Sentencia 8769 de enero 30 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SOLICITUD EXPRESA DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

COMO PETICIÓN SUBSIDIARIA DEL REINTEGRO

EXTRACTOS: «Se logra evidenciar que existen circunstancias que no hacen aconsejable el reintegro del demandante al cargo que ocupaba en el momento del despido, no obstante haber hallado la corporación que éste fue injusto.

Y es que del conjunto de esa prueba documental es posible concluir que entre ambos ejecutivos —el vicepresidente de mercadeo y el jefe de servicio de pre y pos venta de la demandada— fue surgiendo un enfrentamiento que trascendió los límites de lo conceptual y que permite traslucir una animadversión mutua, que en el sub lite cobra mayor trascendencia porque la protagoniza el trabajador reclamante y su superior jerárquico, y que llegó a tales extremos que en la última comunicación que el actor remitió ya imputa no solo al destinatario sino a la empresa una conducta delictiva, al expresar:

“9. Por qué se patrocina el robo intelectual entre los trabajadores de la compañía, lo cual tiene como consecuencia inmediata un debilitamiento de la creatividad del personal, ya que nadie está dispuesto a crear para que otros se luzcan y ganen méritos con trabajos ajenos”.

Para la Corte, unas relaciones personales de un perfil tan conflictivo necesariamente pueden afectar el clima de trabajo en la empresa demandada en el evento de ordenarse el reintegro del accionante, como éste lo ha reclamado, más aún cuando las personas de la mutua intemperancia son trabajadores del nivel directivo de la empleadora, que por su ubicación en la organización empresarial, y por la naturaleza misma de sus respectivas funciones, deben permanentemente relacionarse para mejor suceso de los fines perseguidos por el empleador en su actividad industrial. Por esto no se comparte el planteamiento de la sentencia recurrida, al expresar, sin explicar el porqué, que ello es “solucionarle por las modernas teorías de la administración de personal y sicología industrial”. (folio 290).

Siendo entonces evidente el error de hecho del ad quem, al no apreciar la prueba documental visible entre folios 140 y 142, en lo concerniente a la pretensión de reintegro del actor, el cargo, en consecuencia prospera.

Consideraciones de instancia

Sobre las circunstancias que en criterio de la Corte no hacen aconsejable el reintegro del demandante, se remite la corporación a lo manifestado para decidir el segundo cargo de los propuestos por el recurrente.

Pero debe precisar la Sala, en función de ad quem que el actor en las pretensiones de su demanda no reclamó de manera subsidiaria el pago de indemnización por despido sin justa causa, sino que se limitó a la pretensión de “reintegro”, esta realidad impide a la Corte en sede de instancia hacer pronunciamiento al respecto por las siguientes razones:

1. Tanto en el poder como en el libelo demandatorio expresó el actor su voluntad de incoar acción solamente por el reintegro, el pago de salarios, primas y la declaratoria de no solución de continuidad del vínculo laboral; entonces la controversia y discusión giraron en torno a estos supuestos y por ende no puede el juzgador válidamente dar otro alcance a la petición inicial, al no configurarse los presupuestos procesales del Código de Procedimiento Laboral.

2. Aceptar oficiosamente como pretensión “implícita” la indemnización por despido, acarrearía el quebrantamiento de principios fundamentales que deben regir en todo proceso y decisión judicial como son los de derecho de contradicción, de defensa y debido proceso.

3. Procesalmente la demanda es un todo coherente que el juez debe analizar y armonizar. Este principio se aplica al sub judice donde en verdad existe claridad en las pretensiones formuladas, y ni en el capítulo de éstas ni en los hechos se hizo referencia al reconocimiento de la indemnización por despido; por tanto, al proferir decisión de fondo el juzgador, so pretexto de interpretar la demanda o la voluntad del actor, no puede suponer o atribuir que ella lleva ínsita la aspiración del reconocimiento de indemnización por despido; porque, además, al no haberse planteado controversia sobre este tópico se ignoran situaciones que eventualmente pueden ocurrir en la práctica, tales como si el empleador pagó tal concepto o si el demandante no lo desea, hipótesis que en desarrollo del proceso tendrían tratamiento diferente y por ende la correspondiente posición, defensa y prueba de las partes.

