Sentencia 8796 de octubre 26 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PRUEBAS

LIBERTAD DE MEDIOS

EXTRACTOS: «La demostración de la embriaguez a través de testimonios y no mediante la práctica de una prueba de alcoholemia es de primer cargo que formula el censor, enmar-cándolo como una violación indirecta de la ley por la presunta existencia de un error de derecho.

Al regular la parte probatoria del código, el legislador escogió la técnica de la libertad de los medios de convicción para probar cualquier hecho o circunstancia del proceso. Ello significa que la enumeración de pruebas que plasmó en el artículo 248 de la codificación, es enunciativa; de allí que un hecho se pueda probar con los medios allí enunciados, e igualmente con cualquier otro no previsto en esa preceptiva, como claramente lo estipula el inciso segundo del artículo que se comenta.

De esa manera, la libertad probatoria consagrada lleva a concluir que los hechos y circunstancias del proceso pueden ser demostrados con cualquier medio que tenga esa capacidad, quedando por fuera la hipótesis de que determinado hecho sólo se puede establecer a través de un especial medio de convicción. Lo que no obsta para admitir que existen elementos de juicio con mayor idoneidad probatoria que otros; por ejemplo, las pruebas ideales para demostrar la tipicidad en un homicidio, obviamente serían la necropsia, el acta de levantamiento del cadáver y la partida de defunción, pero lo anterior no imposibilitaría probar la muerte por otro medio de convicción.

En el caso que ahora es motivo de consideración, si bien el medio idóneo para la demostración de un estado de embriaguez habría sido la prueba de alcoholemia, ello no quiere decir que esa demostración no se pueda obtener testimonialmente; sobre todo cuando se cuenta con la declaración de un profesional médico, precisamente la misma persona que atendió al procesado de las heridas sufridas, y que por tales razones se encuentra en capacidad de determinar si una persona se encuentra o no afectada de embriaguez, teniendo en cuenta la serie de manifestaciones que son características de tal estado.

En relación con la temática probatoria que se enfrenta, resulta pertinente mencionar la disposición del artículo 41 del CPP, de particular importancia cuando en el ejercicio de sus funciones el juez penal adquiere competencia extrapenal, caso en el cual “apreciará las pruebas de acuerdo con la correspondiente legislación”.

Esta preceptiva sería aplicable, por ejemplo, en el evento de que un juez tuviera que fallar un caso donde fuera indispensable decretar la prejudicialidad civil, luego de transcurrido un año de haberse decretado, sin que se hubiera fallado el proceso civil que tenga efectos en el penal. En tal situación, el juez penal, obviamente con el fin exclusivo de analizar la existencia del delito que juzga, puede tomar decisiones sobre el asunto civil, apreciando las pruebas relacionadas con éste, de conformidad con las reglas establecidas en el derecho civil y su fallo no tendrá otros efectos.

Sin embargo, aquí no se trata de un aspecto de competencia extrapenal, porque la embriaguez, en este tipo de casos, es un elemento para la demostración de la culpa o de la agravación del hecho ilícito y por tanto es de índole exclusivamente penal.

Otra preceptiva a la cual se debe aludir necesariamente es la que contiene el artículo 253 procesal y en la cual se establece que los elementos del hecho punible, la responsabilidad y la naturaleza y cuantía de los perjuicios “...podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial...”.

Este mandato legal no se puede entender como, al parecer, lo comprende el censor, porque no es que en el primer inciso se consagre la libertad probatoria y en el segundo una excepción, sino que esta norma debe ser concordada con la precedentemente analizada, en aquellos casos en los cuales el juez penal adquiere competencia extrapenal, para decidir asuntos ajenos a la naturaleza del proceso que maneja y en los cuales se debe someter a la exigencias legales indicadas en el otro ordenamiento».

(...)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

REFORMATIO IN PEJUS

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

EXTRACTOS: «Es cierto que la Constitución establece una serie de garantías en favor del ciudadano sometido a proceso y que al mismo tiempo con el principio de legalidad se imponen una serie de limitaciones al ejercicio del poder punitivo del Estado, en cuanto a que solo puede ser ejercido en relación a las conductas específicamente contempladas como prohibidas, que sólo puede imponer las penas legalmente previstas (algunas de imposible imposición por expresa prohibición constitucional) y dentro de los límites mínimos y máximos para ellas previstos.

