Sentencia 8667 de septiembre 20 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref. Expedientes acumulados 2000-00644-01 y 2002-90276-01 (8667)

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Autoridades distritales.

Actores: Carlos Germán Navas Talero, Lucía Ortiz Corredor y Alfonso Gómez Lugo.

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

Examen de los cargos

1. Expediente 2000-00644-01.

Se alega violación de la reserva de la ley orgánica de ordenamiento territorial.

La ley orgánica de ordenamiento territorial

Debe recordarse brevemente que, dada su naturaleza especial, las leyes orgánicas cuentan con ciertas características particulares. En Sentencia C-337 de 1993, se precisó que estas leyes gozan de una prerrogativa especial, por su posición organizadora de un sistema legal que depende de ellas. Estas leyes reglamentan plenamente una materia: son estatutos que abarcan toda la normativa de una serie de asuntos señalados expresamente en la Carta Política (art. 151). Condicionan la actuación administrativa y la expedición de otras leyes sobre la materia de que tratan. O, como lo dispone la norma constitucional citada: sujetan el ejercicio de la actividad legislativa.

• Las materias sometidas a la reserva de la ley orgánica de ordenamiento territorial

La Constitución no trata de manera sistemática en un solo artículo o capítulo el contenido general de la legislación orgánica territorial, sino en diferentes normas.

Una primera enumeración de los asuntos reservados por el Constituyente para este tipo de leyes, es la siguiente:

a) La asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (C.P., art. 151);

b) La distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (C.P., art. 288);

c) El establecimiento de los requisitos para la formación de nuevos departamentos (C.P., art. 297);

d) El señalamiento de las condiciones para la conversión de una región en entidad territorial (C.P., art. 307);

e) La determinación de las atribuciones, órganos de administración y recursos de las regiones, así como la de su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, y la definición de los principios para la adopción de sus respectivos estatutos especiales (C.P., art. 307);

f) La adopción de un régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas; el diseño de los mecanismos que garanticen la adecuada participación de las respectivas autoridades municipales en sus órganos de administración; y el señalamiento de la forma en que se habrán de convocar y realizar las consultas populares para decidir la vinculación de los municipios que las constituyen (C.P., art. 319); y

g) La fijación de las condiciones para la conformación de las entidades territoriales indígenas (C.P., art. 329).

• La interpretación restrictiva del ámbito material sometido a ley orgánica de ordenamiento territorial

La jurisprudencia constitucional tiene definido que la aprobación de leyes orgánicas constituye una excepción a la cláusula general de regulación normativa que el Congreso desarrolla expidiendo leyes cuyo proceso de formación se surte con las exigencias de quórum ordinarias. En tal virtud, ha precisado que la reserva de ley orgánica exige una determinación específica en la Constitución Política, y sus alcances materiales son restrictivos en su interpretación (9) .

En otras palabras, solo forman parte de la reserva de ley orgánica aquellas materias específicas expresamente señaladas por el Constituyente, pues como esta clase de leyes condiciona el ejercicio de la actividad legislativa, una interpretación amplia de esta reserva terminaría por despojar de sus atribuciones al legislador ordinario.

Tanto es así que en Sentencia C-432 de 2000 se sostuvo que «la duda en el caso de si una determinada materia tiene reserva de ley orgánica o no, debe resolverse a favor del legislador ordinario», por dos razones: (i) en observancia de la cláusula general de competencia de regulación normativa en favor del legislador; y (ii) porque las limitaciones propias de las leyes orgánicas constituyen un límite al proceso democrático.

Por lo mismo, aquellas materias que no han sido objeto de señalamiento expreso por parte del Constituyente en el sentido de que deban tramitarse como leyes orgánicas, deberán entenderse sujetas a la competencia del legislador ordinario.

En conclusión: en virtud del principio democrático y de la correlativa cláusula general de competencia del legislador ordinario, las materias relacionadas con la organización territorial de la República que no estén entre los casos que se acaban de enumerar, no forman parte del núcleo temático reservado constitucionalmente a la ley orgánica de ordenamiento territorial y, por lo mismo, pueden ser desarrolladas por ley ordinaria.

