Sentencia 8817 de junio 12 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Manrique Guzmán

Ref.: Expediente 8817

Santafé de Bogotá, D.C., junio doce de mil novecientos noventa y ocho.

Actor: Colcordes Ltda. Corredores de Seguros.

Fallo

Apelación de la sentencia 25 de septiembre de 1997 y su complementaria de 30 de octubre del mismo año del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Impuesto sobre la renta y complementarios del período impositivo de 1992.

EXTRACTOS: « (...).

Consideraciones de la Sala

Se debate en el proceso, la metodología de la compensación de saldos, en cuanto, según la actora, la administración liquidó intereses moratorios que no se causaron y se negó a devolver la fracción del saldo a favor que los actos acusados aplicaron a dichos intereses. Se discuten igualmente los términos de la causación intereses sobre dicho saldo y la actualización monetaria del mismo.

En materia de la compensación de saldos, la Sala tiene establecido que, legalmente, “la compensación es un modo de extinguir las obligaciones que tiene por fin o por efecto evitar un doble pago, una doble entrega de capitales, extinguiéndose tales obligaciones hasta el monto de sus respectivos valores, (C.C., art. 715), cuando quiera que las partes intervinientes sean recíprocamente acreedoras y deudoras, produciéndose una especie de confusión de las obligaciones en relación con su objeto. A pesar de que la compensación obra ipso iure, la ley exige que ella sea invocada o solicitada por quien la pretende hacer valer, (C.C., art. 1719 y CPC., art. 306). Adicionalmente los artículos 815, 816,.850 y siguientes del estatuto tributario exige la verificación por parte de la administración de la existencia de las obligaciones a cargo del contribuyente y de la propia administración, con miras a impedir los posibles fraudes que podrían cometerse en caso de que las obligaciones o algunas de ellas fueran inexistentes, esto es, que no se dieran los requisitos legales de la compensación (E.T., art. 856 y 857). Surtidos los trámites anteriores y verificada la existencia de tales obligaciones, la compensación se efectúa por ministerio de la ley y desde el momento en que se hayan reunido los requisitos establecidos en ella” (Cfr. Sent., abr. 24/98, Exp. 8744).

Se parte, pues, del supuesto de la existencia en la cuenta corriente de los impuestos por pagar de cada contribuyente o responsable, de cuando menos dos saldos: uno de naturaleza crédito a favor o a cobrar y otro de naturaleza débito a cargo o a pagar, sin olvidar que conforme al artículo 815 del estatuto tributario, mientras la “imputación” de que habla su literal a) sólo es viable en la “liquidación privada del mismo impuesto”, la “compensación” prevista por el literal b) lo es en relación con toda clase de “impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo”.

Teóricamente ambos saldos, desde que se crean, son aptos para causar intereses a sus respectivos titulares, en el entendimiento de que el saldo a favor o crédito se genera conforme al criterio del “pago” del artículo 803 del estatuto tributario según el cual, dicho pago se tiene por realizado desde que los valores imputables ingresen a las oficinas de impuestos nacionales o a las entidades autorizadas de la red bancaria, aún a título distinto del pago como los depósitos, buenas cuentas o retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a favor por cualquier concepto.

Y si, como en el caso, el saldo a favor o crédito en el impuesto sobre la renta del ejercicio gravable de 1992, excede al saldo a pagar o débito por retenciones en la fuente de los períodos 1º a 5º del mismo año, y el primero se causó antes del segundo, es claro que no procedía la liquidación de intereses moratorios a cargo del titular del saldo a favor o crédito, pues éste cubría “con creces” el importe del saldo a cargo o débito, que es tesis de la actora acogida por el tribunal.

En otros términos si, como lo advirtieron el tribunal y la demandante, a 31 de diciembre de 1991, antes de que se generaran las deudas por retenciones correspondientes a los períodos 1º a 5º de 1992, que sumaban $ 20.365.000, ya se había consolidado un saldo a favor en el impuesto sobre la renta provenientes de las liquidaciones privadas por 1990 y 1991, por valor de $ 34.915.000, no podía sostener válidamente la administración que los saldos por retención no pagados a tiempo de la presentación de las respectivas declaraciones de retenciones, quedaran en mora y causaran intereses moratorios. El supuesto de que el saldo a favor sólo se consolida o se hace firme o definitivo en la fecha en que la administración lo reconoce y ordena su compensación o devolución, es erróneo, pues esto implica la negación de las reglas del citado artículo 803 del estatuto tributario.

Lo relevante en el asunto, en suma, es que el efecto compensatorio del saldo de naturaleza crédito generado por la declaración de renta del período impositivo de 1992, frente al saldo de naturaleza débito generado por retenciones en la fuente de los períodos 1º a 5º del mismo año, descartó la viabilidad de la liquidación de los intereses moratorios a cargo de la actora, por suponerse que dicho saldo a favor cubría suficientemente el débito posterior y de menor valor.

(...)».

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