Sentencia 8739 de agosto 14 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONDENA POR CORRECCIÓN MONETARIA

EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA DEBE ACTUALIZARLA

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Radicación Nº 8739

Santafé de Bogotá, D.C., agosto catorce de mil novecientos noventa y seis.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por María del Socorro Jiménez Muñoz contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de 1995 por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en el juicio que le sigue a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.

I. Antecedentes

Al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 1995 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá que había condenado a la Caja Agraria a reintegrar a la demandante al cargo que ocupaba cuando fue despedida y a pagarle los salarios dejados de percibir, declarando sin solución de continuidad el contrato de trabajo, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante el fallo aquí impugnado, revocó la decisión de primer grado y en su lugar condenó a la entidad bancaria a pagarle a la actora $ 3.759.576 por concepto de reajuste de la indemnización por despido que le correspondía de acuerdo con la convención colectiva y $ 1.152.310 por indexación de la anterior cantidad; declaró probada de oficio la excepción de petición antes de tiempo respecto a la pensión de jubilación, confirmó las costas dispuestas por el juzgado en contra de la demandada y no las impuso por la alzada.

II. El recurso de casación

Fue interpuesto por la actora y con la demanda que lo sustenta pretende que esta corporación, según lo declara textualmente en el alcance de su impugnación extraordinaria, “case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto, al acoger la solicitud subsidiaria de indexación o corrección monetaria de la indemnización convencional por despido injusto, sólo fulminó la condena correspondiente en un valor calculado con base en informe del DANE que registra el índice de variación del valor de la moneda hasta una fecha, julio de 1994, muy anterior a la suya, 12 de diciembre de 1995, o sea, en un valor inferior al que ha debido corresponder, para que, en su lugar como ad quem, manteniendo la modificación de la primera instancia, previa petición oficiosa al organismo mencionado para que certifique, adicionalmente, sobre la variación acumulada o el porcentaje de inflación entre agosto de 1994 y la fecha de su respuesta, extienda la dicha condena por lo menos hasta esa fecha, proveyendo en costas como corresponda”.

Con ese propósito presenta un cargo contra la sentencia de segundo grado, que presenta de la siguiente manera:

“Denuncio, en la providencia impugnada, infracción directa del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, por haberlo dejado de aplicar siendo pertinente, en relación con el 145 del Código Procesal de Trabajo, como violación de medio que lo condujo a la infracción, también directa, por aplicación indebida, de los preceptos 230 de la Constitución Nacional, 19, 64, 65, 146, 147 y 148 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 153 de 1887, 1º del Decreto 678 de 1972, 1º del Decreto 1229 de 1972, 44 de la Ley 14 de 1984, 16 de la Ley 75 de 1986, 10 de la Ley 50 de 1995, 178 del Código Contencioso Administrativo, 308 del Código de Procedimiento Civil, 2º de la Ley 187 de 1959; 2º y 8º de la Ley 10 de 1972, 1º de la Ley 4ª de 1976, 1º de la Ley 171 de 1988, 11 de la Ley 6ª de 1945, 1º del Decreto 797 de 1949, 1613 a 1627 y 1649 del Código Civil, 874 del Código de Comercio, 2º de la Ley 46 de 1933 y 3º de la Ley 167 de 1938, en relación con los preceptos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 20 transitorio, 25 y 53 de la Constitución Nacional y 11, 12 y 13 del Decreto 2138 de 1992.

El ad quem, no obstante que la sentencia que finalizó la instancia a su cargo fue adoptada el 12 de diciembre de 1995, para efectos de proferir su condena al pago de la corrección monetaria de la indemnización por despido, se basó, apenas, en el certificado de folios 148 a 150 expedido por el “Dane”, que sólo registra la variación mensual acumulada del índice de precios al consumidor hasta julio, inclusive, de 1994, es decir, con un retraso, en relación con la fecha de su proveído, de bastante más de un año, ignorando lo dispuesto por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, que lo obligaba a extender esa condena en concreto hasta la fecha de éste, para lo cual necesariamente, debió decretar de oficio la prueba requerida para tal fin, que no era otra que la de solicitar al mismo “Dane” la actualización del certificado mencionado de forma que le permitiera indexar la indemnización convencional por despido injusto por lo menos hasta la fecha en que se hubiera expedido.

