Sentencia 8819 de agosto 14 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SUSTITUCIÓN PENSIONAL

CONFLICTO ENTRE VIUDA Y COMPAÑERA

EXTRACTOS: «Según la reseña legislativa que contiene la sentencia del Tribunal, desde la Ley 33 de 1973, que estableció en favor de la viuda el derecho a recibir la pensión de jubilación o las de invalidez o vejez del trabajador fallecido, hasta la Ley 71 de 1988 que extendió las previsiones sobre sustitución de las pensiones, de manera vitalicia, al cónyuge y a la compañera permanente —y desde luego a otros beneficiarios que no incumbe reseñar—, ha sido claro que el eventual conflicto de intereses que pudiese darse entre la viuda y la compañera permanente ha sido resuelto por la ley —en principio— en favor de la primera.

El legislador no solo ha definido cuándo hay cónyuge sino que también ha regulado las situaciones específicas que determinan la pérdida o extinción del derecho de la viuda a la sustitución de la pensión. O sea que el cónyuge, en principio y hasta la vigencia de la Ley 100 de 1993, por serlo, es el beneficiario primigenio de la pensión del otro consorte, y sólo bajo situaciones particulares se extingue su derecho.

El vínculo matrimonial, su vigencia, implica el estado jurídico de cónyuge. La separación de bienes y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no rompen el vínculo matrimonial y esto conlleva, en el campo civil, la imposibilidad de contraer nuevas nupcias, y en el campo laboral que se mantenga la titularidad del derecho a la sustitución pensional. Cosa distinta ocurre con el divorcio, la nulidad del matrimonio y el deceso de uno de los consortes, que sí afectan directamente el contrato de matrimonio y lleva a la pérdida del estado jurídico de cónyuge. Por este último aspecto es claro y consecuente con el régimen civil el artículo 1º-1 de la Ley 113 de 1985, según el cual la expresión cónyuge supérstite utilizada por la Ley 33, es el esposo o la esposa de la persona fallecida mientras esté vigente el vínculo matrimonial, lo que confirma que la separación de bienes y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no hacen desaparecer la calidad jurídico legal esposo-esposa y por ende el derecho a la sustitución de la pensión del cónyuge que fallece.

Es por todo ello por lo que, cuando la reglamentación del Decreto 1160 de 1989 dice que la muerte real o presunta, la nulidad del matrimonio o el divorcio, son situaciones en las que falta el cónyuge, simplemente hace una regulación de las situaciones en que según la Ley 33 se pierde la calidad de esposo-esposa, pues todas ellas implican el rompimiento del vínculo matrimonial. Pero en esa regulación reglamentaria —pero ajustada a la ley— no está la separación y disolución de la sociedad conyugal, que no rompe el contrato matrimonial ni extingue el estado jurídico de cónyuge.

El artículo 7º del Decreto Reglamentario 1160 de 1989 —que invoca el Tribunal— dice que

“El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho que se demostrará con prueba sumaria”.

La recurrente cree encontrar en esta norma reglamentaria o en un supuesto errado entendimiento de ella por parte del Tribunal el quebranto de principios constitucionales. Al menos así lo propone en la formulación de la proposición jurídica y lo anuncia al comienzo del cargo cuando dice que el Tribunal, so pretexto de que el causante injustamente abandonó a su cónyuge, desconoció, contra el dicho mandato, el derecho de la compañera permanente demandante a la sustitución pensional. Pero ocurre que en el desarrollo del cargo la propia recurrente cita y transcribe una decisión de tutela, que atribuye a la Corte Constitucional, que contiene un argumento que le da la razón a la cónyuge, y que desde luego reafirma las consideraciones jurídicas de la sentencia impugnada, porque el dicho fallo de tutela, según la transcripción que suministra la propia recurrente, dice:

“Es por ello que la ley ha establecido la pérdida de ese derecho para el cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él salvo la existencia de justa causa imputable a la conducta del fallecido (L. 12/75, art. 2º y D.R. 1160/89)”.

Con esa argumentación hay, desde luego, identidad de criterio entre la recurrente y el Tribunal, porque precisamente la regulación que hace la ley —y también el reglamento— es consagrar la prevalencia del derecho del cónyuge no culpable del rompimiento de la convivencia matrimonial de los legítimos consortes, o sea hacer que se mantenga en cabeza del cónyuge sobreviviente el derecho a la pensión del fallecido, y con ello impide que se le sancione con la pérdida de la pensión cuando ha sido inocente de la ruptura de la convivencia.

El argumento de la recurrente según el cual no fue por hecho imputable a ella que se rompió la convivencia de los consortes legítimos, no es admisible, porque su inocencia al respecto no es fuente de derecho ni motivo de extinción del derecho del cónyuge sobreviviente, el que, desde luego, también exhibe su inocencia en el mismo punto, y este conflicto de intereses lo define la ley terciando en favor de la unión legítima, sin que en ello se advierta rompimiento de principio constitucional alguno. Y el argumento de que la separación de bienes y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal implica, por haber sido promovida por la cónyuge, su intención de romper o de no mantener la unión marital, por definición es inadmisible, porque importa ante todo establecer quién dio causa a la separación y no quién promovió la acción».

(Sentencia de casación, agosto 14 de 1996. Radicación 8819. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

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