Sentencia 8819 de diciembre 12 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DESAPARICIÓN DE PERSONAS

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

EXTRACTOS: «La acción incoada en el sub lite es la de reparación directa consagrada en el artículo 86 del CCA. La demanda se encamina a obtener que la entidad pública sea declarada administrativa y patrimonialmente responsable de la desaparición del agente de la Policía Nacional Miguel Antonio Acosta Camacho, desde el 15 de julio de 1989, luego de cumplir su turno de servicio en el CAI de la avenida Caracas con calle 53, en el Distrito Capital.

El análisis global de los diversos aspectos objeto de esta controversia jurídica, hecho a través de la apreciación de los medios de convicción que se recogen en el expediente, permite concluir que en el proceso se hallan suficientemente probados los siguientes hechos:

Miguel Antonio Acosta Camacho se vinculó a la Policía Nacional, a partir del 15 de octubre de 1985. Para el 15 de julio de 1989, prestaba sus servicios en calidad de agente en el CAI de la avenida Caracas con calle 53, adscrito a la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, Distrito Capital.

El día últimamente citado, sábado, luego de prestar el servicio hasta las 8:00 a.m. quedó en franquicia el resto del fin de semana, pues debía regresar a cumplir con el primer turno del lunes 17 siguiente, cuestión que no ocurrió.

Conforme al testimonio recogido a María del Carmen Rodríguez Prieto, persona con la que tenía una hija, el agente, una vez concluidas sus labores oficiales, se dedicó a descansar, habiéndose dedicado al sueño en el mismo CAI. Un poco más tarde, según la deponente, hacia las 9:00 a.m., se encontraron, trasladándose primero a una tienda y luego a un motel o residencia cercana a la sede policial; según la declarante “antes de salir de la residencia él me dijo, que si no subía esta semana, que no subía nunca... Me dijo que no lo llamara al CAI porque estaba trabajando y entonces yo le dije que bueno, que yo no lo llamaba porque sabía que él estaba trabajando, entonces (¿sin embargo?) el domingo (al día siguiente) le dije a una prima que antes de irme a trabajar lo iba a llamar y llamé al CAI y me informaron que el agente Miguel Acosta se encontraba desaparecido” (fls. 14 y 15 del C. 2).

De acuerdo con las declaraciones suministradas por el subteniente Alexander Portilla, el agente Ramírez Ladino y el particular Mauricio Enrique Montañez, el agente después de abandonar el motel se dirigió a un bar denominado Madon’s Club, situado en la Calle 52 con la carrera 28, donde conversó con la persona últimamente citada y aproximadamente diez o quince minutos después se retiró acompañado de una persona conocida como José Luis y de un primo suyo (fls. 25, 27 y 28 ibídem). Desde ese momento en adelante nada se volvió a saber de su destino.

La versión que trata de relacionar la desaparición con una afección cardíaca, no tiene respaldo en el plenario y por el contrario, está plenamente rebatida en las pruebas. La hoja de vida en parte alguna indica que él hubiera requerido de los servicios médicos institucionales en consulta para que se le tratara algún problema de salud. Además de lo anterior, es significativo y contradictorio que luego de quejarse de dolores hubiera ingresado a un motel con su concubina.

La realidad procesal enseña que el agente, pese a estar obligado a hacerlo, no volvió a aparecer por el CAI el 17 de julio de 1989 ni en los días siguientes. En tal virtud su comandante, el subteniente Alexander Portilla Córdoba, se dirigió a su superior, con oficio del 24 del citado mes y año, informándole que el agente no se ha presentado a laborar durante ocho turnos consecutivos, que desconoce los motivos de su proceder y que las averiguaciones hechas con sus familiares para conocer de su paradero han resultado infructuosas (fl. 16 C. 2).

Por medio del oficio datado de 25 de julio de 1989, el comandante del CAI vuelve a dirigirse a su superior jerárquico para comunicarle que tanto el personal de la institución como familiares del agente han estado indagando por el sitio donde pueda hallarse o por lo que le hubiera podido pasar, sin tener éxito. Dos días después, el agente público primeramente citado formuló la correspondiente denuncia penal por la supuesta desaparición injustificada de su subalterno.

Por la iniciativa de los demandantes como de la propia institución policial, mediante oficio de 11 de octubre de 1989, el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, Distrito Capital, ordenó al comandante de la novena estación, adscrito al CAI, adelantar la investigación de rigor a fin de establecer con precisión y definitivamente el paradero y situación en que se encontraba el agente en mención (fl. 7 ibídem).

El informativo adelantado, en que el agente público estuvo representado por un curador ad litem, concluyó con providencia de 13 de julio de 1990, solicitando separarlo en forma absoluta de la institución, con nota de mala conducta, como responsable de las faltas contempladas en el Decreto 100 de 1989, libro segundo, título III, capítulo II, art. 121, numerales 12, 16 y 36, consistente en no volver a prestar sus servicios policiales desde el 15-07-89, fecha desde la cual se desconoce su paradero; llegó a esta deducción, previos los siguientes planteamientos fundamentales:

“Quedó muy claro que el Ag. Acosta Camacho Miguel Antonio quien antes de su desaparición laboró en el CAI 48 de la Novena estación de la Mebog, de un momento para otro desaparece sin dejar rastro alguno, dejando un interrogante sobre la dirección que haya podido tomar o la suerte que haya corrido, pues la última vez que fue visto, estaba en el establecimiento de nombre Madona’s el cual es un club taberna de actividades especialmente nocturnas, el día 15 07 89 en compañía de un sujeto de nombre José Luis quien era conocido del agente por haber administrado dicho club.

