Sentencia 8811 de junio 11 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

AUDIENCIA PÚBLICA

ASISTENCIA OBLIGATORIA DEL FISCAL

EXTRACTOS: «Corresponde entonces examinar la nulidad planteada por el señor procurador delegado, derivada del hecho de que en la audiencia pública celebrada el 28 de septiembre de 1992, no participó fiscal alguno: “...el señor fiscal que calificó el mérito del sumario (sic)... no se hizo presente según constancia... en razón de no estar adscrito a este circuito, razón por la cual en esta vista pública intervendrá el señor representante del Ministerio Público...”, para el caso el personero municipal, quien solicitó “proferir sentencia absolutoria” (fls. 602 y ss.).

La asistencia del correspondiente fiscal a la audiencia pública es obligatoria, conforme a los artículos 128 y 452 del Código de Procedimiento Penal. Su intervención es base fundamental del juzgamiento que, como tal, no puede pretermitirse (art. 308.2 CPP), pues resulta inherente al sistema acusatorio instituido en la codificación procesal penal vigente, que exige para la verificación de este trascendental acto del juicio la participación de acusación y defensa, sin que pueda aceptarse que la presencia del agente del Ministerio Público, suple a alguna de ellas.

En caso similar al presente dijo la Sala que la participación del agente del Ministerio Público en el plenario “no subsanaba la irregularidad sustancial que se generó con la inasistencia del fiscal que era obligatoria, según el mandato expreso del artículo 452 de la sistemática vigente. Le asiste, pues, razón al recurrente en su pedimento, debiéndose declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia pública, inclusive” (Auto de junio 8/93, 2ª inst. 7950, M.P. doctor Jorge Enrique Valencia M.).

No debe perderse de vista que la Fiscalía General de la Nación desarrolla un doble papel dentro del proceso: de una parte, es institución judicial encargada, bajo la correspondiente organización jerárquica, funcional y territorial, de la dirección y ejercicio de la acción penal durante la etapa investigativa, y de la otra, es un verdadero sujeto procesal dentro de la etapa del juicio. Siendo misión constitucional suya efectuar la investigación de los delitos, acusar y procurar la sanción de los infractores de la ley penal, sin perjuicio del deber que le asiste de averiguar la verdad, así ésta conduzca a la inocencia del procesado, mal puede aceptarse su inasistencia al debate oral, que sin lugar a dudas queda sustancialmente incompleto y socava la estructura del proceso, afectando la validez de la actuación.

Además, se aprecia que la designación de un fiscal que concurriera a la audiencia pública seguía siendo imperativa, si se tiene en cuenta que la situación real del proceso al momento de entrar en vigor el estatuto procesal penal vigente, no era la contemplada en su artículo 13 transitorio.

En conclusión, debe decretarse la nulidad de todo lo actuado en este proceso, desde la diligencia de audiencia pública inclusive, para cuya pronta celebración el juez de primera instancia señalará fecha y hora en la oportunidad debida».

(Sentencia de casación, junio 11 de 1996. Radicación 8811. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla).

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