Sentencia 8891 de febrero 17 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

SE DEMANDA ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Exp. 8891

Apelación Auto. Ac tor Luis Fernando López Marín.

Santafé de Bogotá, D.C., febrero diez y siete de mil novecientos noventa y cuatro.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra el auto de 3 de agosto de 1993 dictado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante el cual se inadmitió la demanda presentada por el señor Luis Fernando López Marín y otros contra el Instituto de los Seguros Sociales.

En dicho libelo la parte actora reclama indemnización por los perjuicios que dice sufrió el señor López M. y otros familiares suyos como consecuencia de la intervención quirúrgica que se le practicó en un centro hospitalario de la seccional de Risaralda, seguida del erróneo tratamiento médico que se le hizo.

Narra que el día 20 de mayo de 1992 sufrió un accidente, en el cual se le diagnosticó fractura cerrada de tibia y peroné derechos tercio medio y fractura de mandíbula subcondílea derecha.

El Tribunal inadmitió, como se dijo, la demanda. En dicho auto razonó dentro del siguiente temperamento:

“El hecho que dio origen a esta demanda se presentó el día 20 de mayo de 1992; o sea, antes de la vigencia del Decreto-Ley 2148 del 30 de diciembre de ese año, y para aquella época el seguro social era un establecimiento público del orden nacional. En la norma citada se varió la naturaleza jurídica del Instituto, lo cual implica un cambio en su régimen legal y por tanto no se le sigue aplicando el anterior.

La pregunta que aparece a primera vista es la siguiente: Si los hechos sucedieron antes del Decreto 2148 de 1992 cuando la naturaleza jurídica del Instituto de Seguros Sociales correspondía a la de un establecimiento público y por tanto se regía por el derecho público y el conocimiento de las demandas contra dicho Instituto pertenecía a esta jurisdicción, no obstante hay que tener en cuenta que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 expresa: “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir...”.

De otra parte las reglas procesales, entre ellas las de competencia, aplicables a una demanda, son las que rigen al momento de la presentación de ella, y cualquier modificación de las normas procesales que ocurra en el curso del proceso tiene aplicación inmediata excepto en los casos que señala el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 a menos que la misma norma procesal modificatoria contenga reglas especiales para el tránsito de legislación caso en el cual se aplicarán de preferencia estas reglas especiales.

Las leyes referentes a competencia son de naturaleza procesal y de aplicación inmediata, por tanto al haber cambiado el Instituto de Seguros Sociales su situación jurídica, este Tribunal carece de competencia para admitir la demanda por falta de jurisdicción (art. 143 CCA)”.

Para resolver, se considera:

El auto habrá de confirmarse por estar ajustado a la ley.

Si bien es cierto hasta la vigencia del Decreto 2148 de 1992 (enero 3/93) el Instituto de los Seguros Sociales era un establecimiento público del orden nacional, cuyas controversias por esa misma razón debían ventilarse ante esta jurisdicción, a partir de esa fecha y por cambios en su naturaleza (fue convertido en empresa industrial o comercial del Estado) sus asuntos quedaron adscritos al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

En el caso subjudice habrá de aplicarse la regla precedente, pese a que los hechos narrados en la demanda hayan ocurrido antes del 3 de enero de 1993, fecha en la que empezó a regir el Decreto 2148.

Para arribar a esa conclusión, la Sala anota frente al caso concreto:

1. Que los hechos que sirven de fundamento a la demanda se iniciaron el 20 de mayo de 1992, cuando al demandante se le practicó una intervención quirúrgica en seccional del Instituto en Risaralda.

2. Que la demanda con que se trató de iniciar el presente proceso se presentó el 15 de julio de 1993.

3. Que por auto de 6 de agosto del mismo año se inadmitió la demanda por falta de jurisdicción.

Dentro del marco anterior se impone concluir que la demanda se presentó cuando ya había entrado en vigencia el Decreto 2148 de 1992 (ene-ro 3/93), circunstancia que puso de presente que esta jurisdicción no era competente para conocer de la controversia planteada.

En este punto la Sala reitera la jurisprudencia iniciada con el auto de enero 27 del presente año, del cual fue ponente el señor consejero Suárez Hernández (proceso 9061), que fue ratificada luego en proveído de 3 del presente mes con ponencia del señor consejero Uribe Acosta (proceso 9062) y en los cuales se dio idéntica circunstancia: hechos sucedidos antes de la vigencia del Decreto 2148 y demanda presentada cuando ya regía.

De ese último proveído, se destaca:

“Es incuestionable que el referido Instituto de los Seguros Sociales en virtud del Decreto 2148 de 1992, se transformó en empresa industrial y comercial del Estado y en tal virtud las controversias judiciales en donde sea parte tal organismo están adscritas a la justicia ordinaria de acuerdo con lo prescrito por el Decreto 3130 de 1968 y el C. de P.C.

La Sala no comparte la argumentación del apelante en cuanto a que la competencia y la jurisdicción se deben determinar según la época en que tengan ocurrencia los hechos fundamento de las pretensiones. Como bien lo dijo el a quo, en temas procesales, en punto relacionado con la vigencia de las nuevas normas, se sigue el criterio de su aplicación inmediatamente entren en vigencia sin que cuenten para nada las existentes para la época en que pudieron tener ocurrencia los hechos materia del debate”.

En síntesis de lo anterior puede observarse:

a) Los procesos iniciados antes de la vigencia del Decreto 2148, continuarán tramitándose en esta jurisdicción. Se aplica así el principio de la perpetuatio jurisdictionis.

b) Los procesos iniciados luego de la entrada en vigencia del aludido decreto ante la jurisdicción administrativa están afectados de nulidad insaneable por falta de jurisdicción.

c) Los procesos que aún no se han iniciado, bien por hechos anteriores a la vigencia del Decreto 2148, o sucedidos con posterioridad al 3 de enero de 1993, deberán presentarse ante la justicia ordinaria.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,

RESUELVE:

Confírmase en todas sus partes el auto de 3 de agosto de 1993 dictado por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el día 17 de febrero de 1994.

Daniel Suárez, Presidente Sala—Carlos Betancur Jaramillo—Juan de Dios Montes Hernández—Julio César Uribe Acosta.

Lola Benavides López, Secretaria.

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