Sentencia 8820 de mayo 13 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DETENCIONES ARBITRARIAS

RESPONSABILIDAD ESTATAL

EXTRACTOS: «Se relata en la demanda que William Arley Escobar era un operario de la Siderúrgica del Pacífico S. A. y afiliado al sindicato de trabajadores de Siderúrgica del Pacífico, de cuya comisión de reclamos hacía parte. El 5 de marzo de 1990 fue allanada la sede de Sintragoodyear, donde se hallaban reunidos varios dirigentes sindicales, entre estos el actor, cuando fue allanada la sede por orden del Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar. El demandante y otros compañeros fueron conducidos a las instalaciones de la Tercera Brigada, permanecieron a la intemperie, fueron reseñados, vendados y amenazados, vinculándolos como integrantes del ELN. Posteriormente, el 6 de marzo de 1990, por orden del Oficial del B-2 de la Brigada, fueron colocados a órdenes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali por “existir serios indicios de pertenecer a la célula urbana del ELN...”, pero sin fundamentar tal aseveración. En la Sijín también fue reseñado. A su vez el Jefe de la Policía Judicial Mecal, mediante oficio informa a la Brigada que por no encontrarle antecedentes a Escobar Holguín lo dejaba en libertad, a pesar de lo cual fue objeto de posteriores seguimientos. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos elevó pliego de cargos contra los militares que intervinieron en estos hechos.

Razonó el a quo en el sentido de que de acuerdo con lo probado, fue evidente la arbitrariedad de los militares, “pues, sin que existiera indicio de que este se hallara participando en actividades terroristas o de que en el sitio en donde se encontraba se guardaran ilegalmente municiones, armas de fuego, explosivos o materiales que pudieran ser empleados en actividades terroristas, procedieron a privarlo de la libertad y a reseñarlo como si se tratara de un delincuente y no dieron al juez competente el aviso que ordenaba la ley... La necesidad de combatir el terrorismo y preservar la paz pública no autoriza el atropello a los derechos humanos y la arbitrariedad, como parece ser la tesis de la defensa. La ilegalidad no puede ser combatida con otra ilegalidad porque hacerlo es desconocer las bases del Estado de derecho... La violencia oficial es intolerable y debe ser reprimida a toda costa...”. Concluyó así el Tribunal que había lugar a declarar la responsabilidad y condenó al pago del equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro por perjuicios morales para el actor.

Consideraciones de la Sala

La Sala encuentra demostrados en este proceso los siguientes puntos:

1. Que “William Escobar Holguín fue retenido junto con 14 personas más el día 5 de marzo de 1990 y dejados a disposición de la Sijín el día 8 de marzo del mismo año. Se le acusó de pertenecer al ELN” (Oficio del Comandante de la Tercera Brigada, fl. 6 c.3).

2. Que “no existe orden de operaciones para el allanamiento referido, sin embargo se tiene conocimiento que el Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar adscrito al Batallón Pichincha expidió la correspondiente orden judicial” (el mismo oficio anterior).

3. Que William Arley Escobar Holguín fue reseñado por estos hechos (fls. 6, 7, 8 y 9 c.3).

4. Que Escobar Holguín, según informe del Jefe de Sijín de la Policía Metropolitana de Cali “...aparece registrado el día 08 03 90, entrando a las 09:20 horas, siendo dejado a disposición de la policía judicial por parte del B-2 de la Tercera Brigada de Cali, bajo la sindicación de subversión... Una vez verificados los antecedentes y órdenes de Captura tanto a nivel local como a nivel nacional, sin que apareciera solicitado por autoridad alguna hasta esa fecha, se procede a dejarlo en libertad por disposición de la Jefatura de Policía Judicial el día 09 03 90 siendo las 12:30 horas, al no existir cargos concretos en su contra, ni haber sido capturado en flagrancia por parte de los miembros del Ejército Nacional adscritos a la Tercera Brigada” (fl. 10 c.3).

5. Que según informe de la Jefe de la División de Identificación del DAS, “William Arley Escobar Holguín no figura registrado con antecedentes” (fl. 2 c.4).

De otra parte, si bien los miembros de la fuerza pública con fundamento en el artículo 40 del Decreto 180 de 1988, estaban autorizados “para aprehender sin orden judicial a personas indi-ciadas de participar en actividades terroristas, debiéndolas poner a disposición de su superior inmediato en el término de la distancia, quien, a su vez informará dentro de las 24 horas siguientes al juez de orden público competente”, lo cierto es que los integrantes de la patrulla militar que practicó el allanamiento hicieron caso omiso de la anterior disposición y, por consiguiente, desembocaron en una conducta no sólo ilegítima, sino arbitraria, por cuanto su aprehensión se llevó a cabo sin existir indicio alguno en su contra sobre actividades terroristas, ocultamiento de armas o elementos utilizables en las mismas, pese a lo cual fue privado de su libertad y se lo reseñó cual si se tratara de un delincuente, desconociendo sus más elementales derechos constitucionales y omitiendo dar el aviso al juez de orden público en el término que para el efecto señalaba el estatuto mencionado.

Si corresponde al Estado por intermedio de sus autoridades la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, según expreso mandato constitucional, tal protección debe cumplirse con apego a las normas legales, dentro de las limitaciones que tal facultad les otorga, pero por sobretodo con un indeclinable respeto hacia los derechos humanos de los administrados. En tales condiciones, si para investigar actividades supuestamente terroristas, someten a algún ciudadano a tratos inhumanos y viola-torios de sus derechos fundamentales, le corresponde al Estado responder por las actuaciones de sus agentes, cumplidas de tan censurable y reprochable manera. Aceptar tan ilegítimos procedimientos sólo llevaría a un agotamiento del mínimo de las garantías que tiene el ciudadano frente a la administración y conduciría a que nuestro Estado de derecho quedara convertido en una simple ficción, cuyas normas y principios estructurales no superarían la condición de ser apenas teóricos enunciados o solo intras-cendentes declaraciones.

En las anteriores condiciones, comparte la Sala el criterio del Tribunal al declarar la responsabilidad administrativa del ente demandado y en tal sentido confirmará la decisión impugnada.

En cambio, en cuanto al reconocimiento por perjuicios morales, se modificará el fallo apelado respecto de la cuantía que en equivalencia a 1.000 gramos de oro hizo el a quo para la víctima. Estima la Sala que en el caso examinado, si bien no puede desconocerse la afectación moral que debió sufrir Escobar Holguín por la limitación de sus derechos, derivada de la privación injustificada y arbitraria de su libertad, sin embargo no encuentra equitativa la tasación de tales perjuicios frente al criterio y orientaciones que la Sala ha mantenido para efecto de calcular el monto de los mismos, superando inclusive situaciones claramente más dañosas que la experimentada por el actor. Por tal razón se reconocerá el equivalente en pesos a 200 gramos de oro fino para el demandante».

(Sentencia de mayo 13 de 1994. Expediente 8820. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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