Sentencia 8725 de septiembre 26 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DICTAMEN PSIQUIÁTRICO

NO ESTABLECE EL DOLO NI LA INTENCIÓN

EXTRACTOS: «No hay que sorprenderse como lo hace el recurrente por la circunstancia de que el dictamen no precise la intencio-nalidad en el procesado. Eso es apenas lo natural y legal.

Los psiquiatras forenses que son los que con más propiedad se ocupan de estas cuestiones, establecen, con fundamento, entre otras cosas, en pruebas clínicas, percepción directa, análisis del material probatorio, si la persona tenía capacidad para autodeterminarse o no; dicho de otra manera, si la persona contaba con capacidad de VOLICIÓN (querer hacer) y/o VOLICIÓN (sic) (querer no hacer). Recuérdese que, con la mejor doctrina, en las dos acciones están la voluntariedad y la conciencia.

Los señalado es una faz del dictamen; la otra cara está referida a la capacidad de comprender la ilicitud del acto. También dictaminan sobre la recuperación de la normalidad psíquica o sobre la clase de tratamiento científico que debe brindarse a una persona que se ha considerado inimputable; igualmente, respecto a si una persona ha asimilado los patrones culturales que le permiten reinsertarse en su medio; sobre las características de la personalidad; en fin, la influencia del medio en su idiosincrasia. Pero jamás el dictamen determina la intencionalidad del acto, y menos la mide.

Ahora bien, un dictamen emitido con el fin de establecer si una persona estaba en capacidad de autodeterminarse o no, ofrece al juez los elementos de juicio necesarios para que él precise, con las otras pruebas del proceso, si esa persona en un caso dado, quería la reali-zación del específico hecho punible que se le imputa. Pero ni el perito ni el juez pueden, por vía de aplicación de las ciencias de su particular dominio, fijar la magnitud de la intención porque el perito se limita a señalar que la persona goza de capacidad psíquica suficiente para actuar intencionalmente y el juez se concreta a inferir y concluir si la persona obró con intención o no.

No existe un dolómetro que permita establecer ni el dolo ni su medida, ni intencionómetro que faculte determinar la intención y su cuan-tificación. Debe recordarse que una cosa es medir (“comparar una cantidad con su unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera”, Diccionario de la Lengua Española, última edición) y otra es examinar la mayor o menor vulneración del bien jurídico para efectos de dosimetría penal.

Concrétese, entonces, que con relación al dolo, EL FUNCIONARIO debe apreciar las circunstancias de lugar, tiempo y modo que rodearon el hecho e, inclusive, la personalidad del procesado, para fijar con precisión los criterios que permitan concluir si concurren circunstancias de agravación o de atenuación, específicas o genéricas, en orden a delimitar con exactitud la mayor o menor vulneración del bien jurídico y, así, dosificar la pena. En tanto que, tratándose de la intención, ésta no permite variaciones en el desarrollo del iter criminis; por ejemplo, quien ejecuta actos idóneos e inequívocos para producir la muerte de otra persona no quiere matarla MAS o menos, sino que, simplemente, quiere matarla, y si cesa en su acción es porque ya no quiere matar. Pero dolo e intención, enfatícese, dos cosas ciertamente distintas, deben ser establecidas por el juez y no por el perito».

(Sentencia de casación, septiembre 26 de 1994. Radicación 8725. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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