Sentencia 8855 de junio 14 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS

APLICACIÓN CUANDO SON VARIOS LOS PROCESADOS

EXTRACTOS: «1. Sea lo primero advertir —como la Sala lo ha hecho en varias oportunidades— que el artículo 31 de la Carta es una norma de derecho sustancial por lo que, dada esta especial naturaleza, una violación a su tenor es atacable por la vía de la causal primera de casación, cuerpo inicial, o lo que es lo mismo, como violación directa puesto que cualquier conflicto que sobre ella se presente recae sobre su contenido sin que haya lugar a observaciones sobre el recaudo probatorio o los hechos materia de investigación.

En reciente oportunidad se expresó la Sala sobre el tema en los siguientes términos:

“La prohibición de la reformatio in pejus es una garantía que se instituye en favor del procesado, pero que tiene un hondo contenido sustancial en la medida que protege al imputado frente a los desmanes que se presenten en la aplicación de (la) normatividad sustancial, como es toda la que tiene que ver con la punibilidad, y si esta es su naturaleza necesariamente se tiene que entender que el marco lógico de ataque es el que enmarca la causal primera que es la instituida para resolver yerros in iudicando” (sentencia de septiembre 14 de 1994, M.P. Dr. Calvete Rangel).

Por consiguiente, un planteamiento adecuado del problema se debe hacer citando como transgredido el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, precepto de índole sustancial reformado por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993, encargado de recoger y desarrollar el artículo 31 de la Constitución Política.

2. Aunque el actor señala correctamente el artículo 217 en referencia como la norma quebrantada por indebida interpretación de su tenor, lo que indicaría una vulneración directa de la ley sustancial, equivocadamente sitúa su tacha en el ámbito de la causal tercera de casación denunciando una violación al debido proceso, lo que provoca el natural contrasentido que conspira contra el éxito de su razonamiento.

3. De todas maneras y dado que se violó flagrantemente el artículo 31 de la Carta, se procede a hacer el pronunciamiento oficioso a que haya lugar. La norma en referencia tiene como fin ponerle un límite al poder punitivo del Estado cuando el inconforme con la decisión únicamente es el condenado. Si él es el único recurrente, si ningún otro sujeto procesal ha mostrado su desacuerdo con el fallo de primer grado, no corresponde a la equidad que se le agrave su situación en la segunda instancia so pena de atropellar la disposición constitucional. Por ello, se prohíbe al ad quem realizar variación o modificación alguna que lesione los intereses del inculpado apelante.

No existe ningún problema cuando se trata de un solo procesado. Tampoco cuando siendo un número plural, todos recurren el fallo del a quo por habérseles dictado sentencia condenatoria. Como quiera que recibieron un perjuicio común, el Tribunal deberá examinar los aspectos impugnados. Cualquier otra situación que agrave sus intereses debe ser desechada pues de no confirmarse la sentencia del inferior su reforma sólo puede hacerse en beneficio de los apelantes.

La dificultad se suscita cuando la decisión cuestionada es mixta como en el caso de la especie, donde algunos imputados son declarados responsables, mientras los restantes son favorecidos con la absolución. Si los condenados recurren y los absueltos se muestran conformes con la decisión, como es apenas llano entenderlo, pueden suceder entre otras posibilidades —aparte de la tarea que correspondería en torno al control de legalidad de las penas, por ejemplo— las siguientes:

a) Que se confirme la sentencia;

b) Que se revoque absolviendo a los condenados;

c) Que se reforme condenando a los absueltos.

En las dos primeras hipótesis no se presenta dificultad alguna pues los intereses de todos los procesados no se verían afectados. En el tercer supuesto —que es la materia del presente asunto— es claro que a los favorecidos con la sentencia de primera instancia, se les desmejoró su situación al dictarles el superior un fallo condenatorio. La pregunta que surge de inmediato es si éste podía tomar tal determinación sin violar el artículo 31 superior. Al respecto caben las siguientes precisiones:

Se advierte por la lectura del texto del artículo precitado, en su segundo inciso, que el superior no podrá agravar la pena cuando el condenado sea apelante único. Con una interpretación estrecha de su contenido podría pensarse que la norma se refiere solamente a los casos en que existe un solo condenado pues en la hipótesis de ser varios, la limitante no se impondría. Empero, una tal explicación contraría el espíritu del canon constitucional.

