Sentencia 8748 de marzo 6 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS

DIRECCIONES CORRESPONDIENTES A SITIOS RURALES

EXTRACTOS: «Consta en autos que el apoderado judicial de la sociedad actora, en el escrito de reconsideración, indicó que las notificaciones las recibiría en la misma dirección informada en el memorial contentivo de la respuesta al requerimiento especial, que había señalado de la siguiente forma:

“...municipio de Chocontá, con dirección correspondiente a la finca denominada El Porvenir, ubicada en la vereda de Cruces de tal municipio, final del camino que va de la cabecera municipal mencionada a veredas de Cruces y Chinatá pasando por el paraje de El Pedregal, dirección ésta que se señala expresamente para los efectos del artículo 564 del estatuto tributario...”.

Ahora bien, las normas procesales tributarias disponen que las providencias que deciden recursos se notifican personalmente o por edicto, si el contribuyente no comparece dentro de los 10 días siguientes a la fecha de introducción al correo del aviso de citación.

A folio 42 del expediente obra fotocopia del aviso de citación 050559 del 1º de julio de 1993, dirigido a la sociedad actora a la dirección procesal informada por su apoderado judicial con el fin de su comparecencia a notificarse de la resolución que decidió el recurso de reconsideración dentro de los diez días siguientes a la fecha de introducción al correo de la citación.

Según consta en el oficio visible a folio 85 del expediente emitido de la Administración Postal Nacional, este envío certificado permaneció en la oficina postal en “lista de correos al público” de Chocontá Cundinamarca, hasta el día 8 de agosto de 1993 a disposición del representante legal y fue devuelto por “no reclamado”.

El mencionado oficio también certifica lo siguiente:

“3. Dentro de los procesos postales la correspondencia con dirección específica de la parte urbana en la localidad de Chocontá, es entregada puerta a puerta y aquélla con direcciones de parte rural (veredas, kilómetros, carreteras, etc.) es entregada por lista de correos en las oficinas postales, permaneciendo (30) días a partir de la fecha de imposición”, fl. 85.

Ahora bien, para la Sala, si la pretensión del apoderado judicial era recibir en su dirección las notificaciones de los actos administrativos expedidos por la administración en el proceso de discusión del impuesto de renta de la sociedad que representaba, la asequibilidad a la dirección informada hacía parte de su pretensión y su viabilidad era requisito imprescindible para los efectos aspirados, por lo que no puede alegar ahora en su favor su propio error o negligencia.

De otra parte se observa que el asunto que aquí se debate ha sido objeto de análisis por esta corporación y como la Sala no ha variado su posición jurisprudencial, estima pertinente transcribir parte de las consideraciones expuestas en una sentencia en la que se discutía similares supuestos de hecho y de derecho a los que ahora se estudian.

Dijo la Sala en sentencia del 24 de noviembre de 1995 dictada dentro del expediente 6095:

“El artículo 563 del estatuto tributario, en consonancia con los artículos 564 y 565, establece que el declarante debe fijar una dirección para la notificación de las actuaciones de la administración tributaria, sea en sus declaraciones tributarias, en “formato especial de cambio de dirección” o, “durante el proceso de determinación y discusión del tributo” en escrito en el que señale, “expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes”.

Por supuesto, no hace falta que el legislador prevea explícitamente, la asequibilidad de la dirección informada, esto es, que la notificación que, con todo derecho aspira a recibir el declarante, sea normalmente posible, pues la existencia o viabilidad de los supuestos de hecho en que se funda toda pretensión, es requisito imprescindible para la aplicación y efecto jurídico de la ley.

Dado que, de conformidad con el artículo 565 citado, la notificación de la liquidación oficial, entre otras actuaciones administrativas, puede hacerse, indistintamente, “por correo o personalmente” resulta perfectamente claro que las dos formas de notificación se hallan en el mismo nivel de eficacia sin que sea viable distingo alguno, relativo a la mayor “perfección” de una forma sobre la otra, porque el legislador no lo hace.

Conclusión necesaria, por ende, es la de que la posibilidad del acceso normal a la dirección informada, se predica, también indistintamente, de las dos formas de notificación mencionadas.

En el caso, la demandante se empeñó, incluso contra norma expresa en materia de pruebas en la segunda instancia en hacer valer al menos un medio que no favorecía su afirmación de no haber recibido, oportunamente, ni la liquidación oficial, ni, la citación para notificación personal de la resolución del recurso gubernativo, a saber, la calificación de la administración postal sobre si ésta, “presta el servicio de correos entregando las misivas en las zonas rurales del país y concretamente en la zona donde se encuentra la finca arriba mencionada... “(alude a la dirección “rural” informada por el apoderado de la compañía).

En efecto, si la misma accionante, no solamente admite, sino que afirma y pretende demostrar que no existe tal servicio de “correo rural”, como de hecho no se ha probado que exista o que hubiera existido alguna vez, es palmario que incurrió en grave omisión al no haber suministrado una dirección utilizable para efectos de las notificaciones por correo, en los términos del parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 88 de 1988, concordante con el 51 de la Ley 49 de 1990, o una “para efectos procesales” de conformidad con el artículo 76, inciso 4º del Decreto 2503 de 1987, a la que tuviera acceso el servicio de correos nacionales, omisión que implica por una parte, la flagrante obstrucción del proceso de determinación y discusión del tributo y, por otra la ostensible carencia de legitimación en dicho proceso para desvirtuar la notificación postal tanto de la liquidación oficial como del aviso de citación para notificación, practicada por la administración, por el principio universal de derecho de que a nadie le es lícito alegar en su defensa su propio error o negligencia” (C.E., Sec. Cuarta, C.P. Consuelo Sarria Olcos, actor: Rafael Espinosa Hermanos y Cía., S.C.A.).

En el presente caso, el hecho de que el aviso de citación para notificación de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, no hubiera sido retirado de la oficina de correos por el apoderado de la sociedad actora, es una circunstancia que él mismo generó y por lo tanto no puede atribuírsele a la administración de impuestos ineficacia en su proceder, por lo que se considera surtida en debida forma la citación para la notificación personal y por ende se ajustó a derecho la notificación por edicto que se hizo de la resolución que agotó la vía gubernativa».

(Sentencia de marzo 6 de 1998. Expediente 8748. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

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