Sentencia 8704 de marzo 27 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 8704

Actor: Yudy Francisca Amaya Barrera

Acción de nulidad del inciso 1º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 707 del 28 de abril de 1995, expedido por el Gobierno Nacional.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo veintisiete de mil novecientos noventa y ocho.

Fallo

(...).

La norma acusada

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales y, en especial la que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional, expidió el Decreto 707 del 28 de abril de 1995, para reglamentar el pago de la contribución especial por concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, disponiendo en el artículo 5º, con subraya del inciso demandado, lo siguiente:

“ART. 5º—Periodicidad del pago. A partir del año 1996, el pago de la contribución especial se efectuará en dos cuotas semestrales, cada una equivalente al 50% del valor de la misma, en los primeros diez (10) días de los meses de febrero y julio de cada año.

PAR. 1º—En la segunda cuota, las entidades deberán cancelar el saldo del valor de la contribución que arroje la autoliquidación definitiva con los ajustes que haya sido necesario realizar.

PAR. 2º—El valor de la contribución especial deberá ser cancelado por los contribuyentes a través de la entidad financiera que para el efecto señale la comisión, en los plazos establecidos en el presente decreto. En caso de incumplimiento se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata la Ley 142 de 1994”.

(...).

Consideraciones de la Sala

Se solicita mediante la presente acción de nulidad del inciso 1º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 707 de 1995 por medio del cual el Presidente de la República reglamentó el pago de la contribución especial por concepto del servicio de regulación a la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por ser contrario a normas constitucionales y legales.

Alega la actora que la disposición demandada expedida por el Presidente de la República contraría el artículo 85 numeral 6 de la Ley 142 de 1994 al establecer un plazo diferente para el pago de la contribución especial que por el concepto del servicio de regulación deben pagar las entidades de que trata la mencionada ley, por lo que excedió su facultad reglamentaria al no permitir la ejecución correcta de la ley.

El Congreso de la República mediante la Ley 142 de julio 11 de 1994, estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios y en su Capítulo V sobre presupuesto y contribuciones para las comisiones y la Superintendencia de Servicios Públicos, dispuso en el artículo 85 que las entidades sometidas a la regulación, control y vigilancia de cada comisión y del Superintendente, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año, ello con el fin de recuperar los costos en que incurran las comisiones y la Superintendencia, liquidación y pago que se debe hacer conforme a las siguientes reglas:

“85.1. Para definir los costos de los servicios que presten las comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.

85.2. la superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.

La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquél en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.

85.3. Si en algún momento las comisiones o la superintendencia tuvieran excedentes, deberán reembolsarlos a los contribuyentes, o abonarlos a las contribuciones del siguiente período, o transferirlos a la Nación, si las otras medidas no fueran posibles.

85.4. El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente, en cuanto a los costos de regulación, se hará teniendo en cuenta los costos de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos de vigilancia, atendiendo a los de la superintendencia.

85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la superintendencia.

85.6. Una vez en firma las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata esta ley....”.

Ahora bien, el Decreto 707 de 1995 entre otros aspectos reglamentó los criterios para la liquidación de la contribución por concepto del servicio de regulación y estableció los términos para presentar los estados financieros de las entidades contribuyentes a la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, acompañados de una autoliquidación debidamente ajustada con base en los resultados definitivos que hayan arrojado los mismos.

En efecto, en el artículo 3º ibídem, consagró el plazo perentorio del día treinta (30) de abril de cada vigencia fiscal para la presentación de forma oficiosa por parte de la entidad contribuyente de sus estados financieros junto con la autoliquidación, y dispuso en el artículo 4º lo siguiente:

“Liquidación definitiva. Con base en las estados financieros de que trata el artículo precedente, la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico efectuará una revisión y análisis de la autoliquidación ajustada y, de encontrarla no ceñida a los términos establecidos en los actos administrativos correspondientes, procederá en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de los estados financieros, a hacer el pronunciamiento escrito correspondiente y a exigir que se realicen los ajustes a que haya lugar.

PAR. 1º—Si en el término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de los estados financieros, la comisión no se ha pronunciado, la autoliquidación que tenía el carácter de provisional, se entenderá como liquidación en firme y definitiva”.

En cuanto a la periodicidad del pago, estableció en el artículo 5º que a partir del año 1996, el pago de la contribución especial se efectuará en dos cuotas semestrales, cada una equivalente al 50% del valor de la misma, en los primeros diez (10) días de los meses de febrero y julio de cada año, debiéndose cancelar en la segunda cuota el saldo del valor de la contribución que arroje la autoliquidación definitiva con los ajustes que haya sido necesario realizar.

De acuerdo a la anterior disposición se observa entonces que a partir de 1996, las entidades contribuyentes dentro de los primeros diez (10) días del mes de febrero de cada año debe cancelar el 50% del valor de la contribución, constituyéndose por tanto esa cuota en un anticipo, que en materia tributaria siempre se ha entendido como una forma de pago o recaudo, complementado posteriormente con el pago del saldo, por lo que en este aspecto la Sala no encuentra ilegalidad de la norma demandada.

Ahora bien, en cuanto al saldo del valor de la contribución que el decreto ordena cancelar en los primeros diez ( 10) días del mes de julio de cada año, observa la Sala que evidentemente contraria lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pues establece un plazo diferente al consagrado en esta norma que dispone que “una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente”.

En efecto, analizados algunos casos que pudieran presentarse en el procedimiento de liquidación y pago de la contribución especial, encuentra la Sala que evidentemente el plazo que establece el reglamento recorta o excede el plazo que consagra la ley reglamentada, por lo que se hace necesario declarar su nulidad, por cuanto si bien podía el ejecutivo establecer un anticipo a manera de recaudo de la mencionada contribución, no podía establecer un tope máximo diferente al establecido en la ley para la cancelación total de esa contribución.

Considera así la Sala que una disposición como la que se estudia en el sub lite es abiertamente ilegal y contraria a todas luces de la disposición que reglamenta.

Siendo así las cosas, para la Sala se presentan las violaciones alegadas por la actora, toda vez que el reglamento expedido por el Presidente de la República, no lo fue con sujeción a la ley y por ello no permite su cumplida ejecución, como lo ordenan los artículos 189 numeral 11, 365 inciso 2º y 370 de la Constitución Nacional invocados en la demanda, pues siendo los servicios públicos una finalidad social del Estado deben someterse al régimen jurídico que fije la ley y por ello el Presidente al señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia, debe hacerlo con sujeción a ella, tal como lo reguló el constituyente en el capítulo V del título XII de nuestra Constitución Política de 1991.

En el anterior orden de ideas sólo se encuentra contradicción con la ley, en la parte en que la norma demandada ordena la cancelación del saldo del valor de la contribución especial en los primeros diez (10) días del mes de julio de cada año, sin embargo se procederá a declarar la nulidad total del inciso 1º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 707 del 28 de abril de 1995, por cuanto por razones de gramática y comprensión de la norma, se hace impropio una declaratoria de nulidad parcial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del inciso 1º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 707 del 28 de abril de 1995, expedido por el Presidente de la República y “por el cual se reglamenta el pago de la contribución especial por concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico, de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994”. Cuyo texto es el que sigue:

“ART. 5º—Periodicidad del pago. A partir del año 1996, el pago de la contribución especial se efectuará en dos cuotas semestrales, cada una equivalente al 50% del valor de la misma, en los primeros diez (10) días de las meses de febrero y julio de cada año”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese, cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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