Bien se ve, entonces, que el ad quem, al proceder de la forma como lo hizo, violó finalmente, las normas que, en conjunto, consagran la indexación o corrección monetaria de las obligaciones dinerarias, desde luego que al dejar de aplicar el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 145 del Código Procesal del Trabajo, produjo una condena al respecto en cuantía inferior a la realmente debida por la demandada en este proceso.

Como esa Sala, al casar la sentencia, toma el lugar del ad quem, antes de proceder a extender esta condena conforme a lo impetrado en el alcance de la impugnación, deberá solicitar, de oficio, al “Dane” que certifique sobre la variación acumulada del índice de precios al consumidor o porcentaje de inflación, entre agosto, inclusive, de 1994 y la fecha de su respuesta, para darle así cumplimiento a lo dispuesto, sobre el particular, en la norma acusada de inaplicación, a manera de infracción de medio”.

La sociedad demandada opositora afirma que el Tribunal concedió el recurso de casación teniendo en cuenta el valor del reintegro y la pretensión subsidiaria de la pensión plena de jubilación sin decir nada sobre la diferencia indexatoria que aquí reclama la censura. Alega, por tanto, que como se desprende del petitum extraordinario, resulta claro que el casacionista sólo pretende el ajuste de la indexación del crédito fulminada por el ad quem desde la fecha de la sentencia impugnada hasta, por lo menos, la fecha en que se responda su solicitud probatoria, lo que indica que está limitando la cuantía de su interés para recurrir al valor que tendría la diferencia solicitada durante el citado lapso, cuantía que no satisface la exigencia requerida por el artículo 1º del Decreto 719 de 1989, de donde se desprende que al no tener interés el recurrente sobre las pretensiones que le negó el Tribunal, el recurso de casación debe ser desestimado.

III. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la opositora en las objeciones que formula a la acusación.

Para conceder el recurso de casación, el Tribunal tuvo en cuenta el valor de las pretensiones que le fueron desestimadas al actor, siguiendo al efecto las orientaciones que por vía de doctrina tiene sentada la Sala en cuanto se trata de cuantificar el interés jurídico de las partes en procesos en los cuales se ventilan peticiones principales —como el reintegro— y subsidiarias, las cuales para el sentenciador de segundo grado fueron suficientes para deducir que el demandante alcanzaba el interés jurídico para recurrir en casación, lo que por supuesto cobija las restantes pretensiones desestimadas que están comprendidas dentro de los perjuicios que sufre una de las partes con la decisión judicial que se pretende impugnar mediante el recurso de casación.

La circunstancia de que el recurrente hubiera limitado el alcance de su impugnación extraordinaria a una sola de las peticiones que le resultaron adversas en la segunda instancia, no significa que por ese solo hecho pierda su interés para recurrir en casación, pues la concesión del recurso no está supeditada en manera alguna al petitum extraordinario que formula el recurrente, al punto de obligarlo a incluir dentro del mismo todas las pretensiones que le fueron negadas. Bien se puede dentro del recurso de casación limitar el alcance de la impugnación a menos pretensiones de las que le sirvieron al juzgador para concederlo.

En punto a la indemnización por despido el Tribunal consideró que no obstante que la Caja Agraria había pagado a su trabajadora la indemnización por supresión del empleo prevista en el Decreto 2138 de 1993, la demandante tenía derecho al monto pactado en la convención colectiva del trabajo, de acuerdo a una circular reglamentaria expedida por la demandada, por lo que partiendo de esos supuestos por la empresa (sic), disponiendo finalmente que el saldo a favor de la actora ascendía a la suma de $ 3.759.576.

Y en cuanto a la indexación el Tribunal la encontró procedente pues estimó que la demandante había resultado perjudicada “pues no ha recibido la totalidad del pago de la indemnización por despido, depreciándose una parte (la de la condena) de esa suma por la pérdida del valor adquisitivo por el fenómeno de la devaluación monetaria. Por consiguiente —continuó diciendo el Tribunal—, se indexará el saldo y así, se obtiene una cifra de $ 1.521.310 aplicando el porcentaje acumulado de que da cuenta el folio 148 del proceso”.

Para enfrentar el estudio del cargo resulta necesario identificar si el planteamiento que se formula es de puro derecho como corresponde a la vía directa, lo cual involucra la aceptación de las conclusiones fácticas a las cuales arribó el fallador de instancia, o si por el contrario contiene diferencias en cuanto a los hechos que se aceptaron en el fallo acusado, específicamente en lo relacionado con la indexación que es el concepto vinculado al ataque y que fue resuelto en el aparte de la sentencia anteriormente transcrito.

