Sentencia 8968 de agosto 17 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO

CONSUMACIÓN Y PRESCRIPCIÓN

EXTRACTOS: «En cuanto a la consumación de los hechos punibles materia de juzgamiento, momento a partir del cual se establecería la operancia del término prescriptivo, conveniente es recordar que de manera reiterada se ha sostenido, no sólo por esta corporación, sino por la doctrina, que el uso legalmente requerido para que adquiera plena configuración el punible de falsedad en documento privado de que trata el artículo 221 del Código Penal, es aquel mediante el cual se introduce el documento en el tráfico jurídico, ya de manera judicial, mediante la aportación a un proceso, ora extrajudicialmente, pero con la ineludible intención de hacerlo valer como medio de prueba de la manifestación de voluntad de su creador.

Por lo tanto, lo que define y sanciona la norma, a más de la mutación a la verdad, es el engaño al hacer creer al conglomerado social, a una parte de él, o a una persona en particular, que el documento que se exhibe como válido, representa de manera indiscutible la voluntad de su acreedor y, que por ello, debe ser tenido como medio de prueba del acto o contenido de voluntad que en él se incluye.

En este orden de ideas, si el documento falsificado tiene una precisa vocación probatoria, es ésta la que determina el uso que define el legislador, y no la utilización que le quiera dar de manera diferente el sujeto de la conducta. Pensar lo contrario, sería desconocer el alcance de este tipo penal con el que se pretende proteger la fe pública, pues se sancionaría no la utilización para el engaño, sino, simplemente, cualquier alteración de la verdad documental sin finalidad.

En este sentido, como bien lo apunta la delegada, el uso que se le dio al contrato de arrendamiento aparentemente suscrito entre María del Carmen Pérez Cárdenas y Élcida Medina Orozco el 5 de mayo de 1984, cuando se presentó ante la oficina recaudadora de impuestos para cumplir con la obligación tributaria, como requisito previo a la presentación de la demanda de restitución de muebles, es ajeno a la finalidad probatoria del documento, que es precisamente demostrar la existencia del referido contrato, y las obligaciones que de él emanaban, para lo cual en nada incidía el pago del impuesto mencionado.

El uso que jurídicamente se le imprimió tanto por el abogado Juan Emilio Ramos Palencia, como por las otras dos procesadas, María del Carmen Pérez de Cárdenas y Gladys Amparo Cárdenas Pérez, se concreta en la presentación de la demanda respectiva ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, el 28 de junio de 1985, fecha en que se realizó el reparto del expediente y su correspondiente asignación al Juzgado Dieciséis Civil Municipal, por cuanto en esa fecha, salió de la esfera personal de los detentadores del documento y se introdujo en el tráfico jurídico mediante su exhibición como medio de prueba de la existencia de un contrato de arrendamiento supuestamente celebrado entre María del Carmen Pérez de Cárdenas y Élcida Medina Orozco, para hacerlo valer por vía judicial, siendo claro, por ello, que desde ese día es cuando debe empezar a contarse el tiempo para efectos de la alegada prescripción de la acción penal respecto de este hecho punible, pues fue en ese momento cuando culminó la realización de la conducta descrita en el artículo 221 del Código Penal, que define la falsedad en documento privado.

De esta manera, encuentra la Sala que desde la fecha de presentación de la demanda ante el Juzgado Civil Municipal de Bogotá, hasta cuando cobró ejecutoria el llamamiento a juicio proferido por el Tribunal de Bogotá, esto es entre el 28 de junio de 1985 y el 3 de septiembre de 1990, no habían transcurrido los seis años en que tendría ocurrencia el fenómeno prescriptivo de que tratan las artículos 80 y 221 del Código Penal, y por ese motivo no había lugar a decretar la cesación del procedimiento como erradamente lo invocan los demandantes en casación».