• El ejercicio autónomo de la función de ordenamiento del territorio y de reglamentación de los usos del suelo que la Constitución asigna a los municipios y distritos excluye que sea materia de la ley orgánica de ordenamiento territorial (C.P., arts. 331 y 313-7)

Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales (C.N., art. 1º). Estos principios constitutivos del Estado colombiano implican que las entidades territoriales tienen derechos y competencias propios que deben ser protegidos de las interferencias de otras entidades y, en especial de la Nación (10) .

La Corte Constitucional ha declarado contraria a la Constitución Política toda interpretación que restrinja el ámbito de autonomía que la Carta reconoce a las entidades territoriales. En Sentencia C-284 de 1997, precisó que la autonomía comporta la atribución de competencias propias y la afirmación de derechos y poderes exigibles y oponibles a las autoridades de los niveles superiores del Estado. De modo que la autonomía que se reconoce a dichos entes debe adecuarse a los términos de la Constitución y de la ley; no puede, por tanto, el legislador dictar normas que restrinjan o lesionen el núcleo esencial de esta autonomía y las limitaciones que puede establecer deben ser las necesarias, proporcionadas a los hechos que les sirven de causa y a la finalidad que se persigue. Dijo la Corte:

«La conciliación entre los principios de unidad y autonomía, ha de hacerse bajo el entendido (sic) de que según lo establece el artículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales son titulares de poderes jurídicos, competencias y atribuciones que les pertenecen por sí mismas y que no devienen propiamente del traslado que se les haga de otros órganos estatales, para gestionar sus propios asuntos e intereses. De esta suerte, aunque se reconoce la existencia de un ordenamiento superior, igualmente se afirma la competencia de dichas entidades para actuar dentro del espacio que según dicha autonomía se les reconoce» (11) .

En otra ocasión precisó:

«4. El artículo 1º de la Carta reconoce la autonomía de las entidades territoriales como elemento integrante de una República unitaria y descentralizada. Esta Corte ha explicado que esta autonomía no se agota en la dirección política de las entidades territoriales sino que estas deben además gestionar sus propios intereses, con lo cual se concreta en un poder de dirección administrativa (12) (C.P., art. 287). Igualmente, en numerosas oportunidades (13) , esta Corte ha indicado que, en la medida en que Colombia es también una República unitaria (C.P., art. 1º), es necesario armonizar los principios de unidad y autonomía, por medio del reconocimiento del manejo autónomo por los municipios y departamentos de los intereses locales, pero la aceptación de la supremacía del ordenamiento nacional. Este equilibrio entre ambos principios se constituye entonces a través de limitaciones recíprocas. Así, la autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, con lo cual se reconoce la superioridad de las regulaciones del Estado unitario, pero esta normatividad (sic) nacional debe respetar el contenido esencial de la autonomía territorial, «que se constituye en el reducto mínimo que, en todo caso, debe ser respetado por el legislador» (14) . Este contenido esencial goza entonces de una garantía constitucional (15) . De esa manera se afirman los intereses locales y se reconoce la supremacía de un ordenamiento superior con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se explica en un contexto unitario (16) . Igualmente, esta Corte ha precisado que las entidades territoriales no solo tienen competencias propias, que son de la esencia de su autonomía, sino que poseen derechos y poderes exigibles y oponibles a las autoridades de los niveles superiores, lo que indudablemente supone un cambio cualitativo en la concepción de estos entes (17)(18) .

La Constitución Política concibe el municipio como la célula básica y primaria del Estado colombiano. Según el artículo 311 ídem, es «la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado».