Tal como el ad quem profirió la condena indexatoria del saldo de la indemnización por despido convencional que le correspondía a la demandante, resulta que para que la Corte pueda determinar si efectivamente el documento del folio 148 registra solamente la variación mensual acumulada del índice de precios al consumidor hasta julio de 1994, pues ello no lo precisa el Tribunal, y así establecer si en verdad el sentenciador omitió concretar la condena por el lapso señalado por la censura, es necesario el examen no sólo de esa prueba sino de otras actuaciones procesales, lo que resulta impertinente en tratándose de la violación directa de la ley. Sobre esa modalidad de quebranto normativo tiene dicho la corporación de manera reiterada que el error jurídico debe constar en el mismo cuerpo o texto de la sentencia, pues si es necesario acudir a hechos, piezas procesales, pruebas o elementos extraños a la decisión que se acusa, se estará frente a un motivo distinto de la violación de la ley. Lo que se consigna en la sentencia acusada es que se dispone la indexación porque la ex trabajadora no ha recibido la totalidad del pago de la indemnización por despido y la parte insoluta de ella se ha depreciado, lo cual se pretende cubrir con tal condena sin que se identifique la fecha hasta la cual se extiende y por ello resulta imperioso para la Corte verificar si en efecto ha dejado de tenerse en cuenta un tiempo, para lo cual debe estudiar piezas del expediente.

Incide en este aspecto la circunstancia de que en el fallo no se profirió una condena en abstracto, sino que el monto de ella se señaló en forma concreta, lo cual ubica la situación dentro del aparte final del inciso 1º del artículo 307 del Código Procedimiento Civil que contiene una clara referencia a aspectos probatorios.

Por otra parte y frente a la orientación que tiene la acusación, corresponde verificar si específicamente se produce la falta de aplicación normativa que se denuncia, para lo cual, como bien lo anota el cargo, es necesario establecer si la norma cuya infracción directa se ventila es pertinente dentro del contexto del asunto debatido.

El artículo 307 del Código de Procedimiento Civil en principio no es norma reguladora del proceso laboral por cuanto pertenece a un régimen procedimental diferente y solo es viable acudir al mismo en la medida en que se presenten las condiciones previstas en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Ello supone que la norma en comento es pertinente en tanto no existan normas especiales aplicables al caso en el procedimiento del trabajo y que tampoco existen normas análogas dentro del mismo Código Procesal del Trabajo.

De acuerdo con la demostración del cargo, se plantea la obligatoriedad del fallador de instancia de decretar de oficio la prueba que permita actualizar la indexación del reajuste de la indemnización por despido ordenada, hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia o por lo menos, hasta la fecha de expedición de la constancia correspondiente. Este planteamiento impone estudiar si el decreto oficioso de pruebas se encuentra previsto o no en el estatuto procesal del trabajo.

Para abordar el precitado análisis hay que empezar por precisar, de una parte, que ha sido posición reiterada de esta Sala de la Corte la de reconocer la aplicabilidad de la teoría de la indexación como paliativo del fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, aduciendo para ello razones de justicia y equidad o porque se produce retardo en el cumplimiento de una obligación y, de otra, que la revaluación judicial, no tiene expresa consagración legal, pero para efectos de la proposición jurídica del cargo, se cumple tal exigencia con la cita de los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887.

Y se trae a colación los dos aludidos criterios jurisprudenciales para resaltar que si desde el punto de vista sustancial la indexación carece de regulación legal expresa, es lógico concluir que el Código Procesal del Trabajo tampoco previó algún mecanismo para hacer efectiva aquella, como en efecto, en sentir de la mayoría de la corporación, no lo tiene, y por ello se impone, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo acudir a normas análogas de lo que hoy se denomina el Código de Procedimiento Civil.

Esa disposición análoga no es otra que el artículo 307 de tal estatuto que, entre otros temas, regla lo relativo a cómo debe el superior proceder para actualizar la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, y ese trámite con relación a la indexación es el de ordenar de oficio que se actualice la certificación que sirvió de fundamento al a quo para liquidar el crédito.

