Sentencia 8666 de abril 7 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala de Casación Civil y Agraria

Abr. 7/2000. Exp. 8666

M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Se pronuncia la Corte sobre la impugnación interpuesta frente a la sentencia de fecha 18 de febrero de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por medio de la cual denegó la tutela implorada por Aura Elena Villamarín viuda de Sandoval, Marleny Cunda Velasco y Esperanza, Consuelo, Celfa, Luz Elena, Yolanda, Ricaurte, Alfaro, Heriberto y José Sandoval Villamarín y Paola Sandoval Vásquez contra Iván Palacio Larrarte.

Antecedentes

1. Solicitaron los accionantes la protección de sus derechos a la autonomía personal, la libertad de conciencia, el libre y adecuado desarrollo de la personalidad vulnerados por la conducta asumida por el abogado accionado dentro del proceso de pago por consignación instaurado por éste en su contra ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán, motivo por el cual piden en concreto que se le ordene entregarles la suma de $ 124.216.311,85 y se le condene a pagarles los intereses corrientes y moratorios de la misma junto con los perjuicios “morales y materiales y de salud”.

2. Los accionantes apoyaron la protección constitucional reclamada en los hechos que seguidamente se relacionan:

a) Otorgaron poder al accionado para que promoviera proceso contra la Nación —Ministerio de Defensa— Ejército Nacional, con el objeto que se les reconociera los perjuicios materiales y morales causados con la muerte violenta de Arnoldo Sandoval Villamarín ocurrida durante operativo del Ejército el 4 de marzo de 1997 en la vereda Potrerito del municipio de Miranda Cauca.

b) Ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca se celebró conciliación los días 7 y 14 de septiembre de 1998, “por el cual el Estado reconoce indemnización por perjuicios morales en cuantía equivalente a 6.500 gramos oro, para cada uno de los beneficiarios así: 700 gramos oro para cada uno de los hijos, la viuda y para cada uno de los padres cada hermano 300 gramos oro” (sic) - folio 2, cuaderno1.

c) El abogado no cumplió con el contrato de prestación de servicios en el que se comprometió a reclamar los perjuicios, tanto materiales, como morales, puesto que se limitó a conciliar los perjuicios morales únicamente, para nada se ocupó de los materiales”, los que en su sentir equivaldrían a “cien mil gramos oro y nada absolutamente nada hizo el señor Palacio Larrarte, para obtener el pago de esa indemnización” (fls. 2º y 3º, c. 1).

d) Los poderdantes revocaron el poder al mandatario judicial, pero, a pesar de que informaron al Ministerio de Defensa tal revocatoria por ser el encargado de hacer el pago de la suma de dinero conciliada, inexplicablemente la misma, el 29 de julio de 1999, le fue entregada al abogado revocado en cuantía de $ 124.216.311,85, cuando ya carecía de facultades para recibir.

e) La cláusula tercera del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado es violatoria de la ley y hace nulo el acuerdo de voluntades cuando dispone que los mandantes “se comprometen a no otorgar poder absolutamente a ningún otro profesional distinto al Dr. Iván Palacio Larrarte, a no ser para el mismo caso la (sic) expresa autorización por escrito de éste”, sin tener en cuenta que “el artículo 25 (sic) del Código de Procedimiento Civil, estatuye la terminación del poder por su revocatoria por la designación de nuevo apoderado” (fl. 4º, c. 1).

f) Los poderdantes únicamente se enteraron de la entrega indebida de la indemnización al apoderado revocado el día 29 de octubre de 1999 y cuando le reclamaron éste “los amenazó con instaurar acciones judiciales de pago por consignación o ejecutivo singular ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán donde cursa dicho proceso” (fls. 4º y 5º, C.1).

2. Enterado el abogado accionado, por intermedio de apoderada judicial constituida al efecto, se opone a la prosperidad de la protección invocada, manifestando que:

a) No se dan los requisitos para que en su contra como particular proceda la acción de tutela.

b) Los accionantes estuvieron de acuerdo con el arreglo conciliatorio propuesto por el Ministerio de Defensa de reconocer únicamente perjuicios morales y lo que buscan ahora es desconocer el monto de sus honorarios pactados en el 50%.

c) La revocatoria del poder no les fue notificada ni al Ministerio de Defensa ni a él por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, motivo por el cual éste hizo el pago y como abogado recibió el monto de la indemnización conciliada.

