Sentencia 8879 de octubre 16 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

• SALA DE CASACIÓN PENAL

REPARTO DE PROCESOS

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

EXTRACTOS: «El único cargo que presenta el censor contra la sentencia es por violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 218 del Código Penal, en concordancia con el 225 y el 1º ibídem, al considerar que se está ante una conducta atípica por no derivarse de los documentos de reparto una relación jurídica, ni atinente al tráfico jurídico, ni trascendente en el mundo del derecho.

En primer lugar cabe precisar que en la legislación penal colombiana al interés tutelado con la norma aplicada es la fe pública, no entendida como un concepto abstracto, sino como protección a la confianza que la colectividad deposita en la capacidad probatoria de los documentos públicos, lo cual es esencial para que exista un adecuado tráfico jurídico que facilite las relaciones entre los coasociados.

De esta manera, es verdad que la falsificación de un documento que no tiene ninguna capacidad probatoria, especialmente si es privado, es inocua, y en esas condiciones mal podría configurarse el delito, pero lo que no es cierto es que esa sea la situación que se presenta en el caso en estudio como pasa a verse.

La diligencia de reparto es un trámite administrativo que existe a nivel judicial para controlar la equitativa distribución del trabajo, y un factor más que contribuye a garantizar la imparcialidad del que resulte encargado de resolver o de elaborar la ponencia como ocurre en las corporaciones. No es un acto informal sino solemne, en el sentido de que se desarrolla en un día previamente acordado para ese fin, agotando un procedimiento, con la intervención de un servidor público que lo preside, y dejando constancia en el documento que para tal efecto se elabora.

De esta forma, no hay duda de la capacidad probatoria de los documentos en los que queda consignada esa operación, los cuales sirven para dar fe del agotamiento del mecanismo administrativo adoptado para el reparto, el cual es de tal modo importante, que incluso en el caso investigado fue necesario adulterarlo para lograr el propósito de desviar el proceso hacia un magistrado al cual no le fue sorteado, siendo una alteración de la verdad que no puede calificarse de inocua e intrascendente, sino de grave para la transparencia y el buen funcionamiento del tribunal, ya que a través de ese delito alguien no identificado logró la escogencia del magistrado ponente para un caso, con una finalidad que gracias a la oportuna intervención del Ministerio Público no pudo lograr plenamente.

Tan importante es esa regla del reparto para la recta administración de justicia, que constituye el primer obstáculo a vencer por quienes pretenden manipular un proceso, de manera que la jurisprudencia ha conocido de muchos casos en donde esa alteración ha servido de alarma para poner en evidencia una actuación irregular, que es justamente lo que ocurrió en este asunto, en donde la falsificación alertó al interesado en el recurso de apelación de que algo oscuro se estaba tejiendo.

De otra parte, independientemente de que el no hacer el reparto o realizarlo en forma irregular sean conductas previstas como faltas disciplinarias, nada impide que si además se infringen normas penales se adelante la actuación correspondiente, y con mayor razón si se trata de una acción diferente, como lo es alterar una diligencia ya cumplida, de modo que este punto tampoco se le puede aceptar al recurrente.

Finalmente, es importante aclarar que la circunstancia de que el delito de falsedad en documentos se clasifiquen doctrinariamente como pluriofensivo, no significa que para su consumación en casos concretos deba necesariamente lesionar bienes jurídicos distintos a la fe pública, sino que teóricamente es aceptado que puede afectar varios intereses, entre ellos la fe pública, que fue precisamente el que el legislador colombiano estimó de mayor importancia para efectos de su ubicación en el código.

En el caso en estudio basta tener en cuenta que los acusados lesionaron el tráfico jurídico propio de la actividad del tribunal, la buena imagen de la justicia, la confianza en la imparcialidad de los magistrados y en su escogencia por azar, etc., pero todo ello se recoge en la afirmación de que la conducta ejecutada violó la fe pública.

Atendiendo a lo dicho, la censura será desestimada».

(Sentencia de casación, octubre 16 de 1996. Radicación 8879. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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