Sentencia 8715 de diciembre 11 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 8715

Consejero Ponente:

Doctor Julio Enrique Correa Restrepo

Actor: Juan Rafael Bravo Arteaga

Acción pública de nulidad

Decreto Reglamentario 2141 de 1996 del Gobierno Nacional 

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el ciudadano Juan Rafael Bravo Arteaga demanda la nulidad parcial de los artículos 1º y 14 y en su totalidad los artículos 32 y 33 del Decreto Reglamentario 2141 de 1996, expedido por el Gobierno Nacional.

El acto acusado

La demanda recae sobre los apartes que se subrayan de los artículos 1º y 14 y la totalidad de los artículos 32 y 33 del Decreto Reglamentario 2141 de 1996, cuyo texto es el siguiente:

“DECRETO NÚMERO 2141 DE 1996

(Noviembre 25)

“Por el cual se reglamentan los capítulos VII, VIII, IX, X y XI, el artículo 257 de la Ley 223 de 1995, y se dictan otras disposiciones.

“El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política,

DECRETA:

(...).

ART. 1º—Base gravable de productos nacionales. En relación con los impuestos al consumo de:

“a) Cervezas, sifones, refajos y mezclas;

b) Licores, vinos y aperitivos similares, salvo los de graduación alcoholimétrica de más de 20º y hasta 35º, y

c) Cigarrillos y tabaco elaborado.

La base gravable está constituida por el precio de venta al detallista. Se entiende por precio al detallista aquel que, sin incluir el valor del impuesto al consumo, fija el productor, según la calidad, contenido y presentación de los productos, a los vendedores o expendedores al detal, en la capital del departamento donde esté situada la fábrica. Dicho precio debe reflejar los siguientes factores, valuados de acuerdo con las condiciones reales del mercado: el precio de fábrica o a nivel del productor, y el margen de comercialización desde la salida de fábrica hasta su entrega al expendedor al detal.

El precio de venta al detallista fijado por el productor para efectos de la liquidación los (sic) impuestos al consumo debe ser único para la capital del departamento sede de la fábrica, según tipo específico de producto. Cuando el productor establezca precios diferenciales o conceda descuentos o bonificaciones teniendo en cuenta el volumen de ventas u otras circunstancias similares, el precio de venta al detallista que debe fijar para efectos de la liquidación de los impuestos al consumo será el mayor entre los distintos que haya establecido, sin deducir los descuentos o bonificaciones.

Los productores discriminarán en la factura el precio de fábrica, el precio de venta al detallista y el valor del impuesto al consumo correspondiente.

Los productores de cervezas, sifones, refajos y mezclas de productos fermentados con bebidas no alcohólicas fijarán el precio de facturación al detallista en la forma indicada en este artículo y en su declaración discriminarán para efectos de su exclusión de la base gravable, el valor correspondiente a los empaques y envase, cuando éstos formen parte del precio total de facturación”.

“ART. 14.—Reenvíos de productos nacionales. Para el diligenciamiento de los reenvíos de productos nacionales en las declaraciones ante los departamentos y el Distrito Capital, se requiere que las operaciones se encuentren debidamente respaldadas en la contabilidad del responsable y que los productos hayan sido declarados y pagados en declaraciones anteriores y se haya efectuado la legalización de la respectiva tornaguía en la entidad territorial de destino”.

“ART. 32.—Sanción por no declarar impuesto al consumo. Sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes, la sanción por no declarar de que trata el artículo 643 del estatuto tributario será el veinte por ciento (20%) del valor total de las operaciones de ventas realizadas por el responsable en el período o períodos, o el veinte por ciento (20%) de los costos y gastos en que haya incurrido el responsable durante el período o períodos dejados de declarar.

Cuando la administración tributaria disponga solamente de una de las bases señaladas en este numeral para aplicar la sanción, podrá aplicarla sobre ésta sin necesidad de calcular la otra. En el caso de que disponga de la información sobre ambas bases utilizará la que genere el mayor valor”.

“ART. 33.—Sanción por extemporaneidad en el registro. Los responsables de los impuestos al consumo obligados a registrarse ante las secretarías de hacienda de los departamentos y del Distrito Capital que se inscriban con posterioridad al plazo establecido en el literal a) del artículo 215 de la Ley 223 de 1995 deberán liquidar y cancelar una sanción equivalente a cien mil pesos ($ 100.000) por cada mes o fracción de mes de retardo en la inscripción.

Cuando la inscripción se haga de oficio, existiendo obligación legal para registrarse, se aplicará una sanción de doscientos mil pesos ($ 200.000) por cada mes o fracción de retardo en la inscripción.