Demostración fehaciente de ello se dio con la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal que hizo posible el desarrollo legal del precepto. En su artículo 217 se precisó que en el evento de un fallo condenatorio no se podía agravar la pena impuesta “...salvo que el Fiscal, el agente del Ministerio Público o la parte civil, cuando tuviera interés, la hubieran recurrido...”. Con ello se especificaba que la prohibición constitucional se refería a los condenados, en general, sin importar su número, por lo que la restricción operaba solamente cuando cualquiera de las otras partes recurrieran de la sentencia condenatoria. Para evitar equívocos el legislador se preocupó por nombrarlas taxativamente, sin incluir a los procesados no recurrentes.

Así, e independientemente de si todos o algunos de ellos recurren la decisión de primera instancia, a ninguno de éstos se le puede agravar su situación jurídica. Esto es inconcuso según las voces del mandato constitucional precitado.

Ahora bien:

No consulta el espíritu del precepto el que diga el Ministerio Público que la defensa al recurrir al superior, comprometió irregularmente a los absueltos, pues la decisión del ad quem no los cobijaba. Dado que el sentenciador únicamente puede estudiar los aspectos favorables a los procesados —condenados o no—, cualquier otra determinación que tome en contra de sus intereses es notoriamente ilegal y como tal ha de revocarse. El superior debe transitar por el sendero de lo estrictamente permitido en la Constitución sin que tenga la posibilidad de agravar la pena, entendiéndose por tal no sólo el incremento en sí sino todo aquello que cause un perjuicio notorio a sus intereses.

4. En el supuesto de autos, nueve fueron los procesados, profiriéndose en contra de siete de ellos fallo condenatorio, al tiempo que a los dos restantes se les dictaba sentencia absolutoria. Como era lógico suponer los que fueron declarados responsables del punible apelaron de la sentencia, mientras los absueltos la acataban. En la segunda instancia, el juzgado del circuito no sólo confirmó la condena impuesta sino que, a su vez, revocó la absolución condenando a quienes habían sido favorecidos por el a quo.

Como quiera que ninguna otra de las partes recurrió el fallo, el mandato del artículo 31 cobraba plena vigencia. En acatamiento a su tenor, el superior debió haberse limitado a estudiar la situación de los apelantes, conforme a la naturaleza de sus pretensiones, sin entrar a discutir la de los absueltos, salvo si se trataba de brindarles una solución aún más favorable de la dictada por el juez penal municipal. No obstante, vulnerando la norma superior, decidió, motu proprio, revocar la absolución dictando en su lugar una de carácter condenatorio. La violación al precepto constitucional adviene incuestionable y ello amerita la casación parcial de la sentencia para remediar el entuerto.

5. Ahora bien, antes de terminar y no empece considerar que los hechos sucedieron antes de entrar en vigencia la Ley 81 de 1993, por lo cual la reforma no afecta el presente asunto, la Sala considera conveniente aclarar la interpretación que hace el Ministerio Público sobre la innovación que introdujo dicha ley.

Según la delegada, sólo a partir de la vigencia de este estatuto se le permite al superior revisar únicamente los aspectos impugnados. Antes no tenía restricción alguna para hacerlo. Veamos: en el original artículo 217 se prescribía:

“Competencia del superior. El recurso de apelación y la consulta permiten al superior decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada o consultada. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta salvo que el fiscal, el agente del Ministerio Público o la parte civil, cuando tuviere interés la hubieren recurrido”.

El que fue objeto de reforma por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993, establece:

“Competencia del superior. La consulta permite decidir sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella; la apelación le permite revisar únicamente los aspectos impugnados. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá en caso alguno agravar la pena impuesta salvo que el fiscal o el agente del Ministerio Público o la parte civil cuando tuviere interés para ello, la hubieren recurrido”.

Como se observa, tanto en la primera norma como en la última, permanece vigente la misma excepción en la segunda parte de cada cual. Es decir, cuando se trate de sentencia condenatoria y sea el condenado el apelante, no se puede hacer más onerosa su situación. Ello quiere decir que de hecho al superior se le ha impuesto desde un comienzo una limitante en casos como el actual pues no puede revisar el fallo respecto de los procesados no apelantes, salvo para mejorar su situación. No podía ser de otra manera. Antes de la expedición del Decreto 2700 de 1991 entró en vigencia la Carta Política en la que taxativamente se ordenaba que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

6. Así las cosas, dado que el proceder asumido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja viola el precepto constitucional en referencia se hace necesario revivir el contenido y alcances del fallo de primera instancia».

(Sentencia de casación, junio 14 de 1995. Radicación 8855. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

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