Este principio, a su vez, se articula con el de eficiencia de la administración, puesto que la autonomía territorial permite un mayor acercamiento entre la persona y la administración pública. Se ha sostenido:

«La fuerza de la argumentación a favor de la autonomía regional, seccional y local radica en el nexo con el principio democrático y en el hecho incontrovertible de ser las autoridades locales las que mejor conocen las necesidades a (sic) satisfacer, las que están en contacto más íntimo con la comunidad y, sobre todo, las que tienen en últimas el interés, así sea político, de solucionar los problemas locales. Es el auto-interés operando, con tanta eficiencia como puede esperarse que lo haga el de cualquier actor económico en la economía de mercado. Cada departamento o municipio será el agente más idóneo para solucionar las necesidades y problemas de su respectivo nivel. Por esto el artículo 287 habla de la «gestión de sus intereses». Y esa es la razón por la cual se considera al municipio la piedra angular del edificio territorial del Estado (C.P., art. 311)» (19) .

El artículo 311 C.P. asigna a los municipios la satisfacción de las necesidades locales para lo cual deberá «prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes».

En concordancia con las citadas disposiciones de la Constitución, el artículo 313 ibídem establece las funciones de los concejos municipales, entre ellas la de reglamentar los usos del suelo (num. 7º).

El artículo 41 de la Ley 152 de 1994 dispuso que los municipios, además de los planes de desarrollo, «contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia». El Gobierno Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial.

Esta función está desarrollada en la Ley 388 de 1997, cuyos objetivos son, entre otros: i) el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes; ii) promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; iii) facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política (art. 1º).

El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: función social y ecológica de la propiedad; prevalencia del interés general sobre el particular, y distribución equitativa de las cargas y beneficios (L. 388/97, art. 2º).

Según el artículo 6º de esta ley, el ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:

i) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.

ii) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital.

iii) La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.

Dispone la misma norma que el ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras.

En los términos del artículo 9º de la Ley 388 de 1997 el plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. El plan se define como «el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo».

Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán:

i) Planes de ordenamiento territorial: Elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes;

ii) Planes básicos de ordenamiento territorial: Elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes;

iii) Esquemas de ordenamiento territorial: Elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.

Los planes de ordenamiento territorial deben contemplar tres (3) componentes: general, urbano y rural (art. 11); son obligatorios (art. 20), estarán vigentes mientras no sean revisados, y deben guardar armonía con el plan de desarrollo del municipio o distrito (art. 21).

Debe destacarse que las citadas funciones de ordenamiento territorial en manos de los municipios y distritos están sometidas a la Constitución y a la ley, por tratarse de manifestaciones de la autonomía territorial dentro de un Estado unitario.

En conclusión:

El artículo 151 C.P. que somete a reserva de ley orgánica «la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales» debe interpretarse sistemática y teleológicamente con las demás normas constitucionales con que coexiste y con sus desarrollos legales, pues su aplicación no puede aparejar desconocimiento de otras instituciones de igual rango constitucional, como es el ejercicio autónomo de las funciones de los municipios, entre las cuales está la de ordenamiento del territorio y de reglamentación de los usos del suelo (C.P., arts. 311 y 313-7).

Las competencias normativas que deben asignarse a las entidades territoriales por ley orgánica no son las que a estas les compete ejercer como atribución constitucional propia, como es el caso de la función de ordenamiento del territorio y de reglamentar los usos del suelo que les confieren los artículos 287 y 313-7, C.P.

La interpretación contraria debe descartarse, pues conduciría a restringir el reducto mínimo de la autonomía de las entidades territoriales.

El ordenamiento del territorio es una atribución constitucional que no está sometida a reserva de la ley orgánica de ordenamiento territorial. En tal virtud, la declaración de inexequibilidad del artículo 7º de la Ley 388 de 1997 no enerva la competencia del alcalde para expedir el plan de ordenamiento territorial del Distrito Capital de Bogotá, pues se trata de una atribución constitucional propia, no reservada a la ley orgánica de ordenamiento territorial (20) de que trata el artículo 288, C.P.

El decreto cuestionado conserva plena validez pese a la declaración de inexequibilidad del artículo 7º de la Ley 388 de 1997 pues este no constituía su fuente formal o material de validez, y en cambio tiene fundamento en normas constitucionales y legales que mantienen su vigencia en el ordenamiento jurídico.