4. En casos como el presente las opciones de reintegro o indemnización por despido, son alternativas y no acumulativas, razón por la cual procesalmente y de acuerdo con la jurisprudencia deben plantearse como pretensiones principales y subsidiarias. Entonces, al haberse inclinado el demandante sólo por el reintegro solicitado, no es procedente que el juzgador de oficio agregue la opción indemnizatoria no deprecada por el trabajador desvinculado.

Corolario de lo dicho es que siendo el reintegro y la citada indemnización peticiones legalmente excluyentes, la inclusión específica de la primera supone la exclusión de la otra.

5. El reintegro y la indemnización por despido tienen naturaleza diferente: mediante el primero se restablece el vínculo laboral; en tanto que la segunda es de naturaleza indemnizatoria y parte del supuesto de la extinción definitiva del nexo contractual laboral.

6. No pedir en un juicio un derecho laboral no comporta renunciar ilegalmente a él. Si bien los derechos laborales son irrenunciables, en el evento de la negativa patronal a su otorgamiento, es el proceso laboral un mecanismo expedito para su reconocimiento y pago, siempre que se pidan y se cumplan las demás formas propias del juicio.

7. Es cierto que en el curso del proceso se dio por establecido el despido injusto. Pero este no es el único elemento relevante para fulminar la condena correspondiente, pues la indemnización depende en su monto del tiempo real servido (no basta simplemente que se superen los diez años de servicios como sucede con el reintegro) y del valor del salario base para la liquidación correspondiente (que puede coincidir con el debatido en relación con el reintegro, pero no es necesariamente igual). Tales diferencias hacen discutible que aún el juez de primera instancia pudiera adoptar una decisión extra petita.

8. El artículo 50 del CPT otorga la facultad de condenar de manera extra petita solamente al juez de primera instancia, lo cual supone que excluye al juez de única y al de alzada. Esta medida busca garantizar el derecho de defensa y ser consecuente con el principio general de la doble instancia. En el presente caso, siendo claro que la indemnización no fue pedida (aspecto indiscutible), la condena que se impusiera por tal concepto por esta Sala, en desarrollo de sus funciones juzgadoras de segunda instancia, encuadraría dentro de una decisión extra petita que no le está autorizada por la ley al juez de segundo grado.

9. Además, tal situación queda en oposición a lo preceptuado por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil relativo a la consonancia de la sentencia con las peticiones de la demanda, cuya única excepción es el artículo 50 del CPT para nuestro caso, que como norma de excepción es de interpretación y aplicación restringida. El primero de estos artículos, como norma procesal de orden público, es de obligatorio cumplimiento.

10. No es procedente hablar en casos como el presente de una petición implícita, pues ello da cabida a una subjetividad casi imposible de manejar en la práctica, y ante las falencias o vacíos de pretensiones razonables, generaría la obligación del juez de la apelación de pronunciarse sobre las eventuales peticiones tácitas, con todos los inconvenientes y consecuencias que se derivan de su posible omisión. Si se aceptara la obligación de decisión, mientras no se pronuncie sobre ellas, parecería que ha dejado de fallar sobre alguno de los puntos que “implícitamente” puede haber quedado incluido en toda demanda.

El punto parece conducir a una situación inversa a la que ha regulado la figura del fallo extra petita, la cual normativa y tradicionalmente ha correspondido a una facultad y en ningún caso a un deber del juez. Pero si se acepta la noción de las peticiones implícitas, que por serlo corresponden a las que no necesitan ser pedidas, el juez deberá pronunciarse sobre ellas, positiva o negativamente, aunque no se incluyan en las pretensiones del libelo.

