Sentencia 8904 de noviembre 22 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSIFICACIÓN DE CHEQUES DE VIAJERO

ES FALSEDAD DOCUMENTAL

EXTRACTOS: «El concepto moderno de moneda se aplica no solamente a la metálica, comúnmente llamada así, sino también al billete o pieza de papel con poder liberatorio, emitido por la potestad estatal directamente o a través de su banco central o, en algunas ocasiones cada vez más escasas, a través de bancos comerciales excepcionalmente facultados para ello.

Así quedó definido en Colombia desde la Ley 25 de 1923, orgánica del Banco de la República, que en su artículo 17, posteriormente modificado por los artículos 7º y 15 de la Ley 82 de 1931, dispuso:

“...los billetes que emita el Banco (de la República)...serán considerados como moneda legal para todos los efectos penales...”.

lgualmente los artículos 1º de la Ley 7ª de 1973 y 1º del Decreto 2617 del mismo año, el Decreto 2618 ib., los artículos 12 a 15 de la Resolución Ejecutiva 105 de 1982 y el contrato de junio 7 de 1973, cláusulas 24 y siguientes, señalan que el atributo estatal de la emisión de billetes de curso legal en Colombia está radicado de manera exclusiva e indelegable en el Banco de la República.

De esta manera, tanto los billetes así emitidos por el banco, como la moneda acuñada y puesta en circulación también por dicha entidad, son dinero. Su entrega tiene pleno poder liberatorio, curso legal y no pueden ser rechazados en el cumplimiento de cualquier prestación, cualquiera que sea su valor, dentro del país.

El mismo principio aparece reiterado en la Ley 31 de 1992 y en el Decreto 2520 de 1993 (arts. 6º y 7º, y 7º y 8º, respectivamente) y en la Convención de Ginebra para reprimir la falsificación de moneda, aprobada en Colombia mediante Ley 35 de 1930, cuya intención inequívoca es garantizar la protección de las monedas nacionales y extranjeras. De ahí que su artículo 2º determine:

“En la presente convención la palabra moneda tiene el significado de papel moneda, inclusive los billetes de banco, y la moneda metálica cuya circulación está autorizada por la ley”.

Que el ámbito dentro del cual se mueve el concepto de moneda en cada país viene determinado a su vez por sus normas internas y por el principio de soberanía monetaria, no está en duda. La misma convención, por eso mismo, dispone en su artículo 14 que las oficinas centrales notificarán regularmente a las oficinas centrales del extranjero, entre otras cuestiones, las nuevas emisiones de moneda que se hagan en su país y los retiros que de la circulación se hagan de toda clase de moneda.

Conforme con lo anterior, y con los argumentos que sobre el particular hace la procuraduría delegada alrededor de las disposiciones que en el Código de Comercio definen y regulan el régimen de la especie de títulos valores denominados cheques viajeros, es evidente que los aludidos documentos no constituyen moneda, simple y llanamente porque no caben dentro del concepto de billetes de banco y su negociabilidad no puede confundirse ni con su curso legal, ni con su poder liberatorio, ni menos aún puede suponerse que, aun en su país de origen, tengan que ser recibidos en pago de obligaciones. Se trata de una especie del género cheques, cuya naturaleza consiste en la orden de pago hecho por el librador, a su cargo, y pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tenga al librador en su país o en el extranjero (C. Co., art. 746).

Entonces, es palpable el error de adecuación típica cometido en las instancias exclusivamente con relación a la utilización de los numerosos cheques viajeros falsos, pues lejos de configurar un delito de tráfico de moneda falsificada, como equivocadamente se consideró, constituyen tantos delitos de falsedad material en documento privado como cheques viajeros se emplearon para cometer las estafas por las que se dictó la condena.

Lo anterior teniendo en cuenta que, según el material probatorio existente, los cheques viajeros dados por las procesadas a sus víctimas no eran genuinos, vale decir, no habían sido expedidos por la entidad estadounidense de carácter privado que en ellos se dice, sino que, por el contrario, eran integralmente apócrifos, toda vez que fueron elaborados completamente por los falsarios imitando los signos de autenticidad aunque con numeración distinta a la genuina, lo que permitió establecer fácilmente que se trataba de cheques viajeros falsos.

Dicho error en la denominación jurídica de la infracción, tal como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas ocasiones, constituye irregularidad sustancial que afecta el debido proceso y conlleva a la nulidad de la actuación, pues en materia criminal nadie puede ser juzgado si el hecho imputado no ha sido subsumido plenamente y de manera correcta dentro de la descripción de un determinado tipo penal (entre otras: sentencia de marzo 17/93; M.P. Dr. Jorge Carreño Luengas; Rad. Cas. 6150).

Además, aunque en el actual estatuto procesal no se hubiese incluido como causal específica de nulidad el haberse incurrido dentro del pliego de cargos en error respecto de la adecuación del hecho al tipo penal, como sí la consagraba el Decreto 409 de 1971, no puede significar que tal irregularidad haya dejado de constituir vicio para el debido proceso o se haya convertido en razón de fondo para un fallo absolutorio (Sent. abr. 22/93; M.P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda; Rad. Cas. 6969).