El cargo no prospera.

2. Expediente 2002-0276.

• El cargo por violación de la competencia del Presidente de la República, de regulación normativa del sector de telecomunicaciones

Con miras a dilucidar este cargo, se imponen unas consideraciones previas en torno a las competencias que en materia de regulación de los servicios públicos, distribuye la Constitución Política entre los niveles central, municipal y departamental, ya que estas también son aplicables a los servicios públicos de telecomunicaciones.

Tales competencias deben ser enmarcadas, además, en los principios rectores que la Constitución proclama en materia de estructuración político-administrativa del Estado y de distribución territorial de poderes entre este y sus entidades territoriales.

• Las competencias concurrentes de regulación normativa de los distintos niveles territoriales en materia de servicios públicos

Así, por un lado, en materia de servicios públicos, la Constitución Política defiere al órgano legislativo del poder central una competencia de regulación normativa por la vía general. Las disposiciones pertinentes, preceptúan:

«ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones.

...

23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

«ART. 365.—Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley... En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios» (énfasis fuera de texto).

Por otro lado, los artículos 298, 300-1, 311 y 313-1 C.P. confieren en esta materia un poder regulador a las corporaciones públicas de elección popular de los ámbitos departamental y municipal. En efecto, según estas normas, compete a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas, y a los concejos municipales, «reglamentar... la eficiente prestación de los servicios» que la ley adscriba a la correspondiente entidad territorial.

Ahora bien, no debe perderse de vista que por disposición constitucional la función deferida por los artículos 300-1 y 298 a las asambleas departamentales, y por los artículos 311 y 313-1 a los concejos municipales para «reglamentar... la prestación de los servicios» debe entenderse circunscrita a lo que la Carta determine. Sobre este aspecto, deben recordarse las siguientes premisas, inherentes a la organización del Estado unitario con autonomía de sus entidades territoriales (C.P., art. 1º):

a) La autonomía de que gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses se enmarca dentro de los contornos que le fijen la Constitución y la ley (C.P., art. 287).

b) Conforme el artículo 288 ibídem, corresponde a la ley establecer los términos en los que, de acuerdo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los distintos niveles territoriales ejercerán las competencias que les son atribuidas por la Constitución.

Una interpretación teleológica y sistemática de los anteriores principios constitucionales conduce a la Sala a afirmar que en el campo de los servicios públicos la Carta Política instituyó una competencia concurrente de regulación normativa a favor de los niveles central, regional y local, que por su alcance y radio de acción puede caracterizarse así:

• A la ley le compete establecer por vía general el régimen jurídico de los servicios públicos, esto es, expedir el estatuto básico que defina sus parámetros generales y que regule sus demás aspectos estructurales (C.N., arts. 150-23 y 365).

• Es propio de los departamentos y municipios desarrollar la preceptiva legal por la vía del ejercicio de su competencia de regulación normativa, con miras a satisfacer las necesidades locales, teniendo en cuenta las peculiaridades propias de su ámbito territorial.

En otros términos, corresponde a las autoridades de estos niveles ejercer su competencia de regulación normativa para dar concreción y especificidad a la normación legal de modo que, con sujeción a sus parámetros, provean a la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos, según sean las características de las necesidades locales.

Tales competencias concurrentes son nítida expresión de la articulación de los niveles a partir de los cuales se organiza el Estado. De una parte, la ley, a través de su capacidad reguladora realiza la unidad jurídico-política de la República al fijar las condiciones aplicables por igual en todo el territorio nacional, sin que al hacerlo, desde luego, pueda cercenar o desconocer la facultad decisoria de que gozan las instancias regional y local, vale decir, la autonomía de estas para la gestión de sus propios intereses. De otro lado, las autoridades de los niveles departamental y municipal, al ejercer una facultad normativa complementaria y de desarrollo de la ley, singularizan y adaptan ese contenido normativo a las particulares condiciones de la unidad territorial, con lo cual expresan la diversidad, que se busca satisfacer con esta estructura institucional.

