Sentencia 8900 de abril 8 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

COPIAS QUE PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO

EN EL CASO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

EXTRACTOS: «El título ejecutivo por fuerza debe aportarse en original al proceso. Así lo informa el principio de la originalidad de la prueba —regla de oro en materia de prueba documental—, según el cual la parte en cuyo poder se encuentren documentos que pretenda hacer valer como prueba en el proceso debe aportarlos originales con la demanda o su contestación.

Sólo cuando el documento no pueda aportarse en original, el legislador autoriza que sirvan como medio de prueba las copias auténticas del documento, tal como sucede con las escrituras públicas (D. 960/1970, art. 80, modificado por el Decreto 2163 de 1970, art. 42), cuyo original reposa archivado en el protocolo de la notaría respectiva, razón por la cual el original no puede ser llevado al proceso. Igual ocurre con el registro del estado civil de las personas, del cual se lleva la copia auténtica del acta respectiva expedida por el notario correspondiente o certificación de su inscripción.

Entonces, por regla general, los documentos —y con éstos el título ejecutivo— se deben aportar en original al proceso para que actúen como medio probatorio y sólo cuando el documento original no pueda llevarse al proceso, la ley autoriza que se aporte la copia auténtica del mismo.

En este orden de ideas, las resoluciones de la Caja Nacional de Previsión Social que se aportaron en copia a los dos procesos ejecutivos laborales son verdaderos actos administrativos en virtud de los cuales se reconocían derechos pensionales en unas, y reajustes de mesadas, en otras, y por lo mismo sus originales conforman el archivo oficial de la entidad, no pudiéndose llevar éstos al proceso ejecutivo sino en copia o fotocopia auténtica.

Por tal motivo, así no exista norma que regule de manera expresa que sólo la primera copia de aquellos actos administrativos presta mérito ejecutivo, y que de manera excepcional haya preceptos que contemplan esta situación para casos distintos al aquí tratado, es lo cierto que la lógica y la razón natural enseñan, al igual que la experiencia, que únicamente la primera copia de estos actos administrativos presta mérito ejecutivo, pues de lo contrario se harían interminables las demandas ejecutivas que sucesivamente pudieran entablarse contra el ente oficial.

Es así como la Corte encuentra razonable que frente a la inexistencia de norma positiva se establezcan controles que como el que implantó la entonces jefe de la sección de archivo de la oficina de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión social, F..., buscaba restringir el uso de las copias de sus actos administrativos, estampándole sellos que indicaran que se trataba de una segunda copia, o que no prestaba mérito ejecutivo, o acompañadas de la constancia de que ya habían sido cancelados por vía ejecutiva en otros despachos judiciales, con la sana finalidad de impedir que personas inescrupulosas acudieran al fácil y lucrativo expediente de la doble ejecución.

Tal manera de defender los intereses patrimoniales de una entidad oficial que como la Caja Nacional de Previsión Social le corresponde reconocer y ordenar el pago de cuantiosas sumas de dinero por concepto de derechos pensionales y reajustes de mesadas, en modo alguno traduce indebida aplicación de la analogía o suplantación al legislador, como lo alega el libelista.

La Corte también comparte el criterio del a quo, en el sentido de que el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil —en el cual el recurrente se apoya para alegar que la segunda copia vale tanto como el original y por ende hallar válida la segunda copia de aquellas resoluciones como título ejecutivo— pertenece al gran grupo de disposiciones generales que constituye el régimen de pruebas, siendo aquel ajeno a la problemática que aquí se discute, ya que en parte alguna se ha desconocido que las copias auténticas del original valen tanto como éste y cuya eficacia depende del evento en que el original del documento no pueda ser llevado al proceso.

Así las cosas, débese concluir, como lo hizo el juez colegiado de primera instancia, que el ex juez C... profirió sendas resoluciones manifiestamente contrarias a la ley, vale decir sin parar mientes a los requisitos intrínsecos y extrínsecos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, al cual remite el artículo 100 del Código de Procedimiento Laboral para la aceptación del título ejecutivo que sí cita el sentenciador, a diferencia de lo que manifiesta el censor, cuando dictó los mandamientos de pago contra Cajanal, con fundamento en copias auténticas de resoluciones administrativas que como títulos ejecutivos se acompañaron a las demandas, no obstante que las mismas presentaban sellos o constancias de la entidad que las expidió, en el sentido de que se trataba de segundas copias o que no prestaban mérito ejecutivo o que los derechos en ellas reconocidos ya habían sido pagados judicialmente.

Y esa contradicción protuberante de las citadas actuaciones judiciales que cumplió el sentenciado frente al mandato legal (art. 488 CPC y 100 del CPL) se evidencia, con los autos que después hubo de dictar (mayo 30 y jun. 4/91) declarando la nulidad de los autos de mandamiento de pago, tras argüir ahora sí, su ilegalidad, consistente en que los documentos presentados con las respectivas demandas no reunían los requisitos legales de título ejecutivo.

El proceso pone en evidencia que el juez acusado no obstante el advertir los vicios e irregularidades de que adolecían los títulos ejecutivos y que les restaban toda validez para su cobro, los aceptó actuando dolosamente para proferir una decisión manifiestamente contraria a derecho, lo cual subsume su conducta dentro de la norma penal que describe y sanciona el prevaricato por acción».

(Sentencia de segunda instancia, abril 8 de 1994. Radicación 8900. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Carreño Luengas).

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