Sentencia 8983 de febrero 21 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INVALIDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL

EXTRACTOS: «Como igualmente lo anota el instituto recurrente, la Ley 100 de 1993 al regular lo referente a la calificación del estado de invalidez de los afiliados que quedaran inválidos por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, estableció que ella se sujetaría a lo dispuesto en la misma ley “para la calificación de la invalidez por riesgo común”, y en su artículo 38 determinó que para poder considerar a una persona inválida por una causa de origen no profesional era necesario que “hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

Por esta razón el Decreto 1295 de 1994 dispuso en su artículo 46 que se consideraba inválida “la persona que por causa de origen profesional, no provocada internacionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, lo que se reitera en el Decreto 692 de 1995, “por el cual se adopta el manual único para la calificación de invalidez”.

Esto significa que no hay ninguna duda de que en este momento una persona afiliada al seguro que no tenga perdida al menos el cincuenta por ciento de su capacidad laboral, no puede ser calificada como inválida para los efectos prestacionales establecidos en las correspondientes normas de seguridad social.

Sin embargo, como los hechos aquí juzgados ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se hace necesario establecer qué normas regían en ese momento.

Y precisamente de esta obligada indagación resulta que no pueden compartirse las conclusiones del recurrente, pues del mismo recuento que hace en la demostración del cargo resulta que antes de la Ley 100 de 1993 existía la norma que consideraba inválido a quien perdía más del veinte por ciento de su capacidad de trabajo, una que así debe concluirse de lo dispuesto por el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964. Por dicho acuerdo se expidió el reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y, por lo mismo, era esta normatividad la vigente para el año de 1987.

El texto del artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963 era el siguiente:

“El asegurado que quede con una incapacidad permanente parcial entre el 5% y el 20%, tendrá derecho a que se le pague en sustitución de la pensión una indemnización en capital equivalente a dos (2) anualidades de aquella.

Las pensiones correspondientes a una reducción de capacidad de trabajo superior al 20%, no podrán pagarse en forma de capital (Se subraya).

La incapacidad permanente parcial inferior al 5% no es indemnizable”.

Los claros términos literales de la norma, que se repite era la vigente para cuando ocurrió el accidente de trabajo cuya causación no discute el recurrente, excusan a la corte de cualquier comentario adicional e impiden una interpretación que se aparte de lo expresamente establecido en la disposición del reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Para responder todos los argumentos de la acusación, es pertinente anotar que el artículo 63 del Decreto Ley 433 de 1971 si bien se refería al asegurado que por enfermedad profesional o accidente de trabajo perdía “en forma permanente o por un tiempo de duración no previsible la capacidad para procurarse, mediante un trabajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional y a su ocupación anterior, una remuneración equivalente a la mitad, por lo menos, de la remuneración habitual que en la misma región recibe un trabajador sano, de fuerzas, formación y ocupación análogas”, no precisaba específicamente el porcentaje de pérdida de la capacidad de trabajo que permitía considerar al enfermo o accidentado como inválido, por lo que no podría considerarse que modificó lo que al respecto establecía el Acuerdo 155 de 1963.

De lo dicho se sigue que si bien le asiste razón al instituto de seguros sociales cuando afirma que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se fijó de manera clara que para que pueda considerarse inválido a un afiliado es necesario que pierda por lo menos el cincuenta por ciento de su capacidad laboral, y que la superior jerarquía normativa que tiene la ley impide a la entidad regular en sus reglamentos de manera distinta el tema, no la tiene, en cambio, cuando asevera que con anterioridad a dicha ley no existía una disposición que estableciera para riesgos profesionales el derecho a una pensión en los casos en los que la reducción de capacidad de trabajo era superior al vente por ciento, pues, como ya se vio, así en efecto lo disponía el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963; pensión del incapacitado permanente parcial proporcional a la que le habría correspondido en caso de que se considerara total su incapacidad, y de acuerdo con el porcentaje en que se estimara la pérdida de capacidad».

(Sentencia de casación, febrero 21 de 1997. Radicación 8983. Magistrado ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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