Se ha dicho con razón que no pueden darse normas contradictorias de carácter constitucional, y por lo mismo no puede existir jerarquía entre ellas, es decir que se diesen normas más importantes que las otras; es por ello que cuando se llegare a presentar un aparente conflicto de normas constitucionales, el aplicador de la ley debe interpretarlas de tal manera que les dé la justa y armoniosa apreciación que necesita el texto de la Carta Política para mantener su integridad ideológica y su unidad.

El texto constitucional se convierte así, por el principio de legalidad, en una garantía para el ciudadano en cuanto a que el legislador no podrá imponer penas de las que han sido excluidas por el texto constitucional y para los funcionarios judiciales que ejercen la represión la garantía al ciudadano que no se le podrán imponer penas por fuera de los límites temporales establecidos en la ley.

Es por ello que este principio y el de la reformatio in pejus deben ser conciliados en su interpretación, en el sentido de que los jueces jerárquicamente superiores se encuentran impedidos para agravar la pena impuesta en primera instancia, pero siempre y cuando ella se haya ajustado al principio constitucional de la legalidad, porque es obvio que los jueces dentro del principio también constitucional de la independencia, según el cual sólo están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley, al tasar las penas necesariamente deben cumplir esta función dentro de los parámetros señalados por tal normatividad, es decir teniendo en cuenta las diversas circunstancias de atenuación y agravación punitiva, y es claro que bajo ninguna circunstancia se podrán deducir penas por debajo del mínimo legal o por encima del máximo legal.

Por ello, cuando el superior jerárquico advierte que se impuso una pena inexistente, se dedujo una de las prohibidas constitucionalmente, se dejó de aplicar la legalmente prevista, o se tasó por fuera de los límites previstos en la ley, se encuentra en la obligación constitucional de adecuar el fallo a la normatividad existente; deber que ha de cumplir el juez de segunda instancia y con mayor celo el de casación, por cuanto una de sus finalidades fundamentales es garantizar la legalidad del proceso.

No existe contradicción ni puede darse entre los principios constitucionales que se estudian, porque está sobreentendido que la reformatio in pejus, como imposibilidad de agravar la sanción impuesta en primera instancia cuando se trate de apelante único, tiene aplicabilidad siempre y cuando el fallo se ajuste a la realidad constitucional y legal; lo contrario nos llevaría a la inaudita conclusión de que la fuerza de la sentencia de primera instancia sería de tal naturaleza que quedaría por encima de la Constitución y de la ley, porque a pesar de imponer una pena desconociendo el mínimo legal, los superiores jerárquicos estarían imposibilitados para hacer los ajustes necesarios exigidos por el principio constitucional de la legalidad.

No comparte la Sala la afirmación de su Delegado en el sentido de que se desconoció el principio del debido proceso, precisamente porque el primer fundamento de éste es la legalidad de los delitos y de las penas, y mal podría estimarse violatoria del principio la decisión de un superior que corrige los yerros inconstitucionales e ilegales en que pudiera haber incurrido el funcionario de primera instancia.

Es importante hacer un breve comentario al artículo 34 de la Ley 81 de 1993, reformatorio del artículo 217 del CPP que establece la competencia del superior, al disponerse en la parte pertinente que: “Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá en caso alguno agravar la pena impuesta...”.

Lo anterior porque la norma reformada decía “Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta...”.

Es decir que el legislador le agregó “en caso alguno” y ello podría llegar a interpretarse por alguien que en ningún caso el superior puede agravar la pena impuesta por el inferior en caso de ser la defensa apelante único, y es obvio que esta norma legal debe ser interpretada dentro de los parámetros constitucionales establecidos con anterioridad, ello quiere decir que si el inferior desconoce las precisiones constitucionales y legales en relación con las penas, el superior para hacer respetar el principio constitucional de legalidad y sin vulnerar el principio de la Carta Política de la reformatio in pejus podrá ajustar la pena a esos límites legales, no importa que para ello deba incrementar la pena impuesta por el inferior. Lo anterior nos lleva a concluir que si la voluntad del legislador hubiese sido la de evitar la anterior posibilidad de incremento punitivo, por violar la sentencia de primera el principio de legalidad es claro que estaríamos en presencia de una norma inaplicable por clara inconstitucionalidad».

(Sentencia de casación, octubre 26 de 1994. Radicación 8796. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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