Sentencia 88001220300020000001-01 de marzo 9 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 88001220300020000001-01, mar. 9/2001

M.P. Nicolás Bechara Simancas

EXTRACTOS: «Consideraciones

Advierte la Corte delanteramente, que no puede considerarse que exista temeridad con la presentación de esta acción de tutela, porque, como fluye de la comparación entre una anterior y ésta, los sujetos procesales no son idénticos y los hechos de ambas difieren sustancialmente, para lo que basta precisar, que la presente acción está dirigida contra varias actuaciones que cuando se presentó la primera no se habían surtido, es decir no se dan las circunstancias previstas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la sanción allí señalada.

1. Se impone aquí, de entrada, recordar que a voces del propio artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela constituye un especial mecanismo que con carácter residual propugna por la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando ellos en forma directa y de manera seria son amenazados o violados por la acción u omisión ilegítima de una autoridad pública o de particulares, no existiendo para el afectado medio ordinario de defensa que de manera eficaz permita la salvaguarda de los derechos que se estimen conculcados.

2. Respecto a la procedencia de un mecanismo tan excepcional, en tratándose de providencias judiciales como aquí acontece, se ha dicho que “una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico” (1) .

(1) C. Cnal. Sentencias T-008 y T-204 de 1.998.

Teniendo claro lo anterior, la función del juez constitucional está dirigida a establecer si existe o no la vía de hecho, esto es, si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable, pues como sostiene la jurisprudencia “aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada. A este respecto, esta corporación ha indicado: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no obstante poder ser imputada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley” (2) .

(2) C. Cnal. Sentencia T-231 de 1994.

3. Con estas precisiones, procede la Corte a examinar a espacio la actuación adelantada en el proceso que se combate en esta acción de tutela, para establecer si en verdad concurren o no situaciones de aquélla que la jurisprudencia constitucional ha erigido como constitutivas de vía de hecho y que ameriten la intervención excepcional que se demanda.

Ha de anticiparse que por el planteamiento de la accionante, las eventuales vías de hecho contenidas en la actuación judicial, involucran cuando menos tres de las cuatro hipótesis señaladas atrás, pues partiendo del defecto orgánico que advierte ante la supuesta falta de competencia del juez para adelantar o proseguir la acción ejecutiva adelantada como resultado de la sentencia que se menciona, señala simultáneamente graves defectos sustantivos y procedimentales que a juicio de la entidad accionante constituyen la agresión del derecho fundamental al debido proceso que le asiste.

Dentro de ese entorno, es necesario primeramente hacer precisión de algunos hechos que resultan trascendentes para el examen constitucional de la actuación:

— El proceso de toma de posesión con fines de liquidación de una empresa de servicios públicos, previsto en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, implica en lo pertinente la aplicación de las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras, entendiéndose que cuando éstas se refieran a la Superintendencia Bancaria deberá leerse Superintendencia de Servicios públicos, y toda alusión a los ahorradores habrá de entenderse a los acreedores.

— En los procesos concursales, tanto en el régimen concordatario (recuperación de los negocios del deudor), como en el concurso liquidatorio de su patrimonio, la Superintendencia de Servicios Públicos asume la función jurisdiccional (L. 222/95 art. 90; C.P. art. 116, inc. 3º), y esto se traduce en que es ella la competente de manera privativa para tramitar y decidir las cuestiones que se susciten dentro del proceso concursal respectivo.

— La adscripción de la competencia privativa se refleja además en la limitación que la propia ley impone a los acreedores de la entidad intervenida, todos los cuales quedan sujetos a las medidas que se adopten en la toma de posesión, “por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectiva cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen…” (art. 22 L. 510/99 lit. h), que modificó el art. 116 del Estatuto Financiero).

— Por fuerza de la misma competencia privativa de la Superintendencia de Servicios Públicos, el acto de toma de posesión conlleva, en los términos del artículo 22 citado, “la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida…”, actuaciones que deberán ser remitidas al agente especial que se designe.