Los valores de las sanciones establecidos en el presente artículo se actualizarán de la forma prevista el artículo 668 del estatuto tributario”.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponda a la Sala decidir sobre la legalidad de los artículos 1º, 14, 32 y 33 del Decreto 2141 de 1996, en los apartes acusados, precisando para el efecto si existió o no exceso en a potestad reglamentaria como se afirma en la demanda, con fundamento en que tales disposiciones establecen requisitos no previstos en las normas legales cuya reglamentación se pretende.

Sobre la facultad reglamentaria que asiste al Presiente de la República, en virtud del mandato constitucional previsto en el artículo 189 numeral 11 de la Carta Política, ha considerado la corporación que sus alcances y límites están enmarcados dentro de los criterios de competencia y necesidad, entendiéndose que el campo de acción del gobierno tiene como finalidad la cumplida ejecución de la ley mediante la expedición de los actos necesarios, delimitados estos, por el texto y contenido implícito de la ley. De manera que no puede el Presidente de la República utilizar la facultad reglamentaria para modificar, limitar o extender su contenido a situaciones no previstas por el legislador, pues en tal circunstancia el reglamento incurre en violación no sólo de la norma legal reglamentada, sino de la norma constitucional que la consagra.

Desde esta óptica procede la Sala a estudiar los cargos formulados por el accionante, que parten del exceso de la potestad reglamentaria del ejecutivo al expedir el decreto reglamentario acusado, los cuales serán decididos desde la perspectiva antes mencionada.

1. Base gravable.

Según los artículos 189, 205 y 210 de la Ley 223 de 1995, la base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos; licores, vinos y aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado, tratándose de productos nacionales, está constituida por el precio de venta al detallista en la siguiente forma:

A. Cervezas, sifones y refajos - artículo 189.

“En el caso de la producción nacional, los productores deberán señalar precios para la venta de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas a los vendedores al detal, de acuerdo con la calidad y contenido de las mismas, para cada una de las capitales de departamento donde se hallen ubicadas fábricas productoras. Dichos precios serán el resultado de sumar los siguientes factores:

a) El precio de venta al detallista, el cual se define como el precio facturado a los expendedores en la capital del departamento donde está situada la fábrica, excluido el impuesto al consumo, y

b) El valor del impuesto al consumo”.

B. Licores, vinos aperitivos y similares - artículo 205.

a) Para los productos nacionales, el precio de venta al detallista se define como el precio facturado a los expendedores en la capital del departamento donde está situada la fábrica, excluido el impuesto al consumo”.

C. Cigarrillos y tabaco elaborado - artículo 210.

“a) Para los productos nacionales, el precio de venta al detallista se define como el precio facturado a los expendedores en la capital del departamento donde está situada la fábrica, excluido el impuesto al consumo”.

Se tiene entonces que según los términos de la ley, la base gravable del impuesto al consumo en relación con los productos nacionales a que se ha hecho referencia está constituida por el precio de venta al detallista, el cual se define como el precio facturado a los expendedores en la capital del departamento donde se encuentra ubicada la fábrica productora, excluido el impuesto al consumo.

La anterior definición es acogida en los mismos términos por el Decreto Reglamentario 2141 de 1996, cuando en su artículo 1º expresa:

“La base gravable está constituida por el precio de venta al detallista. Se entiende por precio al detallista aquel que, sin incluir el valor del impuesto al consumo, fija el productor, según la calidad, contenido y presentación de los productos, a los vendedores o expendedores al detal, en la capital de departamento donde esté situada la fábrica”.

Adicionalmente, precisa el reglamento los factores que deben reflejarse en el “precio de venta al detallista”, en los siguientes términos:

“Dicho precio debe reflejar los siguientes factores, valuados de acuerdo con las condiciones reales del mercado: el precio de fábrica o a nivel del productor y el margen de comercialización desde la salid de fábrica hasta su entrega al expendedor al detal”.

De acuerdo con los términos del reglamento, el precio de fábrica y el margen de comercialización no constituyen conceptos adicionales al precio de venta al detallista, sino sus componentes, ya que usualmente el precio de venta del productor al distribuidor detallista al detal involucra la recuperación del costo de fabricación, así como el costo de distribución, sin importar la cadena o canal de distribuidores que intervengan entre el productor y el detallista, de manera que lo que pretende el reglamento es desagregar los factores que hacen parte del precio de venta al detallista, que es precisamente el concepto previsto por el legislador para definir la base gravable del impuesto al consumo de los productos nacionales referenciados.

