Sentencia 8966 de octubre 9 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SENTENCIA INHIBITORIA

POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

EXTRACTOS: «Como los cargos se encuentran formulados por la vía directa, la Corte debe resolverlos sobre la misma base probatoria que el tribunal encontró demostrada, esto es, que efectivamente las pretensiones principales de la demanda inicial (el reintegro, la cesantía y la indemnización moratoria) son excluyentes entre ellas. Esta observación es pertinente, pues aunque la recurrente de manera expresa dice compartir ese supuesto fáctico de la sentencia, lo cuestiona al decir que las pretensiones principales sólo en apariencia son excluyentes, y sin que, por lo demás, haya explicado, así fuera con argumentos jurídicos o fácticos, el porqué de esa apariencia o cuál la verdad que estaba en el fondo.

La cuestión entonces debe centrarse en definir si el juez laboral debe hacer un pronunciamiento de fondo a pesar de que existan pretensiones que lógicamente se excluyan entre ellas, y si debe hacerlo por existir un mandato constitucional que le imponga ese deber, o si debe hacerlo porque los mandatos procesales propios del juicio laboral, que no los del juicio civil, así lo ordenan.

Es claro que el mandato constitucional 228 consagra la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal o procesal; pero prevalencia no significa exclusión del extremo de menor categoría, sino su preponderancia. El derecho sustancial debe estar por encima de las formas del juicio, que no por ello desaparecen, pues de ser así otros principios que les dan contenido, como el debido proceso, desaparecerían, con grave perjuicio para la cumplida administración de justicia.

No le corresponde al juez laboral iniciar el proceso ni hacer la demanda. Estas actividades son de la exclusiva iniciativa del actor, y por ello son manifestación del principio dispositivo que en forma muy atenuada sigue presente en los juicios. En la fase inicial del proceso el juez tiene la posibilidad de control sobre la forma de la demanda (art. 28 CPL) que se manifiesta en la facultad de devolverla, inadmitirla o rechazarla; y el demandado puede formular reparos, igualmente formales, mediante el mecanismo de las excepciones previas. Pero si la inadvertencia del juez lo lleva a admitir la demanda y a adelantar el juicio hasta su fase juzgadora sin corregir oportunamente los defectos que pudieran darse para la normal conformación de la relación jurídico procesal (con sus presupuestos de competencia, demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad procesal), las consecuencias desfavorables de la inobservancia de la carga procesal que incumbe al actor (en lo que debe ser actividad suya para la conformación de la relación procesal) serán para él y desde luego de nada le servirá alegar que el juez omitió un deber o que el demandado no actuó para corregir los errores del propio demandante.

A pesar del predominio del derecho sustancial sobre el formal o procesal, hay en este juicio un inconveniente insoslayable para que el primero esté por encima del segundo: al juez se le colocó en la imposibilidad de dictar una sentencia de fondo porque el demandante le propuso, al mismo tiempo, pretensiones opuestas y excluyentes. Y como la garantía constitucional del derecho sustancial no resuelve las situaciones antagónicas, el canon 228 de la Constitución Nacional no fue violado por el tribunal, pues una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto.

Es cierto que según el artículo 32 del Código Procesal Laboral el juez debe decidir sobre las excepciones dilatorias en la primera audiencia de trámite; pero ello no significa que si la demanda defectuosa ha sido admitida o el proceso se adelanta sin una tal decisión previa que no propuso o no quiso proponer el demandado, el juez pueda, frente a pretensiones excluyentes, dictar una sentencia de fondo, pues no es él, dentro de nuestro sistema legislativo, quien asuma el deber de iniciar el proceso o de confeccionar la demanda, de manera que tampoco le está dado, a su arbitrio, decidir cuál es la pretensión sobre la cual deba fallar en el fondo y sobre cuál deba adoptar una actitud de abstención. Aun cuando el juez tiene la facultad de interpretar la demanda y de orientar el proceso en la mejor forma para brindar una solución de fondo, ello no llega hasta la posibilidad de cambiar el planteamiento del demandante quien debe saber o identificar en su demanda el derecho del cual se considera titular.

A pesar de que la reforma al proceso civil del año 1989 estuvo orientada a evitar, dentro de lo posible, las decisiones formales inhibitorias y las nulidades procesales, la existencia de unas y otras se mantuvo, aunque atenuada. Si bien el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil brinda amplitud al juez para dictar sentencia de fondo cuando hay acumulación de pretensiones, inclusive en procesos promovidos por varios demandantes o contra varios demandados, tal flexibilidad es limitada dentro de los específicos presupuestos que informan las diversas hipótesis de acumulación. Si ellos no se han cumplido y no han sido propuestos como excepción de previo pronunciamiento, la sentencia debe ser inhibitoria cuando el demandante o los demandantes han formulado pretensiones opuestas o excluyentes, pues queda el juez en imposibilidad de pronunciarse por las mismas razones antes señaladas.

El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil es, pues, una de las muchas normas procesales que desarrollan el principio constitucional del artículo 228, como que marca el predominio del derecho sustancial sobre el procesal, pero no lo suprime para situaciones en que la demanda presenta pretensiones excluyentes.

El planteamiento de la recurrente según el cual fue violado el artículo 32 del Código Procesal Laboral porque el tribunal se apoyó indebidamente en las normas procesales del estatuto de los juicios civiles, no es admisible, porque así la citada norma diga que las excepciones dilatorias deben ser resueltas en la primera audiencia de trámite, es deber del juez al enfrentar la etapa del fallo, revisar si la relación procesal se trabó válidamente con la presencia de los presupuestos del proceso, pues no le está dado resolver en el fondo en los casos en que carece de competencia, el trámite seguido no ha sido el adecuado, uno de los sujetos carece de capacidad para ser parte o de la debida representación o falla el presupuesto demanda en forma. Ni siquiera es necesaria una norma procedimental en esa materia en el Código Procesal Laboral pues esos presupuestos son desarrollo del debido proceso, como que es de su esencia que sólo el juez de la causa tramitada regularmente pueda juzgar, de manera que tampoco por este aspecto violó el tribunal el artículo 32 del Código Procesal Laboral».

(Sentencia de casación, octubre 9 de 1996. Radicación 8966. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

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