— Que se trate de obligaciones anteriores, se explica, pues la toma de posesión con fines de liquidación, implica que en adelante la entidad intervenida con ese fin, no podrá adelantar su objeto social por sí misma, lo que significa que en principio no puede adquirir ninguna nueva obligación, cosa que no sucede en el caso del concordato, porque en esta figura la sociedad intervenida conserva el derecho de ejercer su actividad, dado que el destino del concordato es precisamente obtener un acuerdo para salvar al deudor.

Pero es que además, el punto tiene una connotación adicional que explica la razón por la cual se habla de “obligaciones anteriores a dicha medida”. Consiste en que la toma de posesión genera un desapropio de los bienes de la intervenida para formar simultáneamente una masa de bienes bajo la administración exclusiva del ente interviniente, situación que desde luego impide que aquella adquiera nuevas obligaciones.

Esta última circunstancia explica así mismo la exclusión de las obligaciones postconcordatarias del régimen del sistema concordatario, pero únicamente dentro del procedimiento del concordato y no dentro del liquidatorio, lo que expone suficientemente la razón por la cual no puede aplicarse al proceso de liquidación la posibilidad que sí existe en el proceso de concordato, de adelantar acciones por obligaciones “postconcordatarias”.

— Se ve claramente entonces, que el ejercicio de cualquier derecho de parte de los acreedores contra la entidad intervenida, en el caso de la toma de posesión con fines liquidatorios, deberá hacerse “dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen. …” (art. 22 L. 510/99, lit. h), que modificó el artículo 116 del estatuto financiero, atrás citado).

— Lo dicho refleja diáfanamente, que si por mandato legal la Superintendencia de Servicios Públicos, asume función jurisdiccional, y por consiguiente la competencia privativa para tales efectos (art. 90 L. 222/95; C.P. art. 116, inc. 3º), ese mandato legal no puede quedar convertido en letra muerta que permita burlar impunemente su exclusiva atribución para dirimir las controversias que atañen a los bienes vinculados a la liquidación por la toma de posesión.

Justamente la claridad del precepto en mención, está indicando que una vez proferida la resolución administrativa de toma de posesión, sólo la Superintendencia de Servicios Públicos está revestida de la jurisdicción legal y tiene la competencia para definir la procedencia de los derechos de la índole del que se reclama, que se discutan frente a la sociedad intervenida y para hacerlos efectivos, decisiones todas que deben adoptarse “dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen”.

Esa adscripción exclusiva de jurisdicción a la Superintendencia de Servicios Públicos para conocer reclamaciones por el ejercicio de derechos de los acreedores frente a la entidad intervenida, y dentro del proceso de toma de posesión de conformidad con las disposiciones que lo rigen, tiene su origen y explicación en el hecho de que la toma de posesión comporta que la entidad asuma la guarda y administración de la masa total de bienes de la entidad, efecto para el cual la ley le otorga facultad y poder suficiente dirigido a obtener prontamente la liquidación como fin último propuesto, aspecto que sólo es posible concebirlo en relación con los bienes, los acreedores y los terceros.

Esto no puede significar cosa distinta, que al Superintendente de Servicios Públicos le corresponde en todos esos casos asumir la competencia exclusiva y excluyente, una vez decretada la toma de posesión, para dirimir cualquier controversia suscitada entre los acreedores y la entidad intervenida, y por supuesto, que es la misma Superintendencia la llamada a definir si tal o cual acreencia ingresa como pasivo a la masa por liquidar, la prelación del crédito, y en fin todo lo atinente a la reclamación.

De manera que la determinación atinente a establecer si la obligación que se ejecuta es anterior a la toma de posesión, es decisión que corresponde adoptar de modo exclusivo a la Superintendencia de Servicios Públicos, y no, como se hizo en este caso, al juez ordinario del proceso ejecutivo, quien sólo podía darle curso a la ejecución una vez fuera definido el punto por aquella entidad, única facultada para hacerlo.

