Sentencia 8988 de enero 24 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

HONORARIOS DE LOS ABOGADOS

LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN

EXTRACTOS: «Tiene razón la recurrente cuando asevera que el Tribunal incurrió en el error jurídico de considerar que las tarifas establecidas por los colegios de abogados sobre honorarios profesionales son obligatorias para quienes se dedican al ejercicio profesional, pues no existe norma legal que así lo disponga.

Distinto es que los colegiados en virtud de la afiliación se comprometen a observar las tarifas expedidas por la agremiación a que pertenecen, una vez aprobadas por el Ministerio de Justicia, y que el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil ordene a los funcionarios judiciales tener como pauta obligatoria las tarifas aprobadas por el Ministerio de Justicia del colegio de abogados del respectivo distrito o de otro si allí no existiere, sin exceder el máximo allí fijado, al momento de fijar las agencias en derecho.

No pretende la Corte censurar las razones de conveniencia, expuestas por el Tribunal, de consultar dichas tarifas por quienes se dedican al ejercicio profesional para efectos de acordar los honorarios dentro del mínimo y el máximo allí previsto. Como tampoco desconocer las finalidades y objetivos que ellas persiguen de precaver la competencia desleal entre litigantes y lograr una retribución por los servicios profesionales dentro de unos límites justos y equitativos, atendiendo a la importancia de la gestión encomendada, la capacidad económica del interesado, el lugar donde debe prestarse el servicio o su idoneidad profesional. Pero de ello no se sigue que tales tarifas tengan carácter imperativo para todos los abogados, como equivocadamente lo entendió el Tribunal, y no supletorio de la voluntad de las partes ligadas por un contrato de mandato, como en efecto lo es. Por ello, no pueden los juzgadores, sin incurrir en error iuris in indicando, dejar sin valor una estipulación sobre honorarios acordada por las partes, con la consideración de que violan las tarifas señaladas por los colegios de abogados.

Significa lo anterior que el cargo es fundado y prospera.

De otra parte, encuentra la Corte que Garcés Valencia al contestar la demanda y al formular la suya de reconvención, no alegó la existencia de algún vicio del consentimiento que afectara su voluntad al suscribir la cesión del 35% de sus derechos herenciales como pago de honorarios. Tampoco negó que la modalidad de remuneración fuera a cuota litis, ni afirmó o demostró que hubiese sufragado los gastos del proceso o los viáticos y transporte del abogado, pues, por el contrario, sólo alegó que se había negado a pagar lo convenido por estimar que los honorarios “son exorbitantes, injustos e incausados” (folio 147), y pretendió que se dejara sin efecto la estipulación por abuso del derecho o por enriquecimiento indebido en la fijación de los honorarios.

Interesa dejar en claro que el porcentaje acordado como honorarios ni siquiera desborda las tarifas de los colegios de abogados, teniendo en cuenta que se pactaron en la modalidad de cuota litis, que implica que el abogado tendrá como retribución por sus servicios profesionales una participación directamente deducible de los resultados económicos o patrimoniales del proceso, que, en este caso, se estableció en un 35% “de los derechos hereditarios y los frutos civiles que le correspondan o puedan corresponderle al compareciente en la sucesión testada del señor Mario Ernest García Gómez”, en favor de la abogada Villegas Montoya, por representarlo judicial y extrajudicialmente hasta la protocolización de la sucesión; y que la abogada asumió todos los costos que demandara la atención del proceso que se tramitaba en Bogotá, teniendo ella su oficina en Medellín, según aparece acreditado.

En efecto, tratándose de procesos civiles la tarifa de honorarios profesionales aprobada por la Resolución número 1251 del Ministerio de Justicia, que obra de folios 281 a 320, establece la posibilidad de “pactar honorarios convencionales que oscilen entre un mínimo de un veinte por ciento (20%) y un máximo de un cuarenta y cinco por ciento (45%) sobre el resultado económico exitoso del proceso” (folio 288).

Por otro lado, la tarifa de honorarios profesionales del Colegio de Abogados de Bogotá, aprobada por la Resolución número 3082 del 12 de diciembre de 1986 (folios 321 a 352), establece los honorarios mínimos que pueden cobrar los abogados, y aunque no contempla la modalidad de cuota litis específicamente para el proceso de sucesión, se refiere a ella para los procesos ordinarios civiles, fijándola entre el 35% y el 50%. Por lo que inclusive siguiendo tales pautas carece de fundamento la decisión impugnada, pues lo convenido estaría dentro de los límites mínimo y máximo fijados por los colegios de abogados, por lo que resulta impensable hablar de abuso del derecho o enriquecimiento indebido, torticero o sin causa, lo que obliga a tener por plenamente válido el pacto sobre honorarios por la prestación de servicios profesionales y a condenar al demandado a pagarlos en el porcentaje en que se comprometió sobre lo que efectivamente recibió en la sucesión de Mario Ernest García».

(Sentencia de casación, enero 24 de 1997. Radicación 8988. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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