Sentencia 8692 de octubre 4 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN SANCIÓN

RÉGIMEN A PARTIR DE LA LEY 100

EXTRACTOS: «Se procede al estudio del cargo, teniendo en cuenta la sala que el impugnante acusa también la infracción directa del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, y, en efecto, el fallo gravado ignoró por completo este precepto cuyo tenor es como sigue:

“El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, quedará así:

El trabajador no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.

Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión se pagará cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre, o cincuenta (50) años de edad si es mujer, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido.

La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado.

PAR. 2º—Las pensiones de que trata el presente artículo podrán ser conmutadas con el Instituto de Seguros Sociales.

PAR. 3º—A partir del 1º de enero del año 2014 las edades a que se refiere el presente artículo, se reajustarán a sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios”.

Se concreta el cargo a la petición relacionada con la pensión sanción, cuyo derecho, a juicio del recurrente, se origina en la norma transcrita, toda vez que los supuestos fácticos de ésta coinciden con los del fallo impugnado, vale decir, que el actor trabajó para la demandada del 9 de abril de 1979 al 16 de septiembre de 1994, sin solución de continuidad, que fue despedido sin justa causa y no estuvo afiliado al sistema general de pensiones porque la empleadora lo desafilió del Instituto de Seguros Sociales desde el año de 1990 cuando tenía cotizadas 1.049 semanas.

La sala de instancia denegó la pensión sanción a cargo de la demandada, argumentando que, “si bien es cierto que no le cotizó desde 1990, también lo es que según las normas aplicables al momento de la desvinculación, el trabajador puede reclamar al Instituto de Seguros Sociales su pensión de vejez cuando cumpla la edad, pues las cotizaciones llenan las expectativas que disponen las reglas que establecen los presupuestos para poder acceder a la pensión de vejez”.

En efecto, como también lo expuso el ad quem, la pensión restringida o proporcional que fue consagrada inicialmente por el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, tuvo desde su origen el propósito de sustituir la pensión plena a quien ya había laborado para un mismo patrono un tiempo considerable pero no alcanzaba a completar el requerido para merecerla.

Inicialmente, el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo estableció el derecho únicamente para el trabajador despedido sin justa causa después de quince años de servicios, en cuantía “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la pensión de jubilación que le hubiere correspondido en caso de reunir todos los requisitos para gozar de esta última”, de donde debe entenderse que excluía a quienes ya reunían tales condiciones.

Posteriormente, la Ley 171 de 1961, derogó el artículo 267 del Código Laboral y estableció en el artículo 8º tres pensiones especiales: la primera, en caso de despido sin justa causa con más de diez años de servicio y menos de quince; la segunda, a partir de los 60 años de edad, para los trabajadores que renunciaren voluntariamente después de quince años de vinculación laboral con la misma empresa; y la tercera, para quienes fueren despedidos sin justa causa después de quince años de dichos servicios, indicando en el inciso tercero que: “la cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena...”. Con esta pauta y con la que se infiere de la pensión especial a los 60 años para el caso de renuncia voluntaria, no podía entenderse sino que las pensiones especiales allí establecidas sólo eran para los trabajadores que aun no habían completado los veinte años de servicios porque de lo contrario la renuncia voluntaria no impediría el goce de la pensión plena a los cincuenta años de edad las mujeres y a los cincuenta y cinco los hombres, como se hallaba previsto en el artículo 260 del Código Laboral a más de que no había razón para liquidar una pensión proporcional a quien ya había completado los veinte años de servicio y contaba con las cotizaciones de ley.

Con ese entendimiento, esta sala de la Corte en jurisprudencia constante y permanente, dada la naturaleza jurídica de la pensión restringida de jubilación consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, tiene declarado que no rige cuando el despido no impide al trabajador adquirir el derecho a la pensión plena de jubilación.

Más tarde, lo preceptuado por el Acuerdo 029 de 1985 inspiró la interpretación jurisprudencial de que “no podía seguirse considerando que la llamada pensión sanción tuviera estrictamente una naturaleza distinta a la pensión de vejez”, pues, desde entonces el empleador únicamente estuvo obligado a pagar la pensión sanción hasta el momento en el cual el Instituto de Seguros Sociales comenzaba a pagar la de vejez, quedando por cuenta de aquel el mayor valor, si lo hubiere, entre la cantidad reconocida por el instituto y la correspondiente a la pensión a cargo de la empresa.

Con la vigencia de la Ley 50 de 1990, el derecho en alusión quedó restringido a los trabajadores no afiliados al Instituto de Seguros Sociales, ya por falta de cobertura o por omisión del empleador; y para los casos en que el trabajador afiliado no alcanzaba a reunir el número de semanas de cotización requeridas para la pensión mínima de vejez, después del mismo tiempo de servicios, dispuso que el empleador pagara “el valor de las cotizaciones que faltaren al Instituto de Seguros Sociales” para que el trabajador adquiriera el derecho a la misma.

En virtud de la normatividad actualmente vigente, que, como bien lo observa la impugnación no es otra diferente a la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias y complementarias, sólo subsiste el derecho que se examina para los trabajadores no afiliados al sistema general de pensiones por omisión del empleador y, lo previsto en el inciso tercero del artículo 133, no deja duda de que se aplica únicamente al trabajador que no reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez. O sea que, al igual que las normas que le precedieron, su teleología conduce a que el derecho a la pensión sanción está consagrado para los trabajadores que, por culpa del empleador, no alcancen a cumplir los requisitos mínimos indispensables para disfrutar de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida (el demandante puede reclamarla cuando acredite haber cumplido los 60 años de edad de conformidad con el artículo 33 de la misma ley), régimen al cual le son aplicables “las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones” contenidas en la Ley 100 de 1993 (art. 31).

En síntesis, aun cuando la acusación del impugnante es fundada en cuanto a que el fallo del tribunal ignoró la norma aplicable al caso controvertido, el cargo no puede tener prosperidad toda vez que, como tribunal de instancia, la Corte llegaría a la misma decisión, luego de reiterar la orientación jurisprudencial anotada, frente al artículo 133 de la Ley 100 de 1993, puesto que no existen motivos para su modificación o rectificación sino que, por el contrario, la finalidad de la pensión sanción sigue siendo la de impedir que, con el despido sin justa causa, quede trunco para el trabajador el derecho a obtener su pensión de vejez cuando ha laborado diez años o más para el mismo empleador y no lo hubiere afiliado a la seguridad social».

(Sentencia de casación, octubre 4 de 1996. Radicación 8692. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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