En consecuencia, si el artículo 307 del estatuto procesal civil en nada contradice los principios fundamentales del derecho sustantivo laboral ni los de su procedimiento, y antes por el contrario conduce a que el reconocimiento de la indexación en el proceso del trabajo no quede a mitad del camino sino que con ella se reciba y pague lo efectivamente adeudado, se impone su aplicación por los jueces laborales.

Es de aclarar que la circunstancia que los artículos 54, 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo reglen lo concerniente al decreto de oficio de pruebas por el juez y que el contenido literal de esas disposiciones dé a entender que cuando el juez del trabajo las ordena está haciendo uso de una facultad y no de un deber, no es argumento suficiente para aseverar que por esa causa en el proceso laboral no cabe la aplicación del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, so pretexto, en primer lugar, que no hay vacío para llenar y, en segundo término, que habría un enfrentamiento de esta norma con la de estirpe laboral al consagrar ella como un “deber” la actualización de la condena y, por consiguiente, el decreto de la prueba con tal fin.

Y es que para la mayoría de la corporación resulta incontrovertible la afirmación que el Código Procesal del Trabajo no regula en parte alguna la condena en concreto y mucho menos, como ya se dijo, la actualización de esa clase de fallo, específicamente el que dispone la indexación. Por lo tanto, sí hay vacío que llenar, y al estar esa materia tratada por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, a esa disposición debe acudirse por lo dispuesto en el artículo 145 del código adjetivo del trabajo.

Pero es que además, no sobra agregar que así como no podría decirse que los artículos 37-4, 179, 180 y 361 del Código de Procedimiento Civil reglamentan el tema de la condena en concreto y la actualización de la misma; pues ello lo trata es el artículo 307 ibídem, de igual manera tampoco puede aseverarse que el Código Procesal del Trabajo en sus artículos 54, 83 y 84 son los que regulan y, por ende, a ellos debe acudirse, para cuantificar la indexación y actualizar la condena que por ese concepto haya determinado el fallador de primer grado.

De otra parte, la sola consideración que el Código de Procedimiento Laboral aluda al decreto de pruebas de oficio como una facultad y no como un deber, es insuficiente para negar la aplicabilidad del tantas veces citado artículo 307 al juicio laboral, y para descartarse basta con expresar que ese entendimiento literal de tales normas quedó superado con el principio constitucional de la prevalencia de la ley sustancial (C.P., art. 228), el que, así aparezca contradictorio, desde el año de 1970, en materia de pruebas, está consagrado legalmente para el proceso civil.

Por último, también hay que puntualizar que en este proceso, como hasta ahora lo ha venido exigiendo la Corte para que sea procedente ordenar la indexación, el interesado solicitó la práctica de prueba con tal fin. Otra cosa diferente es, y sería un culto exagerado al formalismo, sostener que para que el juez de segunda instancia ordene la actualización de la condena por ese concepto, el demandante debió haber solicitado oportunamente que se completara el elemento probatorio allegado con ese objeto.

Por lo tanto, como el cargo con que se impugnó la sentencia cuya casación se reclama, es por no haberse dado aplicación analógica al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y la Corte concluye que dicha disposición sí debe aplicarse al proceso laboral, se impone casar la providencia recurrida en cuanto limitó la indexación que reconoció, en el numeral 2º de su parte resolutiva, al índice de variación del costo de vida al mes de julio de 1994 conforme al certificado expedido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— obrante a folio 148 del cuaderno de primera y segunda instancia; por lo tanto, esa decisión será revocada en sede de instancia, y para mejor proveer, habrá de disponerse que por la secretaría se libre oficio a la entidad gubernamental antes mencionada, a fin de que expida constancia atinente a la variación del índice de precios al consumidor de abril de 1993, mes en que se produjo el despido, y hasta la fecha de la misma.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., el 12 de diciembre de 1995, en el juicio promovido por María del Socorro Jiménez Muñoz contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en cuanto que en su numeral 2º liquidó la indexación de la condena por concepto de indemnización por despido con sujeción al certificado de variación de precios al consumidor ocurrido hasta el mes de julio de 1994, y en SEDE DE INSTANCIA, para mejor proveer, se dispone que la Secretaría libre oficio conforme a lo ordenado en la parte motiva de este fallo.

Sin costas del recurso dada la prosperidad del mismo.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al tribunal de origen.