Se tiene entonces que la norma reglamentaria en la expresión acusada, no conlleva una modificación respecto de la base gravable definida en la ley como el precio de venta al detallista, pues los factores que dice el reglamento deben reflejarse en el mismo, están implícitamente contenidos en dicho concepto. Siendo ello así, habrá de reconocerse su legalidad, negándose la prosperidad del cargo.

2. Precios diferenciales.

Retomando las normas legales anteriormente transcritas, relativas a la base gravable del impuesto al consumo, se deduce claramente que la ley se refiere a un precio de venta al detallista único por departamento, donde se hallen ubicadas las fábricas productoras.

Luego si la norma superior no establece precios diferenciales y por supuesto tampoco señala que el impuesto al consumo deba liquidarse sobre el precio más alto, es claro que la expresión contenida en el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 2141 de 1996, según la cual, cuando el productor “establezca precios diferenciales”, el precio de venta al detallista será el mayor establecido, está modificando los términos de la ley reglamentada, excediendo con tal procedimiento los límites de la facultad reglamentaria, razón que estima suficiente la Sala para dar prosperidad al cargo.

3. Requisitos de la factura.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 194 de la Ley 223 de 1995, los productores e importadores de productos gravados con el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos; licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco alebrado, tienen entre otras, la obligación de:

“Expedir factura correspondiente con el lleno de todos los requisitos legales, conservarla hasta por dos años y exhibirla a las autoridades competentes cuando les sea solicitada. Los expendedores al detal están obligados a exigir la factura al distribuidor, conservarla hasta por dos años y exhibirla a las autoridades competentes cuando les sea solicitada”.

La norma transcrita, en concordancia las disposiciones contenidas en los artículos 215 y 221 ib. al exigir la expedición de la factura con el lleno de los requisitos legales para los responsables del impuesto al consumo, implican una remisión tácita a las exigencias previstas en los artículos 617 y 618 del estatuto tributario para la factura de venta, entre las cuales está la discriminación del valor total de la operación y el valor del impuesto liquidado sobre la misma.

El inciso 3º del artículo 1º Decreto 2141 de 1996, dispone: “los productores discriminarán en la factura el precio de fábrica, el precio de venta al detallista y el valor del impuesto al consumo correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, no encuentra la Sala que el reglamento viole las normas legales a que se ha hecho referencia, pues los factores precio de fábrica y precio de venta al detallista, que según el reglamento deben discriminarse en la factura, corresponden al valor de la operación tratándose del impuesto al consumo, requisito previsto en el literal g) del artículo 617 del estatuto tributario y la discriminación del correspondiente impuesto a la exigencia expresa que hace el artículo 618 ibídem.

Siendo ello así, se considera infundado el cargo y se reconoce la legalidad del reglamento en la expresión acusada.

4. Tornaguía.

En relación con el cambio de destino de los productos gravados con el impuesto al consumo de que trata el capítulo VII de la Ley 223 de 1995, previó el legislador lo siguiente:

“ART. 215...

“PAR. 1º—El transportador está obligado a demostrar la procedencia de los productos. Con este fin, deberá portar la respectiva tornaguía, o el documento que haga sus veces, y exhibirla a las autoridades competentes cuando le sea requerida”.

“ART. 219.—Sistema único nacional de control de transporte. “El Gobierno Nacional reglamentará la adopción de un sistema único nacional para el control del transporte de productos generadores de los impuestos al consumo de que trata este capítulo”.

“ART. 220.—Responsabilidad por cambio de destino. “Si el distribuidor de los productos gravados con el impuesto al consumo de que trata el presente capítulo modifica unilateralmente el destino de los mismos, deberá informarlo por escrito al productor o importador dentro de los cinco días hábiles siguientes al cambio de destino a fin de que el productor o importador realice los ajustes correspondientes en su declaración de impuesto al consumo o en su sistema contable.

En caso de que el distribuidor omita informar el cambio de destino de los productos será el único responsable por el pago del impuesto al consumo ante el departamento o el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en lo que a éste corresponda, en cuya jurisdicción se haya efectuado la enajenación de los productos al público” (subraya la Sala).

Se tiene entonces que de acuerdo con la ley la tornaguía, constituye un instrumento de control del transporte de los productos objeto del gravamen dentro del territorio departamental, cuya responsabilidad recae en el transportador.

Ahora bien en el evento de reenvíos de los productos gravados cuando se cambia su destinación por cualquier circunstancia, la responsabilidad por el pago del impuesto es compartida por el distribuidor, el productor o el importador y la comunicación escrita constituye el soporte legal con fundamento en el cual habrá de definirse tal responsabilidad.

