Sentencia 8739 de julio 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

SANCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA EMPLEADOS JUDICIALES

CONTROL ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EXTRACTOS: «En cuanto a la excepción de falta de jurisdicción, propuesta por la demandada, con base en el artículo 51 del Decreto 1888 de 1989, de conformidad con el cual, “las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con funcionarios y empleados judiciales son actos jurisdiccionales, no susceptibles de acción contencioso administrativa”, no hay lugar a su declaración, por las siguientes razones:

Las disposiciones sobre régimen disciplinario, vigentes al momento de expedirse la actual Constitución siguieron aplicándose, pero tan sólo, mientras no la contravinieran, para el caso, el Decreto 1888 de 1889. Situación que se mantuvo hasta la expedición de la Ley 200 de 1995, aplicable a todos los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios judiciales bajo los derroteros del Código Único Disciplinario.

La Corte Constitucional, al ejercer el control de constitucionalidad del artículo 51 del Decreto 1888 de 1989, en sentencia C-417 de octubre de 1993, lo declaró, exequible, excepto las palabras “... y empleados”. Se aclara, frente a la Constitución de 1991, toda vez que en relación con la anterior, la H. Corte Suprema de Justicia había declarado exequible tal precepto.

Fallo que ha sido invocado en varias oportunidades por la jurisprudencia de la Sala Plena de esta corporación y que en su parte considerativa precisa que en virtud del mandato contenido en el artículo 256 numeral 3º de la Carta, aquella norma sólo comprende a los funcionarios de la rama judicial, pues sólo a ellos se refiere el canon constitucional, o sea a quienes tienen a su cargo la función de administrar justicia (jueces y magistrados con excepción de los que gozan de fuero constitucional), quienes pueden ser investigados y sancionados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante actos que son sentencias, por provenir de una verdadera jurisdicción en cabeza de dicha Sala creada por la Constitución de 1991, pero el citado precepto no comprende a los empleados de la rama judicial por no referirse a éstos el texto superior, o sea a aquellos servidores que no administran justicia, sujetos al juicio de sus superiores jerárquicos cuyos actos disciplinarios al perder la naturaleza jurisdiccional en virtud de la inconstitucionalidad aludida, automáticamente pasaron a ser regulados por las normas que gobiernan los actos administrativos, con las excepciones establecidas en la ley».

(Sentencia de julio 10 de 1997. Expediente 8739. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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