Así las cosas, en vez de absolver como lo propone el Ministerio Público, se declarará la nulidad parcial de lo actuado a partir de la resolución calificatoria, inclusive, a efecto de que se profiera acusación por las múltiples falsedades en documento privado cometidas por las procesadas en lugar del tráfico de moneda falsificada que, según se ha explicado, no se adecua a los hechos investigados.

De otro lado, conviene aclarar que contrario a lo afirmado por la delegada, en el evento de que los cheques viajeros se considerasen moneda, ello no descartaría la comisión de la estafa, en la medida en que a través de éstos se obtuvo un provecho ilícito a costa del detrimento patrimonial de quien la recibió creyendo que se trataba de moneda genuina. Además, aunque el Ministerio Público piense de manera distinta, es perfectamente viable que se presente concurso entre los punibles de tráfico de moneda falsa y estafa sin que ello implique violación del non bis in idem, toda vez que cada uno de esos delitos protege intereses jurídicos distintos que pueden verse simultáneamente afectados por una misma conducta; es justamente el caso del concurso ideal de hechos punibles cuya consagración legal quedó comprendida dentro de la magistral fórmula del artículo 26 del Código Penal.

En consecuencia, dejando a salvo la anulación de lo concerniente al tráfico de moneda falsa, se mantendrá incólume la condena proferida por los múltiples delitos de estafa, así como por el uso de documento público falso, delitos que sí se adecuan cabalmente a la realidad fáctica.

De acuerdo con lo dicho, deberá reducirse la pena impuesta en las instancias, ya que las procesadas no pueden ser sancionadas por aquel tipo que no se configura.

En efecto, el sentenciador de primer grado tomó como base para la dosificación punitiva el delito de estafa por ser el de pena más grave, y en vez de partir del mínimo señalado para ese tipo, arrancó de treinta meses teniendo en cuenta las circunstancias modales del hecho, la personalidad de las procesadas y la concurrencia de la causal genérica de agravación punitiva prevista en el artículo 66-7 del Código Penal; a ese guarismo le sumó diez meses por razón de la cuantía del ilícito, agravante específico para los delitos contra el patrimonio consagrada en el artículo 372-1 del Código Penal. Además adicionó quince meses por razón de los otros delitos de estafa señalados en la acusación, el tráfico de moneda falsificada y el uso de documento público falso, obteniéndose así la pena de cincuenta y cinco (55) meses de prisión que en definitiva fue la que se le impuso a María Esneda Bueno Beltrán. Respecto de Julieta Villanueva de Gallego, dicha sanción se incrementó en cinco meses por razón de la estafa que se acumuló a este proceso, fijándosele en últimas sesenta (60) meses de prisión.

Dado que el Tribunal confirmó la condena íntegramente y sin hacer referencia alguna a las penas impuestas, resulta imposible determinar cuál fue el incremento punitivo aplicado específicamente por el delito de tráfico de moneda falsificada, situación que obliga a la Sala a reducir prudencialmente la pena impuesta a ambas procesadas en sólo tres (3) meses, considerando que la dosificación realizada en las instancias fue demasiado benigna, pues aún sin considerar el delito que ahora debe excluirse, el concurso delictual objeto de juzgamiento ameritaba una sanción superior a la señalada, pues fueron varios los delitos de estafa por los que se formuló la acusación, todos agravados por la cuantía, y también se estaba penalizando el uso de documento publico falso.

En este punto es necesario advertir que si bien el recurso de casación que ahora se resuelve fue interpuesto por María Esneda Bueno Beltrán, la reducción de la pena cobijara también a Julieta Villanueva de Gallego, debido a que la causa generadora de esa disminución punitiva las vincula por igual a las dos y los efectos de la nulidad parcial también pesarán invariablemente sobre ambas. Desde luego, se reducirá también la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas.

De otra parte, dado que al calificarse la otra investigación que se adelantaba contra Julieta Villanueva de Gallego y que dio origen a la causa que se acumuló a este proceso, sólo se formuló acusación por el delito de estafa, omitiéndose toda consideración acerca de las 22 falsedades en documento privado cometidas por el empleo de igual número de cheques viajeros apócrifos, se hace necesario disponer la compulsación de las copias pertinentes con destino a la Fiscalía General de la Nación, a efecto de que se investigue lo relativo a dicho concurso homogéneo de delitos contra la fe pública, respecto del cual, se repite, aún no ha sido emitido pronunciamiento judicial alguno.

Finalmente, debe decirse que a pesar de lo aquí resuelto, la condena en perjuicios no sufrirá ninguna modificación toda vez que la tasación de los mismos se hizo tomando como base el detrimento patrimonial ocasionado a las víctimas de las distintas estafas y respecto de estos delitos se mantendrá incólume lo decidido en las instancias».

(Sentencia de casación, noviembre 22 de 1995. Radicación 8904. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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