Sentencia 886 de julio 5 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

POSIBILIDAD DE CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DE SUS CLÁUSULAS

EXTRACTOS: «El asunto en conocimiento jurisdiccional radica en síntesis, en que la actuación administrativa de aprobación del reglamento de trabajo se inició por parte del Banco Industrial Colombiano obviamente en relación con los trabajadores del Banco Industrial Colombiano pero posteriormente, se dio la fusión por absorción del Banco de Colombia por parte del Banco Industrial Colombiano que cambió su razón social por la de Bancolombia S.A. operando así sustitución de patronos frente a los antiguos trabajadores del sustituido Banco de Colombia, circunstancia que legalmente significa que la sola sustitución de patronos, no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes de los cuales por mandato legal el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo y por ende, como finalmente lo aprobado no fue el reglamento interno de trabajadores del Banco Industrial Colombiano como inicialmente se solicitó sino el de Bancolombia S.A., quien como patrono sustituido comprendería los antiguos trabajadores del sustituido Banco de Colombia, quiere decir que esos trabajadores del sustituido Banco de Colombia tenían su propio reglamento interno de trabajo, eran la mayoría y legalmente debió agotarse el procedimiento de vinculación a la actuación administrativa bien como terceros determinados o como terceros no determinados. En consecuencia, se aduce que la autoridad administrativa y el banco peticionario, por omisión ignoraron y desconocieron la existencia mayoritaria de los trabajadores del antiguo Banco de Colombia y la condición mayoritaria y representativa de su sindicato Sintrabancol, razón por la que gravita el vicio de nulidad sobre el acto a más de su oponibilidad, ineficacia y no obligatoriedad por no poder producir efectos jurídicos en razón a su falta de notificación o publicidad.

El reglamento interno de trabajo es un estatuto de obligaciones mutuas vigilado por las autoridades laborales, es una norma reguladora de situaciones jurídicas abstractas, por lo cual se le asimila a una ley material con ámbito de aplicación en la empresa para la cual se aprueba. Forma parte del contrato laboral de cada trabajador y es modificable cuando las condiciones de tiempo, modo y lugar y el nuevo ordenamiento lo consagran como lo estipula el artículo 124 del Código Sustantivo del Trabajo.

En lo atinente a la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, es oportuno traer a colación las exposiciones del profesor Guillermo González Charry, en su texto Derecho individual del trabajo que sobre el particular, expone:

“... Ya no es potestativo del empleador tener o no reglamento de trabajo. La ley estima que, como condición fundamental de la armonía que debe reinar entre los sujetos del contrato, exista un estatuto regulador de sus relaciones en todo establecimiento que tenga cierto número de trabajadores. Se trata de evitar así, hasta el límite de lo posible, toda fuente de arbitrariedad por parte de los empleadores, procurando un tratamiento igualitario para los trabajadores y un conocimiento, por parte de éstos, de sus obligaciones principales, así como de sus derechos. Y aun cuando es evidente que una y otras se encuentran en los textos legales que una presunción de derecho supone conocidos de todas las personas, se ha creído conveniente acercar más al trabajador al conocimiento directo e inmediato de ellos por medio de un estatuto que incorporado a su contrato de trabajo, pueda ser consultado en cualquier momento y para cualquier evento.

Cuando la ley habla de que el reglamento debe ser elaborado por el empleador sin intervención ajena, se está refiriendo exclusivamente a la injerencia del trabajador, ya que el Estado, que es el otro factor determinante para su validez, interviene abiertamente en aquel, como se verá más adelante. Lo que se busca es alejar enteramente a los trabajadores de toda participación en la administración y dirección de las empresas, para afirmar así el principio absoluto de la propiedad privada de las mismas.

Mas esta ausencia de los asalariados en la confección del reglamento se ha suplido en buena parte con la intervención posterior del Ministerio del Trabajo, encaminada a no permitir la inclusión en aquel de preceptos que puedan contrariar las garantías y derechos que les otorga la legislación social” (pág. 477 subrayado no original) (1) .

(1) Editorial Biblioteca Jurídica Diké, 7ª edición, 1991.

Concordante con lo precedente es el contenido del artículo 106 del Código Sustantivo del Trabajo el cual consagra:

“Elaboración. El patrono puede elaborar el reglamento sin intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores”.

En consonancia con el precepto normativo que se deja consignado, no tienen vocación de prosperidad las súplicas de la demanda, encaminadas a cuestionar la legalidad de los actos acusados por violación del debido proceso, toda vez que en la confección del reglamento interno de trabajo que se discute, no era necesaria la intervención de los trabajadores del Banco de Colombia que entraron a formar parte de la empresa Bancolombia S.A. en virtud de la fusión de la primera con el Banco Industrial Colombiano, puesto que como se anotó, la naturaleza unilateral que comporta este acto, permite concluir que no vulnera el derecho de defensa de los trabajadores a los cuales va dirigido, la decisión del empleador de no involucrarlos en la redacción de dicho estatuto, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores, situaciones que no fueron invocadas en el sub lite y que tampoco las advierte la sala.

No obstante lo anterior, observa la Sala que el derecho de defensa de los trabajadores, entra en vigor una vez el Ministerio del Trabajo apruebe mediante acto administrativo el contrato de trabajo, se efectúen formalmente las publicaciones contempladas en el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo y transcurra el lapso que se contempla en el artículo 121 ibídem, pudiendo acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en orden a discutir y controvertir la legalidad de las cláusulas que se opongan a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y a los principios laborales que estatuyen las normas constitucionales, las leyes, los contratos individuales, los pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales.

Asimismo, aprecia la Sala que se preservaron en la actuación administrativa que finiquitó con la expedición de los actos acusados, los principios de publicidad y oponibilidad, en razón a que aparecen cumplidas las ritualidades que señalan los mencionados artículos 120 y 121 del Código Sustantivo del Trabajo mediante probanzas documentales que dan cuenta de tales formalidades vistas a los folios 238 a 245 del informativo.

En virtud de las consideraciones anotadas, se despacharán adversamente las pretensiones incoadas, no sin antes afirmar que el medio exceptivo denominado falta de jurisdicción cuyo argumento infiere la Sala que atañe a la imposibilidad del sindicato actor para oponerse a la existencia del reglamento aprobado y para pretender la vigencia del que anteriormente regía en la empresa Banco de Colombia, por las razones expuestas en la motivaciones de este proveído está llamado a prosperar, en razón a que la Sala encuentra acorde al ordenamiento jurídico la modificación efectuada al reglamento de trabajo por el empleador sustituido de los antiguos trabajadores, en atención al carácter unilateral de dicha decisión.

Ahora bien, en lo concerniente a la falta de capacidad jurídica sustantiva, encuentra la Sala que en situaciones como las acontecidas, el sindicato actor no está facultado para controvertir por sí mismo, la elaboración y redacción del reglamento de trabajo y por este aspecto, debe prosperar el medio exceptivo, haciéndose necesario precisar que su derecho de acción comienza una vez el reglamento de trabajo haya sido aprobado y se encuentre cumplido el presupuesto de publicidad, el que abre la posibilidad de controvertir la legalidad de las cláusulas que riñan con los principios laborales».

(Sentencia de julio 5 de 2001. Expediente 886-99. Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado).

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