Fernando Vásquez Botero—Francisco Escobar Henríquez, con salvamento de voto—José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango, con salvamento de voto—Jorge Iván Palacio Palacio—Germán Valdés Sánchez, salvo voto—Ramón Zúñiga Valverde.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto nos apartamos de la decisión mayoritaria, pues consideramos que en el caso bajo estudio no ha debido prosperar el cargo propuesto por el recurrente, de acuerdo con las razones que expresamos adelante.

Debemos anotar que como buena parte de las consideraciones que se incluyen en la decisión adoptada mayoritariamente fueron expuestas en el proyecto original que a la postre no fue acogido como sentencia, no es del caso repetirlas y por ello nos limitamos a reseñar los fundamentos adicionales presentados por los suscritos para sostener la tesis según la cual el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil no es norma de obligatorio cumplimiento dentro del contexto procesal que regula el derecho del trabajo.

Para el efecto, ante todo reproducimos los apartes del proyecto original que no fueron acogidos por la mayoría de la Sala, de acuerdo con los cuales los artículos 54, 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo regulan la situación ventilada en el cargo planteado por la censura y por tanto excluyen la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil relacionadas con la facultad de ordenar de oficio pruebas.

Se expresó en tales apartes:

“En el artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral se establece en forma general la posibilidad de que el juez laboral decrete de oficio pruebas, pero tal poder se contempla como una facultad dependiente de su juicio o criterio sobre si son o no necesarias “para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”. No es por tanto un deber como se concibe en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil y naturalmente, ante el enfrentamiento de las dos disposiciones, debe preferirse la de estirpe laboral.

El artículo 83 del Código de Procedimiento Laboral a su vez, determina claramente cuáles son los eventos en que el tribunal, cuando actúa como juez de apelación o conoce el asunto por la vía de la consulta, puede ordenar y practicar pruebas. Así, en los términos del citado precepto, las partes no pueden solicitar la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en la primera instancia como regla general, por lo que la actividad probatoria del fallador de segundo grado sólo procede cuando en el curso de la primera instancia y sin culpa de la parte interesada no se hubieran practicado las pruebas que oportunamente fueron decretadas, evento en el cual, discrecionalmente, podrá el tribunal previa petición de parte, ordenar su práctica. También, según la norma citada, podrá el tribunal ordenar la práctica de las pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta, recurriendo facultativa-mente al principio de oficiosidad. Es decir, también en esta norma, reguladora en concreto de la actividad probatoria del fallador de segunda instancia, se contempla el decreto oficioso de pruebas como una facultad mas no como un deber.

A su turno, el artículo 84 del mismo estatuto ordena al tribunal, para resolver la apelación o la consulta, considerar las pruebas que solicitadas en tiempo fueren practicadas o allegadas inoportunamente.

A simple vista se advierte que en los casos regulados por el artículo 83, las disposiciones del tribunal en materia de pruebas son facultativas, aun cuando en uno de sus eventos deba mediar la solicitud de la parte interesada. En cambio, en la situación prevista en el artículo 84, se impone al tribunal la obligación de estimar las pruebas pedidas en tiempo pero practicadas o allegadas inoportunamente, naturalmente siempre que no haya mediado el “descuido, imprudencia o malicia” de las partes, como lo enseña la sentencia de esta Sala de mayo 10 de 1991, pero en este evento se parte del supuesto de elementos probatorios debidamente decretados, por lo que, si bien se involucra un deber, no es el de ordenar pruebas sino el de apreciar las que en oportunidad fueron decretadas.

Es claro que estas normas al igual que el artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral, contemplan la actividad oficiosa del juez en materia probatoria como una facultad y no como una obligación por lo que en este aspecto se regula la materia en forma que excluye la aplicación de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

En sentido análogo se pronunció la Sección Primera de esta Sala cuando se encontraba dividida, en sentencia de julio 14 de 1995 (Rad. 7218) cuando al referirse a la prueba de la indexación señaló:

“A más de esta falla técnica que de todas maneras enerva el estudio de fondo del cargo, este tampoco estaría llamado a prosperar como que la indexación, tal como lo afirmó el tribunal en la sentencia atacada, no procede cuando la parte que la pretende no solicita oportunamente la práctica de la prueba correspondiente, como que es su carga procesal demostrar los fundamentos de hecho de las pretensiones sin que la oficiosidad impuesta por la ley al juzgador, lo exima de ella”.

