Sentencia 8940 de diciembre 6 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DESPIDO COLECTIVO INEFICAZ

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

EXTRACTOS: «La Sala procede al examen de los cuatro cargos, conjuntamente, debido a que traen consigo idéntico objetivo e indican violación de las mismas normas legales, aunque por conceptos diferentes, pero con iguales argumentaciones en el desarrollo de cada ataque, cuyo fundamento es el que, al condenar a la demandada a pagar al actor las prestaciones legales y extralegales desde la fecha del despido, el fallador infringió el artículo 40 del Decreto 1469 de 1978, reglamentario del artículo 40 del Decreto-Ley 2351 de 1965 que se remite al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual únicamente hace referencia al pago de SALARIOS sin prestación del servicio, mas no al de PRESTACIONES.

La censura admite que el demandante fue desvinculado dentro de un despido colectivo no autorizado, así declarado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; que en consecuencia tal rompimiento es ineficaz y, por lo mismo, que deben reconocerse al actor todos los salarios dejados de percibir desde su desvinculación, pero que, no obstante, considera que no tiene derecho a las prestaciones que habría devengado en servicio activo. El anterior es el basamento de la acusación que en los cuatro cargos formula en contra del fallo de segundo grado, con el mero argumento de que el legislador no consagró expresamente tales beneficios.

La jurisprudencia de esta Sala de la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las consecuencias de la ineficacia del acto del despido; en sentencia del 2 de diciembre de 1994, con Radicación 6684, dijo:

“Es que entre reclamar el reintegro con sus salarios dejados de percibir y pretender las consecuencias salariales de un despido ineficaz existen diferencias que se desprenden de la naturaleza misma de las figuras y de la forma como han sido legalmente reguladas. Así, entre otras, pueden puntualizarse las siguientes distinciones:

a) El derecho de reintegro supone la acción tendiente a la anulación judicial de un despido que produjo inicialmente todas sus consecuencias jurídicas de terminación del nexo contractual, y que seguirá produciendo efectos al menos hasta que el respectivo fallo lo anule. En cambio, si la ley tiene por ineficaz un despido, no hay lugar a reclamar judicialmente la anulación del mismo sino la declaratoria de su ineficacia, ya que esta ineficacia ocurre ipso jure desde el mismo momento de la emisión del acto rescisorio, vale decir que es un hecho jurídico anterior a la sentencia la cual sencillamente lo reconoce.

b) La prosperidad de la acción de reintegro conduce a la reanudación de un contrato que había terminado, mientras que si procede la declaración de ineficacia, corresponde entender que el respectivo contrato no terminó por el despido cuestionado, sino que siguió vigente aún después del mismo.

c) Porque así lo disponen las normas generadoras (D. 2351/65, art. 8º, ord. 5º y D. 204/57, art. 7º) o por interpretación doctrinal, el reintegro apareja los salarios dejados de percibir. Al paso que la ineficacia del despido coloca al trabajador en la situación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, vale decir en disponibilidad de laborar pero sin poder hacerlo efectivamente por disposición o culpa del patrono. Esto implica que el empleado tiene derecho a los salarios y demás emolumentos laborales que le corresponden al servidor activo, hasta que el patrono acceda a ofrecerle trabajo o finalice eficazmente el nexo laboral mediante cualquiera de los modos válidos de terminación.

d) La acción de reintegro junto a sus salarios anexos es susceptible de extinguirse por prescripción y por lo general en corto tiempo. En cambio la acción para declarar la ineficacia de un despido, dado que lo que busca es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico anterior, no prescribe en cuanto tal, sino que prescriben ordinariamente los derechos que sucesivamente se van causando como consecuencia de hallarse el trabajador en la situación del artículo 140...”.

Acorde con esta memoria, la interpretación del ad quem es correcta, puesto que si la vinculación laboral ha persistido, sin causa alguna de suspensión, carece de razones jurídicas el sustento de la impugnación. Pues, como lo ha dicho esta misma Sala en ocasiones reiteradas, para la liquidación de prestaciones sociales como las cesantías, las primas de servicio, y aún el derecho a la compensación en dinero de las vacaciones causadas y no disfrutadas, es necesario, por la naturaleza de esas acreencias laborales, la prestación efectiva de los servicios por parte del trabajador, a menos que, como en el presente caso, ellos no se realicen por disposición o culpa del empleador.

En consecuencia los cargos no prosperan».

(Sentencia de casación, diciembre 6 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

SALVAMENTO DE VOTO

Como es apenas obvio, al no haber sido aceptada la solución que le propuse a la Sala en la ponencia que presenté al efecto, es mi deber manifestar las razones por las cuales insisto en mi punto de vista, aun a riesgo de que para algunos de los magistrados resulte temosa mi actitud.

En la sentencia de la que me aparto, acogiendo el fallo que se reproduce en lo pertinente, se afirma que sobre el punto jurídico existía ya una jurisprudencia, y como tal se cita la sentencia de 2 de diciembre de 1994.