Pero el punto llega hasta el planteamiento de algunos interrogantes: ¿cómo debe comportarse el juez de segunda instancia ante un fallo en el cual no se incluyan condenas por peticiones implícitas, si para el a quo no las hay, pero para el ad quem sí? En casos como el aquí tratado, ¿es viable considerar que la indemnización por despido es la única petición que va implícita cuando se demanda sólo el reintegro?

11. La redacción de la norma distingue los dos derechos: reintegro o indemnización, y mantiene tal diferenciación cuando alude a la potestad del juez para disponer el primero. Ello significa que no involucra en forma automática la indemnización como figura de obligatorio pronunciamiento subsidiario.

Tanto el reintegro como la indemnización por despido deben ser pedidos judicialmente si han sido negados por el empresario, sin importar que se trate de una prestación de servicios por más de diez años.

Concluir que la indemnización por despido injusto debe ser pedida en los casos de contratos con menos de diez años de antigüedad y no hay necesidad de impetrarla cuando se supera tal límite (pues a ello es a lo que lleva la tesis de la petición implícita), es crear una distinción que no hace la ley.

12. Si en criterio de la Sala la indexación de un derecho debe ser solicitada como medida complementaria para actualizar el valor del mismo, con mayor razón el que excluye (indemnización) al pedido (reintegro).

13. En verdad, en criterio de la mayoría, la sola redacción de la norma aplicada, es suficiente para arribar al aserto de que para la procedencia de la indemnización por despido era menester pedirla en la demanda. No de otra manera puede entenderse la expresión “... podrá el juez, mediante demanda del trabajador...”, lo que implica que parte de la base de que en esa demanda se soliciten ambas pretensiones —reintegro e indemnización—.

En consecuencia, habrá de casarse totalmente la sentencia, revocar integralmente la de primera instancia y absolver a la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, fechada el 22 de noviembre de 1995, dentro del proceso laboral de primera instancia promovido por el señor Darío Sanín Díaz contra la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. (Fabricato, S.A.). En sede de instancia, REVOCA TOTALMENTE el fallo de primer grado, y en su lugar, absuelve a la demandada de todas las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de casación, enero 30 de 1997. Radicación 8769. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto discrepamos de la decisión mayoritaria acogida en este proceso para el fallo de instancia en cuanto que al revocar la sentencia de primera instancia no condenó, en lugar del reintegro del demandante que en el mismo se había dispuesto, al pago de la indemnización en dinero que por el despido injusto prevé la norma legal a la luz de la cual fue desatada la controversia, como es el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965. Disposición que por estimarse violada motivó por unanimidad la casación del fallo objeto del recurso extraordinario.

Compartimos, entonces, respecto al punto que no se dio consenso, por ello salvamos el voto, la motivación y determinación que en la ponencia inicial se propuso en los siguientes términos:

Sobre las circunstancias aparecidas en el juicio, que en su apreciación no hacen aconsejable el reintegro del demandante, se remite la corporación a lo manifestado para decidir el segundo cargo de los propuestos por el recurrente.

Pero debe precisar la Sala, en función de ad quem, que aunque el actor en las pretensiones de su demanda no reclamó el pago de indemnización, sino que se limitó a la pretensión de reintegro, aquel resarcimiento económico procede en el sub lite, pues de acuerdo con el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, aplicable al actor por darse en su caso los supuestos de hecho del parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, el juez puede estimar aquellas circunstancias y a partir de ellas decidir sobre la aconsejabilidad del reintegro, no resultándole posible al demandante limitar su pedimento al reintegro, para restringir el fuero del juzgador en punto de determinar si el mismo resulta aconsejable e impedirle reconocerle por el despido calificado como injusto la alternativa indemnizatoria.

Lo anterior quiere decir, entonces, que para la corporación cuando el actor solamente demande el reintegro fundado en la disposición legal antes citada, tal pedimento comprende, por mandato de la misma ley, implícitamente la solicitud de que si no se encuentra procedente aquél en razón a incompatibilidades que lo hacen desaconsejable, se ordene la indemnización en dinero prevista para el despido injusto. Esta es la causa por la cual tal decisión no implica un fallo extra ni ultra petita.

