SENTENCIA 8710 DE FEBRERO 3 DE 1994

 

Sentencia 8710 de febrero 3 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

OPERACIONES DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO

DEBER DE SOPORTAR ALGUNOS PERJUICIOS

EXTRACTOS: «De la prueba aportada al proceso se vivencia que el demandante fue retenido el día cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa (1990), cuando se encontraba reunido con varios dirigentes sindicales en la sede del sindicato de Good Year, al efectuarse una diligencia de allanamiento en desarrollo de la “operación relámpago”, desplegada por las autoridades militares, como bien lo recuerda el señor Procurador Judicial 20 ante el Tribunal, en el concepto de fondo que obra a folios 57 y siguientes del cuaderno número 1.

Del informe que el día ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa (1990) rindió el Jefe de Policía Judicial al Comandante de la Tercera Brigada (cuaderno número 1, folio 7), se desprende que a todos los retenidos se les concedió la libertad, por no obrar cargos en su contra y no registrar antecedentes. En lo pertinente de tal documento se destaca: “...se les concedió la libertad, cumplidas las 24 horas de permanecer retenidos en las instalaciones...”.

No obra dentro del informativo prueba alguna que demuestre que al demandante se le hubiese sometido a torturas físicas y psicológicas por parte de la Tercera Brigada. Tampoco se aprecia que la autoridad se hubiese extralimitado en el ejercicio de sus funciones. De lo relatado en el punto cuarto de la causa petendi se sabe que la diligencia de allanamiento se cumplió por comisión del Juzgado 17 de Instrucción Criminal Penal Militar y tenía “...como objetivo la búsqueda de armas y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas e interceptar miembros del Ejército de Liberación Nacional, según la motivación presentada por el mayor Orlando Alvarado Acero para obtener la orden de cateo...”. Así las cosas, ¿cómo concluir que se dio la falla del servicio? ¿En qué estuvo desfasada la administración? ¿En qué punto se registró un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio? ¿En qué puntos se vivencia un comportamiento anormal de sus agentes? En el caso en comento no se aprecia, por parte alguna, la antijuridicidad del perjuicio, que como lo enseña el profesor Jesús Leguina Villa, es fundamental para que nazca la obligación de indemnizar. En lo sustancial de su exposición el citado tratadista afirma:

“No todos los perjuicios ni todas las detracciones patrimoniales que la administración causa a terceros adquieren la condición de perjuicios o lesiones indemnizables de los que aquella deba responder. Para que ello ocurra, es decir, para que un quebranto patrimonial sufrido por un particular revista el carácter de perjuicio indemnizable es preciso que concurran ciertos requisitos. Entre ellos, y en primer lugar, la antijuridicidad del perjuicio” (La responsabilidad civil de la administración pública, pág. 335).

Dentro de la perspectiva jurídica anterior, aplicable al derecho administrativo colombiano, a la luz del artículo 90 de la Constitución Nacional, el Estado sólo está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Pero en este momento del discurso judicial se impone recordar que todos los ciudadanos tienen que soportar las dificultades y los daños que el control de la situación de orden público les pueda causar, en situaciones como la que dio origen al presente proceso. La ley permite, en ciertos casos, la retención de las personas, el allanamiento, la requisa, la detención preventiva de los ciudadanos, etc., etc. Es indudable que con todas esas conductas, permitidas por el ordenamiento positivo, se pueden causar perjuicios a las personas, pero en tales eventos, la víctima tiene el DEBER DE SOPORTARLAS. Por ello se enseña que, en tales eventos, el perjuicio no es antijurídico y, por lo mismo, la administración no está obligada a repararlo.

No hay dentro del proceso prueba alguna que permita concluir que hubo falla del servicio. No se recepcionó ni un sólo testimonio, no se aportó documento alguno, distinto de los ya apreciados, que permita proferir una sentencia de condena».

(Sentencia de febrero 3 de 1994. Expediente 8710. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta).

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