En esas condiciones no aparece que de acuerdo con los argumentos que expone la censura el tribunal hubiera quebrantado el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, aunque importa precisar, desde luego, que nada se opone en los juicios laborales a que el tribunal dé aplicación a las facultades que le han sido otorgadas por la ley para buscar la verdad real y “para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos” como reza el artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral, pues de todos modos esa decisión en la cual se consigne la actualización de las condenas en los términos del citado artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, se acomodaría más a la moderna tendencia procesal que busca el pleno imperio del derecho sustancial por encima de las formalidades procedimentales, tal como lo ordena el mandato constitucional previsto en el artículo 228 del ordenamiento superior, sin menoscabo, por supuesto, del principio también constitucional del debido proceso y de las consecuencias que de su estricta observancia se derivan. Incluso puede afirmarse que en todo ello encuentra el fallador una adecuada herramienta para superar las consecuencias de la tardanza que conlleva el trámite de un proceso judicial, naturalmente respecto de los rubros o conceptos que de acuerdo con la ley o la doctrina, admitan la actualización de la cual se ha tratado en estas consideraciones”.

Debemos señalar, en forma adicional, que la circunstancia de no existir dentro del ordenamiento sustantivo laboral una norma que consagre expresamente la figura de la indexación no constituye razón válida para que se adopte el criterio de la analogía en relación con las normas procesales, pues es claro que uno y otro estatuto regulan estadios jurídicos totalmente diferentes. El primero sencillamente es consagratorio de derechos mientras el segundo contempla los mecanismos por conducto de los cuales se obtiene la materialización de aquéllos.

El tema ventilado en el presente caso toca con la atribución legal del juez laboral de producir de oficio pruebas, con el propósito de definir si ello corresponde a una facultad, como lo sostiene este salvamento, o, por el contrario, constituye una obligación como lo plantea la sentencia de la cual nos apartamos, por lo cual se refiere a aspectos generalizados del procedimiento y de las funciones del juez en materias laborales, y no a casos relacionados con conceptos específicos que carezcan de consagración expresa dentro del estatuto sustantivo. Por ello la indexación venía aplicándose frente a obligaciones laborales sin necesidad de acudir al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, como incluso lo indica el fallo del cual nos separamos, cuando afirma que para la aceptación del tema de la indexación en una censura de casación basta la invocación de los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887.

Nótese que el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil no se refiere en particular a la indexación, sino que lo hace en forma genérica “al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra semejante”, algunos de los cuales, como sucede con los perjuicios, sí tienen consagración en el Código Sustantivo del Trabajo y no por ello puede decirse que las normas del Código Procesal del Trabajo sólo tengan existencia en virtud de las disposiciones que prevén en el estatuto sustancial las diferentes expresiones indemnizatorias que allí se contemplan.

El estatuto procesal laboral se rige por principios que le brindan al juez un especial poder de dirección del proceso que sólo puede materializarse dentro de una particular confianza en su capacidad para conducirlo y para decidirlo, de allí la amplitud, no absoluta, que se le confiere al momento de analizar y valorar las pruebas, lo cual es consecuente con otras facultades, que no obligaciones, que le permiten acudir a su criterio para resolver diferentes situaciones del proceso y dentro de ellas, de manera particular, las de incidencia probatoria, como ocurre particularmente con la discrecionalidad con la que puede o no disponer del apoyo de peritos o recurrir a la inspección judicial u ordenar la presencia de las partes para interrogarlas libremente.

Si ese es el contexto dentro del cual el legislador concibió la función del juez laboral, mal puede ahora imponérsele una obligación que no se encuentra prevista en el Código Procesal correspondiente y que riñe con esa amplitud y confianza de que fue revestido, elementos que indudablemente contribuyen a que acuda a su criterio en busca de la solución a los conflictos que más claramente se ajuste a los principios de justicia y equidad. Por el contrario, si se le obliga a tomar medidas que vayan en contra de su criterio, se quiebran los fundamentos de la filosofía señalada y se le imponen mecanismos, bajo el apremio de sanciones disciplinarias, que pueden conducir a decisiones abiertamente injustas como puede suceder en aquellos casos en que el Tribunal está en desacuerdo con una condena de primera instancia, pero no puede revocarla por respeto al principio que le impide reformar en perjuicio. Ahora, según la sentencia de la mayoría, tiene que incrementarla con reajustes para dar cumplimiento al citado artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

Creemos que la disposición en comento fue concebida muy específicamente en relación con las obligaciones debatibles dentro de ciertos procesos de orden civil que corresponden a un marco diferente al de los conflictos de naturaleza laboral y por eso en ella se alude a conceptos como los frutos, las mejoras y los intereses, que no son típicos del contexto de las relaciones nacidas de un contrato de trabajo.