d) En su contra han formulado los accionantes denuncia ante la fiscalía por el delito de infidelidad profesional y enriquecimiento ilícito y queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca “por presunta violación a la ética profesional”.

e) La acción de tutela promovida por parte de los accionantes contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca para que se anulara la mencionada conciliación, fue fallada el 19 de febrero de 1999 de manera adversa por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, disponiéndose, además, levantar “la restricción al pago, ordenada en forma provisional en el auto admisorio de la acción de tutela”.

f) La apoderada de los aquí accionantes presentó “una segunda acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos”, razón por la cual “está atentando contra la ética profesional y por ende ruego al Honorable Magistrado se dé curso a lo ordenado en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991” (fl. 58, c. 1).

h) Ha promovido proceso de pago por consignación en atención a que sus poderdantes se niegan a recibir el monto de lo que a cada uno corresponde como indemnización, previa de deducción de sus honorarios tasados libre y legalmente en el 50% del beneficio que les correspondiera en el proceso.

La sentencia impugnada

El tribunal hizo en principio precisiones sobre el carácter extraordinario y excepcional de la acción de tutela y cita extensamente la sentencia T-575 de 1992 sobre la viabilidad de la misma frente a particulares.

Pasó a continuación el sentenciador de segundo grado, a desestimar la protección alegada porque, en ninguno de los eventos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, encaja la situación planteada por los promotores del amparo porque para su buen suceso se “exige que el accionante se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpone la acción, indefensión que se presume cuando se trata de menores accionantes, pero se repite, estas exigencias legales para la viabilidad de la acción de tutela, se refieren a la protección de los derechos fundamentales de la vida y de la integridad física” (fl. 82, c. 1).

Precisó el a quo que la actividad particular del abogado accionado fue ejercida en desarrollo del mandato judicial y que el incumplimiento de lo convenido puede ser dilucidado por los accionantes recurriendo a la vía laboral y, además, que si se cometió alguna falta contra la ética del organismo competente para conocerla es el Consejo Seccional de la Judicatura.

El juzgador de primera instancia no consideró indebida la formulación de demanda de pago por consignación porque se hizo en desarrollo del principio constitucional de acceso a la administración de justicia, artículo 229 de la Carta Política, “precisamente para dirimir por la vía judicial señalada, la controversia sobre la entrega de un dinero por él recibido en ejercicio de un mandato conferido y en ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, controversia que se encuentra en trámite judicial y aún no se ha definido” (fl. 83, c. 1).

Finalmente, el tribunal no estimó viable poner en conocimiento de las autoridades penales la comisión del supuesto delito de falso testimonio ni tampoco la imposición de la sanción del artículo 38 del Decreto 259, puesto que “no existe identidad de interesados o accionantes; de hechos y de derechos para que sea procedente dar el aviso de rigor” (fls. 83 y 84, c. 19).

La impugnación

La apoderada judicial de los accionantes, quien oportunamente impugnó la sentencia desfavorable, materializó su desacuerdo, así:

“No estoy de acuerdo al (sic) fallo por ser adverso en contra de mis poderdantes, si en realidad el Estado les reconoció la suma de ciento veinticuatro millones doscientos diez y seis mil trescientos once pesos con 85/100 ($ 124.216.311.85/100 M/cte.) a mis poderdantes, el Sr. Palacio Larrarte, no tenía que hurtar estos dineros, existiendo menores de edad y de acuerdo con el estatuto del abogado, dicho profesional obró de mala fe, que la Corte Constitucional, sea la encargada de impartir justicia social por tratarse de derechos vulnerados, enriquecimiento ilícito, constreñimiento ilegal y hurto calificado, todas estas acciones se han interpuesto, por los despachos judiciales se han parcializado no impartiendo justicia social” (fl. 88, c. 1).

Consideraciones

1. Múltiples son las decisiones de tutela en las que, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la de esta Sala, han sostenido que esta acción es un instrumento excepcional, de carácter subsidiario y en modo alguno paralelo a otras instancias judiciales, al que toda persona puede acudir en pos del amparo de sus derechos fundamentales. Y procede cuando quiera que éstos han sido objeto de vulneración o amenaza de violación por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por el legislador. Así se consagro perentoriamente en el artículo 86 de la Carta Política y en los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992.

2. Igualmente, por mandato del artículo 42-9 del Decreto 2591 de 1991, esta acción de amparo procede excepcionalmente contra los particulares cuando el solicitante se encuentra frente al accionado en condiciones de subordinación o indefensión y para la defensa de todos los derechos fundamentales. La limitación existente inicialmente y circunscrita a los derechos a “la vida o la integridad personal” dejó de tener vigencia por la declaratoria de inexequibilidad de la citada expresión, según la sentencia C-134 de 1994 de la Corte Constitucional.