• El espectro electromagnético y los servicios públicos de telecomunicaciones

Según el artículo 75 C.P. el «espectro electromagnético» es un bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Es uno de los componentes del territorio colombiano (C.P., art. 101), que pertenece a la Nación (C.P., art. 102).

Los artículos 13 y 75 ídem garantizan a los operadores públicos y privados de los servicios de telecomunicaciones el derecho de acceso al uso del espectro electromagnético, en igualdad de oportunidades.

El Estado debe permitir el acceso a todos los posibles interesados que reúnan las condiciones de idoneidad técnica, económica y financiera que permitan asegurar la óptima ejecución del objeto de la concesión que se pretende adjudicar (21) .

Por el aspecto técnico, el espectro electromagnético es una franja de espacio alrededor de la tierra a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o visuales. Su importancia radica en su aptitud para transportar información e imágenes a corta y larga distancia.

También ha sido entendido como el conjunto de las frecuencias de radiación electromagnética.

La Unión Internacional de Radiocomunicaciones (UIT) define las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión, servicios móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos como un concepto dinámico «pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o disminuyen) rangos de frecuencia utilizados en comunicaciones». Síguese que su noción «corresponde al estado de avance tecnológico» (22) .

La jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que el acceso al espectro electromagnético no se rige por libre iniciativa, en la medida en que, por tratarse de un bien público, la gestión del espectro está sujeta a una especial regulación por el Estado (23) .

Así mismo, el espectro electromagnético, como bien público inenajenable e imprescriptible, no se integra a la gestión patrimonial ni a la autonomía negocial de los particulares. Tampoco los particulares pueden adquirir su dominio mediante prescripción, pues así lo determinó el Constituyente (24) .

El espectro electromagnético está sujeto a la gestión y control del Estado. Este tipo de intervención estatal «responde al ejercicio de la potestad del Estado para regular lo que está dentro de su territorio, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagnético y evitar las prácticas monopolísticas» (25) .

Siendo el espectro electromagnético elemento esencial para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, el Estado ejerce una significativa intervención orientada a dar cumplimiento a sus fines y hacer realidad los principios superiores en los servicios públicos y garantizar su utilización racional, equitativa, eficaz y económica (26) .

El Estado debe intervenir con el fin de facilitar el acceso equitativo y la utilización racional de ese bien natural, garantizar la disponibilidad y la protección contra toda interferencia perjudicial de las frecuencias designadas para fines de socorro y seguridad, contribuir a la prevención y resolución de casos de interferencia perjudicial para la prestación del servicio de telecomunicaciones y facilitar el funcionamiento efectivo de todos los servicios de telecomunicaciones.

De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Para el efecto el mismo artículo dispone que, no obstante que puedan ser prestados directa o indirectamente por el Estado, o por comunidades organizadas o por particulares, el Estado mantendrá, en todo caso, «... la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios».

Lo anterior comporta que cuando el Estado delega en particulares la prestación de un servicio público, si bien da paso a la concurrencia de estos en el ámbito de la libertad económica, mantiene el deber de intervenir para que tal concurrencia sea compatible con las finalidades del servicio público. En Sentencia C-616 de 2001, se sostuvo:

«Adicionalmente la libertad económica permite también canalizar recursos privados, por la vía del incentivo económico, hacia la promoción de concretos intereses colectivos y la prestación de servicios públicos. En esa posibilidad se aprecia una opción, acogida por el Constituyente, para hacer compatibles los intereses privados, que actúan como motor de la actividad económica, con la satisfacción de las necesidades colectivas.

Por ello el Constituyente expresamente dispuso la posibilidad de la libre concurrencia en los servicios públicos, los cuales pueden prestarse por el Estado o por los particulares, cada uno en el ámbito que le es propio, el cual, tratándose de estos últimos, no es otro que el de la libertad de empresa y la libre competencia.