Con respecto a lo antes puntualizado también es necesario agregar:

1. Que si bien el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 alude a que “el juez del trabajo podrá, mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el numeral 4º, literal d) de este artículo”, ello es consecuencia de que la disposición viene reglando todo lo relativo a la indemnización en dinero por rompimiento del contrato sin justa causa, y, por ende, ese aparte de la norma se refiere a un derecho que de manera excepcional produce el despido, como es el reintegro; lo que a su vez implica que éste nunca podrá ordenarse sin petición del trabajador, como, también, que reclamándose únicamente la indemnización, el juez no puede disponer aquél. O sea, que la pretensión de reintegro siempre tendrá que ser expresa.

2. Invocándose por la demandada las circunstancias de incompatibilidad previstas por la norma en comento para que se case el fallo impugnado y se le absuelva de las pretensiones (demanda de casación folio 17), en razón al principio de la inescindibilidad, tal parte tiene que aceptar la aplicación de todo lo que ella dispone, es decir, que en sustitución del reintegro debe indemnizar en dinero. Por este motivo tampoco habría fallo extra ni ultra petita, pues esa norma, como lo tiene dicho la Corte, al mencionar el juez del trabajo comprende tanto al de primera como al de segunda instancia (sent. cas. 19 de diciembre de 1974, G.J. CXLVIII, 556).

En consecuencia, corresponde tasar la indemnización a que tiene derecho el demandante por el despido injusto del que fue objeto. Para el efecto, no se presenta discrepancia en torno a los extremos cronológicos de la relación contractual laboral entre las partes, como tampoco existe discusión respecto al salario devengado a la terminación del contrato.

De acuerdo con la demanda, y su contestación de la demanda (folio 3 y 131), el actor se vinculó a la empleadora el 23 de agosto de 1966 y laboró hasta el 2 de febrero de 1994, hecho además corroborado por el documento de folios 162 que contiene la liquidación de prestaciones sociales. Tales extremos arrojan como resultado que laboró para la reclamada durante 27 años, 5 meses y 10 días.

También según las piezas procesales antes reseñadas, el demandante devengaba un salario diario de $ 24.236.45.

De otra parte, la indemnización debe tasarse en los términos del numeral 4º, literal d del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 porque habiendo solicitado su reintegro, es palmario que el actor no se halla cobijado por el régimen indemnizatorio de la Ley 50 de 1990. Es así que por el tiempo de servicio y último salario diario deducidos, entonces le correspondería una indemnización de $ 20.327.111; cantidad esta que, en principio, sería la a tasar la condena por este concepto en contra de la demandada.

Y se dice que en principio, porque: a) Es sabido que ha sido posición reiterada de esta Sala de la Corte la de aceptar la aplicabilidad de la teoría de la indexación como paliativo del fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, aduciéndose para ello razones de justicia y equidad o porque se produce retardo en el cumplimiento de una obligación. b) También ha sostenido que uno de los créditos que puede ser objeto de tal actualización es la indemnización por despido injusto, y que para disponer la misma es necesario que se hubiera formulado súplica en ese sentido y pedido prueba con el objeto de acreditar el porcentaje de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Presupuesto, los dos últimos, es obvio, no se cumplen en este proceso.

Empero, en este asunto habrá de reconocerse la indexación porque apenas es lógico que no cabe la aplicación de las pautas jurisprudenciales antes aludidas, pues al no pedirse la indemnización por despido injusto como pretensión subsidiaria a la de reintegro, sino que fue la opción que acogió la Corte por lo ya comentado, la aceptación de tal crédito por el actor le es impuesta por el fallador, lo que obliga, a su vez, que éste le reconozca el valor correspondiente debidamente indexado; advirtiéndose que esta decisión no puede ser calificada de ultra petita porque no se da más de lo debido en razón al rompimiento sin justa causa del contrato de trabajo sino lo efectivamente adeudado, que es lo que persigue la indexación.

Fernando Vásquez Botero—Francisco Escobar Henríquez—Ramón Zúñiga Valverde. 

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