De manera que la tornaguía no es sustitutiva de la comunicación escrita a que se refiere la norma antes transcrita cuando se trata de reenvíos, sino un medio de control adicional, cuyo adicional, cuyo propósito esencial es definir la responsabilidad por el pago del impuesto cuando unilateralmente se cambie la destinación de los productos.

Siendo así, no encuentra la Sala, violación alguna por parte del artículo 14 del Decreto 2141 de 1996, cuando dispone que en los reenvíos de productos nacionales se requiere haber efectuado la legalización de la respectiva tornaguía en la entidad territorial de destino, puesto que según la ley ésta constituye un medio de control de transporte de los productos gravados con el impuesto al consumo, en consecuencia exigir su legalización permite hacer efectivo el cumplimiento de la ley y responde al criterio de necesidad a que se refiere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política. No prospera el cargo.

5. Sanciones.

Plantea el accionante en su demanda dos cargos en relación a las sanciones establecidas en el decreto acusado, la primera, la relativa al artículo 32 de la cual dice que señala la sanción por no presentar la declaración equivalente al 20% de las operaciones de venta realizadas en el período, o del 20% de los costos y gastos en que haya incurrido el responsable en el período dejado de declarar, pudiendo la administración aplicar sobre la base conocida sin necesidad de calcular otra, o sobre la que sea mayor.

Afirma el demandante que esta disposición vulnera el artículo 199 de la Ley 223 de 1995 por cuanto señala nuevas bases y porcentajes para la imposición de las sanciones. Por otra parte, afirma que el artículo 33 del decreto atacado, que se refiere a la sanción por inscripción extemporánea, crea una sanción diferente al incrementar el valor de la multa y el ordenar que se aplique con una periodicidad diferente de la consagrada en la ley.

Encuentra la Sala que los artículos 199 (impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos) y 221 (disposición común al impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos; licores, vinos, aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado), prescriben que se aplicará, en lo pertinente a los impuestos al consumo, el régimen sancionatorio y el procedimiento para la aplicación del mismo previsto en el estatuto tributario.

Confrontadas las disposiciones contenidas en los artículos 643 y 668 del estatuto tributario, que tratan de las sanciones por no declarar impuesto de renta, ventas, retención en la fuente y por extemporaneidad en la inscripción en el registro nacional de vendedores para los responsables del impuesto sobre las ventas, encuentra la Sala que no obstante la remisión que a tales disposiciones hace la Ley 223 de 1995, para los responsables del impuesto al consumo, no es jurídicamente posible con base en aquellas, determinar, como lo hace el reglamento acusado en sus artículos 32 y 33, las bases para calcular las sanciones allí previstas y las tarifas correspondientes.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 643 del estatuto tributario, para la determinación de la sanción por no declarar, según se trate del impuesto de renta, ventas o retención en la fuente, se prevén bases y tarifas específicas, así:

Renta - 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos o el 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior.

Ventas - 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos o 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el que fuere superior.

Retención en la fuente - 10% de los cheques girados o costos y gastos o 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior.

Por su parte el artículo 32 del decreto acusado establece que la sanción por no declarar impuesto al consumo será el 20% del valor total de las operaciones de ventas realizadas o el 20% de los costos y gastos, la que fuere mayor.

Es evidente, que de las formas de determinación de la sanción por no declarar, establecidas por el reglamento para el impuesto de consumo ninguna se adecua a las previstas por la ley, lo cual hace imposible identificar la tarifa aplicable.

Lo anterior significa, que la sanción por no declarar para los responsables del impuesto al consumo, en los términos establecidos en el reglamento, constituye una modificación a la ley y no una aplicación de la misma, y con ello no sólo se está desconociendo el contenido de la norma legal reglamentada, sino además, excediendo los límites de la facultad reglamentaria.

En efecto, no es posible a través del reglamento subsanar las omisiones o errores que pudo haber incurrido el legislador respecto del régimen sancionatorio aplicable al impuesto al consumo, pues es bien sabido que en materia de sanciones no cabe la interpretación analógica o extensiva, dado el carácter restrictivo de las normas legales que las consagran.

En relación con la sanción por extemporaneidad en el registro, tampoco encuentra la Sala ajustado a la ley el artículo 33 del decreto acusado, toda vez que según el artículo 668 del estatuto tributario, se establecen tarifas diferenciales que según se trate de responsables del impuesto a las ventas del régimen común o del régimen simplificado, siendo más gravosa la aplicable al régimen común; las tarifas aplicables se someten a la actualización anual de valores y el término para su cumplimiento atiende el período anual, previsto para declarantes del impuesto a las ventas.