4. Conclusión inexorable, que salta a la vista de la simple exposición de las normas atinentes a los efectos de la toma de posesión, es que el juez civil ordinario, carece absoluta y totalmente de jurisdicción para iniciar o proseguir el proceso ejecutivo cuya base de recaudo en el presente caso la constituyó la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que cursó entre las partes, porque su conocimiento, por mandato legal, está adscrito a otra jurisdicción, sustrayéndolo de la suya.

Corresponde entonces exclusivamente a la Superintendencia de Servicios Públicos, por mandato legal según lo expuesto, conocer y dirimir la controversia a que dé lugar la interpretación del artículo 22 de Ley 510 de 1999 literales d y h, que modificó el artículo 116 del estatuto financiero, de lo que se sigue que los accionados actuaron fuera de toda facultad legal al asumir el conocimiento del proceso ejecutivo de que se viene haciendo mención.

El vicio que de lejos se divisa, ha seguido gravitando durante todo el curso del proceso ejecutivo adelantado, pese al demostrado conocimiento del juez de la existencia de la Resolución 2050 de 13 de marzo de 2000, por la que se ordena la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la empresa Archipielago´s Power & Light Co. S.A. E.S.P., aportada al proceso ordinario antes de que fuera presentada la demanda ejecutiva, y pese a la advertencia posterior (ya en el curso del proceso ejecutivo), que mediante la proposición de incidente de nulidad le hiciera el señor Procurador Regional del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y pasando por encima de las múltiples manifestaciones que no solamente quedaron plasmadas en la intervención de la demandada en los diversos recursos interpuestos contra el mandamiento de pago, en la contestación de la demanda y en el soporte de los distintos recursos intentados contra las múltiples actuaciones adelantadas, ninguna de esas razones fueron suficientes para el juez natural quien prefirió perseverar en su error de conocer de la actuación, cuando está visto que la jurisdicción del Estado para esos efectos está atribuida, según lo indicado, al funcionario a quien le fue asignado el conocimiento y decisión del derecho en disputa.

5. La conducta descrita constitutiva de un atropello al derecho fundamental del debido proceso que asiste a la accionante, es motivo suficiente para que la acción de tutela salga airosa, pues además, esa actuación viciada llevó consigo, como consecuencia lógica, el arrasamiento de otros preceptos sustanciales y procesales que resultaron desconocidos por los jueces accionados con su proceder.

Adecuado resulta al respecto, indicar que la carencia de poder de autoridad jurisdiccional del Juez Civil del Circuito de San Andrés Isla para conocer del asunto, por haber sido trasladada esa función a otra jurisdicción, de comienzo implicaba inequívocamente la obligación del juez de rechazar la demanda ejecutiva, y, de no haber procedido así, haberlo reconocido en las instancias subsiguientes del proceso, lo cual tampoco se produjo, sino que por el contrario se obstinó en mantener una posición que resulta abiertamente enfrentada al sentido de la norma que dijo aplicar.

6. Innecesario resulta que la Corte, haciendo absoluta abstracción del vicio ya referido que campea en la actuación, se ocupe de las demás irregularidades que pueden advertirse con alcance de vías de hecho lesivas del derecho fundamental del debido proceso de la sociedad accionante, pues finalmente todas derivan de la vulneración cardinal del derecho al debido proceso generado por el motivo comentado.

7. Los sucesos advertidos (no agotados todos por la brevedad de la acción constitucional), impiden considerar siquiera que la serie concatenada de errores que ofrece la actuación de los accionados, corresponda a un ejercicio de interpretación normativa del juez, pues ello implicaría que su discurso viene sustentado en un análisis razonado, lógico y coherente, actitud esta que es apenas reflejo de la facultad soberana de juzgar, y en el aspecto señalado, el juez constitucional no estaría llamado a suplantar la decisión del juez de instancia, ni a proponer un nuevo análisis fáctico o probatorio. Pero no. Aquí se encuentra la Corte como juez constitucional, frente a la incoherencia y la sin razón de los funcionarios, reflejada paso a paso en las decisiones adoptadas que resultaron en buena parte ser el producto de la mera voluntad de estos, y de su errada aplicación de las normas llamadas a regular la actuación sometida a su escrutinio, que concluyó con el mayor desacierto.

