Sentencia 891 de mayo 25 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

NOMBRAMIENTOS EN PERÍODO DE PRUEBA

LA COMISIÓN DEL SERVICIO CIVIL PUEDE DEJARLOS SIN EFECTOS

EXTRACTOS: «Con la demanda presentada se busca obtener la nulidad parcial de los actos por los cuales la Comisión Nacional del Servicio Civil declaró sin efectos, a partir de la prueba de entrevista, la convocatoria Nº 376 de 1997 realizada para proveer el empleo de profesional universitaria 3020 grado 11 de la planta de personal del Ministerio de Trabajo.

Obra en el plenario:

A folio 8 del cuaderno principal la resolución 288 del 22 de enero de 1998, mediante la cual se nombró en período de prueba a la actora en el cargo de profesional universitario 3020 grado 11, asignada a la dirección regional de trabajo y seguridad social de Santander. A dicho empleo accedió, por haber ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, según convocatoria 376 (fl. 6 cdno. 1).

La convocatoria Nº 376 efectuada por Resolución 2630 del 30 de octubre de 1997 fue reclamada en vía gubernativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil por presuntas irregularidades cometidas en su desarrollo. La comisión avocó el conocimiento del asunto, adelantó la investigación correspondiente y decidió a través de la Resolución 157 del 13 de mayo de 1998, declarar, entre otras, en el artículo quinto de la parte dispositiva, sin efecto parcialmente a partir de la entrevista la convocatoria 376.

La citada Resolución 157 le fue comunicada a la actora (fl. 59 cdno. 1) quien interpuso el recurso de reposición, el cual fue desatado mediante la Resolución 321 del 3 de agosto de 1998 confirmando en lo pertinente lo decidido frente a la convocatoria que le interesa a la demandante.

Es preciso reseñar que en los considerandos de esta resolución se dijo, frente a la convocatoria 376, que “se recomendaba realizar nueva entrevista a estos empleos con un jurado de tres funcionarios y que preferencialmente incluya al jefe inmediato con un diseño de estructura de prueba específica a cada perfil preestablecido en cada convocatoria y grabándolas en medio magnetofónico”.

Antes de proferirse las anteriores resoluciones de la Comisión del Servicio Civil, el Ministerio de Trabajo ya había establecido la lista de elegibles a través de la Resolución 088 del 16 de enero de 1998, con fundamento en la cual fue nombrada en período de prueba la demandante, como se dijo en párrafos antecedentes.

Ahora bien, el artículo 11 del Decreto-Ley 1222 de 1993 que gobernaba el concurso, prescribe:

“Aprobado el período de prueba por obtener calificación de servicios satisfactoria, el empleado nombrado por concurso abierto adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el escalafón y al empleado ascendido le será actualizado el escalafón”.

Y el artículo 8º del Decreto Reglamentario 1224 de 1993 en la parte final del segundo inciso, señala en concordancia con la norma citada anteriormente, lo siguiente:

“(...) El empleado gozará de la plenitud de los derechos inherentes a la carrera administrativa, a partir de la fecha de la resolución de inscripción”.

El recuento anterior permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. Que las decisiones acusadas que afectaron la convocatoria 376, fueron puestas en conocimiento de la parte demandante y 2. Que el acto vinculatorio no entrañaba derechos particulares y concretos en cabeza de la demandante, no siendo por tanto predicable en su favor la figura de los derechos adquiridos.

Es claro entonces que la relación laboral circunscrita al período de prueba no confiere al titular del empleo derecho o prerrogativa alguna; antes bien, para alegar derechos inherentes al escalafonamiento en carrera, es preciso que el funcionario supere satisfactoriamente el período de prueba obteniendo al efecto la correspondiente resolución de inscripción. Lo cual, según se constata, no ocurrió en el sub lite.

Siendo esto así, mal podría la actora pretender en su favor una intangibilidad del acto de nombramiento a términos del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. Como bien lo manifiesta el colaborador fiscal, en el presente evento, el libelista apenas si es titular de un cargo en período de prueba por virtud de un acto preparatorio y no definitivo.

Ya esta corporación en un caso similar al sub lite, (sent. abr. 13/2000, exp. 201-99. C.P. Carlos Orjuela Góngora, Sub Sección “B”) se pronunció negando las súplicas de la demanda, por considerar que al actor de ese entonces no se le conculcó ningún derecho particular consolidado, tesis que en esta oportunidad prohíja esta Sala.

Es de anotar que en el mismo sentido que la providencia prenombrada, la Sala de Consulta y Servicio se pronunció en la consulta 840 del 29 de agosto de 1996. Consejero Ponente, Dr. César Hoyos Salazar. Fueron los términos de la citada consulta los siguientes, que, en aras de la claridad, es preciso transcribir:

“Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil, al comprobar que hubo irregularidades durante la ejecución de un proceso de selección, lo declara sin efectos, las consecuencias jurídicas en los casos consultados son:

2.1.1. Si una persona está nombrada en período de prueba, dicho nombramiento queda comprendido dentro de esa manifestación y pierde su vigencia. No se requiere el consentimiento del empleado para que la decisión produzca sus consecuencias.

2.1.2. Si la persona nombrada adquirió los derechos inherentes a la carrera administrativa por haber superado el período de prueba y obtenido calificación satisfactoria, la declaración de la Comisión Nacional del Servicio Civil no lo afecta, porque ésta sólo puede anonadar lo que corresponde al proceso de selección, el cual termina con el período de prueba...”.

Es importante resaltar que atendiendo a lo actuado en sede administrativa, mal puede predicarse que a la parte actora se le quebrantó el derecho al debido proceso; pues según se señaló al inicio de las consideraciones de este proveído, tuvo oportuno conocimiento de la Resolución 157 de 1998 que al efecto recurrió, obteniendo al punto decisión confirmatoria de la anterior.

Por lo demás, la Comisión Nacional del Servicio Civil obró en ejercicio de claras competencias constitucionales y legales, por lo que su actuación se halla ajustada a derecho(*).

(*) Esta sentencia rectifica lo expuesto en otros fallos, como el de enero 29 de 1998, expediente 13.711, publicado en J. y D., Nº 317, pág. 578 (N. del D.).

En este orden de ideas, no pueden tener vocación de prosperidad las pretensiones principales de la demanda, lo que impone negar las súplicas impetradas y por ende mantener la legalidad de los actos cuestionados».

(Sentencia de mayo 25 de 2000. Expediente 891-99. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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