Para determinar la aplicabilidad o no de la regla legal contenida en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, conviene recordar que su reforma por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 se hizo precisamente para eliminar la condena in genere o en abstracto que antes de la modificación autorizaba la ley en los juicios civiles, ya que nunca tuvo discusión la improcedencia de tal condena en materia laboral.

Así lo dijo siempre la jurisprudencia laboral, y por ello el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia de 4 de noviembre de 1947 concluyó que al estar prevista la condena en abstracto de que trataban los artículos 480 y 553 del Código Judicial respecto de daños y perjuicios, frutos, intereses y otras cosas semejantes que tuvieran carácter de accesorios o complementarios en relación con la acción principal, nunca procedía cuando se trataba de extremos fundamentales de la litis, por lo que resultaba del todo inaplicable una condena genérica respecto del salario. Este criterio inicial fue reiterado por el Tribunal Supremo del Trabajo en un número tal de fallos que, sin lugar a dudas, terminó por constituirse en una doctrina probable o jurisprudencia. Al efecto podemos citar las sentencias de 25 de junio de 1948; 9 de marzo de 1949; 22, 25 y 30 de mayo de 1950; 20 de junio y 18 de diciembre del mismo año; 29 de marzo y 15 de mayo de 1951.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mantuvo este criterio invariablemente, y para no hacer tediosa la enumeración, por vía de ejemplo, recordamos entre las de fecha más reciente la de 8 de marzo de 1989 de la extinguida Sección Primera (Rad. 2725).

La razón dada para considerar improcedente la condena genérica o en abstracto en materia laboral siempre fue la de no tener carácter accesorio el salario, como tampoco lo tienen las prestaciones sociales y las indemnizaciones, que son las tres categorías básicas a las que pueden reducirse los diferentes conceptos por los que cabe fulminar condena en un litigio laboral. Esto porque si bien la indemnización por mora está condicionada a que el patrono sea deudor de alguno de estos derechos que la generan, no es dable una condena en abstracto a dicha indemnización porque la ley expresamente la tarifa en un día de salario por cada día de retardo. Por ello, siempre se ha exigido que se concrete la condena.

La redacción actual de los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil tiene por fin precisamente impedir la condena en abstracto que antes de la reforma autorizaba dicho código, como igualmente lo hacía el Código Judicial mediante los ya citados artículos 480 y 553.

Consideramos que la circunstancia de haberse consagrado como principio general la improcedencia de la condena en abstracto, imponiéndosele por ello al juez el deber de decretar de oficio “por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin” y castigándosele su incumplimiento como una falta sancionable conforme al régimen disciplinario, no pudo haber tenido la consecuencia de hacer aplicables al proceso laboral unos preceptos del Código de Procedimiento Civil que siempre la jurisprudencia laboral consideró inaplicables, puesto que continúa siendo válido el argumento de que en materia laboral no existen, en rigor, condenas que sean accesorias, ya que siempre los salarios, las prestaciones sociales y las indemnizaciones tienen un carácter principal, pues debemos insistir en que la indemnización por mora, la única condena que para su imposición está sujeta a la condición de que el patrono sea deudor de salarios y prestaciones sociales, si de un patrono particular se trata, o de salarios, prestaciones e indemnizaciones, si el patrono tiene el carácter de oficial, está fijada en la ley como equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

Respecto de la revaluación judicial de las sumas de dinero por las que se dicta condena, queremos resaltar que por lo menos hasta la sentencia de 5 de agosto de 1996 (Rad. 8616), siempre se sostuvo que se trataba de reconocer la indemnización por perjuicios, más concretamente el lucro cesante que resultaba de no haberse cumplido oportunamente la obligación de pagar lo adeudado en el momento en que se causaba el derecho y era exigible, por lo que al recibir tardíamente el pago el acreedor sufría el daño como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda como efecto de la devaluación constante del peso colombiano. Y como es apenas obvio entenderlo, quien reclama la reparación del daño que sufre por el hecho de no pagársele oportunamente una suma que se le adeuda, tiene la carga procesal de probar a cuánto asciende su perjuicio, por no estar sustraído este concepto a la regla general sobre onus probandi.