Un proceder así, constituye violación del debido proceso que amerita la tutela, tal como lo ha advertido la Jurisprudencia Constitucional (3) al señalar que, “La vía de hecho —ha señalado la Corte (4) — es en realidad el ejercicio arbitrario de la función judicial, en términos tales que el fallador haya resuelto, no según la ley que, por tanto, ha sido francamente violada, sino de acuerdo con sus personales designios”.

3. C. Cnal. Sentencia T-461/97.

4. C. Cnal. Sentencia T-118/95.

“Para que pueda llegarse ha entender que, de manera excepcional, procede la acción de tutela contra providencias judiciales y —con mayor razón contra sentencias que han alcanzado el valor de la cosa juzgada— es indispensable que se configure y acredite una situación verdaderamente extraordinaria, que implique no solamente el incumplimiento de una norma jurídica que el juez estaba obligado a aplicar, sino una equivocación de dimensiones tan graves que haya sido sustituido el ordenamiento por la voluntad del fallador”.

8. Esto se traduce en que la argumentación que soporta la decisión del juez colegiado para denegar el amparo solicitado, debe ser revocada, para en su lugar concederlo, dejando de paso sin efectos la actuación surtida en el proceso viciado, a partir del auto que libró mandamiento de pago inclusive.

9. No puede ignorar la Corte la posibilidad de que con las actuaciones de los funcionarios accionados hayan incurrido en faltas de linaje disciplinario, cuya calificación por supuesto no es función del juez constitucional, por lo que es del caso ordenar la expedición de copias con destino al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de que allí se analice la conducta de los mismos y la viabilidad de abrir la correspondiente investigación en lo que pueda corresponder a cada uno de aquéllos, sin perjuicio de que la misma autoridad pueda ordenar las investigaciones de otra índole que emerjan de los hechos.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA el fallo de fecha y procedencia anotados. En su lugar,

RESUELVE:

1. Conceder el amparo constitucional al derecho fundamental al debido proceso, solicitado por la sociedad Archipielago´s Power & Ligth Co. S.A. E.S.P., por intermedio de su representante legal, por considerar que resulta vulnerado con las actuaciones judiciales a que se ha hecho mención, realizadas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas y el Juzgado Civil del Circuito de San Andrés Isla dentro del proceso ejecutivo adelantado contra aquélla a instancias de Alberto Torres Palis, a continuación del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual tramitado entre las mismas.

2. Como consecuencia se dispone dejar sin efectos la actuación adelantada en el mencionado proceso ejecutivo, desde el proferimiento del mandamiento de pago inclusive, (auto, jul. 18/2000) del Juez Civil del Circuito de San Andrés.

3. El juez de primera instancia accionado, dispondrá lo pertinente para que vuelvan las cosas al estado anterior, y a la recuperación de los valores aprehendidos y la restitución de los mismos, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia. Para estos efectos la secretaría de la corporación comunicará de inmediato a dicho accionado lo aquí decidido, por la vía más expedita.

4 Ordénase la expedición de copias de este fallo con destino al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, del fallo de tutela de primera instancia, de las decisiones del tribunal y del juez de primera instancia atacadas en la tutela, para efectos de que allí se analice la conducta de los funcionarios y la viabilidad de abrir la correspondiente investigación en lo que pueda corresponder a cada uno de aquéllos, sin perjuicio de que la misma autoridad pueda ordenar las investigaciones de otra índole que emerjan de los hechos.

5. Reconócese personería suficiente al doctor Héctor Marín Naranjo, en los términos del poder visible a folio 25 del cuaderno de la Corte, para actuar en nombre y representación de la sociedad Archipielago´s Power & Ligth Co. S.A. E.S.P.,

Notifíquese lo resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

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