3. Está también definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que es improcedente la tutela que se plantea frente a un particular cuando lo pretendido por la persona promotora involucra la solución de conflictos contractuales surgidos entre ellos, sea por la celebración, cumplimiento, ejecución o interpretación. Las diferencias que se presenten entre las partes de un contrato privado tienen como escenario para ser dirimidas por los jueces naturales pertenecientes a la jurisdicción ordinaria.

4. La Corte Constitucional en la sentencia T-356 de 1998 hizo las siguientes precisiones sobre el asunto de la improcedencia de la acción de tutela para que los particulares diriman las controversias que entre ellos se produzcan como secuela de la celebración de un contrato de estirpe privada:

“1. En múltiples oportunidades la Corte se ha pronunciado en asuntos similares al que ahora nos ocupa, señalando que la acción de tutela es de carácter estrictamente residual y ajena, en principio, a los asuntos de carácter y naturaleza contractual.

“2. En efecto, en la sentencia T-605 de 1995 de esta Sala se expresó:

“Por lo demás, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la posibilidad de promover acción de tutela con miras a resolver controversias o diferencias surgidas entre partes con ocasión de la celebración o ejecución de contratos se ha orientado a no admitir, en principio, la procedencia de dicha acción, pues este tipo de conflictos tiene en el ordenamiento jurídico sus propios mecanismos de solución y no le es dable al juez de tutela desconocer el principio de la autonomía e independencia de las demás jurisdicciones (C.P., arts. 228 y 230), lo cual tiene su fundamento y explicación en la circunstancia de que esta clase de controversias aluden básicamente a aspectos desprovistos, ordinariamente, de relevancia constitucional”.

5. Del trámite de la tutela y de las pruebas existentes en el expediente se tienen por establecidos los siguientes hechos:

a) Ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca se concilió, el 7 y 14 de septiembre de 1998, la demanda formulada por los accionantes contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, encaminada al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales por la muerte del señor Arnoldo Sandoval Villamarín ocurrida el 4 de marzo de 1997 en el municipio de Miranda.

b) La conciliación versó sobre perjuicios morales exclusivamente, reconociéndose en total seis mil quinientos gramos oro (6.500) para ser distribuidos en la forma pactada en el acuerdo entre los demandantes y agregando que “no se reconocen perjuicios materiales por no existir prueba de la actividad económica y de su dependencia. No se reconocen perjuicios morales ni materiales en favor del hijo póstumo del occiso por no existir prueba de existencia” (fl. 38, c. 1).

c) El 17 de noviembre de 1998, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cauca dio por terminado el mandato otorgado por Marleny Cunda Velasco y sus hijos menores María Elena, Jhon Sair Sandoval y “de Arnensi Cunda Velasco (este último hijo póstumo)” (fl. 42, c. 1), al abogado Iván Palacio (sic) Larrarte y negó la petición de revocatoria de la providencia que aprobó la conciliación.

d) La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 19 de febrero de 1999, negó la acción de tutela promovida por María Elena Sandoval Cunda y Arnensi Cunda contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Popayán para que se revocara la conciliación mencionada y, en su lugar, se hiciera una nueva distribución del monto de los perjuicios morales, se reconocieran los materiales y se incluyera como beneficiario al hijo póstumo del causante (fls. 62 a 69, c. 1).

e) El contrato de prestación de servicios profesionales celebrado y suscrito por Iván Palacio Larrarte, como abogado, y Gerardo Sandoval y Aura Elena Villamarín, como poderdantes, en el que se pactaron como honorarios profesionales el 50% de la indemnización que se obtuviera por perjuicios materiales y morales (fls. 13 a 15, c. 1).

e) La revocatoria del mandato dirigido al Ministerio de Defensa y el otorgamiento de poder al nuevo apoderado, escrito en el que reconoce haber pactado como honorarios profesionales a favor del accionado el 50% de lo que pudiera corresponderles (fl.16, c. 1).

f) el Ministerio de Defensa entregó al abogado Iván Palacio Larrarte, el 29 de julio de 1999, la suma de $ 124.216.311,85, por concepto de la indemnización conciliada (fls. 28 a 354, c. 1).

g) Demanda de pago por consignación presentada por el accionado contra los accionantes en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán dirigida a que reciban la cuota parte que a cada uno de ellos corresponde en la indemnización que le fue entregada por el Ministerio de Defensa en cumplimiento de la conciliación y de la cual ya dedujo el 50% de sus honorarios (fls. 22 a 27, c. 1). Esta demanda está siendo notificada a los contradictores (fls. 72, c. 1).