Con la tesis de la mayoría ocurre que ahora la condena a reparar este perjuicio que se cubre mediante la corrección monetaria o indexación del valor debido, se igualó a la condena en costas, que no requiere ser pedida porque el juez tiene el deber de imponerla en los casos en que ella proceda.

Todo lo anterior, en forma adicional a los aspectos de la sentencia de la que nos separamos en los que hay coincidencias con el proyecto que inicialmente fue presentado al estudio de la Sala, nos lleva a disentir respetuosamente de la opinión mayoritaria.

Germán G. Valdés Sánchez—Rafael Méndez Arango. 

SALVAMENTO DE VOTO

Discrepo respetuosamente de la decisión mayoritaria que otorgó prosperidad al cargo formulado por la parte actora en tanto acusó al tribunal de transgredir en concepto de infracción directa el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

La infracción directa implica que el fallador se abstuvo de aplicar una norma vigente y obligatoria para decidir el caso, pero a mi juicio el citado artículo 307 del Código de Procedimiento Civil no es obligatorio en materia laboral de ahí que resulte imposible la vulneración denunciada, aunque debo reconocer que he sido ponente de decisiones de la Sala en que se invoca dicho precepto para sustentar la indexación impuesta, criterio que rectifico luego de examinar nuevamente el tema.

La jurisprudencia laboral había sido reiterada en no recibir la regulación del Procedimiento Civil consignada en el artículo 307 del estatuto procedimental acerca de la posibilidad de que se emita por el juez del trabajo la llamada “condena in genere”, por cuanto ella sólo podía tener cabida para frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, vale decir para tal especie de derechos civiles en particular y no para regular derechos laborales como los salarios y las prestaciones. En estos términos siempre se entendió como un deber especial del juez laboral el de que las condenas por los conceptos emanados de las relaciones de trabajo debían concretarse y para conseguirlo podía valerse de sus facultades probatorias oficiosas.

Ahora bien, la circunstancia de que el Código de Procedimiento Civil haya sido reformado en su regulación de la condena en abstracto por el Decreto 2282 de 1989 para establecer el principio opuesto de concreción de los fallos civiles en lo que hace “al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante...” no lo hace automáticamente regulador de los juicios laborales, pues es patente que se sigue refiriendo a los mismos derechos provenientes de nexos de tipo civil.

De otra parte riñe con la filosofía del estatuto procesal del trabajo e incluso con la propia de las normas sustantivas, el que los jueces y tribunales de la especialidad deban comportarse como autómatas para disponer en los juicios laborales, bajo amenaza de sanciones disciplinarias, la práctica de las pruebas relativas a la indexación, intereses u otros derechos semejantes, ignorando por ejemplo la eventual desidia procesal de la parte involucrada o la posibilidad de adoptar decisiones más equitativas, en atención a la relatividad de cada caso.

No creo desde luego que la prueba del monto de la corrección monetaria sólo pueda ser el resultado del aporte de la parte interesada, pues en cualquier caso el juez tiene el deber legal de instruir adecuadamente el proceso y, por ende, de extender la corrección monetaria alegada cuando advierta injusticia en el pago de los respectivos derechos, ya que el reajuste del monto nominal de estos no debe ser concebido como un simple accesorio sino como un elemento inherente.

En efecto, las sumas que han de cancelarse al trabajador por concepto de sus servicios subordinados en principio deben entenderse referidas al poder adquisitivo de bienes y servicios, ya que mediante su labor el operario busca usualmente la obtención de los medios de subsistencia.

Empero, conforme a lo arriba explicado, la revalorización de los derechos laborales no se debe concebir en nuestro medio como el resultado inmediato y automático de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que suele darse día por día, sino que es válido que se mida por períodos razonables, como acontece dentro de los regímenes de reajuste al salario mínimo legal y de las pensiones, de ahí que resulte excesivo a mi entender que en todos los casos, sin parar mientes en las circunstancias particulares de éstos o en el comportamiento procesal de los interesados, el juzgador laboral se vea forzado a realizar reajustes indexatorios milimétricos, como lo concibe el Código de Procedimiento Civil para alguna especie de derechos civiles, mediante una norma que ante todo buscó solucionar la problemática propia de los trámites de la aludida área civil, en lo tocante a las demoras presentadas en la concreción de los fallos condenatorios que antes podían proferirse en abstracto.

En estos términos queda entonces salvado mi voto.

Francisco Escobar Henríquez. 

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