Sentencia 8905 de julio 30 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL

REQUISITOS CUANDO SE IMPUGNA LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

EXTRACTOS: «No obstante las múltiples afirmaciones que se hacen a manera de demostración del cargo, es posible rescatar la conclusión de que la inconformidad del recurrente se limita a lo referente a la indemnización de perjuicios decretada en la sentencia, evento en el cual es muy claro que dicho cargo no puede ser considerado porque no cumple con los requisitos legales que para la formulación de ese tipo de reproche se exigen, esto es, que se deben tener en cuenta las causales y la cuantía requeridas para demandar en casación civil.

Como se dejó registrado en el resumen de la demanda, el actor invoca la causal primera del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, luego no hay duda de que no tuvo en cuenta las causales de casación civil. Y para el año de 1993, en el cual se interpuso el recurso, la cuantía que daba lugar a la impugnación debía ser de diecinueve millones seiscientos mil pesos ($ 19.600.000) en adelante, suma que a simple vista se ve que es muy superior a la impuesta en la sentencia.

Sobre este tema la Sala expresó en providencia de noviembre 25 de 1993, que cuando el delito cumple con el requisito de la pena exigido para que sea procedente el recurso de casación, “el censor podrá atacar la sentencia en los aspectos que a bien tenga, incluidos los perjuicios”, criterio que aquí se recoge, pues si bien el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando el recurso tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia, se podrá admitir sin consideración a la pena que corresponde al delito o delitos, ello no significa que también opera al contrario, esto es, que el cumplir con el requisito de la pena releve de la necesidad de que para impugnar los perjuicios se cumpla la exigencia de la cuantía requerida en materia de casación civil, y la invocación de sus causales.

Para ilustrar este punto es oportuno relacionar las distintas alternativas:

a) Si el recurso se interpone para censurar exclusivamente el contenido penal del fallo, será procedente si éste fue proferido en segunda instancia por un tribunal superior de distrito judicial, el Tribunal Nacional o el Tribunal Penal Militar, y que al menos uno de los delitos de que trata tenga señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo, atendidas las circunstancias de agravación y atenuación modificadoras de la punibilidad, sea o exceda de seis (6) años (art. 218 CPP, incs. 1º y 2º).

b) Cuando el objeto de la demanda es impugnar únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria de segunda instancia dictada por alguno de los tribunales mencionados, no juega para nada el requisito de la pena correspondiente al delito, pero en su lugar, para que el recurso sea procedente es necesario que la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente sea la requerida para recurrir en casación civil, y que la demanda se presente por esas causales (art. 221 CPP).

En este caso es importante que quien interpone el recurso extraordinario manifieste desde ese momento cuál es su propósito, pues de lo contrario se expone a que si la pena máxima prevista para el delito o delitos objeto del proveído no es de seis años o más, el tribunal le niegue la impugnación; o si se cumple el requisito de la pena y le admiten el recurso creyendo que su inconformidad es con el aspecto penal de la decisión, cuando presente la demanda atacando únicamente los perjuicios, si no se llena la exigencia de la cuantía, al analizar si el escrito se ajusta o no a derecho resultará inadmitido.

c) Si el censor pretende formular cargos contra la sentencia respecto del tema penal, y también en materia exclusivamente de indemnización de perjuicios, como es el caso que nos ocupa, puede hacerlo en la misma demanda en capítulos separados, pero respecto de cada uno de los tópicos que pretende cuestionar se deben reunir sus respectivos requisitos, es decir, para lo primero la pena máxima prevista, y para lo segundo la cuantía que en ese momento se exija en casación civil».

(Sentencia de casación, julio 30 de 1996. Radicación 8905. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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