(...)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FRAUDE PROCESAL

CONSUMACIÓN Y PRESCRIPCIÓN

EXTRACTOS: «En relación con el delito de fraude procesal, es preciso que se insista en que este hecho punible “surge cuando la actividad judicial se ve entorpecida por la mendacidad de los sujetos procesales quienes gracias a la desfiguración de la verdad, consiguen que la decisión judicial sea errada y por ende, ajena a la ponderación, equidad y justicia, que es su objetivo primordial” (Cas. junio 28 de 1994, M.P. Dr. Jorge Enrique Valencia M.). Sin embargo, se agrega, puede tratarse de un delito cuya consumación se produzca en el momento histórico preciso en que se induce en error al empleado oficial, si con ese error se genera más o menos de manera inmediata la actuación contraria a la ley. Pero si el error en que se indujo al funcionario, se mantiene durante el tiempo necesario para producir la decisión final contraria a la ley cuya finalidad se persigue, y aún con posterioridad a ésta, si requiere de pasos finales para su cumplimiento, durante todo ese lapso se incurre en la realización del tipo y la violación al bien jurídico tutelado, pues durante ese tiempo se mantiene el fraude a la administración de justicia.

Por ello, “para los fines de la prescripción de la acción penal, el término sólo debe contarse a partir del último acto de inducción en error, o sea, desde cuando la ilícita conducta ha dejado de producir sus consecuencias y cesa la lesión que por este medio se venía ocasionando a la administración de justicia” (CSJ, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de junio de 1989, M.P. Dr. Jorge Carreño Luengas).

Lo anterior, porque aunque el funcionario puede permanecer indefinidamente en error, al estar convencido que la decisión que tomó era la jurídicamente viable y la más justa de acuerdo con la realidad a él presentada, para todos los efectos jurídicos sean sustanciales o procesales, debe haber un límite a ese error, y este límite no puede ser otro que la misma ejecutoria de la resolución o acto administrativo contrario a la ley, cuya expedición se buscaba, si allí termina la actuación del funcionario, o con los actos necesarios posteriores para la ejecución de aquélla, pues de lo contrario, la acción penal se tornaría en imprescriptible, lo cual riñe con el mandato constitucional al respecto.

Hechas estas precisiones, en relación con el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta pertinente destacar, pues así lo indica el proceso, que si bien es cierto el abogado Ramos Palencia indujo en error al funcionario judicial con la finalidad de obtener fallo contrario a la ley, en la fecha de presentación de la respectiva demanda —junio 28 de 1985—, su conducta se prolongó en el tiempo con nocivos efectos para la administración de justicia, pues no debe olvidarse que el 4 de julio del mismo año se admitió la demanda formulada con base en el contrato espurio, se insistió en mantener en error al funcionario cuando para contestar el incidente de tacha de falsedad propuesto por la demandada, el mismo abogado anexó las facturas que a la postre también resultaron falsificadas en memorial que presentara el 17 de octubre de 1985 y, por último, luego de practicada la diligencia de embargo, nada hizo para clarificarle al juez que la realidad fáctica era distinta a la presentada por él en la demanda, sino que optó por dejar que el proceso siguiera su curso hasta culminar con la sentencia proferida el 5 de febrero de 1990, en la cual se accedía a sus pretensiones como representante judicial de María del Carmen Pérez de Cárdenas.

Si a lo anterior se aúna que con fundamento en la ilegal determinación tomada por el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá, el 29 de marzo de 1990, se dirigió despacho comisorio a una inspección de policía de turismo del Distrito con el fin de ejecutar la sentencia, no queda otro camino que concluir que es desde esta fecha cuando se debe empezar a contar el transcurso del tiempo para efectos de la pretendida prescripción de la acción penal, pues aún en ese último trámite procesal el juez actuó convencido de la legalidad de su decisión, cuando en verdad el soporte fáctico era distinto de la verdad procesalmente presentada.

En este orden de ideas, realizadas las aclaraciones pertinentes por la Sala, sólo resta decir que para el 3 de septiembre de 1990, fecha de ejecutoria del llamamiento a juicio, como se anotó, la prescripción de la acción penal para el delito de fraude procesal investigado, tampoco había operado, pues el tiempo señalado en el artículo 182 del Código Penal, como máximo de pena imponible, el mismo para que el Estado perdiera su potestad en la investigación, juzgamiento y sanción de este hecho punible, no había transcurrido».

(Sentencia de casación, agosto 17 de 1995. Radicación 8968. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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