solo pueden conducir a crear cargas innecesarias a los ciudadanos que, por el desvío de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de ejercer el poder punitivo del Estado, se ven sometidos a la justicia lo cual atenta contra dicha función pública.

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