6. Los promotores de la presente acción de tutela, entre los cuales hay menores de edad, suscribieron un contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado accionado y pretenden a través del amparo estudiado que el juez constitucional les dirima en su favor las divergencias que se han suscitado entre ellos dentro de la ejecución de dicho acuerdo de voluntades. Especialmente, buscan que se ordene la suspensión del proceso de pago por consignación iniciado por éste y que, de manera complementaria, se le ordene que deposite en su favor la totalidad de los $ 124.216.311,85 y proceda a reconocerles los respectivos intereses corrientes y moratorios junto con los “perjuicios morales, materiales y de salud” que les han causado como secuela del mal manejo que le dio a la conciliación en la que no reclamó los perjuicios materiales, no obtuvo reconocimiento en favor del hijo póstumo del fallecido y, además, les está cobrando unos excesivos honorarios del cincuenta por ciento (50%) de todo lo que recibieron a título de indemnización.

7. Al dar vía libre a la acción de tutela contra particulares, dispone el artículo 42-9 del Decreto 2591 de 1991 que el promotor se encuentre frente al accionado en estado de subordinación o indefensión, agregando a renglón seguido que, en lo que respecta a menores, se presume el referido estado de indefensión.

Fluye, entonces, de lo anterior que, en principio, procedería la protección constitucional solicitada en este caso por los menores de edad frente al abogado que los representó en el proceso contencioso administrativo y que en este momento los tiene demandados por la vía abreviada de pago por consignación para que le reciban las cuotas partes que le corresponden a título de indemnización previa deducción de sus honorarios profesionales en el porcentaje establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales. Empero, por tratarse de una presunción de carácter legal puede ser desvirtuada.

8. en este evento se presenta, a juicio de la Sala, una típica confrontación de pareceres respecto a la interpretación y alcances de un contrato celebrado entre accionantes y accionado. Por consiguiente, las divergencias que han aparecido en el curso de la ejecución relacionadas con el alcance, hermenéutica, efectos y validez no pueden ser resueltas, como aquí se pretende, por la jurisdicción constitucional. Las mismas deben y tienen que ser planteadas ante la jurisdicción ordinaria porque, se reitera, ésta no quedó sustituida o suprimida con la institución excepcional y extraordinaria de la protección prevista en el artículo 86 de la Carta Política.

No puede perderse de vista que en este caso ya están en trámite varias actuaciones judiciales, como son el proceso de pago por consignación en el que los accionantes podrán hacer uso de las defensas que a bien tengan respecto a la procedencia o no de dicha vía para establecer la validez del contrato de prestación de servicios profesionales y, concretamente, de la cláusula relativa al porcentaje; la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la queja por falta a la ética ante el Consejo Seccional de la Judicatura.

Lo anterior está en consonancia con lo reglado en el artículo 2º del Decreto 306 de 1992, que concreta y restringe la protección de los derechos de las personas a través de la acción de tutela a los de linaje estrictamente constitucionales fundamentales, excluyendo del citado amparo a los que únicamente alcanzan una jerarquía meramente legal. Dice el precepto citado:

“De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior”.

Consecuentemente, ante el carácter estrictamente legal y no constitucional de los derechos respecto de los cuales se presenta el litigio entre accionantes y accionados, es incontrovertible que no es la acción de tutela la vía adecuada para obtener su protección. Todos aquéllos, se reitera, incluyendo a los menores por intermedio de su legítima representante, pueden recurrir a las acciones ordinarias pertinentes con el objeto de asumir su defensa y reconocimiento.

9. La improcedencia, entonces, de la acción de tutela es manifiesta y como esa fue la conclusión del tribunal, deberá confirmarse, aunque por las razones aquí consignadas, la sentencia impugnada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha 18 de febrero de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por medio de la cual denegó la tutela implorada por Aura Elena Villamarín viuda de Sandoval, Marleny Cunda Velasco y Esperanza, Consuelo, Celfa, Luz Elena, Yolanda, Ricaurte, Alfaro, Heriberto y José Sandoval Villamarín y Paola Sandoval Vásquez contra Iván Palacio Larrarte.

Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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