Sentencia 8905 de febrero 3 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

BENEFICIARIOS DE LA INDEMNIZACIÓN CUANDO EL TRABAJADOR FALLECE

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO POR CULPA PATRONAL

EXTRACTOS: «En lo que interesa a los fines del recurso el tribunal consideró, siguiendo la jurisprudencia de esta sala de la Corte, que procedía acudir a las reglas de que tratan los artículos 204 y 212 del Código Sustantivo del Trabajo, para los efectos de la sucesión del trabajador, por ser normas analógicamente aplicables, de acuerdo con el artículo 19 del mismo código, y que los derechos laborales correspondían a los padres, porque no tenía cónyuge, ni hijos legítimos o naturales, y si bien halló probado que convivía con la menor Sandra Patricia Cano Restrepo, consideró que debía preferirse a aquéllos, por cuanto la Ley 71 de 1988 y las normas posteriores que la adicionen, modifican o reforman, no eran aplicables al caso, porque no se trataba de decidir sobre la pensión de jubilación o de sobrevivientes, situaciones en las cuales por mandato expreso de ley debe preferirse a la compañera permanente.

(...).

Ciertamente el tribunal para determinar quiénes son los legitimados para recibir los derechos del trabajador fallecido aplicó el artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra las prestaciones a que dan lugar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y señala las personas con vocación de recibir la indemnización que corresponde en caso de muerte del trabajador y su forma de distribución, estableciendo entre los beneficiarios órdenes de prelación excluyentes integrados por el cónyuge y los hijos legítimos y naturales, en primer lugar, a falta de éstos, por los padres, y en caso de que ellos no existieren, legítima para reclamar los derechos a quien probare que dependía económicamente del trabajador accidentado a condición de que sea menor de edad o esté incapacitado para trabajar.

El tribunal halló demostrado que la muerte del trabajador ocurrió en accidente de trabajo, por culpa del patrono, conclusión que no se discute, y consideró que estaban llamados a recibir la indemnización los beneficiarios de que trata el artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo; y si bien es verdad que resulta discutible la aplicación al caso de dicha norma, ya que de ser ella la aplicable quedaría siempre excluido quien hacía vida marital con la persona fallecida, contrariándose el espíritu general de la legislación que ampara estas situaciones de convivencia responsable, no es admisible, sin embargo, el planteamiento de los recurrentes cuando pretenden que el vacío se llene acudiendo a los preceptos del Código Civil por encima de las normas semejantes del propio Código Sustantivo del Trabajo y de las disposiciones sobre seguridad social, que por ser más afines, serían las llamadas a ser aplicadas por analogía.

Esta aplicación analógica es precisamente desarrollo del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que determina las normas de aplicación supletoria cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, y que obliga a acudir a las disposiciones que regulan casos o materias semejantes, cuya búsqueda como es lógico debe iniciarse dentro del propio ordenamiento laboral, o en las leyes sobre seguridad social, dado que no puede olvidarse que la muerte del causante sobrevino por un accidente de trabajo, condición de la que no puede desligarse la indemnización que se pretende y por cuanto no podría hallarse mayor similitud o semejanza en otra normatividad.

Debe por ello reconocerse que no parece acertada la aplicación analógica del artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que excluye la situación del compañero o compañera de quien fallece en un accidente de trabajo, pero sin que tampoco sea aceptable la solución que plantean los recurrentes de acudir al Código Civil y, menos aún, que puedan concurrir a reclamar la indemnización el compañero o compañera supérstites junto con los parientes de quien murió en el accidente.

No puede olvidarse que actualmente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al regular los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes establece que recibirán esta pensión en un orden de prevalencia excluyente, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, a quien le exige haber acreditado “que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte”, y que la convivencia no haya sido inferior a dos años con anterioridad a la muerte “salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado”. Siguen después los hijos menores de 18 años y hasta los 25 años cuando se encuentren “incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte”; y los hijos inválidos dependientes económicamente del pensionado, mientras subsistan las condiciones de invalidez. El siguiente orden lo integran los padres del causante cuando dependían económicamente de él y el último los hermanos inválidos que se hallen en la misma situación de dependencia.

Y si bien es cierto que la Ley 100 de 1993 no sería aplicable a los hechos por la época en la que ocurrió el accidente, esta gradación de los beneficiarios en la que se incluye a quien estaba unido maritalmente al fallecido no es una novedad de esta ley, ya que desde la Ley 71 de 1988 se extienden al compañero o compañera permanente las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985. Y en el artículo 3º de la Ley 71 de 1988 se establecen unos órdenes de beneficiarios en los que figuran en el primero de ellos, concurriendo por mitades, el cónyuge o compañero permanente junto con los hijos menores o inválidos, y a falta de cualquiera de ellos la sustitución le corresponde a los padres, y de no existir éstos a los hermanos inválidos que dependían económicamente del pensionado.