En honor a la verdad debo decir que ese fallo fue dictado por la extinguida Sección Primera de la Sala, y por lo mismo el respetable criterio que allí se expresó no podía tener carácter de jurisprudencia, en la medida en que la Sección Segunda en sentencia de 22 de enero de 1990 interpretó de manera diferente el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 y los efectos que en la determinación del genuino sentido de la norma tenía la circunstancia de haberse juzgado por el Consejo de Estado legal la reglamentación de dicho precepto hecha mediante el artículo 40 del Decreto 1469 de 1968, que es realmente el que establece que los trabajadores afectados por el despido colectivo “se encontrarán en la situación prevista por el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Esta aclaración la hago únicamente por ajustarme rigurosamente a la verdad histórica, pues es apenas elemental que al haberse acogido en el día de hoy por la mayoría el entendimiento dado por una de las antiguas secciones de la Sala, ahora sí puede decirse que se está ante una interpretación que de reiterarse por otras dos veces más, al menos, vendría a constituir lo que el artículo 4º de la Ley 169 de 1896 denomina “doctrina probable”, expresión que en mi opinión es equivalente al término “jurisprudencia”. Doctrina probable o jurisprudencia que al tenor de lo actualmente dispuesto por el artículo 230 de la Constitución Política, servirá como criterio auxiliar de la actividad judicial, y los jueces podrán aplicarlo en casos análogos; pero con la posibilidad de que en un futuro —y esta es la razón que me anima a mantener inalterable mi punto de vista— la Corte varíe el criterio por considerarlo erróneo.

Hecha esta quizá extensa pero necesaria precisión, debo decir que para mí la interpretación de la mayoría además de apartarse del texto expreso de la norma, pues allí únicamente se habla de los salarios, pasa por alto que no es lo mismo que un patrono sin terminar el contrato de trabajo disponga que su trabajador no lo ejecute, o que ello ocurra por culpa suya, a que ese empleador incurra en un despido colectivo, dado que en esta última hipótesis aparece claro el propósito de terminar el contrato. Otra cosa es que la ley no le reconozca efectos jurídicos a su decisión por no haber estado precedido el despido de los trabajadores de la autorización del Ministerio del Trabajo.

Y digo que no es lo mismo, porque en la hipótesis prevista por el artículo 140 lo que se busca es no afectar al trabajador que por disposición o culpa del patrono no presta el servicio durante la vigencia del contrato de trabajo, y en una situación en que el propio patrono sabe que el vínculo que entre ellos existe se encuentra vigente. Pero cuando el patrono despide a unos trabajadores, el hecho real y cierto que resulta como consecuencia de la decisión es la efectiva terminación del contrato, cosa diferente es la circunstancia de que la ley le niegue efectos jurídicos al despido colectivo si no existe la autorización ministerial.

Es por ello que el artículo 40 del Decreto 1469 de 1978 dispone que los trabajadores “se encontrarán en la situación prevista por el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo”, con lo cual el reglamentador de la ley no hizo nada diferente a valerse de una ficción a fin de remediar el entuerto; pero una cosa es acudir a la ficción de vigencia del contrato para por esta vía darle una solución práctica al conflicto, lo que se muestra enteramente razonable, y otra, inaceptable, tomar esta ficción como una realidad, ya que esto constituye, a mi juicio, un error del intérprete.

De todas maneras, lo que me preocupa realmente es otro de los planteamientos que hace la mayoría, y según el cual con la prosperidad de la acción de reintegro se reanuda un contrato que terminó. Y me preocupa porque si el contrato terminado se reanuda, es obvio que la dicha reanudación sólo pueda producirse cuando el trabajador efectivamente empiece a ejecutarlo después de haberse dictado la sentencia que ordenó el reintegro. Y si ello es así, me pregunto entonces ¿Por qué razón la jurisprudencia invariablemente ha sostenido que el tiempo que media entre el despido y el momento en que se produce el reintegro se cuenta para reconocer el auxilio de cesantía? Es más, usualmente cuando se demanda el reintegro se pide también que se declare que no existió solución de continuidad en el contrato; pretensión que por lo general es acogida por los jueces, y que hasta donde llega mi conocimiento sobre el tema, no ha sido considerada infundada por esta Sala de la Corte.

Sin embargo, con la sentencia de la cual me aparto ahora se dice que “la acción de reintegro conduce a la reanudación de un contrato que había terminado”, y como es apenas obvio que sólo se pueda “reanudar” el contrato con posterioridad a la sentencia que así lo ordena —fallo que necesariamente se produce tiempo después del despido, y en muchas ocasiones pasan varios años—, por fuerza va a producirse una solución de continuidad en los efectos propios de la relación laboral, con la consecuencia de que ahora, con apoyo en esta consideración de la mayoría, puede sostenerse que hay un intervalo durante el cual no aparece justificación alguna para que dicho tiempo se le agregue a la antigüedad del contrato.

Otro aspecto que suscita en mi la más completa perplejidad es el relacionado con la motivación que dice que la acción de reintegro prescribe, y que, en cambio, “...la acción para declarar la ineficiencia de un despido, dado que lo que busca es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico anterior, no prescribe en cuanto tal...”. Este categórico aserto contenido en el fallo, expresado sin una mayor explicación, pienso sinceramente que también es equivocado, por cuanto estimo que si resulta de discutible constitucionalidad el que haya alguna situación cuyos efectos jurídicos sean imprescriptibles, con más veras es inaceptable que pueda existir una acción imprescriptible.

Realmente son muchos otros los aspectos de la providencia que no logro entender; pero como creo que el debate en torno al tema no puede considerarse definitivamente zanjado, por el momento voy a dejar aquí en este punto mis inquietudes para volver a reabrir la discusión cuando algún asunto que deba ser resuelto por la sala me lo permita.

Por estos motivos que expreso, y otros que me reservo para un futuro debate, me veo precisado a salvar mi voto.

Rafael Méndez Arango. 

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