Sentencia 8853 de enero 22 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MORA EN EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN

LA SANCIÓN DE LA LEY 10 DE 1972 NO SE APLICA AL ISS

EXTRACTOS: «El señalamiento del artículo 8º de la Ley 10 de 1972 como norma quebrantada por la sentencia de segundo grado, resulta suficiente para atender el fondo del asunto reclamado, como lo es, la sanción que se impuso al Instituto de Seguros Sociales por el no reconocimiento y pago oportuno de la pensión de vejez solicitada.

(...).

Ahora bien, la norma antes citada, que es la señalada como indebidamente aplicada, dispone:

“Si pasados noventa (90) días después de acreditado legalmente el derecho a disfrutar de pensión de jubilación, invalidez o retiro por vejez, tal derecho no ha sido reconocido ni pagado, la empresa o patrón obligado a efectuar dichos reconocimientos y pagos, deberá cubrir al interesado, además de las mensualidades pensionales hasta el día en que el pago de la pensión se verifique, suma igual al salario que el beneficiario de la prestación venía devengando”.

El interrogante a resolver es, entonces, si la norma antes transcrita es aplicable al Instituto de los Seguros Sociales. Cuestionamiento al que hay que responder negativamente, pues analizando en su conjunto la ley que la contiene, se impone concluir que ella y, por ende, la sanción que consagra, opera es cuando empleador es el llamado a pagar directamente la pensión a que la misma alude.

Es por lo anterior que desde ahora habrá de precisarse que no de recibo la argumentación del impugnante de sostener que la pensión del demandante es del “sector público”, ya que para la Corte el hecho que el Instituto de los Seguros Sociales estuviera calificado como un establecimiento público y actualmente de empresa industrial y comercial del Estado, no implica que el reconocimiento y pago que la entidad hace de pensiones a afiliados por prestar sus servicios a personas particulares, le quita el carácter de pertenecer al “sector privado”.

Y estima la corporación que el fundamento de derecho que el Tribunal adujo para imponer la condena recurrida no cobija al Instituto de los Seguros Sociales porque, en primer lugar, por lo antes puntualizado una cosa es las pensiones sector privado” y otra el entonces denominado “Instituto Colombiano de los Seguros Sociales; esa es la razón por la que cuando la Ley 10 de 1972 quiso aludir a él, lo hizo expresamente, y por ello es explicable lo que dispuso su artículo 1º y 12 del Decreto 1672 de 1973 que la reglamentó, lo que inclusive está en concordancia en lo manifestado en la ponencia presentada para primer debate en el Senado de la República y de la que se infiere que la ley sólo se refería a ese organismo de seguridad social para efecto de la actualización del valor de las pensiones, ya que en lo pertinente a esta materia dijo:

“Se suprime la exclusión que hace el proyecto de las pensiones a cargo del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. La ley debe ser general y las necesidades y aspiraciones de los pensionados que prestaron sus servicios al sector privado, son la mismas así les pague su pensión el ICSS o directamente una empresa.

Por otra parte, no conviene crear una confusión legislativa mediante normas diferentes para situaciones que esencialmente son idénticas”. (Historia de las leyes, tomo I, legislatura de 1972, Imprenta Nacional, pág. 286).

En segundo término, sin hesitación alguna puede afirmarse que cuando el artículo 10 de la Ley 10 de 1972 se refiere a la “empresa o patrón obligado efectuar” el reconocimiento y pago de “pensión de jubilación, invalidez o retiro por vejez”, comprende lo que a partir de la Ley 50 de 1990 se denomina “empleador” y no al ISS, pues bien es sabido que nuestro Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 194 define el primer concepto y en el 259 para fines prestacionales señala que están obligados a su pago “los patronos o empresarios”. Circunstancia indicativa que la sanción establecida por la primera norma antes citada era y es para aquellos casos en que tales personas deben asumir el pago de esas pensiones y no para el ISS».

(Sentencia de casación, enero 22 de 1997. Radicación 8853. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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