La norma reglamentaria acusada no hace distinción en relación con los responsables del impuesto al consumo, no obstante que en la práctica, éstos pueden corresponder a responsables del impuesto a las ventas del régimen común o simplificado; toma para efectos de la determinación de la sanción un período mensual, y además modifica las tarifas establecidas en la ley, no obstante que de acuerdo con el mismo reglamento se dice que las sanciones allí establecidas serán actualizadas conforme lo previsto en el artículo 668 del estatuto tributario.

En efecto según el artículo 33 del Decreto Reglamentario acusado, el valor de la sanción por inscripción extemporánea es de $ 100.000 cuando la efectúa el mismo responsable y de $ 200.000 cuando se efectúa de oficio, sanción que se liquidará por mes o fracción de mes, mientras que de acuerdo con el Decreto 2301 de diciembre de 1996, sobre actualización de valores, para el año de 1997, corresponden a $ 73.000 y $ 150.000, respectivamente (régimen común). Es decir que habiendo sido expedido el decreto reglamentario en noviembre de 1996, las cuantías allí establecidas superan las determinadas para el año de 1997, aplicables al artículo 668 del estatuto tributario.

Las razones procedentes evidencian la ilegalidad de los artículos 33 y 32 acusados, razón por la cual deben anularse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase la nulidad de las siguientes disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 2141 de 1996, expedido por el Gobierno Nacional: Artículo 32. Sanción por no declarar impuesto al consumo y 33, sanción por extemporaneidad en el registro, en su totalidad. Artículo 1º, inciso 2º, en la expresión que se subraya, cuyo texto es el siguiente:

“El precio de venta al detallista fijado por el productor para efectos de la liquidación los (sic) impuestos al consumo debe ser único para la capital del departamento sede de la fábrica, según tipo específico de producto. Cuando el productor establezca precios diferenciales o conceda descuentos o bonificaciones teniendo en cuenta el volumen de ventas u otras circunstancias similares, el precio de venta al detallista que debe fijar para efectos de la liquidación de los impuestos al consumo será el mayor entre los distintos que haya establecido, sin deducir los descuentos o bonificaciones.

Deniéganse las demás peticiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

SALVAMENTO DE VOTO

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Con todo respeto me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala, por cuanto al suscrito consejero le fue negado el proyecto referente a este mismo proceso. Por esta razón, considero que para explicar mi salvamento de voto son útiles las motivaciones que consigné en el proyecto negado, concretamente, en relación a dos de los cargos formulados por el accionante y que a la letra dicen:

Base gravable:

“Del cotejo de las normas, artículo 1º del Decreto 2141 de 1996 y artículos 189, 205 y 210 de la Ley 223 de 1995 se deduce sin dificultad que la Ley 223, en relación con la base gravable del impuesto al consumo precisó, en relación a todas las tres clases de productos gravados, al consumo de cervezas, sifones y refajos; cigarrillos y tabaco elaborado; y, de licores, vinos y aperitivos, que la base gravable está conformada por el precio de venta al detallista. Referente al impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, señaló como factores del precio, a) El precio de venta al detallista y b) El valor del impuesto al consumo.

El decreto reglamentario, en cambio, establece que “el precio de fábrica o a nivel de productor, y el margen de comercialización desde la salida de fábrica hasta su entrega al expendedor al detal” constituyen factores que integran el precio de venta al detallista, cuando la ley, como se dijo anteriormente, no los prevé.

Se tiene entonces que el decreto acusado si está modificando la norma reglamentada, al modificar los factores que integran el precio de venta al detallista, lo que lleva a la Sala a considerar que el ejecutivo sí excedió la facultad reglamentaria al adicionar requisitos no previstos en ella y que a juicio de la Sala, no corresponden a los criterios de necesidad y competencia, propios de la facultad reglamentaria del ejecutivo, lo que hace procedente la prosperidad del cargo formulado por el accionante”.

Requisitos de la factura:

“Analiza la corporación que el artículo 194 de la Ley 223 de 1995, nos remite al artículo 617 del estatuto tributario, el cual establece los siguientes requisitos de las facturas:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta;

b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio;

c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento;

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta;

e) Fecha de su expedición;

f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados;

g) Valor total de la operación;

h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura, e

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Tratándose del impuesto al consumo, que como su nombre lo indica, grava al consumo en el territorio nacional de las 3 clases de productos referidos, no encuentra la Sala justificación de la exigencia de discriminar el precio de fábrica, puesto que no constituye información necesaria para verificar la operación como lo hace el decreto acusado. Debe figurar, si el precio de venta al detallista que rige para ese departamento y al que se refiere el artículo 189 de la Ley 223 de 1995 y por supuesto el valor del impuesto al consumo”.

Germán Ayala Mantilla. 

___________________________________