Sin embargo la Constitución ha previsto, para la preservación de valores superiores, la posibilidad y la necesidad de que el Estado ejerza labores de regulación, vigilancia y control, a través de una serie de instrumentos de intervención con los cuales se controlan y limitan los abusos y deficiencias del mercado. Dicha intervención es mucho más intensa precisamente cuando se abre la posibilidad de que a la prestación de los servicios públicos concurran los particulares».

• Los cargos

Tanto la definición que de los componentes del servicio de telecomunicaciones hace el artículo 212 del Decreto 619 de 2000 como la determinación de los objetivos de la intervención, que es el contenido normativo consignado en el artículo 213 ídem, deben interpretarse sistemáticamente con las demás disposiciones de la Ley 388 de 1997, y en particular con aquellas que establecen los objetivos del ordenamiento territorial.

Esa interpretación pone de manifiesto su exacto alcance, y evidencia que tanto la definición de los componentes del sistema de telecomunicaciones como los objetivos de la intervención de las autoridades municipales, tienen incidencia en el ordenamiento del suelo, atendida la circunstancia de que los servicios de telecomunicaciones usan el suelo y el espacio público del Distrito Capital de Bogotá para instalar o ubicar elementos de la infraestructura requerida para comunicar y trasmitir señales, como son las antenas de telefonía, las torres y las redes de conducción, lo que explica que las autoridades ejerzan las competencias de regulación normativa para fijar elementos que condicionen la expedición de licencias de uso o las autorizaciones para la ocupación temporal del espacio público.

De ahí que el parágrafo del artículo 213 ídem disponga que respecto de la infraestructura de telecomunicaciones, el Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA), el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) y los propietarios de antenas, concertarán un programa de desarrollo para el sector de las telecomunicaciones, que apunte a la centralización de las estructuras de telecomunicación de largo alcance, evitando su dispersión a través del sistema orográfico y congregando varios usuarios y tecnologías en no más de tres áreas dentro del sistema orográfico del Distrito Capital. De ninguna manera se podrán ubicar fragmentando o alterando relictos de vegetación nativa.

Concluye la Sala que el contenido normativo de los artículos 212 y 213 del Decreto 619 de 2000 en materia de infraestructura del sistema de telecomunicaciones en nada interfiere o desconoce el ámbito material de la competencia de formulación de la política del sector de telecomunicaciones, que compete al Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Comunicaciones y de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 20 de septiembre de 2007».

(9) Sentencia C-540 de 2001

(10) Ver, entre otras, las sentencias C-478 de 1992 y C-517 de 1992.

(11) Sentencia C-579 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; salvamento de voto de Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra; salvamento parcial de voto de Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; aclaración de voto de Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.

(12) Sentencia Corte Constitucional C-535 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Ver, entre otras, las sentencias C-478 de 1992, C-517 de 1992, C-004 de 1993, C-534 de 1996 y C-535 de 1996.

(14) Sentencia C-004 de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón. Consideración de la Corte C-2-c.

(15) Ver, entre otras, las sentencias C-004 de 1993, C-534 de 1996 y C-535 de 1996.

(16) Sentencia Corte Constitucional C-478 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(17) Sentencia Corte Constitucional C-126 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(18) Sentencia C-643 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(19) Sentencia C-478 del 6 de agosto de 1992, M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.

(20) Cfr. Supra, p.

(21) Sentencia C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En relación con la igualdad de acceso que asiste a los particulares para acceder al espectro electromagnético puede consultarse igualmente las sentencias C-838 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Gálvis y C-038 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(22) Dictamen rendido por un experto dentro del proceso que dio lugar a la Sentencia C-310 de 1996 de la Corte Constitucional. Sentencia C-369 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(23) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(24) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-081 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(25) Corte Constitucional. Sentencia C-081 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta sentencia también se señaló que la gestión estatal en el uso del espectro electromagnético tiene como finalidad, mantener las condiciones óptimas que hagan posible la transmisión de información, el pluralismo informativo y la competencia.

(26) Corte Constitucional. Sentencia C-838 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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