Es por esto que bien sea que el asunto se resuelva a la luz del artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que ya está dicho no parece razonable en la medida en que se contraría el espíritu general de la legislación al excluir al compañero o compañera supérstite, o que el caso se resuelva de acuerdo con los dictados del artículo 3º de la Ley 71 de 1988 cuando establece el orden de beneficiarios en la sustitución pensional, o siguiendo los criterios del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que fija el orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo que aparece claro es la improcedencia de la concurrencia que plantean los recurrentes, pues en cualquier evento ellos se encuentran situados en órdenes de beneficiarios excluyentes.

Resulta palmario que tratándose de créditos laborales, o provenientes de las normas sobre seguridad social, la ley ha dispuesto órdenes excluyentes para su reconocimiento a quienes pretendan ser beneficiarios, de manera que desde el año de 1988 el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite y los hijos excluyen a los padres, y éstos a los hermanos que demuestren depender económicamente del fallecido, razón por la cual sólo podrían demandar en conjunto quienes integran cada uno de los órdenes, y eso siempre que no exista contrariedad en sus pretensiones.

En este asunto, la parte recurrente realmente no pretende que la Corte anule las condenas que impone el fallo en favor de los padres de la víctima, que consideró el juzgador los únicos beneficiarios, sino que, manteniéndolas, le conceda a Sandra Patricia Cano Restrepo, en su condición de compañera permanente, las pretensiones que no le fueron reconocidas a los padres por falta de prueba, como es el lucro cesante, cuando ninguna ley ha establecido la obligación de distribuir la indemnización entre todos los allegados al trabajador, ni la de indemnizar en la misma medida a todos los que estimen ser beneficiarios. Tampoco existe disposición en el Código Sustantivo del Trabajo, o en las leyes sobre seguridad social, de la cual se desprenda la voluntad legislativa de imponer esa carga a los patronos.

Para responder a los argumentos del cargo que toman pie en las normas constitucionales que se indican igualmente como infringidas directamente por no haber sido aplicadas, debe recordar la Corte que con insistencia ha explicado la razón por la que las normas constitucionales, en principio, no son susceptibles de una violación que pueda dar origen y procedencia al recurso de casación, pues pocas de ellas son de aplicación inmediata por disposición misma del constituyente. Entre ellas precisamente los artículos 42 y 43 de la Constitución Política relativos a la familia y a los derechos y deberes de sus integrantes, que no lo son por expreso mandato del artículo 85 ibídem, en los cuales se defiere a la ley lo relacionado con los derechos y deberes de los cónyuges y concubinos o “compañeros permanentes”; y si bien el artículo 5º de la Constitución garantiza la protección de la familia como institución básica de la sociedad, por tratarse de un principio fundamental serviría para desentrañar en casos de oscuridad de la ley su genuino y cabal sentido, pero sin que de allí pueda derivarse un determinado derecho que permita a alguien exigir con fundamento en dicho postulado el cumplimiento por parte de alguien de una específica obligación.

Como ya se dijo, los recurrentes no pretenden la anulación de las condenas impuestas en el fallo, sino que persiguen que se acumule a ellas una condena en favor de la compañera que Jesús María Caro Villa tuvo en los seis últimos meses de su vida sin dejar descendientes, lo que resulta totalmente improcedente.

(...).

No sobra reiterar las consideraciones que se hicieron atrás en el sentido de que no puede acudirse al Código Civil para llenar el vacío que resulta de la circunstancia de no establecerse en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo un orden de prelación para reclamar la indemnización ordinaria de perjuicios, como lo pretenden los recurrentes, pues lo correcto es llenar dicha laguna legislativa aplicando analógicamente las normas semejantes que se encuentren en el mismo código o en normas que regulen situaciones similares, como podría serlo el artículo 3º de la Ley 71 de 1988 o el 47 de la Ley 100 de 1993, en el bien entendido de que deben ser los mismos llamados a recibir los beneficios que fija la ley para el caso de muerte cuando el accidente de trabajo acontece sin culpa del patrono, o para los eventos en los cuales fallece el pensionado y lo sobreviven personas que expresamente se encuentran como beneficiarias, lo que hace perfectamente válida la analogía o argumentum a simil, dado que entre los dos existe una semejanza relevante, pues en ambos casos se trata de la reparación de un daño originado en la misma causa, con la única diferencia de ser objetiva la responsabilidad para los eventos en que los beneficiarios se conforman con la indemnización predeterminada en la ley, por lo que nada debe probarse al respecto, y de existir, en cambio, la carga de probar la culpa cuando lo que se persigue es la indemnización total y ordinaria por perjuicios.

Además, tratándose de los hermanos únicamente en caso de ser inválidos podrían reclamar el derecho a recibir la indemnización cuando demuestren que dependían económicamente de la víctima; pero con la condición de que no sobreviva alguna de las personas comprendidas en los órdenes precedentes que establecen el artículo 3º de la Ley 78 de 1988 o el 47 de la Ley 100 de 1993, esto es, “el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite”, los hijos y los padres del causante; y tratándose de hermanos que reclaman el perjuicio moral tendría que aparecer acreditado la existencia e intensidad del daño moral, el cual tendría que distribuirse entre ellos, pues devendría injusto que por la abundancia de los parientes de la víctima vinieran a multiplicarse indefinidamente las cargas del patrono culpable».

(Sentencia de casación, febrero 3 de 1997. Radicación 8905. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

_________________________