Tanto este despacho mediante el presente informativo, como los organismos especializados de la Ponal, Dijín y Sijín, se dieron a la tarea de hacer las presquisas para tratar de encontrar alguna pista que condujera a encontrar el paradero del agente. Así, se llegó hasta la finca de los padres del agente donde manifestaron desconocer el paradero del mismo, igual a como lo manifestó la joven María del Carmen Rodríguez Prieto con quien tenía una pequeña y la cual fue una de las últimas personas en entrevistarse con el agente. Ella por su parte da un indicio muy claro de la posible situación del agente, pues dijo que el agente en su última entrevista con ella le manifestó la posibilidad de visitarla unos días después, transcurridos los cuales si no regresaba, la joven no debería esperarlo nunca más. Con esto comienza a despejar un poco el misterio de la desaparición del agente pues salta a la vista que éste era conocedor de alguna misión en la cual iba a participar, en la cual había la posibilidad de tener que “de-saparecer”, por eso advirtió a su compañera sobre este hecho.

En vista de los mismos hechos, las búsquedas infructuosas del agente, en las diferentes unidades donde se intensificó su búsqueda, este despacho para surtir los procedimientos legales lo emplaza por edicto por un término de diez (10) días luego de los cuales es procedente declararlo inculpado ausente concluyéndose con esto la última posibilidad de que el agente se manifestara al respecto o por lo menos se comunicara, cosa que jamás hizo y este resultado negativo unido a las declaraciones de la señorita María del Carmen Rodríguez Prieto y los procedimientos de búsqueda que la Ponal hizo, permiten establecer con toda certeza que el agente deliberadamente optó por abandonar la institución con pleno conocimiento de causa ya que si miramos su hoja de vida el susodicho llevaba más de tres años de estar en las filas de la Ponal y en términos generales no era mal elemento, lo que descarta de plano cualquier desilusión como manifestó su vocero defensor, pues hasta el momento de evadirse el agente no tenía ningún problema disciplinario que se supiera y que motivara su repentina desaparición.

Respecto a lo manifestado por el Dg. Javier Jaramillo Casasbuenas en cuanto que bien pudo tratarse de una infiltración guerrillera aunque no hay prueba de ello, no se debe descartar esa posibilidad como tampoco la de que de pronto el agente esté vinculado a algún grupo de narcotraficantes toda vez que se le vio en compañía del sujeto de nombre José Luis el cual también desapareció y en compañía de un sujeto negro con quienes proyectaba asistir a una fiesta en una finca vía Mesitas de nombre Apogeo. Esto último concatenándolo a lo que le manifestó a su compañera antes de desaparecer confirman que el agente de todas manera estaba comprometido en algún hecho del cual era consciente, algo le podría ocurrir, por eso lo advirtió a su compañera. Con base en lo anterior se puede afirmar con seguridad, que el agente o se halla muerto o está vivo en función de actividades ilícitas, pero de todas maneras para la institución se encuentra EVADIDO” (fl. 99 cdno. 2).

De este acto administrativo conoció en grado de consulta y fue confirmado por la Dirección General de la Policía Nacional, el 11 de octubre de 1990, decretando la separación del servicio del agente como se solicitaba en la primera providencia (fls. 109 a 112 ídem).

Antes de arribar a cualquier tipo de suposición sobre el destino de una persona que sin explicación desaparece, es necesario que tanto sus familiares como amigos e instituciones estatales competentes, adelanten las indagaciones y pesquisas encaminadas a esclarecer la verdad de lo que hubiera podido ocurrir; es más, las averiguaciones deben efectuarse durante un lapso de tiempo más o menos largo, en el que puede retornar u obtenerse una pista que lleve hasta él, antes de aventurarse a asegurar si quiso dejar su modo regular de vida, fue plagiado, o bien, dejó de existir.

Si la búsqueda no arroja resultados positivos a corto o mediano plazo, debe entonces acudirse a los jueces de la República, a un proceso de jurisdicción voluntaria, en donde habrá de declararse la ausencia de la persona de que se trate, o bien, su muerte presuntiva por desapare-cimiento; sin embargo en casos como el que se trata existe otra alternativa, que fue la escogida por los demandantes, de esperar que en sede administrativa se adelante la investigación correspondiente, que debe concluir con la declaración de que la ausencia al trabajo del agente público es justificado o injustificada.

Con las anteriores precisiones es claro que en el proceso no se configura la caducidad de la acción. El término para promover la demanda tendiente a obtener se declare al Estado responsable de la ausencia, muerte presunta por desa-parecimiento o abandono de sus labores de un agente público, sólo puede contarse a partir de la ejecutoria del respectivo fallo judicial o de la decisión adoptada en el trámite averiguatorio o disciplinario que siga la administración.

En este caso particular, el término hábil para proponer la demanda debe calcularse desde la fecha de desfijación del edicto por medio del cual se notifica la providencia de segundo grado del trámite administrativo seguido a raíz de los hechos, es decir, del 7 de noviembre de 1990, de acuerdo con la constancia secretarial visible al fl. 113 del C.2; como corolario se tiene que al haberse recibido la demanda el 27 de septiembre de 1991, la acción propuesta fue promovida en tiempo.

Vistos los antecedentes, las pretensiones de la demanda deberán denegarse por haberse escogido incorrectamente la vía para poner en movimiento a la jurisdicción contenciosa administrativa. La acción pertinente era la consagrada en el artículo 85 del CCA.

En suma, se confirmará la decisión del Tribunal. Para la prosperidad de las pretensiones, por las razones anteriormente expuestas, era exigible demandar en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA y por medio de ello, desvirtuar la presunción legal de validez de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró que el agente se encuentra evadido de la actividad policial y además, probar que la entidad pública está obligada a responder por el desaparecimiento del agente público».

(Sentencia de diciembre 12 de 1995. Expediente 8819. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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