Sentencia 8735 de junio 12 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Ref.: Expediente 8735

Actor: Figurados Potenza Ltda., retención en la fuente 1991.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., doce de junio de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «(...).

Consideraciones

Se debate en esta oportunidad la actuación de la administración que impuso sanción por no declarar a la sociedad actora, por cuanto tuvo por no presentadas sus declaraciones de retención en la fuente, ya que consideró no válida la firma del revisor fiscal, pues si bien quien las suscribió había sido nombrado en tal calidad por la junta de socios, dicha decisión no había sido inscrita en la cámara de comercio.

El tribunal accedió a las súplicas de la demanda, al entender que previo al acto sancionatorio era necesario expedir un acto que tuviera las declaraciones por no presentadas.

Sobre este aspecto, la Sala con ponencia del consejero Julio E. Correa Restrepo en el fallo 7471, posteriormente reiterado por el fallo 7770 con ponencia de la doctora Consuelo Sarria O., ha sido clara en determinar que para que en los eventos que consagra el artículo 580 del estatuto tributario, puedan tenerse como no presentadas las declaraciones tributarias, se requiere en todos los casos actuación administrativa que así lo declaren, porque el artículo referido no opera de pleno derecho, pues de ser así se estaría desconociendo totalmente del derecho de defensa del contribuyente, a quien sin acto ni procedimiento administrativo previo o aviso alguno se le estaría desconociendo su liquidación privada del impuesto.

Así las cosas, si la administración previo al procedimiento que aquí se discute había expedido un acto declarativo según el cual debían tenerse por no presentadas las declaraciones de retención en la fuente de los meses de junio a diciembre de 1991, el cual una vez recurrido fue revocado por la propia administración, debe reconocérsele sus efectos jurídicos, pues con el mismo el ente gubernativo ejerció su facultad de tener por presentadas las declaraciones, de suerte que no resulta coherente que posteriormente se expida una actuación donde se imponga sanción por no declarar.

De otra parte se advierte que, para la fecha de expedición de los actos acusados, las liquidaciones privadas se hallaban indiscutiblemente en firme, en atención a que ya habían transcurrido más de dos años sin que la administración las hubiera válidamente cuestionado, ya que los actos acusados fueron expedidos el 19 de diciembre de 1995 y el 2 de diciembre de 1996, en relación con las declaraciones de retención en la fuente presentadas por la sociedad por los meses de junio a diciembre de 1991, esta última presentada el 27 de enero de 1992.

Lo anterior, porque teniendo en cuenta que las declaraciones tributarias se hayan cobijadas por la presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 del estatuto tributario, que para ser desvirtuada requiere indefectiblemente de actuación por parte del ente oficial, la cual debe producirse dentro del término legal de dos años, so pena de firmeza de la declaración privada, en los términos del artículo 714 del mismo estatuto.

De tal manera que si el ente gubernativo no cuestionó dentro de los dos años siguientes a su presentación, las declaraciones tributarias que posteriormente fueron desconocidas, éstas habían adquirido firmeza, por lo cual la actuación oficial resulta extemporánea.

Por ser suficientes las anteriores razones, la Sala confirmará el fallo apelado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo apelado».

_______________________________________